viernes, 27 de febrero de 2009



MEMORIAS

CONFERENCIA INTERNACIONAL
“COMISIONES DE LA VERDAD Y FORTALECIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA”



10-11 de septiembre, 2008
Quito - Ecuador


















Hmna. Elsie Monge
Presidenta

Monseñor Alberto Luna Tobar
Comisionado

Dr. Julio César Trujillo
Comisionado

Ing. Pedro Restrepo
Comisionado

Dr. Romel Jurado
Secretario Ejecutivo

Dr. Cristian Bahamonde
Coordinador de Investigaciones

Lic. Eduardo Khalifé
Asesor de Comunicación

Lic. Paúl Cevallos Guzmán
Coordinador de Comunicación y Prensa








Av. Juan León Mera 1574 y La Pinta,
Edificio OPLADEN, tercer piso
Teléfono: 095299660 (593 2) (593 2) 2908158 / 2908160 / 2545951
www.coverdad.org.ec
Quito – Ecuador, 2008-2009








INTRODUCCIÓN / 3

INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN / 5


Miércoles, 10 de septiembre


INAUGURACIÓN / 7
Interviene:
Elsie Monge, Presidenta Comisión de la Verdad Ecuador / 8
Margarita Carranco, Vice Alcaldesa del DMQ / 10
Gustavo Jalkh, Ministro de Justicia y Derechos Humanos / 13


INSTALACIÓN DE LA CONFERENCIA
Interviene:
Dr. Romel Jurado, Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad Ecuador / 14


CONFERENCIA
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y EL FORTALECIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA EN PARAGUAY
Conferencista: Carlos Portillo (Paraguay) / 16
Foro / 23


CONFERENCIA
COMISIONES DE LA VERDAD Y PERSECUCIÓN PENAL
Conferencista: María José Guembe (Argentina) / 28


CONFERENCIA
LA PERSECUCIÓN PENAL
A PARTIR DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL PERÚ
Conferencista: Wilfredo Pedraza de Perú / 37
Foro / 44
Intervienen: María José Guembe y Wilfredo Pedraza



CONFERENCIA
LA CIVILIZACIÓN DE LA POLICÍA
Conferencista: Gustavo Palmieri (Argentina) / 56


CONFERENCIA
SEGURIDAD, DEFENSA, DERECHOS HUMANOS
Y REFORMAS NECESARIAS
Conferencista: Lic. Ricardo Camacho Zeas / 64
Foro / 75
Intervienen: Gustavo Palmieri y Ricardo Camacho Zeas



Jueves, 11 de septiembre


CONFERENCIA
EL SISTEMA INTERAMERICANO Y LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD”
Conferencista: Luz Patricia Mejía de Venezuela (CIDH) / 82
Foro / 89


PANEL
RAZONES, DESAFIOS Y EXPECTACTIVAS DE LOS AFECTADOS
SOBRE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
Intervienen:
Mireya Cárdenas / 95
Alfredo Pin / 98
Vicente Grijalva / 99
Martha Escobar de Duchicela / 101
Foro / 103


CONFERENCIA
CRITERIOS SOBRE POLÍTICAS DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS
DESDE LA EXPERIENCIA ARGENTINA
Conferencista: María José Guembe (Argentina) / 110


CONFERENCIA
SEGURIDAD, DEFENSA Y DERECHOS HUMANOS
Conferencista: Carlos Basombrío (Perú) / 117


CONFERENCIA
SEGURIDAD, DEFENSA Y DERECHOS HUMANOS,
LA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO ECUATORIANO
Conferencista: Soc. Miguel Carvajal,
Viceministro de Defensa del Gobierno del Ecuador / 124


PANEL
RAZONES Y DESAFÍOS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
Intervienen:
Dr. Fernando Bustamante, Ministro de Gobierno / 128
Dr. Javier Ponce, Ministro de Defensa / 131
Dr. Franco Sánchez, Viceministro de Justicia / 133
Dr. Rommel Jurado, Secretario Ejecutivo COVERDAD / 134
Foro / 136


CLAUSURA
Elsie Monge, Presidenta, CVE / 139



INTRODUCCIÓN



Los primeros análisis acerca de las amenazas sobre la Comisión de la Verdad señalaron la existencia de varios peligros, entre ellos la pretensión de implicados en delitos contra los Derechos Humanos de afectar la credibilidad del organismo sembrando dudas sobre su imparcialidad e independencia.

Para sus detractores el mejor argumento contra la Comisión sería su pretendida dependencia o sujeción al gobierno: si lograba calar esa falacia en la apreciación pública, podrían afirmarse que la Comisión era un aparato de venganza política o propaganda que favorecía al oficialismo persiguiendo a sus adversarios. Aprensiones y desconfianza sobre la independencia y probidad de la investigación conspirarían contra el propósito final de verdad y justicia, acallando a las víctimas, debilitando a jueces, fortaleciendo las redes de colusión en torno a los delincuentes y sus delitos. Experiencias de otras comisiones de la verdad en Latinoamérica y el mundo –conocidas por esta Comisión gracias a la cooperación de organismos especializados- demostraron el imperativo de precaver ese riesgo.

La Comisión de la Verdad no es un tribunal, pero es un organismo perentorio de justicia en la medida en que las informaciones que aporten sus investigaciones tendrán fuerza de evidencia ante los juzgados nacionales. De allí que sus comisionados, igual que las autoridades de justicia, deban actuar con mesura, comunicar con prudencia y traducir la legitimidad de sus actos a la más sólida credibilidad pública.

Por eso la Comisión negó todo intento, abierto o velado, por estropear su imagen. Rehusó responder insinuaciones públicas maliciosas para eludir el manoseo informativo al que se buscaba conducirle. Se negó a informar sobre las agresiones sufridas por algunos de sus funcionarios para no afectar la promesa de seguridad contenida en la invitación a declarar a víctimas, familiares y testigos. Y sobre todo, en respaldo de la promesa de confidencialidad dada a los deponentes, adoptó la reserva absoluta sobre su recopilación testimonial, resistiendo las permanentes presiones de los medios.

El único momento en que la Comisión aceptó romper su silencio fue para hacer un llamado ciudadano a la preservación de evidencias físicas de tortura en dependencias militares y policiales, a raíz de revelar los acontecimientos acaecidos en la Brigada de Inteligencia en Conocoto y que fue expuesta en rueda de prensa el lunes 08 de septiembre del 2008.

Cabe mencionar, que este encuentro internacional se realizó a 17 días de las votaciones (28 de septiembre del 2008) día en el cual los ecuatorianos dieron el SI a la nueva Constitución de la República, redactada y aprobada durante la Asamblea Constituyente reunida hasta el 26 de julio del 2008 en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí.

Además, luego de la reunión del pasado 20 de diciembre del 2008 en la Presidencia de la República mantenida entre el primer Mandatario Rafael Correa con los comisionados de la CV (Elsie Monge, presidenta; Monseñor Alberto Luna Tobar, Pedro Restrepo y Julio César Trujillo) el señor Presidente concedió a la Comisión una extensión de 180 días para que concluya con su labor, es decir, el informe estará listo en junio de 2009. Su nuevo secretario Ejecutivo, desde el mes de enero, es Cristhian Bahamonde.















































INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


De inicio se fijó el propósito amplio de respaldar, desde el Área de Comunicación, al objetivo general de la Comisión de la Verdad (CV), definido como: entregar un Informe Final basado en la investigación, esclarecimiento y contextualización de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, en materia de: a) ejecución extra judicial / homicidio / muerte bajo custodia; b) desaparición forzada; y; c) tortura, en el período 1984 y 1988 y otros períodos, y formular recomendaciones sobre justiciabilidad, reparación y reformas institucionales orientadas a que se haga justicia y a que nunca más se repitan este tipo de hechos.

Ello condujo a reflexionar acerca de la magnitud del trabajo que la comunicación debía cumplir para alcanzar las metas institucionales de la CV.

Dentro del Plan Estratégico de Comunicación, se consideró que era necesario promover el reconocimiento a las víctimas; diseñar políticas de reparación; y recomendar reformas legales e institucionales y mecanismos para la prevención y sanción a esas violaciones. Las recomendaciones de la CV, debían, entonces, formularse en el contexto de un debate ciudadano al que concurran sectores inscritos en la más amplia corriente de conciencia crítica frente a los desbordes institucionales que han provocado heridas a la sociedad ecuatoriana por la intolerancia política o el desconocimiento de las normas democráticas de convivencia: autoridades, víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, expertos internacionales, definidores de políticas públicas, académicos, líderes de opinión, medios de comunicación, etc.; enmarcados en el más exigente y trascendental de los propósitos: “que nunca más se repita este tipo de hechos en el Ecuador”.

En este contexto y como parte del año de vida que por mandato fue dado a la CV, como un espacio para impulsar el debate público sobre judicialización, reparación a las víctimas y reformas legales necesarias, se organizó en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, el 10 y 11 de septiembre del 2008 el evento internacional denominado “Las Comisiones de la Verdad y el Fortalecimiento de la Democracia”, la acción más sonora en la estrategia de visibilizar a las víctimas, impulsar el principio de imprescriptibilidad en delitos de lesa humanidad y hacer pública la voluntad de autoridades e instituciones para favorecer cambios legales que eviten y castiguen tales delitos contra los ciudadanos.

El encuentro reunió a notables expertos: Carlos Portillo, miembro de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay; María José Guembe, ex Defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires; Wilfredo Pedraza, Coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; Luz Patricia Mejía, venezolana, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para el Ecuador; Carlos Basombrío, ex director del Instituto de Defensa Legal del Perú y ex ministro del Interior; Gustavo Palmieri, Director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina y Ricardo Camacho Zeas Instructor de Derecho Internacional Humanitario - Derecho de la Guerra, de Ecuador.

La cita abordó importantes materias: “Comisiones de la Verdad y consolidación de la Democracia”; “Comisiones de la Verdad y Persecución Penal”; “Reparaciones”; “Reformas, Seguridad y Defensa”, además de “Razones y Desafíos de la Comisión de la Verdad del Ecuador” y sus relatos están presentes en estas memorias.

La Conferencia contó con el apoyo del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ, el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, DED, y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL






































“Estos muertos están más vivos que nunca,
los que están muertos en vida son sus asesinos"

Juan Tutuy Aspauza,
Rector de la Cantuta, Perú



Después de 16 años de haber sido secuestrados de la Universidad Enrique Guzmán y Valle --conocida como La Cantuta-- para ser asesinados, los nueve estudiantes y el profesor Hugo Muñoz Sánchez volvieron simbólicamente a ese centro de estudios. Acompañados por cerca de 200 personas, sus restos fueron paseados en seis pequeños féretros por diversas instalaciones de la universidad y luego velados en medio de un clima de gran emotividad en la biblioteca central. Los restos fueron sepultados en el cementerio El Ángel, de donde fueron exhumados en enero del 2007 para ser examinados con pruebas de ADN.








CONFERENCIA INTERNACIONAL
“LAS COMISIONES DE LA VERDAD Y
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”
Miércoles 10 y jueves 11 de septiembre de 2008. Auditorio CIESPAL Ecuador



INAUGURACIÓN
Miércoles, 10 de septiembre del 2008
09h00


La humanidad aún vive hechos reprochables contra los derechos humanos. El derecho a la verdad es parte de la reparación del daño ocasionado por los agentes del Estado, para tratar de reivindicar la memoria de las víctimas y aliviar en parte la tragedia ocasionada a los familiares de los afectados.

La Comisión de la Verdad fue creada el 3 de mayo del 2007, por Decreto Ejecutivo para investigar, esclarecer e impedir la impunidad en los hechos violentos y violaciones a los derechos humanos, atribuidos a agentes del Estado ocurrido entre 1984 y 1988 y otros períodos también.

Esta Comisión está integrada por cuatro comisionados, la hermana Elsie Monge Yoder, su presidenta; Monseñor Alberto Luna Tobar, el Dr. Julio César Trujillo y por Pedro Restrepo Bermúdez. Su secretario ejecutivo es Rommel Jurado.

Para establecer canales de comunicación, mecanismos de participación de la población, especialmente de los ciudadanos afectados por la violencia y la violación grave a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y para levantar desde el más amplio pensamiento y participación social, el debate indispensable que permite expresar de manera unánime la demanda de que esta historia no se repita, la Comisión de la Verdad Ecuador, organizó esta conferencia sobre “Las Comisiones de la Verdad y el fortalecimiento de la democracia”.

El agradecimiento a las autoridades de Gobierno, a nuestros testimoniantes, mujeres y hombres que son parte de la historia del nunca jamás en el Ecuador, a los altos mandos de la fuerza pública, a los conferencistas internacionales que nos acompañaron y compartieron con nosotros su experiencia y conocimientos, a los medios de comunicación y al público en general que participó activamente de este encuentro internacional desarrollado en el auditorio principal del CIESPAL.

En la mesa directiva estuvieron presentes la hermana Elsie Monge, presidenta de la CV, el Dr. Gustavo Jalkh, Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Arq. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha; la doctora Margarita Carranco, Vicealcaldesa de Quito, y también el Ing. Pedro Restrepo, Comisionado de la Comisión de la Verdad de Ecuador.

A continuación, palabras de la hermana Elsie Monge, Presidenta de la Comisión de la Verdad, Ecuador.




Elsie Monge Yoder
Presidenta
COMISIÓN DE LA VERDAD ECUADOR





Elsie Monge: Señoras y Señores de la mesa directiva, Autoridades del Estado, conferencistas internacionales, señoras y señores. Bienvenidas todas y todos a este evento organizado por la Comisión de la Verdad, con apoyo de la Cooperación Alemana DeD, del Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ y de CIESPAL, organismos que queremos agradecer sincera y públicamente.

Esta conferencia se ha presentado como un esfuerzo por reunir a voces autorizadas, desde su experiencia, desde la opción ética por una vida, desde el respeto de los derechos humanos, desde el papel que juegan en la dinámica social y política del país, para el fortalecimiento de la democracia y un Estado de derecho.

En este sentido, nos honramos en contar con invitados de organismos internacionales de derechos humanos, altas autoridades del gobierno nacional y de las agencias de seguridad del Estado, colegas de otras comisiones de la verdad y por supuesto, con la importante participación de las víctimas y sus familiares, a todos ellos quiero agradecerles su colaboración y su presencia en este evento.

La conferencia internacional “Las Comisiones de la Verdad y el fortalecimiento de la democracia” tiene por objeto compartir con todos los presentes y con la opinión pública en general, los debates que forman parte de nuestro trabajo y que en el fondo implica reflexionar sobre las potencialidades dificultades, expectativas, respecto de la verdad, la justicia, la reparación, el cambio institucional y cultura que precisamos, para que nunca más sea una realidad en nuestro país, para que la historia no se repita en sus facetas crueles, aberrantes, irracionales e inhumanas.

Es indudable que una conferencia de este tipo tiene una fuerte carga de reflexión crítica, que no siempre es unívoca, y que en los actores participantes pueden tener y de hecho tendrán posiciones diversas; sin embargo, creo que este momento socio histórico, conjuga una serie de condiciones que hacen visible, hacen viable mirarnos en el espejo de la historia reciente del país con cierta madurez, conscientes de que si en algo nos identificamos, es en mantener y promover el discurso público sobre la libertad, la igualdad, la solidaridad, el fortalecimiento de la democracia y los discursos; como diría Bartolomé Ruiz, en su obra: “El movimiento de los sin tierra en el Brasil”, tiene efectos de poder, para quienes los pronuncian, porque quienes los pronuncian se ven progresivamente obligados a ser consecuentes con sus palabras en el terreno de los hechos, y más tarde creer en lo que dicen y en lo que hacen.

Los efectos de poder de los discursos públicos generalmente parten de la convicción de unos cuantos, pero su uso reiterado lleva a que la convicción sobre su validez se generalice y se interiorice; así quiero pensar, así quiero actuar, así quiero hacerlo sobre todo cuando constato con mucha expectativa que una nueva oficialidad en las Fuerzas Armadas, así como en la Policía Nacional, condena abiertamente la tortura, la desaparición forzada, el homicidio y cualquier otro tipo de violación de derechos humanos de las y los ecuatorianos.

Cuando dicen que contribuirán para que la impunidad deje de ser la regla en estos casos, cuando las agencias de seguridad hablan del respeto incondicional de los derechos humanos y de la sumisión total al marco jurídico y constitucional, creo y quiero creer que progresivamente estas palabras se harán parte de su uniforme, de su símbolos, de su piel, de su pensamiento, hasta situarse definitivamente en su espíritu y entonces condicionar y orientar cada uno de sus actos cotidianos. Con esa convicción agradezco a las autoridades civiles, militares, policiales, que han abierto sus archivos y facilitado el trabajo del equipo de la Comisión de la Verdad.


No quiero terminar esta breve intervención sin hacer presente mi admiración para todas las personas que han roto el silencio, varias de ellas presentes en este auditorio (foto) ellas que han vivido el duro tránsito a la palabra, ellas que nos ayudan a ver la luz de la verdad con sus testimonios, ellas que han sufrido y que merecen ser dignificadas, reparadas y recibir justicia, ellas que son la razón última de ser de esta Comisión.

Quede pues inaugurada la Conferencia Internacional, que sea fructífera para el bien de todas y todos y para nuestro país y Latinoamérica. Muchas gracias.


Gustavo Cevallos, presentador: Queremos saludar también a los ilustres conferencistas que están presentes en este salón auditorio: Luz Patricia Mejía ella es venezolana, Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el señor Carlos Portillo representante de la Comisión de la Verdad del Paraguay, María José Guembe, actual sub-coordinadora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno Argentino; Wilfredo Pedraza en dos ocasiones Coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y reconciliación del Perú; Gustavo Palmieri Director del programa de violencia institucional y seguridad ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, y Carlos Basombrío, ex ministro del Interior del Perú y presidente de la comisión de Derechos Humanos del mismo país.

A continuación vamos a escuchar a la Vicealcaldesa de la ciudad capital, Margarita Carranco, quien en la persona de Luz Patricia Mejía declarará también huéspedes ilustres a los conferencistas participantes.
Margarita Carranco
Vicealcaldesa de Quito
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO






Margarita Carranco, Vicealcaldesa de Quito: Buenos días, a quienes conforman la mesa directiva, a las y los participantes a este evento importantísimo. Quiero agradecer a la Comisión de la Verdad, la oportunidad que me dan como Vicealcaldesa de esta ciudad.

Antes de hacer la declaración de huéspedes ilustres, a grandes personalidades que están aquí, quisiera hacer las siguientes reflexiones: primero, hemos tenido que esperar cerca de dos décadas para que se conforme una comisión tan importante como esta, que tiene como objetivo como dijo la hermana Elsie Monge; investigar, esclarecer y contextualizar las violaciones de derechos humanos que se hicieron en determinado período y hacer recomendaciones políticas, de reparación y recomendaciones de reformas legales e institucionales y mecanismo para la prevención y sanción de esas violaciones.

Hermana Elsie, su Comisión coincide totalmente con un diálogo y conversación que tuve con parte de su comisión y con el Secretario Ejecutivo de la misma, con las acciones que durante 8 años la comisión de Género y Equidad Social del Distrito Metropolitano de Quito presidida por mi persona, ha venido trabajando en la constitución de veedurías ciudadanas en varios casos para evitar que queden en la impunidad.

Me place mencionar casos simbólicos que todos y todas las que viven en Quito los conocieron: caso Paúl Guañuna, sentencia 20 años de prisión de tres policías inmersos en la muerte de un adolescente del Colegio Central Técnico; el caso de la adolescente que mató a su violador, lo que permitió a la veeduría archivar el caso de asesinato y mantener solamente el caso de violación porque lo hizo en defensa propia, pero este sistema quiso priorizar el asesinato y no la violación a esta adolescente; el otro caso de explotación sexual en el centro nocturno La Luna, en donde adolescentes de 11 a 17 años fueron explotadas sexualmente en un prostíbulo que se convertía en el distribuidor de prostitución adolescente dentro y fuera del país, caso que también está con sentencia ejecutoriada a todos los responsables, y así puedo seguir enumerando.

¿Pero, porqué enumero esto? Porque la veeduría ciudadana tiene un poder significativo que permite que las instancias de justicia, frente a un escenario, no puedan cambiar su posición y pretendan detener estas acciones importantes. Coincidimos con la Comisión de la Verdad en varios elementos fundamentales, por ejemplo cuáles han sido los aprendizaje de estos ocho años en la concejalía: que es necesario crear política pública, legislación, servicios y acciones que tengan como elementos fundamentales la prevención, como dijo la hermana Elsie, para que nunca más pueda suceder lo que ha sucedido en este país y en esta ciudad.

Las acciones de prevención tienen que estar inmersas al igual que si se suscitara un caso de violación a los derechos humanos, para que existan políticas de legislación local y nacional de protección, de reparación para aquellas personas que han sido violadas en sus derechos, de atención, de control y de sanción. Este es un sistema que tiene que dar las vueltas para que nunca más vuelva a suceder, esto ha permitido a las veedurías la necesidad de construir una estructura local y nacional que permitan que estos componentes funcionen.

Uno de los aprendizajes que ha tenido el gobierno local es detectar que en los momentos de discrecionalidad que tiene la justicia, y les hablo yo que manejo ya durante dos años y medio los hábeas corpus en el Municipio de Quito, también llego a tener discrecionalidad y ahí está en peligro la discrecionalidad: si una persona es homofóbica, xenofóbica, machista, adultocentrista y racista, esa discrecionalidad permite que esa persona cometa los errores y la violación de derechos humanos de manera irreparable. Por lo tanto, consideramos que en este proceso de justicia y lo hemos hablado con el Ministro de Justicia (Gustavo Jalkh) que está aquí presente, es necesario cambiar a través de elementos simbólicos, las actitudes y desnaturalizar el machismo, la homofobia, el adultocentrismo, el racismo y todas las fobias y sismos que provocan violencia, exclusión, lágrimas y muerte.

En esta nueva propuesta de Constitución se incorporan elementos de reparación de derechos importantes, les pongo ejemplos: en el caso de Joaquín Moncayo, el niño que iba a su jardín y murió dentro de su bus escolar en un accidente de tránsito ¿quién le reparaba su derecho?, lo hizo la municipalidad a través de su sistema de transporte, que también cometió errores, pero para poder reparar eso y como no existe en la constitución actual ningún elemento, tienen que seguirnos un juicio al Municipio para esa indemnización o llegar a una mediación para tener un instrumento legal de erogación de recursos, de reparación de derechos y de indemnización. Ahora tenemos en la nueva constitución el Artículo 11, el numeral 9, que dice que cualquier autoridad, o funcionario/a pública que cometa un error de violación de derechos, tiene la obligación el Estado nacional y local, de reparar ese derecho y de indemnizar lo que anteriormente en la constitución de 1998, no lo hay, ese es un elemento importante que cobija aquel espíritu que debería ser un objetivo nacional del buen vivir, que tiene que ver con necesidades satisfechas y derechos satisfechos, elementos fundamentales del buen vivir.

Hay que resaltar la presencia de una estructura del Estado actual que ha permitido al gobierno local, interlocutar de mejor manera y uno de esos es la creación del Ministerio de Justicia con el cual tenemos una relación estrecha. Por estos casos y otros que han venido estamos trabajando en veedurías, porque el Ministerio de Justicia tiene el objetivo de hacer justicia en el Ecuador, por lo tanto el Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, son elementos de una estructura del Estado que va a permitir evitar la impunidad siempre y cuando tenga la visión integral no solamente del delito común sino de aquellos delitos que amputan los derechos por la razones que anteriormente mencioné.

En este compromiso que ha asumido la Comisión de la Verdad, se junta el de la Municipalidad de Quito, más que por obligación, en la creación de un espacio donde puedan todos los resultados de esta investigación, mostrar lo que ha sucedido en la historia y que cosas han pasado para que nunca más sucedan.

Hemos conversado con la Comisión de la Verdad y el Ministerio de Justicia, para crear un espacio en el sur de la ciudad, un elemento simbólico para recordar, para el nunca más. Más que una obligación, es un compromiso desde el enfoque de derechos que asume la municipalidad hasta el último día de nuestra gestión, que nos aleja justamente de la demagogia, del cálculo político y del tráfico de influencias; porque, cuando tienes un enfoque de derechos y trabajas por los derechos, tu no estás esperando que los demás te agradezcan una gestión que es tu obligación, porque es un derecho del ciudadano y la ciudadana en lo que trabajan; como también el enfoque del manejo del poder al servicio de la ciudadanía y no al servicio de uno mismo.

No podía dejar de mencionar el poder desde lo femenino, que es un elemento fundamental que nos acerca a la visión humanista, a la visión corporativa de recibir, de percibir, de trabajar en colectivo. Cuando hablo del poder desde lo femenino, no hablo solo de mujeres sino del lado femenino que tienen los hombres y que algunos ya lo tienen despierto y otros no, y del lado masculino que las mujeres también lo requerimos en equilibrio para tener en el escenario público o privado, un trabajo de equilibrio en beneficio de los derechos humanos, de hombres y mujeres, y sobre todo de los sectores más vulnerables.

Los derechos humanos son un compromiso de vida, por lo tanto debemos trabajar para ello hombres y mujeres que estamos en espacios de poder y ciudadanos y ciudadanas evitando el mesianismo. Muchas veces los cambios no están en el presidente, los concejales, el prefecto sino en nosotros mismos, porque si nosotras y nosotros somos capaces de amarnos a nosotros mismos, somos capaces de amar a los demás y no hacerles daño y si somos capaces de transformar nuestras propias vidas, somos capaces de transformar la vida de las y los demás, los cambios están dentro de nosotros. Por lo tanto, en nosotros está el respetar los derechos humanos, nunca perder la capacidad de indignación frente a lo injusto, como no perder la capacidad de transgresión frente a un sistema inequitativo y excluyente en el que todavía estamos viviendo.

Antes de concluir, como municipalidad queremos dar la bienvenida a todas las personas, hombres y mujeres que vienen de otros países, como Luz Patricia Mejía, que pase por favor.





Se entrega un elemento simbólico de Quito que es la Virgen de Legarda y un pergamino, que dice lo siguiente:

“El Concejo del Distrito Metropolitano de Quito considerando: que la doctora Luz Patricia Mejía, Primera Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (foto), quien participa en la Conferencia Internacional Las Comisiones de la verdad y el fortalecimiento de la democracia, visita la ciudad de San Francisco de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Que la doctora Mejía ha construido una brillante trayectoria en el ámbito de la defensa de los Derechos humanos a nivel nacional e internacional, que el Distrito Metropolitano de Quito y sus autoridades desean dejar constancia pública de su complacencia ante la visita de tan importantes defensores de los derechos humanos, por tanto, resuelve en la persona de Luz Patricia Mejía declarar huéspedes ilustres a los conferencistas participantes y le formulan sus mejores votos por una grata permanencia en la capital de la república del Ecuador, dado en la ciudad de San Francisco de Quito a los diez días del mes de septiembre del año 2008.- Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, María Belén Rocha Díaz, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito”.

Muchas gracias.





Gustavo Jalhk
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
REPÚBLICA DEL ECUADOR





Gustavo Jalhk: Estimada Elsie Monge, Presidenta de la Comisión de la Verdad del Ecuador; estimada Margarita Carranco, Vicealcaldesa de nuestra querida ciudad; señor Arquitecto Gustavo Baroja, Prefecto de la provincia, Dr. Rommel Jurado, Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad, estimado señor Pedro Restrepo; Conferencistas Internacionales declarados ya ilustres visitantes, representantes de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, y organismos defensores de los derechos humanos, representantes de los medios de comunicación.

Unas muy breves palabras con la bondad de haberme otorgado este espacio para dirigirme a ustedes en esta importante cita. El día de ayer en un evento sobre derechos humanos que organizaba Naciones Unidas, recordábamos una frase del ex Secretario General, Kofi Annan: “sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad, pero más aún, no hay ni seguridad ni desarrollo sin un profundo y verdadero respeto a los derechos humanos”.

En efecto, los derechos humanos son la razón de ser del Estado y sus instituciones, instituciones que además se sostienen con el esfuerzo, el trabajo y los recursos de los ciudadanos y ciudadanas, por eso no hay más grande traición que los gobernantes y sus funcionarios, que cuando estos dirigen la maquinaria del poder para atentar contra la vida, la dignidad, los derechos humanos y sus habitantes, traicionando de esta manera la razón de ser de las instituciones.

Cuántos esfuerzos realiza la humanidad para lograr el pleno respeto de los derechos humanos como valores universales, para alcanzar un desarrollo normativo suficiente, para lograr que esas normas se traduzcan en verdaderos compromisos de política pública para garantizarlos, para que los derechos humanos, insisto, razón de ser del Estado, no se queden en meros postulados normativos. Pero en todo este esfuerzo para la plena vigencia de los derechos humanos, si hay algo que con valor debemos emprender, que debemos defender a toda costa: es la verdad, sin ella no hay justicia, sin ella no hay verdadera paz, esa paz que a su vez solo es real si es consecuencia de la justicia, páginas tristes, oscuras, que nunca debemos haber vivido como sociedad, tragedias familiares que son realmente tragedias nacionales, abusos insoportables no pueden, no deben quedar en la impunidad, ni en el silencio. Como decía Gandhi: “más atroz que las atrocidades de los infames es el silencio de la gente buena”.

Muchas son las razones que motivan la existencia de la Comisión de la Verdad en el Ecuador, lo muestran ya en pocos meses de trabajo cientos de testimonios y miles de páginas de documentación, con repudio van surgiendo a la luz los oscuros lugares donde la injusticia, la infamia, la cobardía se ensañaron contra el ser humano, es decir contra la humanidad. Aunque no fueran cientos de casos, si solo fuera uno, la existencia y trabajo de la Comisión estaría plenamente justificada, porque el más alto deber del Estado es la plena vigencia de los derechos humanos para todos y cada uno de los habitantes, solo la verdad nos hará libres e iguales.

La creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Ecuador, es por un lado la manifestación de un compromiso real del Gobierno por hacer de la justicia una práctica institucional y por otro lado la convicción de que solo el respeto y la garantía de los derechos humanos son la verdadera fuente de la justicia del desarrollo y de la verdadera seguridad.

Desde el Gobierno Nacional lo único que encontrará la Comisión de la Verdad es un apoyo irrestricto a su trabajo, un respeto profundo a la independencia de sus integrantes y un compromiso incondicional con la verdad, todas las disculpas a las víctimas nunca serán suficientes, ninguna indemnización nos podrá compensar, pero a la verdad, nunca podremos renunciar, a esa verdad que vence a la impunidad, a esa verdad que nos hace entender que en cada víctima sufre toda la sociedad.

Como ciudadano estoy agradecido del trabajo serio, técnico y valiente que está realizando la Comisión de la Verdad y su Comité de Apoyo. Una muestra de esa seriedad es la realización de esta conferencia internacional, que sin duda enriquecerá el trabajo que se viene realizando.

Recogiendo la agenda y temática que hoy nos convoca, quiero terminar manifestando que la verdad es justicia, que la justicia es verdadera democracia, que por lo tanto tendrá que ser también debido proceso, porque sabemos todos que la injusticia no se combate con la injusticia, se combate con la verdad.

Muchas Gracias.


Gustavo Cevallos, presentador: Muy bien señoras y señores, vamos a empezar esta Conferencia Internacional. La instalación estará a cargo del Dr. Romel Jurado, agradecemos a todos ustedes su presencia y bueno pues, empezamos este trabajo profesional, aquí en las instalaciones del CIESPAL; buenos días a todos ustedes.



INSTALACIÓN DE LA CONFERENCIA
09h35
Interviene
Dr. Romel Jurado, Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad Ecuador


Quiero sumarme a las palabras de bienvenida de Nuestra Presidenta, la hermana Elsie Monge y a sus deseos de que la presente conferencia sea fructífera para todas y todos. Es indudable que procesos de verdad, justicia y reparación tienen sus propias características y dependen del país en donde estos procesos se inician; sin embargo es también cierto que los aprendizajes, que los conocimientos e incluso los desencantos de otros procesos, de otras comisiones son notoriamente útiles, superablemente útiles para las personas que hemos asumido el reto de ser una Comisión de la Verdad.

Para esto no hay recetas y ellas no son posibles, pero muchos de estos aprendizajes con seguridad nos van a dar la oportunidad de cometer los menos errores posibles y talvez acertar de manera más frecuente.

Desde esta perspectiva la organización temática de la conferencia podría ser presentada en lo que yo llamaría grandes bloques temáticos: el primero de ellos está vinculado a la experiencia de otras comisiones de la verdad, tanto desde su desempeño concreto cuanto de los factores que coadyuvaron para su éxito o las dificultades que se vivieron; otros de los bloques temáticos está vinculado a la justiciabilidad, de las graves violaciones investigadas y concretamente a la persecución penal que se ha desarrollado desde la presentación de los respectivos informes de la comisión.

En este bloque también se abordará el siempre complejo tema de la imprescriptibilidad de los delitos, y sobre todo de los delitos de lesa humanidad, aprovechando el acumulado de producción y de reflexión generado en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

En el siguiente bloque temático que está relacionado a la estructura institucional operante, sus problemas y los cambios que podrían incrementarse para mejorar su desempeño, y consolidarlas como organizaciones transparentes, democrática al servicio de las personas y del Estado de derecho. Este bloque está atravesado por el debate sobre seguridad, sobre defensa y derechos humanos.

Ocupa un lugar especial la conferencia sobre civilización de la Policía en tanto plantea su articulación institucional desde hechos cívico de la modernidad, cuya noción fundamental es el ciudadano, titular de derechos y responsable de obligaciones, al servicio del cuál se ponen o deberían ponerse las agencias de seguridad del Estado y entonces configurar la política pública de seguridad ciudadana.

Finalmente la voz de las víctimas y de sus familiares, organizan y gobiernan el debate del último bloque, en el que por una parte, se tratará el tema de la reparación integral de los afectados, tanto desde la perspectiva del derecho como desde las medidas de política pública que deberían incrementarse y por otra parte se debatirá con apertura sobre las razones, desafíos y expectativas que tiene la Comisión de la Verdad, desde la visión de los diferentes actores que se han involucrado.

Quiero hacer presente nuevamente mi agradecimiento a CIESPAL, al Servicio Alemán de Cooperación Técnica DeD, al ICTJ y por supuesto a quienes nos acompañan en estos días.


Inicio de Conferencias

Romel Jurado: Paso a presentar a nuestro primer conferencista el Dr. Carlos Portillo, quien tiene a su cargo el tema: “La Comisión de la verdad y fortalecimiento de la democracia en Paraguay”, comisión que el pasado 28 de agosto hace muy pocos días, presentó su informe final luego de casi cuatro años de intenso trabajo. Actuaré como moderador, además les anuncio que la intervención del Dr. Portillo durará 30 minutos luego de lo cual se abrirá un foro de preguntas de 20 minutos más.

Cabe mencionar unas pequeñas notas biográficas del Dr. Portillo, él es de profesión médico psiquiatra y psicoterapeuta, ha sido comisionado titular y vicepresidente de la Comisión de la Verdad y Justicia del Paraguay, es miembro del programa de asistencia afectados por las violaciones de derechos humanos, miembro del Centro Médico Psicosocial para refugiados, miembro de la red latinoamericana y del Caribe, de salud y derechos humanos y representante de la Red latinoamericana y del Caribe en la reunión del Consejo Mundial de la IRCP en el 2004 en Turquía.




CICLO DE CONFERENCIAS
09H45
Conferencia:
“La Comisión de la Verdad y el fortalecimiento de la democracia en Paraguay”
Conferencista (30m): Carlos Portillo (Paraguay)
Moderador: Dr. Romel Jurado
Foro: 20 minutos




Traigo los saludos de los compañeros de la Comisión de la Verdad del Paraguay y sobre todo los agradecimientos a todas las autoridades del gobierno de Ecuador, a los miembros de la Comisión del Ecuador, a todos los integrantes de la sociedad civil de organizaciones que luchan por la vigencia y los respetos hacia los derechos humanos, a todos los luchadores sociales que siempre están procurando construir una sociedad democrática, una sociedad en la que hay una vigencia por los derechos humanos hacia el desarrollo y el crecimiento de las sociedades, nuestras culturas y nuestras naciones latinoamericanas, siempre evolucionen en un sentido favorable, y que nunca más se reproduzcan los períodos oscuros de la historia de nuestro continente.

Percibimos que este deseo de compartir y de ser solidarios en nuestras causas por el respeto y la vigencia de los derechos humanos, debe ser hecho de la misma manera como en algún momento existió, un intercambio (no se puede hablar de solidaridad en este caso) de todas las prácticas represivas que violaron de manera sistemática, masiva y como parte de la política de los Estados o de los gobiernos de entonces, sobre todo en el cono sur.

Entendemos que la historia particular, respetando la autodeterminación y sobre todo los elementos culturales que cada nación y cada país, recibe y opta libremente por construir o por tomar para construir sus procesos particulares y singulares para cada caso; es algo que muchas veces no se puede ajustar ni comparar a las vivencias ocurridas en otros países como los del cono sur. Sin embargo, entendemos que esta es una causa, además de universal, es una causa latinoamericana fundamentalmente, en esa intención y trayendo como dicen, no una posición individual mía sino sobre todo lo que se construyó en esos cuatro años de investigación y de rescate a la memoria en el Paraguay, el deseo de compartir con ustedes estos aportes.

En primer lugar cabe mencionar que la ley que crea la Comisión de la Verdad y Justicia (CVJ) del Paraguay es una Ley Nacional votada por el parlamento, aprobada, sancionada por el poder ejecutivo y promulgada por él. Es una Ley que establece inicialmente un período de investigación que va del año 1954 al año 1989, porque este período fue el que la sociedad civil y sobre todo las organizaciones de derechos humanos consideraron importante investigar, porque se entiende que este período no fue suficientemente esclarecido, que este periodo en el cual se violaron sistemática y masivamente los derechos humanos en el Paraguay, no fue aclarado, que están pendientes aún hoy, de esclarecimiento y de búsqueda de justicia y por lo tanto sigan influyendo sobre nuestro presente e impidiendo y bloqueando la construcción de proyectos futuros.


La Ley 2225/03 que crea la CVJ de Paraguay

Luego de varios intentos anteriores, que fueron iniciativa de los primeros años después del golpe de Estado que derroca a la dictadura de 1954 al 89 que ocurrió en 1989 precisamente, se llegó a crear una Comisión de la Verdad dependiente del ministerio público en el año 1994, que no funcionó por carencia de presupuesto.

Esta comisión (foto) que culminó su mandato el 31 de agosto del 2008, ahora hace pocos días como dijo Romel, fue el resultado de una conjunción de voluntades, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, y es la que llegó a concretarse en esta Comisión.



La propuesta inicial de esta comisión, fue la de investigar el período de la dictadura de 1954 a 1989, se crea por ley nacional aprobada por el parlamento, con la extensión del período a ser examinado incluyendo el llamado de transición a la democracia hasta la promulgación de la ley, vale decir de 1989 al 2003.

Los argumentos para prorrogar este período a ser examinado fueron presentados y defendidos por un grupo de un partido político que se auto ubicó en la posición de víctima, sobre todo después de los sucesos ocurridos en el año 1999, conocido como el marzo paraguayo, donde hubo una masacre de jóvenes . Este grupo que fue derrocado en un proceso similar a lo que ocurrió en varios países de Latinoamérica es el que se auto ubicó en una posición y tuvo la intención de investigar el período del 89 al 2003, sobre todo entendiendo que ellos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Quienes llevaron adelante la iniciativa antes mencionada, hasta concretar la ley, consideraban que se desvirtuaron los objetivos propuestos en el proyecto inicial, al considerar que la deuda, al no haberse esclarecido los hechos de violaciones a los derechos humanos, corresponde al período de la dictadura. El período de la dictadura 1989-2003 es analizado como una etapa de avance significativo en materia de derechos humanos con el apoyo y las conquistas logradas por organizaciones de la sociedad civil.

Si bien es cierto que la persistencia de ciertas conductas en las que el Estado sigue violando los derechos humanos, se relaciona con esa tendencia a la repetición y a lo que se llama el sistema represivo, que según el parecer de muchos expertos analistas se mantiene intacto. Muchos de los ex miembros que ocuparon cargos de jerarquía y que pudieron tener responsabilidades directas en las violaciones siguieron en posiciones de poder en los gobiernos posteriores, lo cual creaba condiciones de impunidad y un clima de desconfianza, temor y escepticismo en las víctimas.

El Artículo segundo inciso C de la ley establece, entre otras cosas, que la CVJ debe identificar en la medida de lo posible a los victimarios. Nuestra Comisión tuvo por mandato de la ley, también la responsabilidad de nombrar, de mencionar a aquellos autores o aquellas personas que tuvieran responsabilidad en los hechos de violaciones a los derechos humanos. La Comisión a través de este Artículo del inciso C del Artículo segundo, estableció no solamente las responsabilidades personales sino también las responsabilidades institucionales sobre todo entendiendo dentro de sus conclusiones que estas responsabilidades formaron parte de una política sistemática y masiva de violaciones a los derechos humanos sobre todo en el período de la dictadura.

Esta Comisión se integró con nueve miembros representantes: 4 de ellos del llamado movimiento de víctimas de la dictadura y se auto proclaman así, tres personas en representación de la sociedad civil, uno en representación del parlamento y uno del ejecutivo. La ley estableció investigar explícitamente de acuerdo a su Artículo tercero: las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el exilio forzoso, y en un inciso E se incluye actos violatorios u otras violaciones graves a los derechos humanos.

La Comisión luego del análisis de los hechos más graves que ocurrieron en el período 54- 89, decidió incluir en el apartado de violaciones cometidas contra grupos vulnerables entre ellos el campesinado, que reivindica al derecho a la tierra, los indígenas, donde se examina el derecho a la vida, la integridad física y mental, a la libertad, el derecho fundamental y al derecho territorial consuetudinario, a la identidad cultural y a la participación en la representación en las instituciones del Estado; las violaciones cometidas contra grupos de niños, niñas y adolescentes, grupos diferenciados por su opción de género e identidad sexual.

Se marcó que la CVJ no tuvo facultades jurisdiccionales, debía respetar las normas del debido proceso y remitir un informe final a ser entregado al término de su mandato, a los tres poderes del Estado, pudiendo remitir los antecedentes a las autoridades competentes para su judicialización.

Se otorgó el cargo de investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y paraestatales: este aspecto es muy importante señalar a diferencia de otras comisiones en el sentido de que la responsabilidad de la comisión se limitaba exclusivamente a violación de los derechos humanos cometidas por el Estado, no se incluye como en el caso de Paraguay, las violaciones o actos que pudieran ser interpretados como violación a los derechos humanos cometidas por lo que se llaman los grupos irregulares o de insurgentes armados; además es importante aclarar en este aspecto que existieron en el país grupos que tuvieron una propuesta de lucha armada, basados en el principio de la legitimidad de la rebelión de los pueblos ante la tiranía o la opresión, estos grupos operaron siempre con objetivos militares, de tomar por la fuerza, derrocar a un gobierno sin involucrar a población civil que podría ser considerada inocente o no participante en los conflictos beligerantes.

Su creación es posterior a una ley de reparación, esto es importante señalar porque se creó una ley 838, en el año 1996 cuya incrementación fue condicionada al nombramiento del titular de la Defensoría del pueblo, lo que ocurrió recién en el año 2000. La Comisión de Verdad y Justicia se crea por Ley en el año 2003, y es posterior a la creación de una ley de reparación, pero sobre todo contempló el aspecto de la indemnización o la devolución de los daños materiales devenidos como consecuencia a la violación de derechos humanos.


En este contexto se llegaron a investigar con prioridad las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el período de la dictadura de Alfredo Stroessner, 1954 a 1989. (Foto)

El período 1989 al 2003, transcurrió en un contexto de presencia y vigencia de las organizaciones internacionales de DD.HH., es decir de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, con la firme ratificación y la adhesión de Paraguay a la mayoría de los instrumentos internacionales sobre violación a los derechos humanos, además con un trabajo muy importante de organizaciones de la sociedad civil en términos de luchar por la vigencia y respeto a los derechos humanos, en un sentido en un concepto integrador de lo que se concibe hoy como violación a los derechos humanos.


Las condiciones sociopolíticas y el marco jurídico nacional e internacional

De la información recopilada, del análisis de los diversos actores que concurrieron para imponer y sostener 35 años de dictadura, con características totalitarias, la comisión concluye, entre otros factores determinantes, que la conducta del Estado que gobernó entonces, fue la de un absoluto y total irrespeto hacia las leyes incluyendo aquel compromiso con la comunidad internacional de naciones, tales como la declaración Universal de los Derechos Humanos; ejemplo de ello es la vigencia del Estado de sitio prorrogado, con renovaciones periódicas, invocando el Estado de excepción inexistente.

Por medio de esta medida se restringieron todas las libertades públicas, se puede afirmar que durante los 35 años, el país fue un país sitiado, al estilo y con acentuados rasgos similares a otros regímenes totalitarios, implementó un sistema de información y relación difundido en todo el país, incluso el servicio exterior dependiente de la Cancillería, se ocupaba de informar y vigilar sobre las actividades ciudadanos paraguayos en el extranjero o de grupos de otros países que tuvieron proyectos de apoyar iniciativas contestatarias al gobierno de entonces.

Se creó una cultura donde se premiaba la delación y se castigaba la solidaridad con la protección hacia los opositores, se fundamentó la práctica represiva y de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos de la doctrina de seguridad nacional. Se invocaron razones de seguridad interna y se buscó legitimar todo con la frase “pan y progreso, con el silencio de las muertes y la paz en los sepulcros”. La dictadura se sostuvo y permaneció tanto tiempo adoptando como política de gobierno las violaciones a los derechos humanos.

En el período de transición el Estado firmó y ratificó adhiriéndose a la casi totalidad de los instrumentos internacionales, si bien el reconocimiento de la vigencia de los mismos, no constituyó una garantía de cumplimiento de ellos, la Constitución reformada en el año de 1992, recoge e incorpora todos los principios de los derechos humanos, pero la incorporación de los mismos a los códigos vigentes no coincide ni se materializa.

Además, la administración de justicia dependiente del poder judicial con acentuados rasgos de corrupción, conservadorismo, sometimiento al poder de turno y actos que son interpretados como negativos y contrarios a la filosofía de los derechos humanos, no permiten avances mínimos al no presentar precedentes de fallos que sienten jurisprudencia en la materia, esto se demuestra con el hecho de que no existe ningún fallo basado en los derechos humanos en los tribunales nacionales.

Este último comentario es demostrativo de que la inercia, la tendencia a la repetición compulsiva es tal sino se realiza un proceso de esclarecimiento a través de las comisiones de la verdad. No es posible la justicia sin la verdad, no es posible la verdad sin la reconstrucción de los hechos, no hay verdad basada en el olvido, la desmemoria, la amnesia. En muchos países de Latinoamérica, la tendencia inicial en los períodos inmediatos a las dictaduras fue la del olvido y del perdón, la del borrón y cuenta nueva, sin embargo, tiempos después nos percatamos como sociedad que no es posible construir proyectos democráticos sin saldar las deudas históricas del pasado.

Los hechos de hoy revelados y develados por las comisiones de la verdad, luego de levantar el manto del olvido, son una contribución a la vigencia de sociedades que desean una convivencia democrática, que quieren proyectar hacia el futuro un devenir predeciblemente humano de tolerancia e inclusiones. Se busca la no repetición de los hechos, la reparación, restitución, rehabilitación y satisfacción de millones de ciudadanos en toda Latinoamérica a quienes se les ocasionó daños, muchos de ellos irreparables si bien el recuerdo, el homenaje, el borrar, el honrar la memoria, de todo tiene de por sí algo o mucho de justicia.


Los objetivos, la metodología y la práctica de la Comisión de Verdad de Paraguay

Si bien, en la ley que creó la CVJ de Paraguay, se establece el mandato de remitir a la justicia, es decir a las autoridades competentes el informe recopilado por ella, tomamos como criterios la búsqueda de pedazos recopilados como verdades históricas, jurídicas, científicas y sociopolíticas. Se aplicaron métodos tanto cualitativos como cuantitativos, se recopilaron informaciones y datos de un universo que en algunos aspectos incluyen a la totalidad del país.

Este es un aspecto talvez que merece ser señalado o clarificado, lo que buscó la Comisión de la Verdad de Paraguay, no se limita a determinar casos que puedan ser judicializados o casos que puedan ser llevados a tribunales para ser juzgados sino sobre todo crear condiciones, crear un espacio donde los afectados directos y donde la población en general, sienta que es un espacio donde pueden hablar, donde pueden contar su verdad, donde pueden reconstruirse hechos que dentro del sentido de la memoria inclusive autobiográfica tiene el propósito de reconstruir la memoria arrebatada, la memoria negada que se le prohibió contar a millones de personas en el sentido incluso de considerarlo como fantasía y hechos inexistentes. Recuerdo la frase de Primo Levi, que decía: “en los momentos históricos inmediatamente posteriores a las dictaduras militares, la guerra contra la memoria también fue total, la intencionalidad de borrar no solamente rastros físicos o pruebas que ocurrieron violaciones masivas sistemáticas, crímenes de lesa humanidad, se limitó a la intencionalidad de hacer desaparecer aquellas pruebas físicas sino también hacer desaparecer y anegar espacios de memoria que pudieran recordar, evocar o reconstruir aquellos hechos”.

Las fuentes de donde provinieron las informaciones fueron prioritariamente primarias: testimonios, en su mayo-ría de sobrevivientes afecta-dos directos de las violaciones de derechos humanos, es decir víctimas, de testigos presenciales o de referencia de los hechos. Se destaca en este aspecto que las entrevistas tomadas por los testimonios tanto individuales como colectivos a grupos en espacios privados o en audiencias públicas, propusimos que fueran como oportunidades históricas y sociales donde los testimoniantes sientan que pueden contar su verdad, sin temor a ser reprimidos y castigados por ellos, espacios y momentos desde donde se les cree, donde no se les estigmatice, no se les victimice o se les trate como mentirosos o fantasiosos, es de por sí, o al menos como medida complementaria a otras tantas, esto se constituye de por si en un momento reparador.



De las fuentes secundarias se tomaron aquellas informaciones contenidas en archivos diversos, el llamado centro de documentación, archivo de los derechos humanos, conocido como archivo del terror (foto), archivos militares y policiales, el servicio exterior de la cancillería paraguaya, del Ministerio de Gobierno, de educación por ejemplo, de la sección de identificaciones de la Policía Nacional paraguaya, de la Defensoría del Pueblo, de diversas publicaciones e investigaciones históricas y socio-políticas que se realizaron, publicaciones y casos judicializados en el marco del llamado “operativo cóndor” de países vecinos sobre todo del MERCOSUR.

Se realizó un capítulo que describe el impacto psicosocial en las víctimas, su entorno comunitario y en la población. En el mismo se analizan las causas, consecuencias y modo de afectación, gravedad del daño, con el propósito de adoptar medidas reparatorias y de rehabilitación en programas específicos.

Con la finalidad de contribuir para sentar las bases de una sociedad democrática, durante el periodo de vigencia del mandato de la CVJ, se implementaron varias medidas, entre ellas, cito las siguientes:

• Un programa educativo, a ser incluido en el currículo de la llamada educación intermedia, dependiente del Ministerio de Educación del Estado, que trata sobre el Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay.
• Proyectos de creación de Memoriales, espacios de debate sobre la memoria, archivos documentales y otras varias medidas consideradas como reparaciones simbólicas.
• La ratificación por parte del Estado Paraguayo de la “Convención Internacional contra la prescripción del los crímenes de guerra y delitos de lesa Humanidad”, esto se consiguió en marzo del 2008.
• Apoyo a las iniciativas de ampliación de la Ley reparatoria a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
• Apoyo a la implementación del Protocolo Facultativo contra la Tortura
• Judicialización de algunos casos de violaciones a los Derechos Humanos los que desembocaron en la Declaración de Imprescriptibilidad de las Violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Corte Suprema de Justicia, lograda en abril.

Finalmente, saltando un sinnúmero de aspectos y componentes que enfocó la CVJ, se distribuyó una edición conteniendo Conclusiones y Recomendaciones.

Entre las recomendaciones, estas se agrupan:

a) Recomendaciones en materia de satisfacción

• Medidas dirigidas a la revelación pública y completa de la verdad en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones.
• Medidas dirigidas a la localización de las personas desaparecidas, a la identificación de los niños secuestrados y de los restos que pudieran encontrarse, para volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o de las prácticas culturales de su familia y comunidad.
• Medidas dirigidas a obtener declaraciones oficiales que restablezcan la dignidad, reputación y los derechos de las víctimas y los de las personas estrechamente vinculadas a ellas.
• Medidas dirigidas a obtener disculpas públicas que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
• Medidas dirigidas a la aplicación de sanciones judiciales y/o administrativas a los responsables de las violaciones, a la realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas y a promover una educación de derechos humanos que cuente lo ocurrido.


b) Recomendaciones en materia de restitución:

• Medidas dirigidas el restablecimiento de derechos; al regreso al lugar de residencia en los casos de desplazamientos y el exilio; a la reintegración al empleo; a la devolución de bienes.

c) Recomendaciones en materia de Indemnización:
• Por perjuicios al daño físico y mental, por la pérdida de oportunidades en la educación la autorrealización y otras prestaciones sociales.

d) Recomendaciones en materia de rehabilitación:
• Atención médica, psicológica, de servicios sociales y asistencia jurídica.

e) Recomendaciones en materia de no repetición:
• Control efectivo del Poder Civil sobre la Fuerzas Armadas y de seguridad.
• Vigencia de las normas internacionales relativas a las garantías procesales de equidad e imparcialidad en los procedimientos civiles y militares.
• Fortalecimiento e independencia del Poder Judicial.
• Protección a profesionales y testigos, militantes de Derechos humanos en condiciones de vulnerabilidad y riesgo.
• Educación en Derechos Humanos a todos los sectores de la sociedad: autoridades y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, funcionarios públicos, miembros de los medios de comunicación de prensa y miembros del sector de empresas privadas.
• Impulsar reformas legislativas, jurídicas que se adecuen a los Derechos Humanos, incluyendo los derechos laborales, entre otros.

Esta es una síntesis acumulada, un tanto apretada por la dimensión del periodo que esta Comisión tuvo que examinar. Atendamos que el periodo que a esta Comisión le tocó examinar por mandato de la Ley, abarca 49 años de historia y la variedad tipológica de las violaciones a los derechos humanos incluye casi la totalidad. Creo que ninguno está excluido incluso del exilio que es un tanto polémico pero contribuyó a recuperar datos y memorias de los testimoniantes que por el ciclo de la vida están con más de 70 años; es decir tocó investigar hechos de hace más de 50 años con las dificultades que eso significa. Además incluyó dentro de su Mandato otras violaciones a los derechos humanos, un aspecto que en Paraguay es fundamentalmente grave como es la distribución inequitativa de tierras, como derecho a la subsistencia, a la participación, a la producción en la economía de un país.

Esta es una deuda tan grande pendiente en nuestro país desde el momento en que el monopolio por la posesión de las tierras quedó en manos de un grupo muy pequeño que además heredó todo el poder de la distribución de las riquezas, de la dictadura. Ese sistema sigue presente hoy, hay una iniquidad social significativa y la Comisión adoptó esa decisión por ser un tema tan vigente e importante, para que pueda ser tomada en cuenta dentro de las agendas de los gobiernos, para crear condiciones sociales equitativas y sobre todo para propiciar una sociedad más democrática. Muchas Gracias por la atención y por la oportunidad de difundir el caso Paraguay, que es muy poco conocido y estamos hablando de “vuelos de la muerte” de prácticas de desaparición forzada ocurridas ya en 1989 y que es muy poco conocida a nivel internacional.

Muchas gracias.
FORO PÚBLICO:

Pregunta 1: ¿Cómo mantener la luz de esperanza, después de que ésta Comisión termine su trabajo?

Portillo: La Comisión entiende, de acuerdo a nuestra experiencia, que no es imposible judicializar más de 100 mil casos, claro, con algunas dificultades que son inherentes al propio sistema de administración justicia del país. Nuestro sistema no admite los casos colectivos solamente los casos individuales, es un sistema que trabaja a saturación. En este momento el sistema judicial habla que existen más de cinco mil casos de denuncias o de querellas que están paralizados y que están trabajando a saturación. El sentido de justicia no se limita a nuestro entender a casos judicializados, puede ser administrado desde el momento desde que esta Comisión pretendió convertirse en un momento histórico en el que el escepticismo y la desconfianza en Paraguay por parte de las víctimas hacia instituciones del Estado fue tal, con lo que se convirtió en un trabajo arduo el ganar esa credibilidad, para que la sociedad paraguaya se convierte en un espacio creíble, en un espacio para visibilizar que el hecho del reconocimiento de que existieron tales hechos fuera un conquista.

Estos factores no están delimitados solamente por una suerte de crisis de credibilidad institucionalidad sino sobre todo por la impunidad, porque los grandes responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura y ya también en el periodo de la transición siguen caminando libremente por las calles, son los vecinos con los cuales debemos convivir, muchas veces una víctima vive al lado de su victimario, y los cuales nunca fueron señalados. Hay poquísimos casos con juicios y condena en el caso de Paraguay, la mayoría siguen libre y lo peor es que siguen manteniendo el pacto del silencio; ellos saben donde están los desaparecidos, conocen lo que hicieron. Por la vía del arrepentimiento no existe persona alguna en el caso de Paraguay que haya roto el pacto del silencio, con la idea de reconstruir una sociedad democrática sino por la búsqueda de seguir manteniendo los espacios deponer.


Pregunta 2 ¿Es necesario la condena para los represores para que se cumpla la reparación a las víctimas?

Portillo: Los espacios de reparación y justicia se adoptan a través de medidas simbólicas, conmemorativas, memoriales, verdaderos actos públicos de reconocimiento por parte del Estado en el sentido de no leer, a regañadientes, un pedido de disculpas que se hace a la sociedad civil y a las víctimas y después darse la vuelta y persistir en la misma actitud; como decía la vicealcaldesa de Quito, Margarita Carranco, una actitud que no se materializa en un cambio de conciencia, en un cambio de actitudes, que sigue siendo con la base del racismo, de la xenofobia, que sigue siendo un manejo de poder de manera discrecional entendido como que el poder está hecho para abusar de él.

Aunque en 1996, se creó una Ley de Reparaciones, que contempla solamente la reparación económica y que además calcula el daño devenido de una manera y filosofía positivista, es decir, a través de los días que estuvo detenida la víctima, o a través de un informe médico psicológico en el que se evalúa el daño, la cuantía del daño que se le ocasionó; es decir es una ley muy incompleta y parcial, porque no contempla un sentido integrador de las violaciones a los derechos humanos cometidas y no repara, no rehabilita, no reinserta a las personas en la sociedad ni tampoco devuelve la dignidad incluso es muchas veces fue manipulado; es como diciendo “ya les pagamos ahora tienen que callarse”, dando como resultado una verdadera revictimización de las personas.


Pregunta 3 ¿En caso de que se llegara a determinar la existencia de un delito, cometido por un Gobierno, estos amparados en la Constitución de sus países suelen manifestar que estos delitos están prescritos en razón del tiempo; cómo enfocar este tema para saber sancionar estos delitos?

Portillo: Nos toca compartir muchas experiencias en Latinoamérica; porque mencioné que la Comisión durante su periodo de mandato y con el asesoramiento de los compañeros de lucha de Argentina, nos dijeron que existe una convención de las NN.UU. que está contra la prescripción de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esta convención por asesoramiento y por un consejo muy solidario de los compañeros argentinos, la hemos revisado y hemos visto que Paraguay no ratificó. Recién en marzo del 2008 ratifica, lo cual viabiliza la posibilidad de declarar imprescriptibles hechos incluso del año 1954, se imaginan la retroactividad que tiene esto, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 54 años.

La Constitución de Paraguay que se reforma en 1992 ya declara imprescriptibles todas las violaciones cometidas contra los derechos humanos. De todas maneras, los expertos en la materia señalaron que esta reforma no era retroactiva por eso muchos casos no pudieron entrar para ser judicializados. Recién ahora hemos logrado que la Corte Suprema implemente e incluso proponga la reforma de los códigos a las figuras específicas y más adecuadas a los principios de violación a los derechos humanos. En el caso de la tortura, por ejemplo, el código procesal y penal que se reforma en 1998, no incorpora una tipificación adecuada de acuerdo a las convenciones de torturas vigentes. En el caso de las desapariciones, las OEA y NN.UU. adoptan convenciones muy posteriores incluso a las convenciones contra la tortura y contra otro tipo de violaciones a los derechos humanos. La desaparición forzada es un delito que no es un descubrimiento, pues es un acto, mecanismo de control social que posiblemente se viene produciendo desde 1930 por varios regímenes, y en Latinoamérica aunque se considera que se aplicó en forma masiva desde 1973 con el golpe de estado del 11 de septiembre en Chile, y del año 1976 con el golpe de Estado del 24 de marzo en Argentina; se venía practicando ya en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, la desaparición forzada recién entra en las convenciones de las NN.UU. en la década del 90; convenciones ratificadas por el país. Se plantea entones, la doctrina de crímenes de lesa humanidad como daño a la especie humana, cuando la intencionalidad de un Estado no va a dirigida solamente a la víctima específica sino que tiene la intencionalidad de un mensaje de terror, de amedrentamiento y de paralización de cualquier conducta de oposición, es un crimen que no puede prescribir.

Pregunta 4 ¿El Informe Final es un punto de llegada, pero puede ser un punto de partida; qué hay ahora con el presidente Fernando Lugo?

Portillo: No puedo renunciar a mi simpatía, a la lucha y a la expectativa que genera el nuevo gobierno en toda la nación. Es una esperanza enorme, es una conquista de voluntades ciudadanas que en las últimas elecciones dijeron sí al cambio, a la vigencia de los derechos humanos. En su discurso de posesión, el 15 de agosto del 2008, el presidente Lugo declaró su inequívoca convicción de tomar la política de derechos humanos como parte de su política de gobierno. Es una coyuntura muy favorable. Si bien es cierto que es importante mantener el equilibrio de la presencia de la sociedad civil, entendiendo al Estado también como representante, que en este caso talvez históricamente para nosotros es la primera vez que podemos decir que se eligió y no se votó solamente; se puede decir que es la primera vez que se respetó la voluntad popular.


Pregunta 5. Miguel Félix García de Guayaquil (Hermano de víctima Luis García) ¿Tengo un caso muy peculiar, a mí me mataron un hermano hace 25 años (después de torturarlo lo metieron a la piscina de la FAE), una pandilla de militares asesinos, en la FAE; entre cómplices y encubridores se encuentra el presidente de la República de ese entonces, el Ing. León Fébres Cordero, quien evitó que este crimen sea ventilado en la justicia común, él ordenó en una Comisaría Pública, porque yo estuve presente, ordenó que pase el caso a un juzgado militar donde he peleado desde entonces solo, luego vino el caso Restrepo y luego el caso Benavides; pero hasta ahora el crimen esta en la impunidad; deseo que usted me oriente; porque el Ing. LFC protegió a los criminales; qué puedo hacer par meterlos a la cárcel incluso a LFC?

Portillo: Es importante que la voz de las víctimas, de todas las personas afectadas, sea tomadas en espacios como las comisiones de la verdad, porque son los espacios donde se permite recuperar. Yo puedo compartir con ustedes la historia nuestra de Paraguay. Cuando nosotros también en un momento dado creímos que era imposible, que la impunidad era la que reinaba, que el borrón y cuenta nueva a todas las peticiones de justicia; creímos que era posible reabrir causas incluso a través de la declaración de no prescripción de ciertos delitos que están configurados de manera inequívoca con pruebas y pericias muy contundentes. ¿Pero quiénes son los que cometen las violaciones a los derechos humanos? Son quienes tienen el poder, no estamos hablando de delitos particulares sino de autoridades que tienen la responsabilidad no solamente de no cometer dichas violaciones sino de velar y vigilar porque haya una vigencia y se proteja a los ciudadanos. Entonces estos casos no pueden ser declarados cerrados ni pueden prescribir.

Lo que puedo compartir con ustedes es la expectativa que se reabre ahora a partir de no solamente con el esfuerzo de esta Comisión de la Verdad y Justicia que se instala en un momento en que era necesario sistematizar, investigar, recopilar más informa-ción sobre un esfuerzo previo de la sociedad civil muy importante que se hizo a través de iniciativas de organizaciones no gubernamenta-les, a través de la lucha de los movimientos de víctimas, a través de la presencia de organizaciones internacionales incluso. Existe un antes, un durantes y un después de esta Comisión que pretende que su Informe Final no sea archivado porque sino si sería una Comisión de la impunidad como siempre no has criticado y en la cual hay riesgo de todo el Informe Final se archive y no cause un impacto y no propicie un cambio incluso en el sentido de reabrir causas.


Pregunta 6 ¿Hubo algún tipo de amnistía en Paraguay?

Portillo: No, no hubo ningún tipo de amnistía, ninguna ley de punto final ni tampoco ley de obediencia de vida. Pero solemos compartir con los compañeros de que no hizo falta; es decir, la cuestión del otorgamiento o de la auto-amnistía o del auto otorgamiento de impunidad y de cerrar los casos fue tal que por eso comenté de que la mayoría de los cuadros de autoridades de las fuerzas militares, policiales e incluso civiles, mantienen hasta hoy puestos claves de poder que no permiten romper ese pacto de silencio y de impunidad. No hizo falta ninguna amnistía, pero ahí nuestro compromiso se redobla o se triplica, porque en esa coyuntura debemos intentar romper esa cadena.


Pregunta 7 ¿De qué manera la CVJP incorporó el enfoque de género, cómo grupo vulnerable, cómo se abordó la violencia sexual como forma de tortura y cómo está concebida su reparación?

Portillo: Hay varios enfoques: en primer lugar, en la mayoría de grupos de oposición, donde entran partidos políticos como el comunista que en el caso de Paraguay fue proscrito por ley desde 1938, fue solamente admitido como legal en un momento que fue denominado como primavera democrática en 1946, en 1947 volvió a ser proscrito y es más en 1989 después de los 50 años de proscripción después del golpe de Estado del 89, la intención del Estado fue no admitirlo y se lo volvió a proscribir y eso fue catalogado como una conquista.

En estos grupos siguen militando mujeres. El Estado dentro de un concepto machista consideraba que las mujeres no debían militar en grupos de la oposición, estigmatizaba en un doble sentido al decirle: cómo pueden ser madres y cómo pueden ser esposas al militar en un grupo armado o en un partido comunista que está proscrito por ley. Además de eso, creemos, aunque no fue investigado a profundidad, que la tortura, la desaparición y todas las formas represivas de violaciones a los derechos humanos apunta específicamente a los puntos identitarios del ser humano, al aspecto de identidad de género, al aspecto de identidad cultural, a la identidad de pertenecer a un movimiento o un grupo. Existen informaciones que demuestran que hay formas específicas de tortura que apuntan a destruir aquella identidad de género.

En el tema de reparación hay una propuesta en términos de medidas de rehabilitación de espacios públicos de la memoria, incluso de rehabilitación psicosocial, eso sin duda debe contemplar el daño a las identidades de género y de identidad sexual. Pues incluso la CVJ tomo a algunos otros grupos por identidad sexual o por opción sexual como parte de su investigación, sobre todo aquellos casos que fueron reprimidos por pertenecer a un grupo con una identidad sexual bien específica, hay propuestas e iniciativas pero que no están desarrolladas.


Pregunta 8 ¿Los crímenes no solo fueron por, digamos de alguna forma, iniciativas de Gobiernos propios sino con ayuda o asesoramiento de otros países, qué posibilidades hay para demandar a esos países que asesoraron los crímenes de lesa humanidad?

Portillo: En el Informe Final, al hablar de los factores y del clima político internacional, incluimos el análisis de la doctrina de seguridad nacional como una parte importante, que fundamentó, o por lo menos los estados nacionales tomaron como argumento para aplicar un control social casi total en cuanto a medidas de seguridad. Dentro del Informe, esta CVJ, incluye la necesidad del esclarecimiento de la participación internacional y sin temor voy a decir más, tenemos pruebas de la presencia de asesores militares estadounidenses en prácticas represivas y en métodos de tortura y en prácticas de desapariciones forzadas en Paraguay. Doy el nombre incluso en 1956: Robert K. Thierry (Nacido el 17 de Enero de 1909 en Ohio.
Graduado del "Army Command and General Staff College" y de la Escuela de Inteligencia Estratégica; Tnte. Coronel del Ejército, Supervisor de la Sección de Inteligencia, Coordinador de funciones de Inteligencia y técnicas investigativas con la policía militar y otras organizaciones especiales).

Hay muchísimas cosas que son simplemente la punta del ovillo de lo que investigaciones futuras puedan revelar. Nosotros en nuestras peticiones pedimos también que el gobierno de Estados Unidos reconozca su apoyo y asesoramiento en prácticas masivas y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos. Lo mismo en el marco de la operación Cóndor, también pedimos que aquellos estados que colaboraron e hicieron desaparecer a ciudadanos paraguayos pidan disculpas al estado de Paraguay, estoy hablando de Argentina, Chile y Uruguay fundamentalmente. Del mismo modo que el caso de los argentinos, uruguayos y chilenos desaparecidos en Paraguay, el estado paraguayo está dispuesto a dar disculpas por acciones cometidas contra ciudadanos de países vecinos.


Pregunta 9. Sonia Lucia Bonilla Brazales (madre de víctima Damián Peña. Mi hijo fue asesinado en la ciudad de Cuenca en una manifestación hace 7 años, lamentablemente la justicia de mi país no ha querido decir absolutamente nada, más bien han protegido a los responsables. En vista de eso demandé al Estado a través del Tribunal Contencioso Administrativo porque se me faltó a la tutela judicial efectiva, no he tenido una agilidad en el proceso. La Constitución dice que se llevaría 2 años de investigación y ya vamos 7. El TCA me dio la nulidad a mi demanda alegando que no es competencia del TCA. ¿Qué opina al respecto?

Portillo: Bueno no soy abogado. Soy médico, he trabajado en algunas pericias, en la Corte Interamericana, en un trabajo transdisciplinario con abogados en dos casos muy importantes: el de la muerte de niños en la cárcel denominado Panchito López y el caso de un soldado que muere ejecutado en un cuartel militar. Pero es mejor que el caso sea tratado con un abogado para fundamentarlo.






Pregunta 10. Dolores Guerra (Caso Fybeca). Hace 5 años perdí a mi esposo, lo desaparecieron. Actualmente estudio leyes, voy en el tercer año, y este caso me llevó a descubrir más cuáles son mis derechos y el de mis hermanos ecuatorianos. ¿Cómo se puede reparar la parte psicológica? Por ejemplo, hoy mi hijo cuando venía para acá me decía, no te vayas, siento miedo de que no vuelvas, siento miedo perderte. Estoy conciente que la justicia tarde pero llega, porque solo yo se lo que tengo que aguantarme.

Portillo: Por esas cuestiones organizativas en la CVJP me tocó a mí el capítulo de las desapariciones forzadas. A otros comisionados les tocó investigar la tortura, el exilio. Aprendimos que lo que ocurre en las desapariciones es una situación que queda en el limbo incluso jurídicamente hablando que cómo el afectado o la víctima directa no puede hacer reclamos por sí misma si no que tiene que hacerlo a través de sus allegados, con lo que eso significa para sus familiares.

Significa la expectativa de dónde está, pero sobretodo a la mente de un niño que sigue esperando, que se niega a matar psicológicamente, ahí notamos que el familiar no puede asumir la carga de ser quien declara la muerte incluso en términos cívicos del familiar que está desaparecido. La desaparición forzada implica casi seguro, o por lo menos bajo la presunción, hasta que encontremos la evidencia y por eso hablo de que nuestra Comisión buscó una verdad histórica, jurídica, científica, sociopolítica al estudiar los factores que hicieron que ocurrieran estas cosas en nuestros países es que el desaparecido fue primero detenido arbitrariamente o secuestrado; segundo, no tuvo derecho a la defensa, no fue juzgado para decir que cometió un crimen por lo cual se lo tortura casi seguro, y finalmente se lo ejecuta. Además agregamos la privación al derecho a la verdad que tiene el familiar y a la participación de un proceso de duelo que también es legítimo.

Yo no puedo dar consejos más que desde lo que evidenciamos, de lo que aprendimos y del dolor que hemos compartido con los familiares.


Muchas Gracias.



CICLO DE CONFERENCIAS
11h00
CONFERENCIA: “COMISIONES DE LA VERDAD Y PERSECUCIÓN PENAL”
Conferencista (30m): María José Guembe (Argentina)
Moderador: Dr. Edward Vargas





MODERADOR: (foto, derecha): Buenas días con todos. A continuación se expondrá la Conferencia “Comisiones de la Verdad y persecución penal”, que la va a dictar María José Guembe (centro, foto), de nacionalidad argentina, actual sub-coordinadora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos de Argentina. Se desempeñó como Subsecretaria de derechos humanos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, graduada en derechos en la Universidad de Buenos Aires, magíster en derecho internacional por la Universidad de Notre Dame, de Estados Unidos, desarrolla múltiples actividades académicas en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanas, becaria de investigación por el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires – UBACyT, directora del Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Consultora de la Defensoría del pueblo de la Universidad de Buenos Aires.

María José Guembe: Es un honor para mi estar aquí, muchas gracias por la invitación, así puedo conocer de cerca el trabajo de la Comisión de la Verdad de Ecuador, y también tener la oportunidad de escuchar conferencias como la de recién y poder acercarme a la experiencia en países vecinos nuestros que les ha costado tanto como a nosotros llegar a la etapa actual, pero por suerte han emprendido el camino y lo han transcurrido con éxito. Esperemos que tanto en Ecuador como en el Paraguay la situación de la verdad y la justicia avance y se pueda llegar a reparar finalmente, en lo posible, a las víctimas de las dictaduras militares de graves violaciones a los derechos humanos.

Argentina tiene una característica especial que quizás es el primer país en haber experimentado la situación de tratamiento de las violaciones de los derechos humanos del pasado en América Latina. Como tal la experiencia Argentina tiene muchos avances y retrocesos, algunos ensayos exitosos y otros fallidos, pero que en cualquier caso creo que sirven para ser tomados y no se si replicados porque no funcionaron en otros países de la región, o por países de otras regiones también. De hecho hay gran cantidad de personas que se han visto en la situación de formar parte de las instancias estatales, de búsqueda de la verdad o la justicia, han pasado por Argentina intentando tomar nuestra experiencia o mirar exactamente qué cosas no hacer porque a nosotros no nos han funcionado del todo bien, y nosotros debemos decir también que en estos años el proceso de verdad y justicia en Argentina continúa, creo que es uno de los más largos en la región, el aprender de lo que compañeros de otros países han podido hacer o han ensayado e implementado exitosamente dentro de sus territorios.

Cuando Argentina comenzó a transcurrir su proceso de verdad y justicia, no estaba tan claro o al menos no estaba tan aceptada internacionalmente la obligación del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Existía todavía alguna discusión acerca de verdad si justicia no, o alguna disyuntiva entre estas dos categorías. La decisión del gobierno de Raúl Alfonsín que fue el que inició la transición en el año 83, fue combinar estas dos categorías y crear juntamente una comisión de la verdad, que se llamó CONADEP –Comisión Nacional Sobre la Desaparición Forzada de Personas , e instar la acción de la justicia penal para llevar a juicio a los comandantes de las juntas militares, es decir a los altos jerarcas de la dictadura militar. Junto con esta decisión de juzgar a los militares, también instó el juzgamiento de los jefes de las guerrillas, es decir que en algún punto empezó a equiparar la acción de grupos armados no estatales con la acción de grupos estatales, o sea el terrorismo de Estado.

Esta decisión o esta idea que estaba detrás de estos dos decretos y de equiparar ambas instancias que habían participado de la lucha armada, fue muy cuestionado por las víctimas y por la sociedad, o sea que nunca había dejado de existir la posibilidad de hacer justicia frente a la acción ilegal de personas durante la dictadura. Los únicos crímenes que no fueron juzgados durante la dictadura fueron los crímenes del Estado, para los cuales las vías legales estaban absolutamente cerradas, pero el Estado podría haber elegido la vía de la justicia para hacer frente a la acción de grupos armados y sin embargo optó por una acción clandestina que se centró en la desaparición forzada de personas, con la metodología de centros clandestinos de detención y tortura, en lugar de dejar paso a la justicia de acuerdo al código penal que definiera las responsabilidad criminales en cada uno de los casos, por eso cuando se equiparó finalmente la acción de grupos armados estatales y no estatales fue muy cuestionado y muy debatido en la esfera pública.

Las comisiones de la verdad en general tienen como objetivo por un lado buscar la verdad, pero también tiene por objetivo la búsqueda de la justicia; la verdad y la justicia, en ese sentido son inseparables. Sin conocer primero qué es lo que ocurrió y sin tener una clara radiografía de cual fue la metodología criminal aplicada en cada uno de los países, es difícil que la justicia pueda actuar, la justicia se basa siempre sobre el conocimiento de los hechos y luego la valoración penal de esos hechos.

En ese sentido, en general como hablamos de casos muy sistemáticos y generalizados en la violación de los derechos humanos, la labor de las comisiones de la verdad allana en gran parte el camino y el trabajo que luego tiene que hacer la justicia. Las comisiones tienen de acuerdo a tipologías que se han venido construyendo en los últimos años que han proliferado en muchas regiones del mundo, diferencias en su composición, esas comisiones son netamente nacionales otras tienen características internacionales, que son aquellas donde Naciones Unidas ha intervenido en la resolución del conflicto armado o ha tenido alguna participación en la resolución de la situación y por eso ha contribuido a la creación de instancias de transición democrática o de revisión de los crímenes, creando o propiciando la creación de comisiones de la verdad, en el caso de Guatemala y El Salvador, en nuestra región o Haití por ejemplo que tuvo una comisión creada por Naciones Unidas.

Muchas de estas comisiones dependen del poder ejecutivo, del gobierno, del poder político, otras han tenido dependencia de órganos legislativos, y en general esto da cuenta de la independencia y de las capacidades que cada una de las comisiones va a tener. La Comisión de Argentina por ejemplo al igual que la del Ecuador, fue creada por un decreto ejecutivo, que si bien dependía del gobierno argentino, tuvo las características de ser autónoma lo que le dio mucha independencia en su funcionamiento, le dio el manejo de su propio presupuesto, la posibilidad de dictar su reglamento y de establecer las facultades de investigación que iba a tener.

Los mandatos también difieren en general, algunas se refieren a crímenes específicos, la nuestra se refirió exclusivamente a la desaparición forzada de personas, otras abarcan varios crímenes y otras en algunos casos no determinan a qué crímenes se refieren y dejan un amplio margen de discrecionalidad a los propios comisionados o al equipo de la Comisión, de acuerdo a como vayan avanzando las investigaciones y a qué es lo que van descubriendo.

También en cuanto al término de duración, han diferido en comisiones que han sido muy largas, la comisión de Corea del Sur, por ejemplo tiene un mandato como de 11 años de funcionamiento, lo que en algunos casos le ha traído grandes dificultades para mantener su legitimidad, el apoyo político sobre todo en el transcurso de distintos gobiernos, la comisión perdura y los gobiernos cambian y han tenido muchas dificultades. La de Paraguay duró 4 años, la de Argentina tuvo un plazo de 9 meses y se prorrogó 3 meses más pero no excedió el término de un año.

De acuerdo a lo que la experiencia indica los plazos cortos si bien a veces restringen mucho las posibilidades de investigar todos los casos, por situaciones de mucha complejidad, son beneficiosos porque permiten hacer en un corto período de tiempo un trabajo con mayor apoyo político, con más apoyo social, o para mantener la legitimidad y esto luego se transmite a lo producido por la comisión, es decir al informe final.
















En cuanto al objetivo de buscar la verdad de las comisiones, una cosa que surge como fundamental es que las comisiones construyen un relato, frente a casos de represión clandestina como la mayoría de los casos en los que las comisiones actúan con la posibilidad de que sea el propio Estado el que vuelva a darle sentido a un relato organizado. Lo que las víctimas sufrieron y denunciaron resulta muy importante para el avance y para poder integrar socialmente a los grupos afectados, es lo mismo que devolver la identidad a las víctimas. En el caso de la desaparición forzada de personas, por ejemplo, donde no se sabe quienes son las personas detenidas ni quienes son los responsables de esa detención y se niega toda información acerca del cautiverio, devolver la identidad de las víctimas y hacerlo con la palabra oficial también resulta muy importante.

Hay dos cuestiones que las comisiones abordan: por un lado es lo que podríamos llamar la verdad global, sobre la situación en la que se produjeron la violación a los derechos humanos, sus causas y sus consecuencias y por otro lado, la verdad individual. Estas dos verdades son igualmente importantes y yo creo que las comisiones deben tomarlas con la misma prioridad, sin embargo, cuando la represión fue muy extendida, muchas veces se vuelven difícil dar cuenta de cada uno de los casos individualmente, sin embargo, tanto lo que se puede reconstruir, la verdad individual como la verdad global, va a ser un sustento para que la justicia pueda actuar más rápidamente, con mayor conocimiento y con mayores pruebas que es lo que en definitiva la justicia va a tratar de reconstruir.



En Argentina el hecho de que la comisión se dedicase a investigar la desaparición forzada de personas, tuvo que ver con algunos antecedentes previos. La metodología de desaparecer a las personas significó una novedad en la violencia política en mi país, hasta ese momento era un país que ya había tenido varios pedidos de violencia política, pero siempre la violencia se había dado de modo abierto, a través de ejecuciones, asesinatos, enfrentamientos públicos y nunca se había recurrido como método prioritario, al menos, a la desaparición forzada de personas. El hecho de que los familiares de las víctimas no tuviesen conocimiento de que era lo que ocurría ni pudieran dar cuenta abiertamente o cerradamente de que sus familiares estaban en poder del estado, generaban también dificultades para evocar pública o privadamente que era lo que estaba ocurriendo, es decir que esto cercenó la posibilidad de la denuncia o al menos la dificultó en primer momento.

Hubo un cambio que fue importante, que fue la clave, la cual se denunció y siempre hasta ese momento, en los marcos de violencia política se había denunciado en clave revolucionaria, dos combatientes cayeron; siempre se daba cuenta de que las bajas que sufrían las organizaciones eran de combatientes revolucionarios, durante la dictadura las víctimas dejaron de usar esta narrativa y pasaron a la narrativa humanitaria, empezaron a denunciar violaciones de derecho internacional o violaciones de derecho penal nacional, sin reivindicar la participación política que las víctimas en algunos casos tenían, también se cambio el modo de la denuncia, que pasó a ser metódicamente más organizada, se estandarizó el modo de la denuncia, se hizo hincapié en como se definían los hechos, los lugares en donde había ocurrido. Es decir, las circunstancias fácticas pasaron a tener un lugar central, y desplazaron las circunstancias de la relación política de las víctimas.

Esta fue una estrategia que funcionó y luego sirvió mucho al trabajo de la Comisión de la Verdad y en esta cuestión de garantizar la seguridad de las víctimas y los familiares también, ellos no querían aparecer porque se les ponía en peligro, y de este modo se garantizaba la seguridad, estuvo muy influenciado por los organismos internacionales de derechos humanos, Amnistía que estuvo presente en Argentina, ellos tenían metodologías de denuncias, planillas de toma de testimonios, estandarización de la denuncia que fue tomado por las organizaciones de derechos humanos locales, y que permitió armar un corpus de denuncia y fue presentado a la comisión de la verdad que luego le dio valor oficial.

La Comisión Nacional sobre la desaparición de personas de Argentina (CONADEP) tuvo bastantes condicionamientos políticos al iniciar su trabajo, centrados sobre todo en los deseos que el gobierno había manifestado, de qué era lo que la comisión tenía que dar como la verdad, sobre todo hacia donde se podía avanzar en la determinación de la responsabilidad de los militares o de fuerzas de seguridad, el hecho de que muchos militares seguían ocupando lugares en todos los niveles de las Fuerzas Armadas, la situación regional todavía era hostil porque muchos de los países de la región vivían dictaduras similares a las que Argentina había vivido, y todas las circunstancias hacían temer acerca de los resultados que el proceso de verdad y de justicia pudiese tener.

Al iniciar el trabajo la Comisión estaba definida por la necesidad de investigar la desaparición forzada y comenzó a correr detrás de la posibilidad de encontrar vivos a los desaparecidos. La dictadura acababa de terminar, la comisión se estableció muy rápido y los familiares tenían la esperanza de que sus familiares desaparecidos estuvieran vivos y esto determinó que hubieran muchas denuncias aún anónimas acerca de dónde podría haber personas desaparecidas, y que la comisión corriera detrás de esta denuncias que en todos los casos resultaron ser erróneas, no encontraron a ninguna persona con vida, os consumió un montón de tiempo, y los privó inicialmente de la posibilidad de establecer una estrategia o de decidir como iban a investigar.

Cuando se dieron cuenta de estas circunstancias adoptaron algunas decisiones que les permitió planificar el trabajo y conducir mejor planificada su labor. Hicieron una base de datos muy amplia de las denuncias, la lógica que estaba detrás del trabajo de la comisión era el paradigma punitivo. En la Argentina todo el tiempo, desde la organización de los derechos humanos y desde la sociedad en general, se pensó que la Comisión de la Verdad tenía sentido si servía al trabajo de la justicia, en ningún momento apareció por la gestión de nadie que el trabajo del pasado pasase solamente por un informe de la verdad.

La Comisión como todas las comisiones se valió de denuncias, de testimonios de sobrevivientes, de inspecciones en lugares donde habían permanecido detenidas las personas, también recurrió a pruebas científicas que en el caso de Argentina fue muy novedoso y ahora todas las comisiones de la verdad utilizan equipos de antropología forense u otras ramas de la ciencia para determinar identidad de restos humanos o como para pasar la prueba ante la justicia. No pudo recurrir a archivos oficiales, porque en ningún caso los militares procedieron a decir lo que ocurrió ni se pudo encontrar ningún cúmulo de documentos que permitiera avanzar en las investigaciones, así que básicamente el trabajo de la comisión de la verdad se centró en lo que pudieron aportar los familiares.

Se investigó por centro clandestino de detención, porque la metodología había sido esa, llevar a las personas a lugares de detención no identificados, implementar la tortura para obtener información y poder hacer así nuevas detenciones, y en muchos casos aniquilar a los detenidos y en otros casos permitirles sobrevivir. Esto hizo que el centro de la investigación fuera a cada uno de los lugares de detención que funcionaban como un imán para atraer a las víctimas, los responsables o las denuncias acerca de los responsables, y con estos armados a partir de los centros de detención, se hicieron las denuncias judiciales. La Comisión hizo que cada uno de estos paquetes que llamaban ellos, una denuncia judicial que soportaba la justicia y con lo cual luego se sustanciaron todos los juicios criminales, algunos que llegaron a la sentencia y otros lamentablemente no porque se dictó una amnistía.

En la mitad del trabajo de la Comisión se hizo un programa de televisión que fue la única presentación pública parcial de la CONADEP en el que se dio la palabra a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas por primera vez, es decir que la comisión hasta este momento estaba atacada por los organismos de derechos humanos que no confiaban demasiado en que esto no fuera una estrategia para evitar la justicia ya que no se estuviese haciendo una investigación que cerrara el capítulo de lo ocurrido durante la dictadura, tenían alguna desconfianza en ese sentido y esto había significado alguna debilidad de parte de la comisión.

La comisión empieza a incorporar la palabra de las víctimas y de los testigos, aún a hacerla pública y a apoyarla con la presencia del Estado, mediante este programa de televisión que fue fundamental, ya que en dos horas una selección de las víctimas pudo contar su experiencia y esto generó mucho rechazo de los militares, por eso el frente de apoyo de la comisión cambió pues quienes cuestionaban a la comisión eran al inicio las víctimas y los organismos y a partir de este momento la comisión empieza a ser cuestionada por parte de los grupos económicos que apoyaron a la dictadura y por parte de los militares y después eso le dio muchísima legitimidad pública a la comisión. El propio gobierno intentó censurar al programa de televisión porque tenían mucho temor que se generara algún levantamiento armado o algo similar y finalmente levantar el programa hubiera tenido demasiado costo y lo que se hizo fue un prólogo a cargo del ministro del interior, donde revitalizó esta teoría de los dos demonios de que ambas partes en el conflicto armado habían sido igualmente responsables, del modo de tratar de aminorar un poco los efectos sobre los militares, pero el programa en este momento, la CONADEP, informó 8.800 casos ya documentados de desapariciones forzadas, 280 centros clandestinos de detención que ya han sido detectados y tuvo una audiencia de 1’640.000 espectadores, que para un programa de esta naturaleza era altísimo.

Después del programa de televisión, se intentó en el informe dar una visión nacional de lo que habían sido las represiones y que todas las regiones estuvieran bien representadas, que el informe estuviera muy sustentado con pruebas duras, que no pudiera ser cuestionado en su calidad probatoria, que fuera un documento que sea sensible que se pudiera leer, que no fuera tan terrible el relato como para que no permitiera a las personas acceder a su lectura, y a su vez que se pudiera entender, que estuviera escrito de una manera muy sana, que permitiera a cualquiera entender lo que se estaba contando, evitar los adjetivos, para no hacer del informe un documento amarillo, sino lo más objetivo y crudo posible, y que se tomaron algunas decisiones por ejemplo, no mencionar a los denunciados como responsables sino hacer un anexo que se entregaría al presidente pero que no sería público. En cuanto a los nombres de las víctimas, se los nombró con el nombre y el inicial del apellido y a los sobrevivientes se los nombró con nombre y el apellido, salvo el caso que hubiera sido violencia sexual o el caso de menores y que fuera necesario resguardar la identidad.

Finalmente lo que la CONADEP no fue ni exactamente lo que querían las víctimas ni lo que quería el Gobierno ni lo que la propia comisión se había planteado que sería, fue algo mucho mejor de lo que las partes se habían imaginado, que si bien no conformó el 100 por ciento a cada uno de ellos, si logró demostrar una alianza táctica entre las organizaciones, los familiares y el gobierno que los potenció a todos y los colocó en un lugar de fuerte legitimidad.

Tuvo efectos políticos muy fuertes, porque el relato que el informe nunca más plasma, significó una mezcla perfecta entre la interpretación que las organizaciones de derechos humanos y las víctimas habían hecho de lo ocurrido en la Argentina y la interpretación que proponía el gobierno de lo que había ocurrido, ya que el gobierno pretendía que el informe no diera cuenta demasiado de las causas de la represión, ni tampoco de las responsabilidades políticas o sociales, porque todas las fuerzas políticas se habían visto involucradas de un modo u otro.

El informe no tenía un plazo de tiempo en el cual tenía que investigar el período histórico, tenía la fecha final pero por haber investigado al peronismo que había tenido vinculación con la violación de los derechos humanos antes de la dictadura. Había muchas circunstancias políticas que podrían haber hecho que el informe se haya politizado o leído en términos parciales en cuanto a lo político y esto se evitó. El informe fue finalmente un documento muy condenado y muy objetivo en cuanto a lo que ocurrió y el día de hoy nadie cuestiona ese documento denominado: Nunca Más.




Este informe y la sentencia a las juntas militares (foto) son como el sustento de lo que ocurrió en la Argentina durante la dictadura y son las dos palabras oficiales no cuestionadas sobre lo que ocurrió en el país.

Los aspectos jurídicos del informe fueron muy importantes. El informe se presentó a la justicia con todo el material probatorio que se había juntado y eso fue la base de sustentación de los juicios posteriores. El juicio a las juntas militares arrojó la condena de nueve responsables máximos de la dictadura, pero también era tan vasta la prueba que la CONADEP había juntado y tan vasta la prueba que había recolectado de la justicia que era imposible terminar el capítulo judicial ahí, entonces contrario a los deseos del Gobierno, la justicia mandó a investigar todos los demás casos de violación a los derechos humanos que habían surgido durante la dictadura y ahí se inició una catarata de juicios que terminó con las leyes de obediencia debida y punto final que fueron forzadas por los militares y negociadas por el gobierno de Raúl Alfonsín.

Posteriormente el gobierno de Carlos Menem indultó a los comandantes de las Juntas Militares que habían sido condenados y ahí empezó a entrar a jugar el derecho internacional, la relación entre el ámbito internacional y el ámbito interno en los casos de transiciones democráticas siempre es muy importante y siempre es como el reaseguro de que la voluntad política, porque exista o porque falte, nunca va a ser lo único determinante en como se desarrolla el proceso.

Luego de la situación de impunidad que se generó con las amnistías, los organismos que siempre recurrieron al ámbito internacional en la Argentina, sobre todo al sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, pero también al ámbito de Naciones Unidas, reclamaron la incompatibilidad de las leyes que se habían dictado con los tratados de derechos humanos.

Hubo un informe inicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró que las leyes deberían ser vía de punto final y los indultos eran contrarios a la convención americana sobre derechos humanos, pero este informe tuvo una mínima repercusión en el ámbito interno, no lo suficiente como para dar vuelta a las leyes que existían. Sin embargo el panorama fue cambiando, nosotros peleamos mucho por el reconocimiento del derecho a la verdad, de modo que los jueces pudieran investigar, las violaciones a los derechos humanos, independientemente de que pudieran establecer sanciones penales. Decíamos que si existían leyes que impedían la sanción, esas leyes no impedían la investigación y los jueces tenían la obligación de investigar que habría ocurrido y así les daban una respuesta, caso por caso a las víctimas. Los jueces lo aceptaron, era una propuesta revolucionaria para el conservadorismo general del poder judicial argentino, pero aceptaron la propuesta e iniciaron investigaciones en el marco del proceso penal donde se investigaba solamente los hechos, tomaron declaraciones a militares, hicieron allanamiento de lugares donde podría haber enterramientos clandestinos, o alguna otra prueba que diera cuenta de algunos de los desaparecidos, se avanzó bastante y en todas las jurisdicciones del país se iniciaron los juicios por la verdad, que tuvieron el efecto además de poner nuevamente el tema frente a los jueces.

En el año 1998 cuando se detuvo a Augusto Pinochet (Ex dictador de Chile, foto) en Londres , esto repercutió muy fuerte en Argentina, porque el primer caso que se había iniciado en los tribunales españoles era el caso de Argentina y había muchos pedidos de extradición de militares argentinos que estaban en Argentina, para ser juzgados en España. De tal modo, que cuando se detuvo a Pinochet fue la constatación clara de que la justicia internacional o la jurisdicción universal no era algo que inventaban las víctimas de los familiares o los organismos dentro del ámbito de nuestro país sino que efectivamente los jueces que están reacios a algunos inventos del derecho internacional podían llegar a detener a un dictador con más poder que los argentinos, como era Pinochet.

Entonces, ahí hubo una decisión no explícita pero clara de detener en Argentina, los jueces detuvieron a Jorge Videla y a Eduardo Massera, los mayores responsables en nuestro país y de este modo evitaban los pedidos de extradición. Luego hubo varios intentos de que no se pudiese extraditar a través de decretos que decían que no se responderían los pedidos de extradición o que directamente se rechazarían en límite cuando llegaran. Esto fue cambiando y algunos jueces comenzaron a virar sus posiciones y a dar más lugar a los reclamos de las víctimas.

En el año 2000 un juez declaró finalmente la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y se reabrió así la posibilidad de iniciar juicios criminales completos con todas las facultades, con todas las posibilidades que el código penal otorga la defensa pero también establecer condenas.

Y así fue que ahora desde el año 2000 hasta la actualidad se han reabierto todos los casos. Hemos obtenido alrededor de 30 condenas, no es un proceso que avance rápidamente, nos hemos encontrado con muchas dificultades en el desarrollo de estos juicios, un poco por el transcurso del tiempo, otro poco porque no ponderamos exactamente cuál era la reacción que los militares iban a tener, porque por ejemplo, en el año 2006 desaparecieron a un testigo, esto generó mucha incertidumbre, mucha inseguridad en las víctimas y los testigos que tienen que prestar su testimonio, pero afortunadamente no significó que ninguno de ellos desistiera en testimoniar. Reclaman mucho al Estado que garantiza su seguridad, pero de cualquier manera se presentan.

Para ellos es más importante testimoniar aún a riesgo de su seguridad y aún cuando su testimonio no aporte nada nuevo, porque se trata de probar que el terrorismo de Estado existió, la CONADEP ya lo probó y ha habido juicios previos, es decir que no todos los testimonios tienen la misma relevancia judicial, pero si lo tienen en términos de procesar lo que ocurrió para cada una de las personas que ven en el testimonio la posibilidad de que la palabra fluya y determinar de dar cuenta de lo que ocurrió.

Así que hoy estamos en Argentina en este proceso con mucha incidencia de organismos internacionales y el derecho penal internacional, pero sobre todo con el resultado de la lucha incansable de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas, y en este momento con un gobierno que es proclive al avance de los juicios e investigaciones, en otros momentos las mismas condiciones no habrían dado los mismos resultados.

Me parece que tanto en Paraguay con el nuevo gobierno, al igual que Ecuador que ha decidido reconocer el proceso; Argentina, Chile, que han estado también constantemente, se muestra un panorama proclive para el avance las investigaciones del pasado y finalmente para dar por terminado el capítulo de revisión histórica de graves violaciones a los derechos humanos.


Muchas gracias.




MODERADOR: A diferencia de la primera conferencia, la dinámica en esta ocasión va a ser la siguiente: escucharemos al próximo conferencista para luego dar paso a las preguntas del público para ambos expositores.




















CICLO DE CONFERENCIAS
11h30
CONFERENCIA:
“LA PERSECUCIÓN PENAL A PARTIR DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL PERÚ”
Conferencista (30m): Wilfredo Pedraza (Perú)
Moderador: Dr. Edward Vargas
Foro: 50 minutos
Intervienen: María José Guembe y Wilfredo Pedraza




MODERADOR: Wilfredo Pedraza (foto), en dos ocasiones Coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR); ha trabajado en áreas de especialización en derecho penal, penitenciario y derechos humanos. Es abogado con 16 años de experiencia profesional, con dominio en el patrocinio de casos penales en instancias administrativas, de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del poder judicial; ha ejercido en dos ocasiones el cargo de presidente del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, ha sido director del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, ha sido coordinador técnico de la Secretaria de Indultos creada por ley entre otros cargos públicos y privados. Se ha desempeñado además como consultor, conferencista y asesor en instituciones públicas y privadas en materia de su especialidad.

Wilfredo Pedraza: Quiero agradecer calurosamente, fraternalmente, a la Comisión de la Verdad del hermano país de Ecuador por esta invitación, que me va a permitir algunas reflexiones, un relato, respecto a qué pasó en el Perú, cuál fue la tarea de la CVR, qué hicimos y cuál fue el resultado en términos de judicialización.


El Inicio del Conflicto Interno

El Perú tuvo una profunda crisis de violencia política en el año 80, 85 y 86 aproximadamente. En mayo de 1980 exactamente, un autodenominado partido comunista del Perú, Sendero Luminoso, una organización de corte maoísta, inició en el Perú acciones armadas declarando la guerra al Estado. En 1984 otra organización subversiva aunque de otra naturaleza, el movimiento revolucionario Tupac Amaru (MRTA), más bien vinculado a la línea de las FARC, también iniciaba acciones armadas ahora en la zona oriente del Perú, de modo tal que hasta el año 84, dos organizaciones armadas participaban en este proceso generando violencia y causando zozobra en el país.

En el primer año de conflicto la Policía Nacional del Perú fue la encargada de enfrentar las acciones de subversión, pero cuando esto desbordaba y a partir del segundo año, el gobierno encargó a las Fuerza Armadas repeler estos ataques. Se declaró en emergencia toda la zona de conflicto y obviamente se actuó militarmente. 15 o 16 años más tarde, miles de muertos, muchas víctimas, pero felizmente para el país, las acciones de subversión habían disminuido sustantivamente. A partir del año 88 ya no se reportaban ningunas acciones de envergadura, quizás un par de acciones en el 89 y luego en el 2001, el último coche bomba, espero sea el último en la historia de mi país, que mostraban un hecho concreto, tanto Sendero Luminoso como el MRTA habían sido derrotados militarmente por las fuerzas del estado de mi país.


Secuelas del Conflicto

El conflicto había tenido un alto costo para el Perú, más de 70.000 muertos según cifras proyectadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, más de 6.000 u 8.000 desaparecidos, no hay una cifra exacta sobre este número enorme, más de 22.000 millones de dólares en daños en el patrimonio del Estado, era el monto en nuestra deuda externa en ese momento, y en el año 96 unas 4.000 personas privadas de libertad en penales en todo el Perú.


Creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)

El retorno a la democracia a finales del 2000, permitió a mi país un espacio político suficiente para crear una Comisión de la Verdad. El Perú estaba impactado, miles de familias afectadas y eso requería una respuesta política vía una Comisión de la Verdad. En junio del 2001, el gobierno de transición crea la comisión con 6 miembros y el siguiente gobierno a partir de julio de ese mismo año 2001, amplía la composición de esta comisión a 12 miembros, todos de la sociedad civil.

La finalidad de la comisión fue esclarecer el proceso, los hechos y las responsabilidades de la violencia política. Con la Comisión de la Verdad, se intentó responder qué pasó, porqué ocurrió el conflicto en el Perú, cuál fue la estrategia militar, tanto en los grupos subversivos como en las fuerzas del estado, qué ocurrió, cuántas víctimas tuvo, quienes fueron los responsables, pero sobre todo qué rol en este proceso jugaron, las instituciones públicas y privadas, qué rol jugó la iglesia, qué rol jugó la sociedad civil, que rol jugaron los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

En materia de judicialización la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, tuvo un encargo específico: esclarecer las violaciones de los derechos humanos y contribuir en cuanto sea posible en la identificación de los presuntos responsables, sean estos militantes, pertenecientes a los dos grupos subversivos, a fuerzas del estado o a grupos paramilitares que también actuaron. Se nos autorizó expresamente a investigar hechos de contenido penal, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y en general cuanta violación a los derechos humanos se produjo en ese período, desde el año 80 a diciembre del año 2001.

Para investigar estos casos creó una unidad de investigaciones especiales a mi cargo. Esta unidad trabajó sola durante el segundo y último año, porque la CVR tuvo una vigencia de dos años, el primer año básicamente para buscar información de mucha naturaleza y en el segundo año dedicó el esfuerzo al trabajo de casos en perspectiva de judicialización, 30 abogados y 4 grupos de trabajo, divididos por sectores, norte, sur, centro, oriente; iniciamos un trabajo bastante importante, pero no nos limitamos a un trabajo jurídico, hicimos un trabajo interinstitucional a partir de la participación de profesionales de diversa naturaleza, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, historiadores, etc.

La Comisión de la Verdad en el Perú tuvo facultades para entrevistar personas, para practicar inspecciones (foto) y lo más importante es que la norma de creación estableció el deber de cooperación del funcionario público, de cualquier entidad pública, por tanto de civiles en las instituciones públicas y de militares y policías también en función pública.
Obviamente no suplimos la labor del Ministerio Público y del poder judicial, complementamos esta tarea, no teníamos funciones jurisdiccionales, no teníamos facultades de cohersión para esas personas ni se nos asignaron facultades de asignar beneficios de derecho penal.

Luego de muchas resistencias, hay que decirlo, más de 280 militares de todas las graduaciones, desde soldados hasta generales del ejército, acudieron a las oficinas de la Comisión de la Verdad del Perú a prestar sus testimonios. Se lo hizo, entonces, en perspectivas absolutamente técnicas, podían ir con los abogados, no era una contradicción, no era un proceso, era un diálogo, no era un desconcertado interrogatorio, era básicamente un diálogo, en busca de esclarecer hechos que previamente la comisión ya había investigado.

Hay que decir que al inicio la capacidad de respuesta de la policía en actividad y de militares, fue casi nula, hubo una negociación muy firme, convenía o no convenía esclarecer, seguramente sí, de hecho, muchos testimonios militares que dieron explicaciones absolutamente coherentes, permitieron luego afirmar su irresponsabilidad, por hechos que inicialmente se habían investigado. Pero teníamos miles de casos, la Comisión de la Verdad había recibido más de 12.000 testimonios individuales, los organismos de derechos humanos trabajaban casos y el poder judicial también, teníamos que reducir el ámbito de investigación por un tema de tiempo y de recursos, decidimos investigar aquellos casos que se llamaron paradigmáticos, es decir aquellos casos de interés nacional, aquellos casos que eran representativos de algún proceso, de alguna etapa, en el proceso de violencia política, pero también por un principio de realidad, optamos por trabajar aquellos casos que tenían abundante información, y es que para puntualizar había que cumplir con registros básicos, identidad del autor, identidad de la víctima, y obviamente, la reconstrucción fidedigna hasta donde es posible de los hechos que acontecieron.

El resultado de nuestras investigaciones luego de los 3, 4 o 5 primeros meses de trabajo, nos permitieron identificar dos tipos de casos:

1. Responsabilidad individual

2. Responsabilidad colectiva pero de autores o coautores directos en términos de derecho penal.


Pero luego nos percatamos que en determinados períodos del conflicto interno, en determinadas zonas del país, el patrón sistemático, la recurrencia de ciertos hechos, por ejemplo: detenciones arbitrarias, traslados a instalaciones militares, interrogaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y esa presión forzada y por excepción, libertades, constituían en ciertos períodos y en ciertas zonas territoriales, patrones de comportamiento.

Esta situación nos permitió afirmar algo que en el Perú se trabaja muy poco y solo en ámbitos académicos: nos permitió afirmar la responsabilidad penal de quienes dirigían esa zona de emergencia, generales del ejército fundamentalmente, es decir responsabilidad penal, por cadena de mando, por el control de aparatos organizados por grupos de poder, que hoy tiene vigencia plena en nuestro país y que es la razón por la cual se juzga a muchísimos militares responsables de la conducción de esas zonas en la época de conflicto militar, obviamente estas tesis no estaban dirigidas contra los militares, era contra cualquier responsable.


Casos judicializables entregados al Ministerio Público

Al terminar la Comisión de la Verdad en agosto del 2003, mi unidad de investigaciones especiales había terminado 77 casos que pudimos reconstruir la historia absoluta, muchos de ellos ya judicializados y por tanto nos limitamos a la publicación en el informe final en cuatro tomos, 43 casos fueron trabajados y entregados al Ministerio Público, habíamos logrado identificar autores, víctimas y reconstruir los hechos, más de 160 presuntos autores, la mayoría militares identificados plenamente en este tema, más de 15.000 folios que nos respaldaban las investigaciones, audios, videos, testimonios que en nuestro concepto era el material suficiente para que en el Ministerio Público, luego de una evaluación correspondiente, formule la denuncia penal respectiva.


Dificultades operativas en las investigaciones

Tuvimos muchas dificultades, los hechos investigados tenían 15 o 20 años, y reconstruir estos hechos en el tiempo, en comunidades andinas de mi país, era muy complejo. Los testigos estaban, cambiaban de información y no tuvimos mucho acceso a información oficial de las Fuerzas Armadas y policiales.

El argumento fue uno, que una directiva interna había dispuesto que los operativos militares, los documentos generados en época de conflicto, debían incinerarse para mayor seguridad, cada 5 años, obviamente en la época de la Comisión de la Verdad, en teoría todo estaba incinerado, de modo tal que acudimos a las fuentes directas, también de los militares y de los policías, pero ciertamente no encontramos ya listados, ni relación de columnas, listado de oficiales y por cuarteles; eso fue reconstruido, poco a poco.

Pero también tuvimos una serie de dificultades de carácter procesal, en nuestro país se había juzgado a muchos militares sin el fuero militar, la mayoría absueltos o condenados a penas bajísimas, por delito de abuso de autoridad, cuando estaban involucrados en hechos graves como asesinatos, etc., se discutían quién juzgaba estos casos, era o no un delito de función, un sector decía así y obviamente estimábamos que eso era un tema de competencia de fuero común. Habían dos leyes de amnistía que se habían aplicado rápidamente a los muy pocos casos, habiéndose en el fuero militar y en el fuero común y por tanto todos vinculados a la violación de los derechos humanos, era un tema nuevo en mi país y ni los organismos no gubernamentales, ni los magistrados teníamos información ni dominio de este tema.


Esquema del Informe Final

Discutimos mucho al interior de la Comisión de la Verdad, qué hacer, qué tipo de informe trabajar, algunos fundamentalistas decían hay que hacer un informe en base al derecho internacional de los derechos humanos, este es un tema que interesa fundamentalmente al derecho internacional, y por tanto hay que usar las convenciones, los acuerdos bilaterales, las normas internacionales; otro sector decía, en cambio, que estos casos no se van a juzgar en ámbitos internacionales, hay que trabajar con el derecho interno, obviamente conciliamos ambos temas en una perspectiva pedagógica y por esa razón hicimos o diseñamos un informe bastante extenso con una estructura, que reitero, tenía una función pedagógica.

Al lector tenía que darle pautas básicas para juzgar y debía darle información concreta:

1) Hechos violatorios denunciados;
2) Contexto de la violencia política en la época;
3) Resumen de la actuación del MP, PJ, DP, CSJM, Congreso;
4) Violaciones a los Derechos Humanos reconocidas por la CVR;
5) Víctimas; Autores y partícipes;
6) Análisis legal de los delitos;
7) Violaciones al Derecho Internacional de los derechos Humanos;
8) Violaciones al Derecho Internacional Humanitario;
9) Viabilidad de la acción penal (amnistía);
10) Competencia;
11) Conclusiones; y,
12) Recomendaciones.

En este caso para el magistrado, para que tenga una visión clara de lo que había ocurrido en ese momento, hacíamos un resumen de las actuaciones judiciales o congresarias cuando había, afirmábamos qué casos o qué hechos habíamos logrado confirmar en el marco de las investigaciones, y obviamente hacíamos un análisis bastante profundo, de los delitos que contenía nuestro informe: secuestros, torturas, desaparición forzada, etc.

Pero también en perspectiva de lo que podía ocurrir más adelante, adecuamos esos hechos a las normas internacionales de los derechos humanos, por tanto mostramos que aquellos hechos que contenía nuestro informe, no solo violaba el derecho interno, sino también el derecho internacional de los derechos humanos, nos parecía fundamental hacerlo, pero fuimos un poco más, en el mismo informe, nos atrevimos también a calificar esos hechos, de cómo se había violado también las normas internacionales del derecho humanitario, el artículo tres común y el convenio de Ginebra, es decir el Informe de la Comisión de la Verdad de Perú no solo tiene un análisis jurídico el derecho interno nacional sino también tiene un análisis jurídico con relación a estos hechos, en cada caso concreto de qué normas se habían violado respecto al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Obviamente, discutimos también cada caso, cómo el magistrado podía superar los temas relacionados con la cosa juzgada, la amnistía, etc., se daban pautas, recomendaciones, se hacían esbozos teóricos usando la doctrina dogmática y fundamentalmente resoluciones del sistema interamericano, establecimos conclusiones, recomendaciones, que no fueron nada tímidas, era concreto, cuando teníamos identificado al autor, a la víctima, y habíamos logrado reconstruir hechos, la recomendación era puntual, señor fiscal denuncie usted por delito de secuestro o desaparición forzada a tal persona, por tales hechos. En ocasiones solicitábamos la ampliación de la investigación, pero cuando afirmamos y recomendamos, la denuncia al Ministerio Público, teníamos la convicción absoluta que los hechos contenidos en el informe, probaban suficientemente la comisión de esos hechos y que por tanto se justificaba su judicialización.


Estado Actual de los Casos Judicializables

Qué ha pasado luego de 5 años de presentado el informe en la Comisión de la Verdad, 26 casos están en el poder judicial en pleno juzgamiento, y 21, pese a que ya tiene 5 años están todavía en la investigación preliminar. Algunos fiscales actuaron rápidamente, pensaron que lo que la Comisión de la Verdad había aportado era suficiente para una denuncia penal, era cuestión del juez evaluar o no, si se incorporaba o no esa prueba al proceso y condenar o absolver si correspondía, pero otros fiscales pretendían o pretenden hasta hoy, reconstruir nuevamente a la investigación que hizo la Comisión de la Verdad, obviamente eso no será posible, porque ellos no tienen la logística que nosotros tuvimos.
















En el cuadro anterior se demuestra el estado de situación de 190 casos que la Defensoría del Pueblo hace seguimiento, 99 en investigación preliminar, 20 en instrucción, 29 en juicio oral, 17 con sentencia, 9 archivados y 16 no se tiene información; es decir el 52 por ciento de esos casos que la Defensoría del Pueblo hace seguimiento, están en investigación preliminar, y solo el 9 por ciento fueron concluidos con sentencia condenatoria.

En el presente año 2008 se abrió proceso penal en dos casos: “El Comando Rodrigo Franco” y “Pucayacu II”. Tres casos han concluido con sentencia, dos de ellas condenatorias (La Cantuta y Masacre de campesinos en Santa Barbara) y una absolutoria (La desaparición forzada de Pedro Haro y Cesar Mautino). En junio de este año 2008 en mi país, un poco más de 500 militares se encontraban procesados por estas causas, 145 tenían mandato de detención y 33 se encontraban efectivamente detenidos, 112 no se conoce el paradero.

Sin duda nunca fue fácil investigar estos casos, y no es fácil judicializarlos, por eso es que creo que es importante resaltar aquellos logros que en este ámbito se generó en mi país. En el 2004 el poder judicial tomó una decisión importante, creó una instancia especializada para juzgar estos temas, los jueces nacionales reiteraron, repitieron lo que la Corte Interamericana de DD.HH. había firmado en el sentido de que las leyes de amnistía eran inaplicables, el tribunal constitucional del Perú y la sala especializada declaró también que no había cosa juzgada cuando esos casos habían sido conocidos por el fuero militar, se declaró algo muy importante: la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y se afirmó que esos delitos y no importa la ocurrencia de los casos, eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Se afirmó también que en el caso de los secuestros, o desapariciones forzadas eran delitos permanentes, eso permitía cambiar el tipo penal con el tiempo y algo muy importante resultado de un largo e intenso proceso de capacitación que me parece imprescindible, los jueces en mi país comenzaron a invocar en sus sentencias normas del derecho interno, reforzadas con el derecho internacional.


Lo que hoy se percibe en el Perú

Sin embargo, en el 2004 y 2005 mucho agua corrió en el río como dicen y hoy a decir de la Defensora del Pueblo de mi país, Beatriz Merino, la situación en materia de judicialización es preocupante, hay retrocesos y estancamientos porque los casos son complejos, porque no se consolidó ese sistema especializado de justicia, todo lo contrario, hace poco menos de un año, ese ámbito de justicia que solo veía terrorismo y derechos humanos, hoy juzga casos de narcotráfico, de robo en banda, y de ese modo se ha tergiversado la especialidad que es un tema realmente fundamental.

Las víctimas no tienen abogado, más de 700 víctimas que están en un estado de indefensión, requieren atención del Estado, no tenemos hasta hoy un sistema eficaz de protección a las víctimas y testigos y eso también genera dificultades en el avance de las investigaciones. Si antes la colaboración era menor, hoy se redujo mucho más. El Ministro de Defensa del Interior del cual dependen las Fuerzas Armadas y policiales, cada vez brindan menor información y eso ciertamente reduce las posibilidades de una investigación adecuada, pero sin duda el factor fundamental es la voluntad política que hoy no existe en mi país.

¿Porqué no hay colaboración?, porque se ha afirmado con persistencia que las comisiones de la verdad, en el Perú particularmente, se ha conformado para perseguir a militares, nada más falso, no hay informe que en mi país se haya escrito, que haya afirmado con énfasis la atrocidad que cometieron los grupos terroristas. No existe documento público que haya condenado con más energía y sobre todo relatado los hechos cometidos por la subversión, que el Informe Final de la CVR. Por lo tanto el desequilibrio es solo fijo, el desequilibrio responde a un hecho real, durante la guerra en mi país, los casos imputados a los grupos de subversión fueron juzgados y condenados; en cambio los casos de las Fuerzas Armadas y policiales no se juzgaron, impunidad absoluta, obviamente entonces cuando la CVR comenzó a investigar aquellos casos que menos se habían juzgados eran de los militares y de los policías, y es verdad, más casos de las fuerzas del estado se oficializaron, porque los casos imputados a los grupos de subversión estaban judicializados, ningún desequilibrio por tanto, sino todo lo contrario.
Fue real aquella afirmación de que ni la policía en mi país ni las fuerzas del ejército estaban preparadas para enfrentar un conflicto de esa naturaleza. Sendero Luminoso, con un desprecio absoluto por la vida, ponía coches bombas, asesinaba comuneros, decenas eran como ellos dicen, campesinos en el día y efectivos militares en la noche. Sendero Luminoso mezclaba ambos aspectos, por eso la guerra fue cruenta y afecto mayormente a civiles, el 90% de víctimas de este conflicto fueron civiles, la mayoría campesinos de la zona centro andina.

Los hechos que ocurrieron en mi país fueron tan graves que obviamente no cabían espacios para la impunidad que no permite la reconciliación que hoy se intenta empujar. Por eso judicializar casos resulta fundamental, no solo para aclarar qué pasó sino también para evitar o promover la no repetición de estos actos tan deleznables. Una democracia tiene que dar mensajes claros a la subversión de que contiene mayor ética, que puede mirar al frente, que puede juzgar con el derecho, con la ley, con el debido proceso, cuando se violan los DD.HH.

Además, es fundamental la capacitación, no se capacita como alguien dijo en mi país, para que los jueces dominen técnicas y condenen a los militares, todo lo contrario, para que sea lo más objetivos posibles en el proceso de juzgamiento, porque no se puede cometer el error de juzgar estos casos con las reglas ordinarias como ocurre con un delincuente, roba bancos, un estafador; eso es un grave error, hay que estar formado, hay que conocer otra técnica de investigación para ser objetivos en ese tema, las penas son graves en esos delitos, y por eso el debido proceso tiene que esta maximizado en este tipo de casos.

Reitero, la capacitación es fundamental para bordear un equilibrio básico, y obviamente, los informes de una Comisión de la Verdad resultan fundamentales puntos de inicio apenas para judicializar casos, la autoridad moral, ética que tiene una comisión de la verdad, así lo fundamenta, en mi país, no hubiese habido judicialización sin la CVR, no se hubiese conocido al detalle la matanza de 69 campesinos, dispuesto por Sendero Luminoso en el año 81, y 21 niños menores de 3 años asesinados simplemente porque los campesinos se desistieron a usar la cadena lógica terroristas.

Por el caso Lucanamarca , que trabajó la CVR, se condenó a cadena perpetua al líder máximo del terrorismo de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Sin la CVR, tampoco se hubiese conocido el caso Putis , atribuido a las fuerzas del orden, el caso que no existía en los medios de comunicación ni para nadie, se fue reconstruyendo poco a poco, un caso que avergüenza a las FF.AA. en mi país: convocaron campesinos en una zona de conflicto, para se supone trabajar con ellos en labores comunitarias, muchos que vivían en los cerros por temor al conflicto, bajaron respondiendo al llamado de las fuerzas del Estado, les pidieron cavar una fosa, para se supone criar truchas, cuando se terminó, 123 pobladores, mujeres, niños y ancianos fueron ametrallados. Este caso está hoy en proceso de investigación, aún no se conoce la identidad de los militares, pero los hechos están absolutamente descritos, será cuestión de tiempo. Con todas las dificultades que existen en judicializar estos casos, con toda certeza es imprescindible hacerlo, y lo mejor que se puede hacer es realizar informes sólidos que no permitan respuestas distintas sino condenas cuando estas corresponden, y en ese rol una Comisión de la Verdad juega un papel muy importante. Muchas Gracias
FORO PÚBLICO:

MODERADOR: Agradecemos a Wilfredo Pedraza y vamos a dar paso al foro, las preguntas deben ser lo más concretas posibles tanto para María José Guembe como para Wilfredo.


Pregunta 1 (Sr. Guillermo Segundo Flores): En los casos donde ha habido ejecuciones, sin fórmula de juicio, como el caso de mi hijo José Luis Flores Castillo, Capitán Cerezo, su esposa Blanca Sayonara Sierra Freire y el compañero Vladimir Regalado, cuyas muertes fueron la culminación de un operativo perfectamente bien montado por la policía y desde luego por asesores extranjeros, y que culminó con la muerte de los tres, que es perfectamente tipificable como una ejecución, dada las características de las huellas encontradas en los cadáveres, cuando uno ha tenido una formación militar como la mía, uno sabe algo de balística y dadas las fotografías que exhibe la prensa, eso es típicamente una ejecución, porque son balazos limpios, hechos a corta distancia, con armas de calibre corto, mi pregunta es: ¿si llega a demostrarse de que efectivamente hubieron esas 3 ejecuciones además de otras que también fueron ejecutadas en ese período, se puede llegar a determinar los autores, cómplices y encubridores, qué sanción habría para ellos, y también la prensa que dio datos falsos como que tenía un arsenal a disposición, cómo se puede tipificar a la prensa, cuando coadyuva con estos actos de verdaderos crímenes contra la humanidad?


Pregunta 2: Mi nombre es Camilo Badillo, quién fui sentenciado injustamente en el caso de los hermanos Restrepo. Mi pregunta es para los dos señores panelistas: lamentablemente en mi país la justicia no ha caminado, ni seguirá caminando. En este caso se manipuló de la manera más descomedida, fuimos mártires de la injusticia y hoy por hoy gracias a la valentía de un hombre como el economista Rafael Correa, quién dio un espacio a los que fuimos sentenciados, para de esta manera demostrarle al país y al mundo de cómo funcionó en esa época la justicia, y como sigue funcionando, porque lamentablemente nunca hemos sido escuchados ni por los medios de comunicación que en ese entonces fueron los que coadyuvaron para que nos sentencien.

Hoy por hoy se viene escuchando por los medios de comunicación y a quien apoyo, al ingeniero Pedro Restrepo que está presente en esta sala, que se va a hacer nuevamente la búsqueda (de los cuerpos de sus hijos, Santiago y Andrés, desaparecidos el 1 de enero de 1988) en la laguna de Yambo. Hoy lo digo públicamente, yo pediría, no en son de burla, que se me entienda, por favor sino que ojalá lo pudiéramos secar para demostrar al país y al mundo, de la injusticia que se cometió con nosotros. Estamos colaborando en todo lo que sea posible con la Comisión de la Verdad, sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay verdad, yo felicito a ustedes señores panelistas, que tomen en cuenta este caso, que definitivamente no tiene nombre lo que se cometió con nosotros. Existen los elementos necesarios para demostrarle al país y al mundo de qué manera se nos juzgó a nosotros, espero que la Comisión de la Verdad como ha venido actuando sigua igual y que no se quede ningún cabo suelto, que redemuestre y que se diga públicamente, quiénes estuvieron detrás de esto, quienes manipularon al famoso testigo Hugo Efraín España, quiénes manipularon y ordenaron a la famosa comisión internacional, a lo mejor muchos de ellos desconocían de toda la verdad, y una de las cosas que le puedo decir públicamente: cuando se habló del famoso chocolate Iván Sánchez Cruz, que lo dijo públicamente Hugo Efraín España, y cuando llegó el chocolate Iván Sánchez Cruz, y en ese entonces estuvo una periodista, María Rosales, llegó el chocolate y dijo: ¡Señoritas, yo soy el chocolate, el agente 160, y qué hicieron? Los de la comisión internacional oyeron todo. La pregunta es: si la Comisión de la Verdad va a sacar la verdad, van a relucir hechos como estos en que hemos sido sentenciados injustamente, y existen los medios más que suficientes para demostrar la verdad ¡estoy dispuesto, si es posible hoy mismo, a hacerme la auto-regresión, a parte de eso, al examen del polígrafo, para demostrarle al país y al mundo de la injusticia que se cometió! Gracias.


Pregunta 3: Mi nombre es Alfredo Pin Guerrero, soy ex oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la pregunta que les voy a hacer a la CVE: ¿De qué van a ayudar a que se haga justicia, a un grupo de soldados que participaron en los hechos del 16 de enero de 1987 en la Base Aérea de Taura; a un grupo de soldados que fueron entregados por el mando de la Fuerza Aérea para que los castigue el Ejército, a un grupo de soldados que fueron torturados, humillados y sometidos a las más crueles situaciones, por sus propios compañeros de armas, a ese grupo de soldados que la Asamblea Nacional Constituyente le dio ya la amnistía el 13 de junio de este año (2008) y que hasta este instante no se cumple, a ese grupo de combatientes nacionales que no tienen derecho a por lo menos a decir que no somos remisos, a tener derecho a ingresar a nuestras bases aéreas, a saludar a nuestros compañeros, qué va a hacer la CVE para que se haga justicia, quién le va a hacer justicia a mi hija que la perdí en esos días cuando mi esposa tenía 8 meses de embarazo y la llevaron para que conteste preguntas, luego de eso perdí a mi hija? Quién va a hacer justicia señores de la CVE, porque aquí estamos para decir la verdad.


Pregunta 4: Buenas tardes, para el Dr. Pedraza. Le está saludando Martha Escobar, la esposa del suboficial Enrique Duchicela Hernández, desaparecido el 27 de mayo de 1988, en Lima, mientras cumplía funciones ¡diplomáticas! en ese país. Mi esposo fue a trabajar en la embajada del Ecuador en Lima, el 3 de enero de 1987, viajó como diplomático, como agregado de la Agregaduría Aérea en esa país. A los 18 meses de estar trabajando, un 27 de mayo, una fecha muy cruel para toda la familia, y también para todo el país, los miembros de inteligencia del ejército lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron, esto lo conocí primero por un valiente periodista llamado Ricardo Uceda, que escribió el libro “Muerte en el Pentagonito”, que se acercó y me dijo, ¿quiere saber la verdad sobre su esposo? Yo le dije claro, señor porque yo había investigado años de años, había acudido a todos los gobiernos, a los ministerios de defensa, y de relaciones exteriores, a las embajadas del Perú siempre, en la cual me decían señora no sabemos nada, estamos investigando, hemos pasado su denuncia a la policía y por último ya ni me recibían en la embajada del Perú, porque me decían que era un problema de Estado a Estado, vaya y moleste a su Estado.

Yo golpeaba las puertas, lloraba en donde me recibían, pidiéndoles y suplicándoles que le busquen a mi esposo, que traten de que el Perú lo devuelva a mi esposo, hasta al presidente que era en ese tiempo Alan García (y actual del 2008), yo le mandé una misiva, por medio de nuestro ministro de relaciones exteriores, suplicándoles que me devuelvan a mi esposo, pero nada.

Esto es de dominio público, porqué, porque se atropelló todos los convenios internacionales, atropellaron el convenio de Viena, en el que dice que en el caso de haberlo sorprendido en algún delito debía ser procesado de acuerdo a la justicia, pero mi esposo nunca fue procesado, fue como le digo, según el libro de este periodista fue cruelmente asesinado, fue un delito de lesa humanidad, porque no solamente le quitaron un padre de mis hijas, a un esposo, a un hijo, le quitaron a un país, violaron toda la soberanía de un país, porque mi esposo estaba como diplomático allá, se fue en nombre del país. Mi pregunta concreta es porqué no me contestaron en la Comisión de la Verdad del Perú, hice una comunicación hacia ustedes pero no tuve respuesta, ahora he acogido las palabras del Dr. Pedraza: ¿Están prestos a recibir mi denuncia y también a esclarecer sobre la verdad de los hechos, pese a que ya tenemos prácticamente avanzada la investigación, porque el criminal está detenido, el que mató a mi esposo, es un tal señor Jesús Sosa (foto), él ha declarado, de tal manera que las investigaciones ya están avanzadas, solo falta decisión política tanto de Ecuador como del Perú.

Respuesta de Ma. José Guembe: Quiero agradecerles por las intervenciones, la verdad es que es muy difícil opinar en casos concretos, algunos reclamos van dirigidos a la Comisión de la Verdad, y me parece que cualquier espacio en el que se pueda poner de manifiesto la circunstancia personal que cada uno atravesó es válido, es un orgullo para mi poder participar de este proceso en donde la comisión abre el espacio en este tipo de preguntas, lamento no poder ayudar en cada uno de los casos específicos.

Me interesa hacer un comentario al señor que planteó el caso de la prensa, de cómo la prensa en muchos casos contribuyó a la comisión de los delitos o bien a ocultar o falsear los hechos y que en general ninguno de los países ha respondido. Creo que es difícil agarrar desde el inicio de una instancia como la Comisión de la Verdad, a todos los actores sociales que hayan podido tener responsabilidad de algún tipo, no solo criminal.

En nuestro caso, la Comisión de la Verdad hizo mención a algunas instituciones que hayan tenido particular responsabilidad como la iglesia católica, como la prensa y como algunas instituciones profesionales que también han tenido mucha responsabilidad en la desaparición de grupos de abogados y periodistas. Eso es algo que la sociedad tiene que reclamar y quizás se dirima en otro lado, no sé si necesariamente en instancias judiciales, que queden claro quienes fueron los que desde distintos sectores de la sociedad contribuyeron para que lo que ocurrió pudiese haber ocurrido. Y luego el caso concreto de la ejecución extrajudicial de su hijo (Sr. Flores), creo que no hay ningún obstáculo para la persecución penal, ahí no hay obstáculos de prescripción, ni de ningún tipo, pero siempre recaemos en la cuestión de la voluntad política y de la voluntad de los jueces que puedan llegar a tener para investigar este tipo de casos, aunque las pruebas esté sobre la mesa, no siempre se trata de una cuestión probatoria, como usted dice las pruebas en el caso de su hijo están bien claras y sin embargo la justicia no ha avanzado. Lo que le puedo recomendar en mi experiencia, es que no baje los brazos porque en algún momento puede abrirse una pequeña puerta o un resquicio por el cual su reclamo sea escuchado.

Respuesta de W. Pedraza: Creo que el apoyo de peritos antropólogos, en la investigación de estos casos, es fundamental, en el caso que planteaba en señor (Flores) de sus hijos en el cual hubo disparos. Hoy hemos aprendido bastante en el Perú, que los antropólogos forenses constituyen una herramienta fundamental para el esclarecimiento de estos casos, ellos pueden reconstruir los hechos, la forma como se ejecutó, ayudan a identificar víctimas y por tanto su concurso me parece fundamental, obviamente eso permitirá judicializar con más claridad.

La prensa en el Perú en este contexto fue bastante particular, de hecho, el gobierno controlaba casi toda la prensa, hasta los actos de corrupción, compraba titulares, pagaba a medios de prensa, la televisión, la prensa escrita, virtualmente comprada, y obviamente tenía una orientación política bastante clara, en algún momento en la democracia se discutió, qué hacer con esos medios de comunicación, hay que cancelar las licencias, se optó por no, y sin embargo se optó por juzgar a los dueños de esos medios de prensa, casi todos presos, hoy en el Perú por esos temas, tenemos ministro de Estado en cárcel, tenemos generales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, vinculados con el manejo inadecuado de recursos del Estado en aspectos de subversión y de corrupción, vinculados con la compra de líneas editoriales de los diarios de comunicación, por tanto en este contexto, la evaluación del rol de la prensa, es un tema que también me parece necesario.

Para don Camilo Badillo, yo soy un ferviente creyente de la justicia, y en verdad a mi no me preocupa si absuelven a un militar o a un policía, en buena hora si eso ocurre, porque para condenar por un tema, por un caso penal, tiene que haber prueba material, no se condena por presunciones simplemente, por un conjunto de indicios quizá, como decía en mi presentación, al menos yo soy de la opinión de levantar el nivel de exigencia en este tipo de procesos cuando se intente o se impone una condena, de modo tal que errores judiciales pueden haber, pero con toda certeza, la afirmación de que la prueba material es absolutamente imprescindible, en una condena de este tipo de procesos, eso no cabe ninguna duda.

Yo lamento señora Martha (Escobar de Duchicela), lo ocurrido con su esposo, “no tengo representación oficial para pedirle perdón por esto, pero lo hago”, es un tema complejo, no he conocido el caso en la CVR, y es cierto que hace apenas 3 años, un periodista bastante acucioso en la investigación, aclaró la circunstancia de la muerte de su esposo. Ricardo Uceda, un periodista independiente, reputado, democrático, hizo una investigación sobre aspectos oscuros en la época de conflicto, publicó un libro que se llama “Muerte en el Pentagonito”, en honor al nombre del centro de dirección militar que se tiene en la capital en Lima, es verdad también que una de sus fuentes, un miembro conspicuo de una organización militar, pero que actuó al margen de la ley, Jesús Sosa, reconoció haber participado en la muerte de su esposo. La verdad es que no conozco detalles en qué circunstancias, o en qué situación está hoy ese proceso.

La CVR ya no puede recibir ningún testimonio, porque su trabajo terminó el año 2003, pero con toda certeza, la Defensoría del Pueblo continúa este tipo de labor y puede perfectamente asumir el tema, si hoy como parece, existe abundante información que indica una ejecución, un asesinato. La CVR no solo tiene el encargo de seguir los temas sino tiene la facultad de iniciar investigaciones también de carácter penal, sin que su recomendación sea vinculante, se puede hacer directamente y plantear una queja o a través de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, eso es bastante usual, hay un pacto, un convenio entre los Ombudsman de toda la región, un hecho, aquí se puede perfectamente admitir y tramitar en Lima, de manera tal que yo le invito a usar ese canal y yo puedo hacer un seguimiento del tema para que se esclarezca de una vez.


MODERADOR: Les pido por favor formular las preguntas concretamente, sabemos que son importantes los casos que ustedes cuentan, pero por razones de tiempo favor concretemos.


Pregunta 5. Escuchaba de que en Argentina los militares involucrados en los casos de desaparición, torturas y más, no contribuyeron en primera instancia para el esclarecimiento de la verdad, en tanto veo que en el Perú si habían aportado dentro de las investigaciones. Como experiencia me gustaría saber para que se los dejen a las personas que están trabajando acá en la Comisión de la Verdad, cuál sería la garantía que podrían sugerir para poderles ofrecer a los miembros de la policía, para que contribuyan a la veracidad, y de su participación en los casos de desaparición, tortura, asesinatos y líderes de compañeros revolucionarios de acá en Ecuador, más que todo para que con las garantías que se les puedan ofrecer, aclaren quiénes fueron los que les dieron las órdenes para que hagan ese tipo de actos contra los derechos humanos y para que se esclarezcan?

Pregunta 6. Somos un grupo de personas de la provincia de Esmeraldas, de la parroquia La Tola, donde están los árboles más altos del mundo, los manglares. El 6 de octubre del 2007, un grupo de marinos al mando de un teniente, llegaron al pueblo y ahí fue donde mataron a mi esposo, quedó agonizando en un muelle por más de media hora, no lo dejaban recoger, ahí se desangró, presenté la denuncia a la Fiscalía, después a los derechos humanos, están todos los documentos en la Comisión de la Verdad, pero hasta ahora no sé si es que esa investigación está detenida.

Pregunta 7. Una pregunta para los dos panelistas, tiene mucha relación lógica con los elementos de conducta, que señala la señora, en el Ecuador se da una represión en este caso desmedida. Las Fuerzas Armadas, tienen una doctrina, que se llama la doctrina de seguridad nacional, sabemos qué potencia imparte esa doctrina y forma a nuestros militares en Sudamérica, me permití leer en la CVR del Perú, que aplaudo, y la posición de solicitar al señor Presidente de la República del Perú, la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos compuesta por elementos civiles, para que supervise la actuación de las Fuerzas Armadas, de la policía, para que no se desborden, es la pregunta para la Argentina también ¿existe alguna propuesta en concreto, después del informe final de la comisión para que se busque un mecanismo de nueva visión en la educación de las Fuerzas Armadas para que no se vuelva a tener estos desbordes en la actuación? Y otra pregunta para los dos ¿Cuál fue la posición en Argentina y Perú de la iglesia con respecto a estos gravísimos acontecimientos?

Pregunta 8. Un saludo a todos los panelistas, nosotros por experiencia, el pueblo sabe y conoce los nombres y apellidos de sus torturados, de sus asesinos. Es el sistema judicial imperante aquí o en cualquiera de estos países que ha legitimado la impunidad, con esto lo que quiero plantear es que, en Perú por ejemplo, el mismo ex gobernante, hoy nuevamente en el poder (Alán García), quién se vanaglorió cuando ordenaba los asesinatos en los penales de Lurigancho, qué posibilidades va a tener este mismo mandatario de abrir ese espacio de juzgamiento, cuando él ya estuvo en el poder, fue uno de los principales implicados en esta serie de violaciones a los derechos fundamentales de todo ser humano, hace unos meses atrás aquí se celebró un Congreso de Jóvenes, de gente que seguimos los pensamientos de Bolívar, con delegados del Perú, que eran familiares, víctimas de esos asesinatos….


Respuesta Guembe: En Argentina hay algunas situaciones en las cuales los policías o militares han intentado declarar fuera de la justicia, se han acercado a las organizaciones de derechos humanos, a la CONADEP, siempre con la expectativa por recibir dinero o perdón. Leyes de perdón no ha habido de este tipo que permitan cambiar información por amnistía y a nadie se le ha ocurrido pagar por la información, pero en general nunca han aportado información fidedigna o alguna que permita plantear alguna minoración de la pena que pudiera estar planteado dentro de un proceso penal, no hay más que eso.

Sobre las Fuerzas Armadas y las recomendaciones, la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas en Argentina no hizo mucho hincapié de recomendaciones, tiene una serie de recomendaciones al final, entre las cuales hay algo relacionado con la democratización de las FF.AA., la reparación a las víctimas, pero lo importante del informe siempre fue el contenido más que lo que proyectó a futuro. Luego las comisiones de la verdad se fueron perfeccionando y mejorando en eso y todas han hecho exhaustivas recomendaciones. Igual más allá de lo que la comisión recomendó o no, fue una de las medidas más importantes de los primeros años de la democracia en mi país, la sanción de dos y tres leyes: una de defensa nacional, una de seguridad interior y otra de inteligencia; en las cuales se excluyen definitivamente a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad de seguridad de inteligencia interior, y se los deja solo para seguridad de defensa exterior, tratando de desarmar así la doctrina de seguridad nacional o de reformar democráticamente las fuerzas, y a partir de la democracia toda la conducción de las Fuerzas Armadas ha sido siempre civil, el Ministro de Defensa es civil, los planes de estudio también han cambiado y se han adoptado medidas de democratización internas no solo de los planes de estudio sino también el código de justicia militar, reglamentos y todo se han adaptado a la constitución nacional y a los tratados de derechos constitucionales.


























En cuanto a la incursión de la iglesia, en la Argentina fue uno de los actores civiles más importantes, más involucrados en la represión, si bien hubo algunas víctimas religiosas, en general, la participación de la iglesia fue apoyo total a los militares, incluso había como enviados de la iglesia, capellanes, en los centros clandestinos de detención, que permitían que los militares luego de torturar o de asesinar, se confesaran e incluso les recomendaban a las víctimas que estaban secuestradas bajo tortura, que declararan y que dijeran la verdad como si esto fuera parte del mandato católico, y la decisión de tirar los cuerpos al río fue una decisión concensuada con la iglesia católica; sin embargo la iglesia no respondió institucionalmente, nunca hubo una autocrítica, ni seria ni no seria. Este año se condenó a cadena perpetua por primera vez a un cura que había sido capellán de la marina, por haber participado en torturas.


Respuesta Pedraza: Respecto al asesinato del esposo de la señora que vive por los manglares, no hay información que podamos compartir.

En el tema de seguridad nacional yo espero que los ejércitos de la región hayan aprendido la lección aunque no estoy muy seguro. La Escuela de las Américas gobernó los ejércitos entre los 70 y los 80 con toda certeza, el año 2000 o 99 en una convención de los ejércitos en Miami a la que concurrí, se trabajaba el qué hacer con los ejércitos en el milenio y todos apostaban a que el centro de actividad de cualquier ejército, de cualquier fuerza armada, era el respeto a los derechos humanos.

Norteamérica intentaba inyectar ahora esa ideología, parecía una reunión de ONGS de defensoras de los derechos humanos, interesante sin duda, cuanto caló eso no estoy seguro.

En el Perú la política respondió a la seguridad nacional, algunos militares en privado te daban una versión y públicamente otra y era entendible. Algún joven teniente de 23 o 24 años, vinculado a una matanza dijo ¡qué querías que haga, era la guerra, estaba en el campo, tengo hijos, tengo familia, qué va a ser de mi! La guerra sin duda tiene drama de ambos lados, eso con toda certeza, si aprendieron o no a los militares, no estoy seguro.

Un dato que me parece fundamental: en Perú en el año 2001 un comunicado de prensa de los comandantes generales de FF.AA. explicando las razones del conflicto y terminando con un perdón y comprometiéndose ciertamente a hacer cambios sustantivos en la estructura de los ejércitos. No se si ese mismo comunicado lo suscriban los comandantes generales, probablemente no. Estoy seguro también que muchos comandantes generales aprendieron la lección, por lo menos lo afirman en privado. Nunca antes decenas de militares habían sido interrogados “por un tercero”, no concurrieron los jueces; por ahí algún general del ejército alguna vez concurrió a una audiencia armado, pero bueno estoy seguro que ese solo gesto de acudir ya fue importante y tengo la impresión de que solo un sector de militares y policías aprendieron la lección: “la guerra también se puede ganar con otras reglas”.

En cuanto a la iglesia, en mi país jugó un rol diverso, algunos avalaron el conflicto, fueron cómplices de los actores, de los violadores de los derechos humanos y de ambos lados tengo que decirlo, sin embargo como cada obispo tiene su propia jurisdicción, unos más que otros defendieron derechos fundamentales. En mi país la iglesia si jugó un rol muy importante, la contención y el esclarecimiento de algunos graves hechos. El prelado de la iglesia quien fue un ferviente crítico al tema de los derechos humanos, hoy es el jefe de la iglesia católica en Perú.

En el caso del presidente Alán García, es verdad que él estuvo vinculado a una matanza terrible en el año 78 de Lurigancho y el Frontón, más de 300 internos por terrorismo de Sendero Luminoso fueron ejecutados extrajudicialmente. Fue investigado muchas veces y la CVR también lo investigó y tengo que confesarlo, me tocó preguntarle un par de horas decenas de preguntas sobre el tema, no encontramos una relación directa entre su accionar y los hechos concretos y por eso él no tiene denuncia penal por esta causa y sin embargo por ello la Defensoría del Pueblo afirmó su responsabilidad política, pero tengo que decirlo, nosotros no encontramos responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal no se presume, y no es una responsabilidad política ni administrativa, es penal, y por tanto se requiere información material, que me parece una garantía para todos los responsables y los inocentes y los ciudadanos en general, de modo que está ajeno hoy de los procesos que sobre el Lurigancho y el Frontón se llevan a cabo. Hubo detenciones, es verdad, como consecuencia de una visita de peruanos, bolivianos y ecuatorianos.

La verdad es que en el Perú la situación vinculada con el terrorismo es un tema muy sensible, ex internos, ex militantes del MRTA vinculados con esas organizaciones fueron detenidos, la información policial daba cuenta de no solo reuniones políticas sino de preparación de actos de subversión, no puedo confirmar si eso es real o no, pero si puedo afirmar que las condiciones de detención de todos los privados de libertad de terrorismo no son ciertamente las del año 90, en ese año los proceso sumarios, jueces militares, encierro durante 23 horas y media, todo el día, una hora de visita cada 30 días, un sistema absolutamente vertical como parte de la respuesta legal a la lucha contra el terrorismo, y eso hoy ya no existe. Desde el año 2000 el sistema de detención para el preso por subversión es el mismo que el país ofrece a cualquier interno, y lo puedo decir porque yo elaboré la norma, yo conduje la institución entre el 2004 y el 2006. Hoy no existen presos que tengan condiciones particulares, salvo 5, los líderes principales, que es un tema de otra discusión, de manera tal que no tengo información si las detenciones fueron justificadas o no, la información oficial que se dijo es que había no solo actos políticos sino actos vinculados con la subversión.


Moderador: Vamos con el último bloque de preguntas.

Pregunta 9. Quiero hacer una pregunta muy concreta: una vez ya presentado el Informe Final, la CV va a recomendar que tales casos tienen que ser llevados a la instancia judicial, en esa instancia, obviamente no podemos procesar conforme a la norma común que existe en los países, tiene que ser una norma o procedimiento diferente porque se trata de violación a los derechos humanos. En la experiencia argentina quiero saber cómo caló esto, el informe de la comisión fue considerada prueba plena dentro del proceso penal que se siguió a los dictadores argentinos o tuvo que repetirse nuevamente la investigación para tratar de ver si ha sido culpable o inocente sobre los delitos de lesa humanidad que cometieron o la prueba que obtuvo la comisión ya constituye una prueba plena, para condenarle o hay que repetirle nuevamente. Esa es una preocupación que tengo yo como activista de derechos humanos: ¿qué papel juega un Informe Final dentro de los procesos?

Pregunta 10. Soy Rodrigo Aucay, de la provincia del Azuay y soy una de las víctimas. Hay una pregunta fundamental y por eso están aquí las cosas, incluso cuando en el año 86 la Comisión de Derechos Humanos omitió mi nombre y por eso no se había considerado, pero aquí estamos; sin embargo, considero importante preguntar dos cosas: Qué hacemos nosotros cuando los medios de comunicación… por ejemplo hoy acaba de escuchar al señor Alfonso “Pocho” Harb (Militante del Partido Social Cristiano) ciudadano que está atacando, diciendo que la Comisión de la Verdad es una comisión espuria, ilegal, irresponsable, politizada y que está al servicio del poder político de este momento, qué hacemos frente a eso? Hay que hacer algo, porque se está manoseando el tema de los derechos fundamentales de todos los seres humanos; es fundamental saber qué hacer, caso contrario podemos caer en la tentación de no actuar, o en el miedo de todos los años, de no hacerlo, frente al miedo no caminamos.

Otra pregunta: cómo vigilamos para que esta Comisión no vaya a terminar usando en algún momento determinado, como una información o un modus vivendi para canalizar hacia una politización de los procesos de los Derechos Humanos. Me parece fundamental la experiencia del Perú que nos ayude a alumbrar porque hay cosas fundamentales que podemos tomar a tiempo para que esto pueda ser aclarado en forma vital, yo por eso estoy acá, vine por eso, para participar no solo para escuchar, vine también a ser parte de este proceso, porque creo que está en juego los intereses del país y además hoy no estoy lamentando que a mi me golpearon, creo que es el método fundamental para ser más ecuatoriano y hoy presidir la Red Nacional de Finanzas Populares con la que estamos construyendo en los lugares más lejanos de nuestra patria, muchas gracias.


MODERADOR: La idea no es cortarles la libertad de opinar, yo creo que los familiares de las víctimas tienen un espacio muy importante pero no perdamos de vista que estamos en un ciclo de conferencias, y que muchas personas desean la palabra; si ustedes regresaran a ver todas las personas que me han pedido la palabra en los lugares de arriba, es complicado, no se trata de coartar, la idea es un poco democratizar, porque igual que su caso, muchos otros compañeras o compañeros necesitan exponerlo, es simplemente eso.
Pregunta 11. La falta de colaboración institucional especialmente en el Perú, acaso no estará causando un nuevo deseo de esas masas que están siendo víctimas, que no han sido tomadas en cuenta en la justicia, para que se subleven de nuevo a lo mejor con una forma mucho más práctica y experimentada a lo que sucedió anteriormente.

Pregunta 12. Mi nombre es Florinda Guzmán, madre del escritor Gustavo Garzón desaparecido en 1990, mi pregunta es para la señora Guembe: ¿Cómo hacemos para desarrollar una investigación en el caso de desapariciones forzadas en donde no hay un solo indicio?

Pregunta 13. Aquí se ha reconocido que hubieron asesinatos contra miembros de Sendero Luminoso de parte del estado peruano, pero también recordemos que el ex presidente Alberto Fujimori ordenó asesinar a miembros del MRTA junto con gente que ellos detuvieron para exigir liberación a cambio de sus compañeros, mi pregunta es: ¿están siendo juzgados o presos los asesinos que cometieron esos crímenes?

Pregunta 14. Mi nombre es Mao Viteri, soy miembro del Movimiento Bolivariano Alfarista y parte de la dirección de la coordinadora continental bolivariana, creo que es fundamental que la Comisión de la Verdad determine el hecho fundamental de que la represión desatada en años pasados y que continúa hasta ahora en otros lugares, fue parte de una política de Estado en contra de los pueblos para aplicar un modelo económico deshumanizado, como era el modelo neoliberal. Para eso crearon aparatos represivos que se encargaban de asesinar, desaparecer y combatir a quienes nos levantábamos con armas o sin ellas a enfrentar ese proyecto, ese modelo. Para mí si es un poco raro que todavía haya un delincuente que gobierne al país vecino, llamado Alan García, porque el problema no es legal, es de legitimidad, de responsabilidad política, él fue el presidente que ordenó la matanza del Lurigancho o de El Frontón, y lamentable y tristemente está todavía en el gobierno.

Sobre el tema peruano, el tema de las 7 personas que regresaban del Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, es otra de las arbitrariedades, en la que también juega un papel la prensa peruana, que se encargó de satanizar el congreso de la coordinadora, yo fui uno de los organizadores de ese congreso y no es como dice el doctor, que fue un encuentro de terroristas y subversivos, fue abierto, aquí en la Casa de la Cultura, donde se discutieron temas ideológicos políticos de la actualidad y cómo proyectar la lucha social para cambiar el mundo, ese fue el delito que cometieron, entre otros el compañero Roque González que todavía está detenido y los familiares de los desaparecidos, presos, torturados y asesinados durante el régimen de Fujimori. Es eso lo que quería aclarar, me parece importante que quede claro, que todavía se sigue aplicando la política de seguridad nacional en muchos de los países, y ahí también tuvo complicidad la iglesia.

Pregunta 15. Quiero complementar algo de lo expresaba el compañero Mao, en el Perú quedó claro que Alan García es un asesino, eso no le cabe la menor duda a nadie. Asesinar a 300 prisioneros que no tienen ninguna posibilidad de enfrentamiento, es un crimen de lesa humanidad, sin ninguna duda, las circunstancias políticas del Perú obviamente han llevado a que hoy él sea presidente, por la voluntad popular, entre comillas, manipulada y todo lo que queramos.

Lo que quiero saber es qué puede hacer la Comisión de la Verdad del Perú, por el caso del compañero Roque González miembro de la coordinadora continental y que cometió el delito de venir a Quito a una reunión donde se iban a debatir los problemas de América Latina.


MODERADOR: Se va a proceder a contestar las preguntas.

Respuesta Pedraza: Una discusión que en Perú nos tomó mucho tiempo fue cuál es el valor del informe de la CVR, que estuviera plena, que estuviera bien constituida para hablar en lenguaje técnico, el fiscal simplemente debía tramitar y no evaluar, enviar al juez, obviamente la ley interna nos decía que nosotros emitíamos un informe de carácter público pero no era prueba, faltaba la contradicción y el fiscal tenía que evaluar en ejercicio de sus atribuciones.

Muchos fiscales consideraron que la información de cada expediente era suficiente y en mérito al informe hicieron la denuncia, otros no. Tuvimos muchas capacitaciones o diálogos con jueces fiscales, creo que en esto, la capacitación es fundamental, esos 21 casos que hoy después de 5 años, siguen investigando a nivel de policía o ministerio público son de aquellos fiscales que creen que en el informe de la CVR era un informe de una ONG, de un abogado especialista y nada más. Nosotros afirmamos que el informe de la CVR en Perú fue un instrumento público, porque los que trabajamos ahí fuimos funcionarios públicos, nos pagaron con recursos del tesoro público y por tanto los documentos emitidos en el ejercicio de las funciones tenían un valor poco más de aquel que emite un abogado privado, una parte o una ONG, pero claro está, los informes no tienen carácter vinculante, el fiscal tiene que evaluar, si lo desestima es su facultad, el abogado de la parte civil tendrá que alegar, pero reitero en esto, la capacitación de jueces y fiscales es un tema fundamental, la propia CVR se encargó, en decenas de talleres, de explicar su informe, otros organismos no gubernamentales también, talleres con jueces, fiscales, mixtos con ONG’S, con abogado en ejercicio, permitió difundir un poco el mecanismo de cómo el fiscal tiene que trabajar estos temas y como los jueces también.

Había jueces que por la muerte de dos personas decían genocidio, y eso en verdad, generar legitimidad tenía un impacto al revés. Había algún juez que tenía un caso con 20 procesados y contra los 20 dictaba mandato de tensión y no distinguía quién era el autor, quién era el cómplice; por eso creo que el equilibrio es fundamental y la capacitación también.

¿Qué hacemos con los medios? En verdad no creo que haya una receta de qué hacer, de hecho los medios responden a intereses, ese es un tema real. Voy a hablar del Perú, un sector de diarios permanentemente recuerdan que el informe de la CVR fue hecho por comunistas, por rojos, terroristas, etc. Porqué lo afirman, porque tienen intereses de deslegitimar el informe de la CVR.

Otros medios de comunicación lo ponderan, lo difunden, lo valoran, lo saludan. Qué hay que hacer frente a eso, creo que insistir con la verdad, no soy rojo, ni tengo ningún color y por eso investigué los casos, de manera tal que, qué hago, básicamente aclaro cuando puedo, explico como trabajamos, cuando puedo, pero, qué se puede hacer con un tema de libertad de prensa, cuando hay un medio de comunicación que difama, quién quiera responda pero lo más recomendable quizás es no entrar a polémica sino trabajar con los mecanismos que la democracia permite, promover otros medios, destinados a sectores democráticos, por eso en el tema bolivariano también, la prensa jugó un doble rol, hay un sector de prensa que responde a la derecha del país, que fue severa, dura con el tema, no al terrorismo y ese tema se vendía como un acto de terrorismo.

Otros sectores más democráticos, incluso la televisión, hicieron reportajes, hablaban del pasado, de Roque González a quién yo conozco, lo conocí detenido, obviamente militante confeso del MRTA, en su momento, pero también la respuesta de alguna prensa fue en defensa no de él, sino de aquello que hacía, cuál era el acto de subversión, una participación política ¿pero eso era un acto de subversión? obviamente no, yo no califiqué de subversión las reuniones realizadas aquí (en Quito), lo que se dijo allá fue que al ingresar al país nuevamente, Roque González volvía con planes vinculados al terrorismo. De modo tal que la prensa da para ambos lados, creo que hay que promover aquella prensa democrática que trabaja estos temas con la mayor objetividad posible.

No voy a defender a Alan García pero los hechos están tal cual los he relatado, él no tiene un proceso, ni por El Frontón ni por Lurigancho, fue investigado muchas veces y nunca hubo un proceso penal en su contra, nosotros no logramos probar una conexión entre esos resultados, esos asesinatos y su voluntad y una intervención siquiera indirecta de Alan García.

Finalmente creo que las víctimas necesitan ser escuchadas, sin duda, no sé si hay tiempo o no, pero en Perú utilizamos audiencias públicas, citamos a las víctimas, hablaron, contaron su caso, testimoniaron, tema que me parece bastante importante.

Termino con mi última intervención. Qué hay después de una Comisión de la Verdad, mi experiencia me enseña que las reformas estructurales que cada informe final de cada comisión de la verdad recomienda, son de lenta ejecución, quedan entonces ciertos temas: reparaciones que es fundamental, y el otro la judicialización. Alguien en el Perú decía: sin judicialización la reparación se hubiese efectuado mucho más rápido. Qué molesta más en el Perú en esos asuntos, sin duda la judicialización, no se quiere tocar a los militares heroicos que se supone nos permitieron la democracia que hoy vivimos, pero en nombre de la democracia no se pueden cometer asesinatos ni hechos tan execrables.

Creo que es importante investigar respecto a ideologías, seguridad nacional, esa fue la razón. Algún militar en mi país y en privado decía: la política fue mata, mata, mata, el mejor era un terrorista muerto, y había que decirlo en privado, pero obviamente en el testimonio argumentaban razones, la lógica de la guerra, no se conocía al contrincante, el campesino por lo tanto era también militante, era una base de apoyo, era por tanto subversivo y había que acabar con él. La guerra tiene reglas, eso es un tema central, de modo que qué queda, espero que quede la lección del nunca más, la posibilidad que los informes de la comisión de la verdad tengan un efecto pedagógico como se difunden en las escuelas, en los niños, en los adultos, en las universidades, me parece un tema clave.

Pregunta no autorizada por el moderador: Si usted me permite… por favor de la manera más comedida, por favor, yo si creo que debe quedar claro, es necesario puntualizar cómo es posible de que si yo soy Presidente de la República, no voy a tener conocimiento de las atrocidades que hizo Alan García en el Perú, de la misma manera mañana también nos van a decir que León Fébres Cordero no ha tenido nada que ver con las masacres que le hizo al pueblo ecuatoriano, yo personalmente estuve en el levantamiento del cadáver de Consuelo Benavides, cosas que nunca se lo digo públicamente, porque la prensa corrupta estaba comprometida con ese momento histórico. Se encontraron los pezones cercenados, la lengua mutilada y en sus partes íntimas… el día de mañana no nos vengan a decir que León Febres Cordero no sabía de todas esas masacres, con todo respeto creo doctor que no estuvo bien investigado eso de Alan García…

MODERADOR: …haber por favor, primero esta conferencia no termina, tenemos todo el día de hoy y el día de mañana, tenemos la posibilidad de seguir preguntando y seguir ahondando, no creo que sea correcto calificar los trabajos, así como ustedes merecen respeto, las personas que están acá también lo merecen.

Respuesta de Guembe: Suerte no me ha tocado contestar sobre Alan García (risas). Les voy a contestar solo dos preguntas que hacen referencia a Argentina porque el resto Wilfredo (Pedraza) ya los abordó.

En el tema del valor probatorio del informe Nunca Más, la prueba que usó la CONADEP fue más laxa que la prueba que usa la justicia penal y cuando se presentó el informe que contenía alrededor de 9.000 casos de desapariciones forzadas, la fiscalía al momento de hacer la acusación contra las juntas militares, pudo usar solamente 700 de esos casos que eran aquellos que estaban mejor probados y el resto siguieron su denuncia en la justicia y tenía que conseguirse más pruebas para poder establecer responsabilidades penales en estas situaciones.




















Ahora luego para el resto de los trámites que las víctimas han tenido que hacer, la sola denuncia ante la comisión de desaparición forzada sirvió como prueba de que la persona había estado desaparecida. En materia de reparación, para otro trámite que se llamó la declaración de ausencia por desaparición forzada, que es como el nuevo estado civil, además de vivos o muertos, por desaparición forzada en la legislación argentina, en este caso, la mención por parte de la CONADEP de esa persona como desaparecida o como detenida, fue prueba suficiente para ese trámite administrativo.

En relación a la dificultad de probar, la pregunta de Clorinda Guzmán, la desaparición forzada cuando no hay ninguna evidencia, eso ha resultado uno de los problemas más difíciles de resolver en Argentina, pero por suerte a partir de que se pudo probar que la desaparición fue un crimen cometido sistemáticamente y como parte de una planificación desde el Estado y pudiendo establecer que la persona que se denuncia como desaparecida, durante el tiempo que la desaparición transcurre no tiene antecedentes penales, no tiene movimientos bancarios, no ha tenido ninguna participación civil, no ha podido votar, eso fue lo que se tomó como base de prueba de que esa persona estaba desaparecida, en muchos casos no hubo testigos, o si hubo testigos los testigos no saben como se llamaba la persona que estaba detenida a lado de ellos, entonces es difícil poder establecer definitivamente que tal persona fue desaparecida en tal fecha y estuvo detenida en tal lugar. Por eso el hecho de establecer todo un plan sistemático de desaparición forzada, sirvió para probar o como base probatoria para esos casos más anónimos o con menos pruebas.


Moderador: Les agradecemos la participación de Wilfredo y de María José Guembe y les invitamos para las tres de la tarde que se reanudan las conferencias para proseguir.















CICLO DE CONFERENCIAS
15h00
CONFERENCIA: “LA CIVILIZACIÓN DE LA POLICÍA”
Conferencista (30m): Gustavo Palmieri (Argentina)
Moderador: Dr. Carlos Poveda
Foro: 50 minutos




















MODERADOR (foto, derecha): Buenas tardes a todos y todas, dentro de este seminario Internacional, entendemos que las jornadas son bastante extenuadas, pero nos parece muy importante debatir sobre temas trascendentales para la Comisión de la Verdad y el fortalecimiento de la democracia.

En esta segunda jornada de conferencias nos acompaña el profesor Gustavo Palmieri (foto, izquierda), es argentino, es abogado de la universidad de Buenos Aires, desde 1999 director del programa de violencia institucional y seguridad ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina. Es profesor de la carrera de seguridad ciudadana del departamento de políticas públicas de la Universidad Nacional de Lanús desde el año 2006, entre 1997 y 1998 trabajó en Centro América en proyectos de fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para el control de las políticas de seguridad; es autor de artículos referidos a las problemáticas de derechos humanos, seguridad y justicia y control de las instituciones públicas. En Argentina también ha trabajado como asesor en distintos organismos gubernamentales en las áreas de seguridad y justicia.


Gustavo Palmieri: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, para mi es un honor estar aquí en la Comisión de la Verdad de Ecuador, y por haber sido declarado huésped de honor de la ciudad de Quito, es la primera vez que estoy aquí.

Algunas aclaraciones previas de lo que podría hablar en estos minutos. Una es que hay distinto significado lo que es civilización de la policía, inclusive civilización de la seguridad, no todos son iguales, están relaciones. Planteo inicialmente esto, por el modo en que se ha visto lo que se entiende como democratización o civilización o pasar al poder civil de lo que es las fuerzas y políticas de seguridad y en segundo lugar los conflictos que este pasaje plantea, hay tensión en este proceso; y por otra parte, las relaciones que estos plantean en temas de derechos humanos, cuarto voy a hablar de algunos riesgos que tienen que ver con y en particular, lo importante es el tema de Ecuador, porqué los sucesos que han ocurrido en esta región, algunos de ellos, cómo existen y además las tensiones de la policía, civilizarla, son riesgos actuales que se presentan, la posibilidad de conseguir una política de seguridad democrática o civil en la policía, y por último algunas consideraciones sobre en qué medida la actividad de una comisión de la verdad contribuye a estos procesos a partir de la experiencia de estos países, especialmente de Argentina que es lo que más conozco.
Políticas de Seguridad

Cuando me refiero a seguridad en esta primera parte, aún cuando haga alusión a un consejo de seguridad más general, más regional, es lo que entendemos por seguridad ciudadana o seguridad interior. En esta conferencia sobre Civilización de la Policía creí que era importante mantener en ese lugar, aún cuando después de las dictaduras de los gobiernos autoritarios, las tendencias a civilizar y a democratizar el concepto de seguridad fueron dos:

1. La posibilidad de civilizar las políticas de instituciones de seguridad, que al principio pareció como más exitosa, para marcar una clara separación entre seguridad interior y políticas de defensa.

2. Incorporarle al concepto de seguridad, contenidos democráticos, entonces la seguridad no es solamente la defensa sino que tiene que ver con la pobreza en la región, y el extremo de ese intento es la concepción de seguridad humana, sumamente amplio, que incluye la justicia social, la protección de valores democráticos.

Me voy a referir a este primer punto, que es el de tratar de civilizar la seguridad, tratando de separarla de seguridad y defensa. Hay distintas maneras de entender lo que es civilización de la policía cuando uno lo piensa en esos puntos, una, la más evidente, es la separación de las fuerzas de seguridad interior de las Fuerzas Armadas (Policía-FF.AA.). Pero hay otros que no solo significa separar de las FF.AA., sino también establecer una clara separación de funciones o una indicación de que es uno u otro, como existen todavía en algunos países con algunas fuerzas policiales subordinadas a las FF.AA., o a los ministerios de defensa.

Hay una segunda tendencia que va un poco más allá, porque en gran parte el problema en algunos países fue que la civilización de las Fuerzas Armadas, o el sacar la policía de las Fuerzas Armadas, implicó al mismo tiempo grados de autonomía o poder de esas fuerzas policiales, sobre todo en procesos políticos donde las FF.AA. perdían peso político y entonces esas fuerzas de seguridad adquirían una relevancia política mayor, pero estaban ajenas a lo que uno puede decir: el gobierno político democrático de constitución. Una serie de reglas que se aplican a otras burocracias, no se aplicaban a las fuerzas de seguridad o a las policías.

En este sentido civilizar las fuerzas de seguridad o civilizar la policía, implicó lograr algo que es difícil en nuestros países, que es que existen cuadros políticos con distinto modo de control, tanto políticos del ejecutivo, como parlamentarios; como también someterlas a lo que uno puede decir, los dictados del poder judicial, que no sean esas fuerzas las que determinan la agenda de la seguridad, que no sean los policías las que fijan la agenda política de seguridad sino que hay un sector político y un control policial sobre este trabajo de las políticas.

Hay una tercera concepción que se relaciona con esta segunda, pero que no es exactamente lo mismo y que tiene que ver con tener una policía democrática. No es lo mismo decir que tiene un cuerpo policial, que obedece a los grupos políticos, que relativamente no es autónoma de la justicia, que cuando llega una orden obedece, y que viene de un control parlamentario que sostener y que no tiene una institución policial, que tiene una serie de prácticas y rutinas democráticas, donde las agendas son dictadas también por los reclamos de la ciudadanía.

Uno puede tener acceso a distintos tipos de legajos e información, donde hay un mecanismo de decisión, así como en otros servicios públicos de cómo se deciden las autoridades, donde hay acceso a la información, eso se debate públicamente, donde hay un modo de tratar al ciudadano sin control del uso de la fuerza, esta es una tercera idea, pero lo fundamental es que en esa política de seguridad, la única institución que trabaja no sea solo la que trabaja básicamente alrededor del control y de la administración de la fuerza física.

En otros contextos no se hubiera planteado, por ejemplo en contextos europeos donde cualquier problemática de seguridad va a ser atendida por diferentes oficinas.
En nuestros países en general, la prioridad, cuando uno ve que es una política de seguridad, es una respuesta solamente desde las instituciones policiales como poco, sino es que se militarizan esos procesos. Por ejemplo, muchas veces hay más tensiones cuando se trabajan el tema de políticas de drogas, y se piensa qué lugar se va a militarizar y/o policializar y que lugares se van a trabajar con otro tipo de políticas de intervenciones, tomando en cuenta que nuestros países para ese tipo de tratos tienen muy pocas políticas sociales sobre el tema de estupefacientes y un desarrollo importante de las políticas policiales e inclusive militares, sobre la comparación de esta diferencia.

Solamente para comparar lo que sería esa fuerza de seguridad, esa política aplicada en otro contexto como Europa, las políticas sociales sobre drogas son mucho más amplias y no dejan por eso de entenderse como políticas de seguridad, y por más que los narcotraficantes van muy armados, no se les ocurre como se les ocurre en nuestra región, que tiene que ser un problema militar y no un problema de la fuerza policial.

Ejemplo de estos procesos de civilización en las regiones de los países, son varios, primero de trasladar estas cuestiones de seguridad solo a las fuerzas policiales, y no a las FF.AA. tuvieron que ver con varias leyes con las cuales los países fueron impidiendo que las FF.AA. intervinieran en temas de seguridad. En algunos países se desarrolló mucho más, en otros menos y siempre es un espacio de tensión. En México las fuerzas militares están autorizadas, según los períodos, a intervenir en varias cuestiones que en otros países son evidentemente policiales y las leyes impedirían trabajar en esa línea.

El dominio civil tiene mucho que ver con la posibilidad de tener cuadros civiles, universidades, que trabajan en temas de seguridad, políticos, parlamentarios, una relación diferente entre el poder judicial y una capacidad del ministerio público de determinar cuáles son las prioridades de investigación, discusión sobre las prioridades de lo que se va a investigar, cuáles son los crímenes más graves, por donde se va a trabajar.

Sobre el tratamiento en términos de hasta dónde se puede avanzar y cuáles son las deficiencias, otra vez tiene que ver con plantear que las políticas de seguridad no son solo una cuestión de las agencias policiales, pero cuando digo agencias policiales no es por transformarles en otras agencias sino porque no son solo un escenario que se resuelva por la mera administración de algo que el Estado tiene la pretensión de tener como monopolio que es la fuerza física, por eso no lo relaciono con la separación que en general se usa entre prevención y represión.

Uno puede tener un aparato de prevención muy basado en la disuasión de la fuerza física y en general es el modo que solamente se entiende la prevención en esta región. Cuando hablamos de prevención, muchas veces es más bien una cuestión de disuasión, o sea una ocupación distinta de territorio que disuada que en ese lugar se cometan ilegalidades, o sea controlado por otras bandas, de todas maneras esa forma de prevenir de trabajar el tema de seguridad, tiene que ver con una cuestión de equivalencia o lugar de fuerzas más que pensar, que otros mecanismos sociales u otros aparatos estatales pueden intervenir en desarmar este conflicto que claramente implica cuestiones de seguridad que tienen que ver con vulneración de derechos e inclusive con abusos o usos de la fuerzas física por otros factores.



Estas diferentes concepciones de seguridad, si uno trabajara algunos casos concretos, vería como las diferentes concepciones de seguridad implican trabajos por parte del Estado y concepciones por parte de los derechos, bien diferente. Voy a usar solo un ejemplo y que tiene que ver con manifestaciones públicas: en las concepciones más autoritarias, más militarizadas de seguridad, en general el manifestante público es visto casi como un enemigo, que pasa a ser ilegal por tratar de utilizar en lugar de las vías institucionales democráticos, como solamente votar, al apropio del espacio público para hacer una petición.

En ese punto, en general esas manifestaciones son vistas como ilegales, las preocupaciones están en el con qué nivel de violencia se reprime o se desarticula esa manifestación, en una condición un poco más civil o democrática, en verdad lo que le va a importar es que el Estado no intervenga por lo menos cuando va a controlar esa manifestación pública, que no causa vulneración de derechos, es idea de que si muere algún manifestante la responsabilidad del Estado llega al “yo no lo maté”.

Se establece esta idea de que el Estado no tiene porqué proteger la situación de riesgo en la que se ubica un manifestante, porque en principio es una situación riesgosa y el Estado está pensando fundamentalmente en otros derechos de vulneración. Entender que una manifestación en una democracia tiene que ver con una complejidad de derechos en juego, con reclamos, con problemas de vías institucionales que no están funcionando, que al mismo tiempo esa manifestación puede afectar derechos de otros inclusive gravemente. Implica que la manifestación aparece como una cuestión en donde tengo que controlar a alguno de los manifestantes pero también proteger esa manifestación como una expresión de la forma de democracia, sería imposible pensar democracias sin ocupación de los espacios sociales en nuestra región, sería imposible pensar en nuestro desarrollo, en las especulaciones, en las representaciones sociales sino tuviéramos manifestaciones que no solo obviamente se circunscriben a estar en la vereda o en el espacio de una plaza pública no circulable, implica muchas veces corte de carreteras, toma de calles, toma de lugares, eso hoy es parte de lo que se entiende como la vía política, las diferentes maneras de tomarlo. Si solamente me va a importar la manifestación, voy a ver qué problemas están atrás y fortalecer ese mecanismo tiene que ver en esto como poder civilizado, las políticas de seguridad y policiales. Pero también tienen situaciones de riesgo, en general las políticas, el conflicto, la tendencia, las decisiones unas veces están bien y otras veces están mal.

Fortalecer a las policías después de proceso autoritarios ha implicado muchas veces ser displicente con un montón de irregularidades, cometidas por la policías, con retardar procesos y fue eso lo pasó en la Argentina, con las reformas o la democratización de las policías, porque el eje estaba puesto en el tema de las FF.AA. Muchas veces el fortalecimiento de esas policías para que puedan encargarse de cosas que se encargaba las FF.AA., va asociado a negociaciones políticas que implican la permisión de prácticas que la misma policía desarrollaba o desarrolla de modo autoritario. Ese fortalecimiento de la policía le da una capacidad política que dificulta en pasos posteriores la democratización, inclusive se aceptan prácticas autoritarias porque se están reformando en otros espacios del Estado. Hay cuestiones donde en muchos casos se criminaliza algunas prácticas. Muchas veces tiene que ver con desarticular o desarmar ciertas prácticas de impunidad o ciertas prácticas de desigualdad, el reclamo de muchos movimientos sociales, de mujeres, por penalizar prácticas brutales que tienen que ver con la violencia familiar, tienen que ver con un aumento de estas facultades policiales de poder intervenir en casos donde a los policías no se los entendía porque decían que solo es un conflicto público y que eso se resuelve dentro de la familia y al mismo tiempo donde el Estado no tiene nada que ver ni hacer en relación a ese machismo, y a esa relación desigual que representa una situación de violencia familiar.

Muchos de los reclamos implicaron también el tema policial, pero relacionado con esta última línea presentada, que tiene que ver en cómo civilizar o democratizar las políticas de seguridad, que implica también fortalecer otra respuesta. Cualquiera sabe que es imposible responder a las situaciones de violencia familiar o graves violaciones de derechos de la mujer solamente con políticas de seguridad que se fundamenten en políticas de justicia criminal o policial, hay todo un contexto que tiene que desarticular este conflicto de otra manera.


Concepción de los derechos humanos en la civilización de la policía

Es claro que en una concepción autoritaria, en una primera concepción, los derechos humanos claramente van a ser vistas para las políticas de seguridad de Estado como enemigas, no como límite sino directamente como enemigas. Si se considera que la única manera de establecer el orden porque estamos en medio de una guerra, de un conflicto, es mediante los derechos humanos, que implica verle a la problemática de seguridad como un conflicto de derechos, ésta no aparece como un límite sino como un bastón de enemigos, al mismo tiempo porque muchas de estas políticas se basan en vulneración de derechos denunciadas por organismos de derechos humanos pero a partir de mecanismos internacionales, así como aparece no solo como un obstáculo sino como los defensores de estos otros que viene a generar inseguridad.

En momentos más democráticos, se las va a ver como límites necesarios para establecer políticas de seguridad que sean sustentables, pero la idea del límite en el fondo lleva a la concepción de que, si bien con ese límite, la política es más sustentable y tiene menos daños colaterales, podría desarrollarse una política más efectiva sino tuviera esos límites en términos de derechos humanos, o sea no es una concepción de derechos humanos en muchos casos que esté sosteniendo que sirven fundamentalmente, por ejemplo, para no poner inocentes presos sino que básicamente se entiende que impiden condenar más rápidamente a los culpables, porque a los culpables lo hubiéramos determinado por otra manera, y ahí se van a dar montón de generalizaciones, de cuestiones de excepción, que en políticas democráticas no se darían; es decir, entender que los derechos son un límite que las fuerzas de seguridad entienden que deberían ser respetados, pero solo un límite, no son algo que colaboran.

Una concepción mucho más democrática de la seguridad, entendería que parte de los derechos humanos tienen que ver con los derechos de proteger, ya no se trata de los derechos humanos como un límite para no romperle la cabeza a un manifestante, son los derechos humanos como el derecho que tengo que proteger a que ese humano se manifieste, donde aparece bien diferente la función que tiene que realizar un policía en un caos que en el otro, el uno tiene que cuidar que no le rompan la cabeza, en otro tiene que cuidar no solo que otros no le rompan la cabeza a ese manifestante sino que si se la rompen quién fue, y por otra parte desaparecen cuestiones como si se desordena la manifestación les voy a sacar a todos, vamos a desarmar la manifestación, porque es al manifestante que debe conservar el orden de la manifestación, no como en otras situaciones.

En esta concepción diferente de los derechos humanos, la seguridad como su protectora, al mismo tiempo se hace cargo de una situación particular que es generar las políticas de seguridad por su diseño tanto en términos de qué sectores se ven afectados por sus falencias, sectores que precisamente ven daños en el accionar de las políticas de seguridad y que son los sectores más desprotegidos. Por eso también esa lucha de muchos movimientos de mujeres de derechos humanos para por lo menos penalizar las cuestiones de la violencia familiar, porque alguien que quiere ser penalizado tiene que medir aspectos de igualdad, las cuestiones en este contexto solamente tienen que ser penalizados, castigados, perseguidos por las políticas de seguridad, sectores que son políticamente desprotegidos, sectores que tienen una ciudadanía más degradada.

Tener una política de seguridad por una cuestión distinta en derechos humanos es tener en cuenta siempre que por su diseño tienen ese riesgo enorme de castigar a los sectores más desprotegidos, de que el uso de la fuerza pública se concentre y sea mucho más grave contra sectores que tienen otras vulneraciones de derechos, otras protecciones para hacer su reclamo y esa es la política de terrorismo de Estado. Entonces se ha visto que una política de derechos humanos tiene que ser también como otras políticas sociales, una política compensatoria, una política que busque otros modos de responder una violencia estructural, de desarmar que no significa distribuir una violencia de un sector llevándole a otro, pero sí desarmar la violencia estructural que castiga a un solo actor social.


Riesgos de una política de Seguridad

Hay básicamente dos riesgos una vez que estemos en un sistema democrático, donde se filtran circunstancias autoritarias en términos de política de seguridad:

1. Estado de excepción.- tiene el Estado de sitio, los estados de excepción constitucionales que permitían que los ejércitos se ocuparan de la seguridad interior, hoy no llega de esa manera, pero aparece un Estado de excepción justificado de otro modo, justificado en términos de una grave situación de inseguridad que permite al Estado generalizar situaciones que eran solo excepcionales. Hablamos de la prisión preventiva, en la mayoría de sistemas de justicia de nuestros países, la mayoría de personas que tienen presas es por prisión preventiva, supuestamente la constitución toda es excepcional, solo para algunos casos es excepcional, y sin embargo en todos los países es más del 50 por ciento de los presos. Por ejemplo, en detenciones policiales, una cosa es allanar un barrio de clase media y otra cosa es las prácticas de allanamiento, entrar a las viviendas de las barriadas pobres, cuestiones que tienen que ver en la seguridad. En ciertos barrios de Río de Janeiro se cuida con la policía, pero a las fabelas puede ir el ejército, esos son todos estado de excepción, claro por el carnaval, que hay mucho delito, y por la excepción de la droga, y entender entonces que la democracia solo puede desarrollarse en forma generalizada si estuviéramos en un Estado pacífico y normal. Otra vez la idea es que los derechos humanos son un límite y no el mecanismo que permite solucionar estos conflictos que no son excepcionales sino que son los conflictos de toda sociedad democrática: droga, pobreza, delito, desigualdad, etc.

2. Los Conceptos.- otra vez la ampliación del concepto de seguridad juntándolo con los conceptos de defensa, durante los momentos más democráticos, más pacíficos de nuestra sección se pone en juego. Es claro que los conflictos de un país muchas veces se relacionan con situaciones conflictivas de otros países. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, había muchos robos de automóviles que después pasaban a Paraguay, y esto causaba muchas muertes en esos hechos. A la Argentina nunca se le ocurrió hacer reclamos diplomáticos sino hacer negociaciones para ver qué cosas se podía hacer o ayudar para que no exista esa clase de problemas. Cuando no se habían resuelto los conflictos entre Perú y Ecuador, los militares argentinos se dedicaban a vender armas a los narcotraficantes en Río de Janeiro o a instituciones varias, eso se prueba que esos son los lugares de circulación, no hay un misil brasilero destinado al ejército, sosteniendo que está interviniendo en sus problemas y que es la única manera de solucionar los problemas de seguridad interior.

Les he planteado estos ejemplos que parecen ridículos, porque lamentablemente hace poco en Ecuador, sucedió un problema similar, esta justificación de que los problemas suceden solo con una invasión o con un problema armado, y lo preocupante de esto es que la reacción de los mecanismos regionales no fue tan fuerte como hubiera sido en otros momentos y en alguna medida no diría convalida, pero no hubo un claro rechazo de cualquier política de ataque preventivo en términos de la seguridad de otro país, como en este caso debería merecer.
Es un problema serio porque empezaron a trasladarse a nuestra región conceptos de seguridad relacionados a conceptos a partir de la guerra contra el terrorismo, temas de ataques preventivos, donde se desdibujan las fronteras entre la guerra, seguridad y los límites entre los países que eran propios de otras regiones y se trasladan a partir de Colombia a Ecuador a otra región en términos de discusiones y es difícil no olvidar.

No quiero exagerar pero gran parte del traslado de la guerra fría que después justificó la doctrina de seguridad nacional, en términos de la OEA, en términos regionales, tuvo mucho que ver en un principio con la expulsión de Cuba de la OEA. Una OEA que rechaza negociar esta situación, eso responde a otras lógicas, entonces si Cuba no tiene que estar en la OEA, cualquier cosa que se asocie o pueda asociarse a una rebelión en términos del gobierno, tiene que ver con un enemigo tan interno pero tan externo como esta invasión de comunista a Cuba. Y esto es importante porque acciones terroristas muy graves desarrolladas con la participación de países extranjeros hace unos años no merecían esta respuesta, me refiero a casos argentinos inclusive, la voladura de la sede de la Amia o de la embajada de Israel en la Argentina, no era posible; pero el hacer los reproches diplomáticos, no se codificaban en términos de seguridad regional.


Importancia de las Comisiones de la Verdad

En principio lo planteo básicamente para el caso argentino, que se lo puede asimilar o traducirle para el proceso ecuatoriano, muchas acciones de represión no solo no nacen con los momentos de dictadura más autoritarios sino que esas prácticas de terrorismo de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, se basan en prácticas que esas instituciones arrastran también desde antes, que las mejoran, las solidifican, las crean con nivel de impunidad, las extienden, pero caen en una institución que tiene una historia de esas prácticas, una justicia que tiene una historia de no investigarlas. Las comisiones de la verdad son muy importantes en detectar eso, porque no solo muchas de estas prácticas se agudizan durante los momentos autoritarios de grandes violaciones sistemáticas a los derechos humanos sino que luego continúan.

En el caso argentino, no solo en términos de las fuerzas de seguridad, las prácticas que realizaba la morgue judicial para no investigar y para ocultar todo el tema de los cuerpos que se recibían de los supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad y, por otra parte, las prácticas policiales o del ejército y la denuncia y el análisis de esas prácticas de rutina fue importante para analizar después cuáles son las problemáticas y desarticular esas maneras de trabajar de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, en la democratización o civilización de fuerzas de seguridad, hubo una serie de rutinas que se aceptaron a partir de las comisiones de la verdad, en la investigación de los delitos de lesa humanidad y luego se trasladaron a la investigación de otras vulneraciones de derechos humanos. El poder acceder a los legajos, a los archivos de la dictadura en Argentina de alguna manera les permitió tener fundamentos que permitían que se pueda acceder o impugnar a algún militar para un ascenso por un delito de lesa humanidad, en un sistema donde está impune y pueda ver en qué lugar estuvo y el congreso quiere analizar su ascenso, y yo también podría plantear que después también quiera analizar ese legajo u otros legajos, para cuestiones que determinen el ascenso de esos funcionarios, porque si no hubo una vulneración al derecho de la intimidad, en este caso tampoco hay una vulneración al derecho a la intimidad del funcionario público, tiene que traer legajos desarrollados de otra manera, pero poder debatir desde la sociedad civil de los sectores democráticos, los ascensos, las estructuras militares, los archivos, cuáles son las condiciones de acceso, producción de información, también es algo que se trasladó a esos lugares.

Varias reformas institucionales que se están dando ahora, María José Guembe algo mencionó, pero que tiene que ver con el juzgamiento de esos delitos, muestra la incapacidad de los sistemas judiciales, por juzgar, por investigar. Entonces no solo tiene que haber eso, además de complicidad, también incapacidad por como se investiga, cuestiones de democratización que tienen que ver precisamente por la ruptura de esas complicidades internas, y poder desarmarlas no solo para esos delitos sino también para otras vulneraciones.

A partir de investigaciones que se hicieron sobre cultura policial si uno ve que cosas fueron variando en estos últimos años se podría mencionar que hay un elemento importante que siempre estuvo presente y que es la modernización, los policías, así como a uno le gusta, no son de filosofar, de hacer críticas, pero las cuestiones de tecnología, de modernización son cuestiones muy caras a las instituciones policiales que quieren y les interesa modificaciones en los mecanismos en la persecución del delito, que no se avanza.

Otro tema que parecía no interesarles, pero han demostrado tener mucho interés en temas de investigación son los termas de derechos humanos. A partir de la comisión de la verdad, por más que puedan garantizar la impunidad para alguna vulneración en el corto plazo, se les dificulta garantizar impunidad en el largo plazo. Se habla que en Argentina ahora se está revisando que algunos policías que no tuvieron violaciones de derechos humanos, que causaron la muerte de una persona, no tienen establecidos delitos aún cuando fueron absueltos, por malas investigaciones y por complicidades por falta de investigación de la justicia en su momento. Entonces hay un montón de revisiones, de situaciones, 20 años después lo que hace pensar que así como la impunidad se construye, la impunidad se destruye en un largo período, y esto, por lo menos en las investigaciones que hicieron, deja una muestra muy clara en las instituciones de seguridad, entonces previene en términos de violaciones a los derechos humanos del presente.






















Básicamente me parece estos que son los escenarios que tienen que ver con mayor participación de las víctimas, un reconocimiento, un lugar distinto, la necesidad de reconstruir la verdad, aún cuando estas situaciones no se puedan esclarecer.

En otras situaciones de seguridad me parece que han sido muy importantes, en términos de las reformas de los aparatos de seguridad en Argentina, no son el único eje de los cuales se reforman estas instituciones, pero muchos de los principios, de las prácticas, de los puntos que dejaron claros socialmente que consolidaron el trabajo de las comisiones de la verdad y la legitimidad de esas comisiones, después fueron puntos de los cuales no se retrocede cuando uno habla de cualquier reforma de las instituciones de seguridad.

Muchas gracias.


CICLO DE CONFERENCIAS
15h30
CONFERENCIA:
“SEGURIDAD, DEFENSA, DERECHOS HUMANOS Y REFORMAS NECESARIAS”
Conferencista (30m): Lic. Ricardo Camacho Zeas (ECUADOR)
Moderador: Dr. Edward Vargas
Foro: 50 minutos
Intervienen: conferencistas Gustavo Palmieri y Ricardo Camacho Zeas






















MODERADOR: Ricardo Camacho Zeas, ecuatoriano, es instructor de derecho internacional humanitario, derecho de la guerra; conferencista en las unidades militares, academias de guerra, Instituto Nacional de Guerra; Instructor de DD.HH. aplicados a la Función Policial y uso progresivo de la Fuerza; encargado del programa de integración de los DDHH en la doctrina policial; conocimientos sobre Derecho del Refugiado; instructor de los centros de formación Policial sobre DDHH en Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Dominicana; instructor en los centros de formación de FF.AA. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Dominicana, Panamá, Costa Rica y México ; Oficial de enlace del CICR en Ecuador; responsable del programa de Fuerzas México; delegado Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México, América Central y el Caribe Hispanohablante

Ricardo Camacho: Buenas tardes, quisiera dar mi agradecimiento a los señores miembros de la Comisión de la Verdad, por esta gentil invitación.

Señores panelistas internacionales, miembros de la mesa directiva, señor general de la Fuerza Aérea, señores miembros del Ejército, señores de la Policía Nacional, señores distinguidos, damas y caballeros, es un gusto abordar un tema bastante difícil: Seguridad, defensa, derechos humanos y reformas necesarias, creo que con este tema me voy a quedar sin chamba en la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas y de la Escuela de Estado Mayor, es una pequeña broma.

Así es que vamos a tratar de ir de la teoría de la brillante exposición del profesor Gustavo Palmieri y talvez yo soy un poco más práctico ya en el tema de lo que es la aplicación por la integración de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional.

Tuve el honor hasta hace un año de trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja y colaboré con 9 fuerzas armadas de Centroamérica y El Caribe hispanohablante, y cuando el profesor Palmieri hablaba de México recordaba, entre otras cosas por ejemplo, que México tiene un ejército de 180.000 soldados. En México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó aproximadamente 80 años, existían las policías municipales y estatales, que no eran unas policías muy correctas que digamos. Los carteles del narcotráfico de Colombia se fueron para México y el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006), en su época, tuvo que crear lo que se conocía como la Policía Federal Preventiva (PFP) que tuve el honor de ayudar a crearla, pero esa policía federal preventiva se quedó muy corta y entonces el ejército mexicano tuvo que entrar a apoyar a la PFP y los militares no sabían como ayudar. Para entonces se emitió un decreto ejecutivo para crear lo que denominaron las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA), que no eran más que sacarles el uniforme a los militares, a un soldadito, a un teniente, y vaya a ser el control del desorden público y a perseguir el narcotráfico, y entonces había una serie de problemas en los retenes.

Cuando llegué a México, la Secretaría de la Defensa Nacional en ese país, tenía muchas demandas, porque el pobre soldadito, el cabo Margarito, que le habían puesto un uniforme no de soldado sino de FFA, iba al retén, y usted sabe que las carreteras mexicanas no son muy seguras, y entonces la gente, los conductores, no sabían si eran del ejército zapatista, no sabían si eran narcotraficantes, o eran delincuentes comunes, entonces la gente no paraba el vehículo, por más que había todo el retén muy preparado y el carro seguía adelante, y qué hacía el cabo Margarito, que era lo que le habían enseñado siempre, tener un objetivo militar, escogía y disparaba y el pobre iba 20 años a la cárcel. Así es que nos pidieron a nosotros colaborar en ese tema para que ayudemos a formar batallones de policía militar para que el cabo Margarito no vaya a la cárcel.

Para terminar un poco la idea del profesor Palmieri, algo que sí llama la atención y que no ocurre en el polo sur en Argentina, Uruguay, Paraguay; es que las fuerzas armadas se han vuelto policías, especialmente en Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, México, inclusive el Ecuador. Las fuerzas de centroamérica tienen que luchar contra las maras que son las famosas pandillas juveniles en Centroamérica: la M18, la mara Salvatrucha, esas maras ya no son una delincuencia común, sino que es una delincuencia completamente organizada, en donde las fuerzas armadas como es en Honduras, ya tienen batallones de policía militar especializados en hacer labores de policía, es decir, dejaron su misión exclusiva, de prepararse las 24 horas del día para un posible conflicto armado internacional o interno y se prepararon para hacer labores de policía. Mientras en países como Nicaragua, antes de que llegue Daniel Ortega, el ejército nicaragüense no participaba en ninguna situación de orden público, había cualquier clase de manifestación en Nicaragua y las fuerzas armadas decían que no eran fuerzas armadas sandinistas, sino que eran las fuerzas armadas de la república de Nicaragua, no se pertenecían ni a los sandinistas, ni a los izquierdistas, ni a los derechistas, eran las Fuerzas Armadas de Nicaragua.


Proyecto de Nueva Constitución del Ecuador

Ustedes saben que este 28 de septiembre, es decir a 17 días, tendremos el proyecto de la Nueva Constitución del Ecuador, por lo que me permití analizar los artículos referentes a la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional como se conoce en el Ecuador. El Comité Nacional de la Cruz Roja, por ejemplo, hizo un estudio que demoró varios años, hechos por universidades muy importantes, sobre el comportamiento humano de los portadores de armas y este estudio llegó a una conclusión: para que haya un cambio de actitud de los portadores de armas, sean estos militares o policías, tienen que integrarse el derecho humanitario que se aplica en los conflictos armados y los derechos humanos en la doctrina militar o policial. Hablar de cursos, conferencias de derechos humanos, es un saludo a la bandera, cientos de organizaciones internacionales ONU, OEA, ONG´s, inclusive la Cruz Roja Internacional, gastaron millones de dólares durante más de 20 años y no se ha logrado cambiar la actitud de la mayoría de los portadores de armas.

Como anécdota, uno de los principales criminales de guerra de la ex Yugoeslavia, el general ex líder serbobosnio Radovan Karadzic que está enjuiciado en el Tribunal de la ex Yugoeslavia y ahora en la Corte Internacional , fue uno de los mejores alumnos en el curso de Derecho Internacional Humanitario, sacaron 20 sobre 20, pero ellos aprendieron para el mal, aprendieron el derecho humanitario para saber como violar el derecho humanitario y como zafarse de las violaciones, ese es un tema.

Posteriormente vamos a enfocarnos en la Policía Nacional del Ecuador. En la mañana me dio gusto verles a mis amigos, los señores generales de la Policía del Ecuador (foto), con quien tengo una amplia relación, más tarde vamos a ver el tema del uso de la fuerza muy rápido, porque tengo 30 minutos y unas conclusiones que son sinceras, directas, sin ofender a nadie pero mi posición como consultor es decir las cosas verdaderas, yo no soy político. Cuando me llamaron para la conferencia me dijeron que diga las cosas como pienso y como tengo conocimiento del tema, me voy a permitir decir las cosas como creo que las son, talvez son equivocadas o no.

Vean ustedes que la integración del derecho humanitario de los derechos humanos en las FF.AA. se ha venido dando, pero el único mecanismo para el cambio de actitud del combatiente y del policía comunitario es la integración del Derecho Internacional Humanitario (DIH), si no existe solo queda solo en un saludo a la bandera.



Reforma Constitucional

En el Ecuador hay una gran discusión si es que va a ganar el si y el no, aquí no estamos para hacer campaña política, a mí me interesa analizar los artículos pertinentes a la fuerza pública.

Vean ustedes que interesante, compañeros de la FAE, del Ejército, de la Policía Nacional, señores miembros de la sociedad civil; el Artículo 158 dice lo siguiente: “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. Me parece excelente el artículo elaborado por los asambleístas, pero mírese bien las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, esto que significa, para mi concepto, es que las Fuerzas Armadas de ahora en adelante tienen que prepararse las 24 horas del día para un posible conflicto, ojala nunca llegue ese conflicto internacional o interno, pero las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer en labores de policía. Como ya lo dijo el profesor Gustavo Palmieri, son dos doctrinas distintas: los militares tienen una doctrina que es combatir al enemigo, ellos tienen derecho a matar, en un conflicto armado dentro de los límites de la guerra, del derecho internacional humanitario, de los convenios de Ginebra, de los protocolos adicionales, pueden atacar objetivos militares, respetar a los civiles, a los heridos, a los náufragos, los prisioneros de guerra, etc., pero en labores de policía los señores militares no tienen nada que hacer, pero si el ejecutivo le obliga a las Fuerzas Armadas y como estas no son deliberantes, vamos a ver que la Constitución de 1998 en el proyecto se señala lo mismo, qué tiene que hacer el señor jefe del Comando Conjunto, aceptar la orden del señor Presidente Constitucional y hacer fuerza de tarea.

Entonces, si en las mañanas las FF.AA. ecuatorianas van a seguir saliendo a las calles, a controlar las bombas de gasolina, a trabajar en Petroecuador o a estar en Dayuma ellos tienen que estudiar el tema de seguridad pública y mantenimiento del orden público, ser policía no es coger un tolete y darle en la cabeza a un manifestante, ser policía es la profesión más difícil del planeta, porque el policía tiene que aprender una serie de técnicas y tácticas policiales que le permiten a él ser un profesional. Es muy fácil utilizar la violencia, a mi me dan un tolete y golpeo en la cabeza a un manifestante, eso se aprende en 3 días, pero utilizar la fuerza, el cerebro y la psicología, eso se demora años en aprender. Un policía en el Ecuador se prepara entre 8 y 10 meses, ustedes creen que un policía puede salir preparado en ocho y 10 meses. La norma internacional dice que un policía debe disparar 1.500 tiros para tener seguridad cuando dispare y se enfrente contra la delincuencia, que es el último recurso de un policía; pero saben cuántas balas dispara un policía cuando se prepara en nuestras escuelas de Machachi, de Guaranda o de la Costa, apenas 50 balas ¿porqué?, porque no hay presupuesto, se necesitaría 10 millones de dólares aproximadamente solo en balas para que nuestros policías salgan perfectos en tiro. Una vez que se gradúen esos policías tendrían que hacer un entrenamiento cada año y disparar 500 balas, multiplique 0,50 que vale una bala por cada 500 dólares, pero se quiere un policía profesional o un policía aventurero, entonces el Estado debe dotar a la Policía Nacional de los recursos necesarios para la capacitación.

Igualmente en el Artículo 158 los señores asambleístas dijeron lo siguiente: “la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la policía nacional”. Esto también fue muy importante de parte de los asambleístas de Montecristi (ciudad donde se desarrolló este proyecto de constitución), es deber de la Policía Nacional el mantenimiento del orden público y las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer en labores de policía, salvo que exista una conmoción interna, en el proyecto si se cambia con la del 98, y se deja que el Estado de excepción debe ser gravísimo con una conmoción interna para que ingresen las Fuerzas Armadas, excelente este artículo.

Después se señala que los servidores de Fuerzas Armadas se formarán bajo los fundamentos de la democracia, ¡perfecto! y de los derechos humanos, respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Aquí si creo que hay un vacío, si los asambleístas pensaban tanto en los derechos humanos, porqué dijeron como que aprenderán (futuro), como algo muy lejano. En primer lugar los señores militares no tienen que estudiar en primera instancia los derechos humanos, porque ellos no tienen que hacer mantenimiento del orden público ni seguridad pública, la doctrina cercana a Fuerzas Armadas se llama Derecho Internacional Humanitario (DIH) o derecho de la guerra, eso es lo que debe estudiar el cabo Margarito hasta el señor general que nos acompaña en esta sala; ellos deben integrar en la doctrina militar el DIH y los señores policías desde el cabo Margarito hasta el señor General, tienen que integrar los derechos humanos, pero no los derechos humanos que se enseñan en las universidades, ahí es donde está el error pues a un pobre policía con escaso conocimiento de sexto curso de una provincia muy pequeña, le dan derechos humanos, de la Corte Interamericana, el pacto de San José, el pacto europeo, el consejo de seguridad, cosa que el pobre policía sale con dolor de cabeza es una aula de clases donde uno se ahoga. Yo he dado clases en la escuela de Machachi y me he dormido como profesor porque no hay ventilación, entonces pobre policía que trota de 7 a una de la tarde, va al rancho, lava sus cosas, se asea y va a clases, entonces el profesor y el alumno se duermen, como entonces quieren el cambio de actitud de la Policía Nacional.

Posteriormente el Artículo 159 dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes, igual que en 1998 y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil. Ahora (10 sep. 2008) tienen un ministro civil (Javier Ponce) y la policía también tiene un ministro civil de gobierno (Fernando Bustamante), y las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan.

El tema de la obediencia debida ya no existe, eso es muy importante, hay que felicitar al mando policial. La prensa no le ha hecho caso a algo que me parece interesante, yo también soy periodista de formación. El señor Comandante General de Policía, Jaime Hurtado Vaca, emitió hace unas semanas una directiva en donde prohibía que en la Policía Nacional del Ecuador se trate de Mi General, Mi Capitán, Mi Mayor, etc., en la Marina ya se prohibió hace algunos años, parece algo tan sencillo decir mi Capitán, mi Cabo, mi Sargento, pero usted sabe que psicológicamente que conlleva el decir, mi profesor Palmieri; con eso estoy diciendo que yo soy pertenencia de él, el no es mi jefe sino que él es mi amo, y yo tengo que cumplir las órdenes de mi amo, con eso no quiero decir que en Fuerzas Armadas sea perverso el mi, la doctrina es distinta, en Fuerzas Armadas es permisible que se use el mi, pero en la Policía Nacional me parece correcto, que el señor comandante haya tenido la valentía de eliminar el mi, yo sé que hay mucha molestia en el personal subalterno, porque ya no es mi coronel, ahora es señor coronel, no se si es mejor, pero depende de la conciencia de cada persona. El Artículo 160 dice que las personas aspirantes a la carrera policial no serán discriminadas.


Estudio del Comportamiento Humano

El Comité Internacional de la Cruz Roja, ha pedido de la comunidad internacional, desarrolló un estudio sobre el comportamiento humano, con la finalidad de identificar los factores que condicionan de manera decisiva el comportamiento de los combatientes en el caso de guerra y de las fuerzas de seguridad y de los policías en situación de violencia interna, a fin de determinar si hay un mecanismo que permita el cambio de actitud, porque nosotros no buscamos dictar cursos ni charlas, imagínense la OEA, la ONU y otros organismos internacionales, cuántas decenas de millones de dólares han gastado en dar cursos a las fuerzas armadas de América Latina, en dar conferencias a militares y policías, y qué ha pasado, acaso se ha cambiado la actitud de los portadores de armas; yo puse el mejor ejemplo, los criminales de guerra de la ex Yugoeslavia sacaron 20 sobre 20 en el examen de derecho internacional humanitario.


Causas de las violaciones del DIH y de los DD.HH.

Las causas para las violaciones del Derecho Internacional Humanitario que es aplicable en la guerra y de los Derechos Humanos que se aplican en toda circunstancia, son varios:

• El carácter criminológico de la guerra
• La definición de los objetivos de guerra
• Las razones de oportunidad de índole personal que uno tiene
• Las razones psicosociológicas, por ahí puede escaparse un loquito de la fuerza pública en vez de estar en el manicomio.


Conclusiones Preliminares

Este estudio tiene 800 páginas, lo acabo de definir en una lámina porque no tenemos mucho tiempo para la exposición, qué dice la conclusión: que hay que hacer del DIH y de los DD.HH. aplicados a la función policial; porque eso debe quedar claro, ese ha sido otro error de los derechos humanos, al cual yo respeto mucho, pero los organismos de derechos humanos les quieren meter a los pobres señores policías, todos los DD.HH. Llevo 20 años en esta profesión de tratar de enseñar, de llevar adelante mis conocimientos a la fuerza pública y todavía no conozco de memoria todos los derechos humanos, como le vamos a enseñar a un pobre policía, ni los académicos siquiera, no creo que el profesor Palmieri domine todos los artículos de la Unión Europea, de la Corte Americana, etc., entonces debemos dar los derechos humanos aplicables a la función policial. Entonces, cuál es la conclusión: esto se debe hacer jurídico político el tema, en vez de una cuestión moral, los derechos humanos no son una cuestión moral, ese es el principal problema, la respuesta es la integración en la doctrina militar y policial, si usted no integra los derechos humanos en la doctrina de la policía es un saludo a la bandera, si usted no integra el DIH en la doctrina militar, igual; son palabras duras, pero es la verdad.


Concepto de integración

Para evitar las violaciones, el derecho debe ser parte integrante de las condiciones de las operaciones. Es esencial ratificar los tratados de derechos humanitarios y humanos e incorporarlos en el derecho interno para dar cumplimiento a las disposiciones y difundirlo lo más amplio posible. El discurso que existía hasta hace cuatro o cinco años, decía que hay que dar sus conferencias, sus charlas; entonces los organismos internacionales quedaban bien, justifican el presupuesto y así se dieron las clases de derecho humanitario.

Debe existir un proceso de toma de decisiones al que tiene que estar incorporado el DIH. Por ejemplo, recuerdo cuando hice en el centro computarizado de Nicaragua, con la presencia de 10 ejércitos, un juego de guerra a nivel de división, invitamos a 10 ejércitos y ellos jugaron a la guerra perfectamente, pero cuando tenían que aplicar el DIH, ahí se venía el inconveniente. Una vez pusimos el ejemplo que había un poblado 3.000 civiles que había que evacuarlos, porque estaban cerca de un objetivo militar, el Coronel encargado de los asuntos civiles mandó un radiograma a través de la computadora, y dijo: necesito dos camiones para trasladar a 3 mil civiles; o sea ellos son magníficos para la guerra, cuando había una baja administrativa, o pedido de logística, eran magníficos, pero cuando había que incorporar el DIH en el juego de la guerra, se quedaban cortos los compañeros militares.


Integración de la doctrina

Ninguna medida es suficiente sino se toma en cuenta cuatro factores esenciales:

1. Hay que transversalizar, estudiar transversalmente, la materia de DIH y DD.HH. en todas las materias militares y policiales. Hay que señalar que en el Ecuador, en el pénsum de estudios de las academias de guerra, tengo el gusto de ser profesor conjuntamente con el general Rodrigo Jarrín de la FAE, que está en servicio pasivo ahora, allí soy instructor de las tres academias de guerra de las FF.AA.; y espero seguirlo haciendo después de esta conferencia.

2. Incorporarlos en el entrenamiento. Cuando llegué a México, los señores militares mexicanos que eran 180.000, ellos casi conocían como loros el DIH; tenían unas pistas de entrenamiento estupendas, porque es un ejército que tiene mucho dinero. México es un país, lo diría que, casi del primer mundo, si no hubiera existido algunas personas que se llevaron dinero ajeno, pero entonces en las regiones militares, creamos pistas de DIH, en las pistas normales de entrenamiento de combate incluimos incidencias de DIH. Una comparación, en la policía del Distrito Federal son 60.000 miembros, aquí en la policía del Ecuador creo que son 50.000 actualmente los miembros. En esa época el Alcalde era Andrés Manuel López Obrador, quién fue posteriormente candidato presidencial y su jefe de seguridad era Marcelo Ebrard, quien actualmente es el Alcalde, con él firmamos un convenio: formamos 150 instructores y actualmente en México, se dedican las 24 horas del día, su trabajo es formar y capacitar a los policías federales en los derechos humanos. Con eso les digo que es importantísimo el entrenamiento, porque lo convierte al policía o soldado en un reflejo, si los DD.HH. están en el entrenamiento, acuérdense ustedes que va a ser un reflejo condicionado como el efecto Pavlov , como el perrito que suena y el señor policía o militar, va a tener ese reflejo porque algún día dirán: “…si vino ese señor Camacho que algo nos habló sobre los prisioneros de guerra, o pueden decir los señores policías, si vino ese señor Camacho a hablar sobre el uso progresivo de la fuerza y dijo que el arma es el último recurso que tiene la policía, y que la primera arma que tiene el policía, es la lengua, porque es la disuasión, etc.”, lo importante que es forme parte de la doctrina militar y policial.

3. Integrar el DIH, los derechos normales de los manuales operativos y tácticos. Si me gradúo de subteniente de la policía o subteniente del ejército, de la FAE o de la Marina, estudié los derechos humanos de manera transversal, entonces ya tengo conocimiento amplio del DIH o de los DD.HH., pero después cuando voy a cumplir mi misión militar o policial, que es lo que saco, no voy a sacar los convenios de Ginebra, que son 400 artículos que protegen a la persona humana, o voy a sacar los DD.HH., que son 800 artículos, no puedo llevar el libro y empezar a ver como vamos a hacer el operativo anti delincuencial, entonces ver lo que dice el Artículo 267, hasta eso ya se me van los ladrones, pero si está incorporado en los manuales operativos y tácticos, los derechos humanos, el policía automáticamente saber que va a aprehender a ese delincuente, porque generalmente existe un error en el Ecuador y un poco en América Latina, se cree que los DD.HH. están para defender a los delincuentes, ese es el criterio que existe, y eso es lo más equivocado, los señores policías tienen todo el derecho a usar la fuerza contra los infractores, pero en el marco de la ley, con una escala progresiva de la fuerza. Por ejemplo: si yo tengo un infractor que ya está sometido, porqué tengo que patearle; si tengo un infractor que me saca una ametralladora, o me saca una marca automática, obviamente yo también le voy a sacar mi arma automática y le voy a dar de baja, o sea que los DD.HH. no le ponen ningún obstáculo al policía profesional; igual al militar. En un conflicto armado internacional interno, si ya se rinden los prisioneros de guerra, o los guerrilleros ¿porqué tengo que matarlos? Si los mato, me estoy convirtiendo en un criminal de guerra.

4. Sanciones por violaciones al DIH y a los DD.HH. es importante tener el tema de sanciones, ahora que existe la Corte Penal Internacional, que funciona las 24 horas del día, existe ya un Organismo supra nacional para súper vigilar el funcionamiento de los Convenios de Ginebra y el DIH.


Requisitos Básicos para la Integración

Elaborar un programa es la clave para consolidar la integración, dado que es la dinámica multidisciplinaria que incumbe a todos los niveles de jerarquía. Deben participar en ella las más altas autoridades gubernamentales, el señor Ministro de Gobierno que debería haber estado presente hoy en la mañana, como dirigentes nacionales, diferentes ministerios, además los ministerios de Defensa y de Seguridad, en este caso el Ministerio de Gobierno en el Ecuador.

En cuanto a los portadores de armas, deben participar en la integración todos los niveles, desde el cabo Margarito hasta el señor general, los mandos estratégicos hasta el nivel táctico.

Requisitos de Integración:

• Voluntad política y la capacidad material, son los requisitos indispensables para la integración del DIH, y de los DD.HH. de la doctrina policial y militar. Si no hay la decisión política de establecer un programa de doctrina, no pasa nada, mejor no iniciar el programa.
• Tarea de mediano y largo plazo, que requiere una visión estratégica y un panorama global.
• Es necesario un nivel de compromiso al más alto nivel de mando. Que lindo sería en esta sala, con 5 generales del Ejército, 5 de la FAE, 5 contralmirantes, 5 vicealmirantes, 5 señores generales de la Policía Nacional, un 40 por ciento de la fuerza pública y un 60 por ciento de la sociedad civil, no les daría a ustedes gusto de participar en unión desde la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, aquí tenemos el gusto de tenemos valiosos oficiales, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en número de cuatro, vean ustedes que complicado cuesta todavía integrar los derechos humanos y el derecho humanitario y la doctrina militar y policial.



Gestión del Programa

La experiencia muestra que no es oportuno crear una dirección de DIH o DD.HH. aparte sino que lo importante es que el programa esté dirigido por la Inspectoría General o esté dirigido por la Dirección de Operaciones pero si nosotros creamos una dirección de DD.HH. qué van a decir los propios compañeros militares, ahí está el capitán Camacho, es el director de derechos humanos, anda con su cuento, pero si es el Inspector General de la fuerza dice, a no mi General Inspector es el que está manejando el tema de los derechos humanos, vamos a seguir el programa como él lo dice.

¿Qué es la doctrina? por doctrina entendemos todos los principios fundamentales que guían la acción de la policía civil, nacional y las Fuerzas Armadas, de los niveles estratégicos, operativos y tácticos independiente de las formas que se dan a esos principios.


Integración en el entrenamiento.- el entrenamiento de las FF.AA. y la Policía Nacional permitirá que los oficiales y el personal subalterno se ejerciten en sus funciones mediante una práctica conforme a la Ley y al Derecho. Pregunta de examen: un señor policía que se gradúa, después de 10 meses de estudiar en Machachi, cuántas veces es entrenado y encima lo mandamos a la calle para que se enfrente contra una delincuencia, es un gravísimo problema la falta de entrenamiento, reentrenamiento y de pistas, tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas, aunque ahí existe más pistas, falta incluir las incidencias de DIH.

El ejercicio práctico permite recordar algunas semanas más tarde el 90 % de lo aprendido. Por ejemplo; yo puedo entrar a una aula de clases y empezar a decir: el Derecho Internacional Humanitario es el conjunto de normas que en el ejercicio de la guerra regula las obligaciones y limitaciones que tienen los beligerantes entre si, ni yo sé que dije en este momento, pero si yo hago un ejercicio práctico con los señores policías o militares, el 90 % de lo que les hice en la práctica, les va a quedar posicionado semanas después.


Las sanciones.- Deben ser visibles, predecibles y eficaces, son muy útiles desde el punto de vista preventivo. He sabido que cuanto sea más conocida su existencia y más previsible sea su aplicación, mayor es su efecto disuasivo, también permite castigar efectivamente a las personas que no obedecen la ley.


Las sanciones de la Policía en el Ecuador.- (Me meto en camisa de once varas, pero debo ser honesto con mi conciencia). Para que una policía tenga éxito en el mundo como decía el profesor Palmieri, los encargados de hacer cumplir la ley como lo denomina la Organización de las Naciones Unidas, con los siguientes elementos: si una policía no tiene ética, no tiene capacitación, entrenamiento, equipamiento y bienestar social, no va a ningún lado.

El principal problema de la policía ecuatoriana es que siempre ha solicitado equipamiento. Desde que era niño me acuerdo que no hay patrulleros, lo cual es cierto; los policías carecen de chalecos antibalas, es cierto; carecen de gasolina, es cierto; pero siempre es el mismo cuento, pero lo fundamental es que necesitamos una policía con ética, una policía que se capaciten en buenas aulas de clase.

Actualmente en la Policía Nacional ecuatoriana se depura de malos elementos del 0.3 al 0.5 por ciento. Yo les hago una pregunta a ustedes, creen que en la Policía Nacional solo existe un 0.3 % de personas corruptas. Como hay excelentes policías, caballeros, como estuvieron en la mañana, distinguidos coroneles, amigos generales, amigos capitanes, compañeros instructores, yo diría que hay un 80 % de la policía ecuatoriana, que es profesional, es seria, es nuestra policía, es la policía querida del Ecuador, pero hay un 20 % de malos policías y ese es mi concepto personal, no es que yo he hecho una encuesta, ni es obra de la encuestadora Informe Confidencial, ni he pedido a las encuestadoras que me hagan esto, es mi percepción personal. Pero cómo se puede depurar del 0.2 al 0.5 por ciento, anualmente, y el otro 18 % sigue cobrando coimas; entonces cómo quiero tener ética en la policía, cómo quiero que la ciudadanía crea en la policía comunitaria, para servir y proteger. Usted entra a un cuartel de policía y lo primero que ve en un letrero es: honor, disciplina y lealtad, ¿eso a que le suena? A militar, yo pienso que estoy entrando a una unidad militar y no a una unidad policial, debería decir entonces: servir y proteger, el policía es el mejor amigo del ciudadano.


La policía muy militar.- lastimosamente la mayoría de las policías en América Latina tienen un origen militar, por ejemplo en Ecuador se tiene un Jefe de Estado Mayor, la misma conformación que las FF.AA. y no es una crítica a la policía sino que la policía debería tener otra formación. Por ejemplo, el Ecuador es uno de los pocos países en América Latina, que el policía normal, el de la calle, usa camuflaje; el actual Comandante General ha prohibido el traje de camuflaje, porque fue creado para esconderse del enemigo en la guerra del Vietnam, inclusive un poco más antiguo, en la primera guerra mundial, pero en el Vietnam se desarrolla muy bien el Viet Cong, porque tenían que esconderse los norteamericanos del Viet Cong ; díganme aquí ¿la Policía de quién se esconde? De los “abuseros” talvez, pero no sé de quién más.

¿Cómo el proyecto de la Nueva Constitución puede decir que es una institución armada?, eso es grave y así lo dice el Artículo 163, que la policía es una institución armada. Pero si la policía es disuasiva, es amiga del ciudadano, la policía tiene que utilizar el arma de fuego pero como último recurso, la policía tiene una escala de 0 a 10, el cero es el diálogo y va subiendo a la escala del uso progresivo de la fuerza, el arma letal es el último recurso que tiene el Policía, en la escala 10, porque el derecho a la vida lo tiene hasta el delincuente más execrable, porque la constitución del `98 y la nueva constitución dice que en el Ecuador no existe pena de muerte, entonces los señores policías tienen que respetar la vida inclusive de los más execrables, salvo que el peligro sea inminente real y factible el policía tiene el derecho de dispararle al delincuente.

El policía está para servir y proteger a la comunidad y el uso de la fuerza es progresivo. Su mejor arma es la verbalización, la disuasión, el diálogo, cuando todo esto falla, se inicia la escala progresiva del uso de la fuerza, y no a la violencia que no es profesional, hasta llegar al uso del arma letal, que es legal cuando el peligro es real, inminente y factible. El mejor ejemplo del uso de la violencia, fue la Universidad Católica de Guayaquil, la policía daba de puntapiés y golpes a los manifestantes, en vez de utilizar el profesionalismo, es decir la fuerza a través de un escuadrón antimotines, porqué no llevamos a la U. Católica un escuadrón antimotines y nos evitábamos tanto problema con los famosos pelucones o acaso se quería buscar un problema.


Aciertos del Mando Policial

Hay muchos aciertos en el mando policial, hay que reconocerlo, el Comandante General fue mi alumno y le tengo mucha estima. En los últimos meses se ha impartido muchas disposiciones en la policía nacional para desmilitarizar a la PN, por ejemplo:

• Prohibir el mi (Mi General, Mi Mayor, etc.), porque era perverso.
• Prohibir el camuflaje, salvo para el grupo élite, lo que es correcto.
• Aumentar la edad para el ingreso a sus filas.
• Aumentar el nivel de educación para el ingreso a sus centros educativos

Una tarea pendiente de la PN, es que tiene una dirección de derechos humanos, pero esa no es la solución sino integrar los derechos humanos en la doctrina policial.
El Uso de la Fuerza

Después que se utiliza la fuerza o las armas de fuego, cada policía o cada oficial debería presentar un informe con las siguientes cuatro preguntas:

1. ¿La aplicación de la fuerza fue necesaria?
• Cuando los policías disparan sus armas de fuego, ¿la vida de quien estaban defendiendo con sus armas de fuego?
• ¿El riesgo de muerte era eminente?
• Las propias personas (y policías) estaban expuestos.
• Había otras opciones de proteger esas vidas sin disparar.
• Fueron consideradas las prioridades de protección de civiles, de los policías y del intervenido antes de disparar.


2. ¿Fueron consideradas todas las opciones?
• ¿Se intentaron otras alternativas antes de decidirse por la aplicación de la fuerza para alcanzar dicho objetivo?
• ¿El uso de la fuerza fue considerado como ultima opción?


3. ¿El nivel de fuerza utilizado fue proporcional con el nivel de resistencia ofrecida?
• ¿El policía juzgó la situación correctamente en relación al uso progresivo de la fuerza, sino, porque no lo hizo? (falta de entrenamiento o debido a su tipo de entrenamiento).
• ¿Cuánta fuerza debería usar el policía para lograr el objetivo?
• Las lesiones causadas fueron compatibles con el nivel de resistencia ofrecida.
• ¿Cuántos policías dispararon?, ¿Cuántos disparos cada uno?, ¿Hicieron las advertencias formales antes de disparar (si se podía)? ¿a que distancia estaban?


4. ¿La fuerza fue aplicada de buena fe o de modo malicioso o sádico?
• ¿Qué sucede si existieran ideas preconcebidas con relación a las minorías, etnias, orientación sexual etc.?
• ¿Hubo prejuicios en relación a la condición social?
• ¿Fueron llenados los informes sobre el uso de la fuerza reportando el caso?
• ¿La familia de las víctimas fue comunicada y tuvo acceso a las investigaciones?



CONCLUSIONES FINALES

La doctrina militar y policial son totalmente opuestas, la una tiene enemigos y la otra no, las dos doctrinas son incompatibles, eso debe quedar claro. Los señores civiles decimos y qué hacen los militares en los cuarteles, han de estar en el viernes deportivo, en vez de salir a cuidar las calles. Ese no es el rol de las Fuerzas Armadas, el rol es el de mantener la integridad territorial del país, ojalá nunca haya guerra, pero los militares tienen que prepararse las 24 horas del día, para ser buenos militares, no para que estén en Petroecuador, ellos estudiaron para ser buenos militares, son excelentes militares, pero no se puede poner a militares ecuatorianos a hacer labores de policía, porque van a quedar mal. Si el ejecutivo les obliga a hacer labores de policía ellos tienen que estudiar, que capacitarse de dos a tres meses.

Hablé con el señor Jefe del Comando Conjunto General, Fabián Varela, y le dije que cree un batallón de policía militar especializado en mantenimiento del orden público, aerotransportado, para cuando se tenga, por ejemplo, problemas en el Oriente - nosotros tenemos muchos problemas en la Amazonia, las poblaciones pequeñas se toman los pozos y campos petroleros, entonces van las Fuerzas Armadas, hay violaciones de derechos humanos- porqué no crear una policía militar, pero no en mantenimiento del orden público, el proyecto para entonces ha quedado pendiente; espero y confío en el señor Jefe del Comando Conjunto, que también fue mi alumno en el Instituto Nacional de Guerra, que sabrá ser muy sabio y crear un batallón de policía militar, capacitado en mantenimiento de orden público y que aplique la fuerza y no la violencia.

Si las FF.AA. por disposición del Ejecutivo tienen que realizar tareas policiales, tienen que estudiar y prepararse en un tema tan difícil y complicado como es la seguridad pública, ejemplo el caso Dayuma o de la Universidad Católica de Guayaquil. En Dayuma las FF.AA. entraron a este poblado, hubo violación de derechos humanos y después la Asamblea Constituyente tuvo que pedir disculpas una amnistía.

Las FF.AA. según el proyecto nuevo, tienen una misión específica, defender a la patria de enemigos internos y externos, por Dios no se deben utilizar a las FF.AA. en labores policiales; la Policía Nacional es la única que puede ejercer poderes de policía, es decir detención, arresto y uso progresivo de la fuerza, lamentablemente el proyecto no habla de las policías municipales y su rol en la comunidad. Yo presenté un proyecto a la Asamblea Constituyente que no le pararon balón, pero nosotros tenemos como 5.000 policías municipales, esos policías pueden ser los mejores policías comunitarios, porque ellos están cerca al trolebús, a la población, ellos podían atender robos menores, pero los asambleístas no creyeron conveniente y le dieron la potestad única a la Policía Nacional.

La Policía Nacional debería poner más énfasis en los principios internacionales del éxito de un cuerpo policial, dejar de pensar que el equipamiento es la única solución, las máquinas no piensan, señores que sacan con un patrullero 2008, blindado, con cámara de video, con computadora, si el cabo Margarito no sabe ni leer ni escribir, en vez de poner Jorge Washington tendrá que irse hasta la calle Carrión, porque no va a poder escribir; lo siento pero esa es la verdad. Si no tenemos una buena capacitación, para que queremos equipamiento, necesitamos un entrenamiento y una formación de primera categoría.

Hay que tratar de quitarle su doctrina a las ideas militares y convertirse en una verdadera policía civil, lista a servir y proteger a la comunidad, creo que se están dando pasos positivos en este ámbito, tengo que reconocerlo abiertamente y he dicho en los medios de comunicación que me han invitado.

Es conveniente mejorar el sistema de investigación sobre el uso de la fuerza, especialmente con armas letales. Un estudio señala que matar gusta y peor cuando el funcionario encargado de hacer cumplir la ley cree que ayuda a la comunidad matando delincuentes, yo quisiera hacer un estudio y ver cuál es el policía que más delincuentes ha matado, estoy seguro que cuando haga el estudio voy a encontrar algún policía que tiene 30 o 50 muertes a su haber.

Todos los ciudadanos no pueden ser tratados como infractores, esos son los problemas de la policía ecuatoriana, a usted se le acerca un señor policía, va en su vehículo y le dice algo prepotente: licencia y matrícula; entonces no se puede tratar a todos los ciudadanos como infractores. Hay que tratar de subsanar el olvido de los asambleístas respecto a que las Fuerzas Armadas estudien el derecho humanitario, eso es gravísimo para las FF.AA., cómo los señores asambleístas de izquierda y derecha se olvidaron que el derecho internacional humanitario es el derecho de las FF.AA., eso no puede ocurrir ni en el país de condorito (Cómic peruano). Solo la integración del derecho humanitario, los derechos humanos, la doctrina militar y policial, logrará el cambio de actitud de sus miembros. Hace falta la decisión política del Ejecutivo por dictar las directivas necesarias para el proceso de integración y un programa a mediano y largo plazo serio.

Es muy positivo que el Gobierno Nacional apoye con un plan de 320 millones de dólares a la policía nacional, ningún gobierno había apoyado tanto a la policía como lo ha hecho el gobierno del presidente Rafael Correa, pero qué es lo negativo, que el plan señala que solo se destina el 2 por ciento de los 320 millones para la formación y especialización de la policía, el resto es para equipamiento y construcción de edificios, o sea que los edificios piensan solos, los patrulleros piensan solos, las armas también piensan solas, y los chalecos igual, porqué no crear centros educativos excelentes para los pobres señores policías; porqué no pensar en su bienestar social, se dedica la mayor parte del presupuesto, a equipamiento, cuarteles, armas, patrulleros; solo el entrenamiento constante permitirá profesionalizar a la policía.

Igualmente, el programa que apoya a la policía, contempla la entrega del 5% para el bienestar social, el rubro es bajo, si el policía no está bien consigo mismo, con su familia, con sus padres, con la sociedad, no tendrá una vida digna como ser humano, él no puede salir a las calles a servir y proteger a la comunidad y ser amigo del ciudadano, el va a salir a desquitarse con el ciudadano. Este plan tan importante debería ser revisado. El 2% es una burla para la policía nacional, el rubro debería ascender al 20%, no perdamos esta oportunidad histórica para mejorar nuestra querida Policía Nacional. Gracias.


FORO PÚBLICO:

PREGUNTA 1. Santiago Arguello, Defensor Adjunto Segundo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (foto). Quisiera hacer eventualmente una observación bastante general, desde mi propio criterio de defensor de los derechos humanos. Cuando pensamos en el Estado ecuatoriano, lo primero que hacemos es buscar el mandato constitucional que hoy está a punto de ser cambiado, tiene algunas disposiciones que no voy a repetir de memoria, y que no voy a repetir esta vez, el Artículo 2, 3,16 y 18. Estos artículos constitucionales interpretan la realidad, y en esa realidad el Ecuador que es un país democrático y de derecho que tiene determinadas características, como respetar y hacer respetar los derechos fundamentales, que determina esta Constitución.

Cuando usted está en la parte medular de cualquier constitución del mundo, usted va a encontrar los principios fundamentales que inspiran el conjunto de una carta política y el conjunto de la carta política ecuatoriana que se reitera en la nueva propuesta constitucional, creo que con un poco menos de fuerza, aunque con un poco más de retórica, está el hecho de que el país mismo tiene esa función, entonces yo llego a la exageración, para muchos es eso: el Estado ecuatoriano existe para cumplir los derechos humanos, no es al revés y en ese Estado ecuatoriano existimos personas que usan uniforme y otras personas que no usamos uniforme, pero que por igual que el Ministerio de Agricultura, igual que yo que trabajo en la Defensoría del Pueblo, todos estamos marcados por este principio, el principio de la formación Lcdo. Camacho. Cuando está incorporado en la piel de los ciudadanos, cuando se escribe en la piel de los ciudadanos, debe marcar el comportamiento de todos los seres humanos y de todas las instituciones, incluidas las instituciones uniformadas, por lo tanto, si en la Constitución de la República, la educación nacional está inspirada en los principios de DD.HH. y esto debería permitir la palabra que usted utilizaba, transversalizar esta formación, entonces todos los ciudadanos y todas las instituciones nacen y se constituyen para que exista un país democrático, respetuoso de la dignidad humana, eso es lo que son los derechos humanos.

Concluyo con esto, hace varios años, gracias a un acuerdo con una de las instituciones que había recibido dinero de una embajada, creo que era de la embajada inglesa, me pidieron como consultor que construyera un sueño y ese sencillo sueño era buscar algunos principios, algunos elementos que permitieran realizar un país con una policía inscrita en una sociedad democrática, yo venía de la experiencia centroamericana y cuando empezábamos a recobrar la cordura después de 36 años de guerra, uno de los elementos fundamentales del proceso fue exactamente ayudar a esos países a construir policías democráticas, en una sociedad democrática, una de las primeras frases que yo puse en el documento, que por supuesto que fue rechazado por el alto mando de la institución policial, fue que esa institución estaba estrictamente marcada por el principio constitucional, es decir que cada vez que yo preguntaba a mis alumnos cuál es la función de la institución en la que usted se encuentra, y me respondían seguridad y orden público, ellos se estaban olvidando del antecedente, entonces les hacía la corrección, la institución policial como otras instituciones del Estado, están marcadas por el principio de existencia del Estado, ese principio es el respeto de la dignidad, ahí es cuando cambian los pénsum de estudios, ahí es cuando empezamos a incorporar no solo a la policía, sino todos los ciudadanos, el criterio de que los derechos humanos existen cuando se escriben en la piel de los ciudadanos.

Respuesta Camacho: Gracias por sus palabras, quiero darle una buena noticia, su trabajo en Centroamérica no ha sido infértil, en Nicaragua la mejor policía de Centroamérica es esa, una policía bastante respetuosa de los derechos humanos, y Nicaragua es uno de los países más seguros, pese a la pobreza.


PREGUNTA 2. Creo que para que no haya delincuencia y descalabro de la sociedad civil, los civiles no tienen que ir al cuartel, para que no descivilicen, con una actitud machista, racista, de xenofobia, con la desmoralización de la cultura de los jóvenes que van a los cuarteles, y es ahí donde comienza la delincuencia, porque, ¿qué le hacen a un conscripto? Delincuente. Aparentemente salen con la frase honor y lealtad, pero ¿lealtad a qué?, lealtad a defender los bienes mal habidos de la clase criminal, ladrona, asesina, mentirosa, corrupta que nos gobiernan al mundo entero. Si no hubiera clases sociales no necesitaríamos de policías, ni siquiera de curas, ni de catequistas, porque el ser humano estuviera absolutamente bien formado en su moral y en su respeto a las demás personas. Es bueno que nosotros entendamos que mientras estemos dominados por una sociedad capitalista, al policía le pueden decir montón de maravillas, le pueden quitar todas las armas, pero solo el hecho de su actitud, ya es una violencia contra la sociedad y si estamos en este salón tratando de descubrir todas las anomalías que cometieron, para qué entonces se habla de disciplina, porqué los militares, policías y otros más asesinan, porqué ellos están capacitados para defender los bienes mal habidos, por eso yo le pregunto al Sr. Camacho, del cual para mi la exposición estuvo bastante agridulce, porque defiende a los policías, yo les pregunto a ambos expositores ¿comparten ustedes esta realidad?

Respuesta Palmieri: Las violaciones de los derechos humanos y el trato desigual de la policía en la práctica tienen que ver con la desigualdad de esta sociedad capitalista, en realidad que cuando uno piensa en eso, en civilizarla y democratizarla, es en los márgenes de esa sociedad, no estaría seguro si una sociedad con otro orden social, está sin policía, seguro, tendría otro modelo de policía. Por lo menos en mi presentación en los márgenes de los desafíos que plantea democratizar una policía en una sociedad desigual, que explota a sus habitantes y donde la distribución de la riqueza es desigual, entonces como se administra la violencia estatal en ese lugar. La mayoría de los estados en que vivimos como que hay distintas maneras de pasarla y mientras uno prepara o espera una revolución también tiene diferentes maneras de cómo se administra eso, acá hay muchos problemas de la seguridad, de la violencia estatal, que tienen que ver con el orden social, injusto, en la sociedad en la que vivimos.

Respuesta Camacho: Si en el Ecuador, o en cualquier país del mundo, existiría trabajo, buenos salarios, una inflación del 5 por ciento, un producto interno bruto alto, no sería necesaria la policía; pero en un país como el Ecuador, con un subempleo altísimo, con una inflación del 10%, en donde la población se desespera y migra, muere en los barcos tratando de buscar una nueva vida, cruzando por Centroamérica, por México, lastimosamente yo he visitado a los ecuatorianos detenidos en México, en los campos migratorios, se dice que los norteamericanos son malas personas los de la migración, hay que ver a los compañeros mexicanos como tratan a los compañeros sudamericanos, ahí es un problema, no tanto de la policía sino de que no existen fuentes de trabajo, ese es mi concepto personal.


PREGUNTA 3. Mi pregunta para el Lcdo. Camacho ¿hay alguna selección, algún mecanismo, previo al ingreso a las filas policiales, en el campo de los derechos humanos?

Respuesta Camacho: Tengo que reconocer que el señor Comandante General de Policía, Jaime Hurtado Vaca, y su Estado Mayor, han tomado muy buenas decisiones en los últimos tiempos, y no estoy defendiendo a la PN pero hay que recatar algunos hechos como el retirar el Mí de la policía o retirar el camuflaje; igual, el decir que los policías rasos deben tener primero y segundo año de universidad, para ser policía raso es un gran avance; para ser cadete o sea aspirante a oficial, cuatro años de universidad, el subir a 21 años la edad para ser policía raso; porque por ejemplo antes un subteniente salía de 22 años, un muchacho de esa edad con poderes de policía, detención, arresto, uso progresivo de la fuerza y armas de fuego, iba recién graduado al primer bar, se tomaba los tragos y pegaba los tiros como cowboy, ahora ya el muchacho va a entrar de 22 años, más tres años de estudio va a ser 25, va a tener mejor formación. La Nueva Constitución habla sobre que los señores policías deben estar preparados en DD.HH., yo envié varias cartas como ciudadano común a los asambleístas de Montecristi y nunca me contestó nadie, salvo la asambleísta doctora Ximena Bohórquez; pedí que me inviten, inclusive yo me iba a pagar los pasajes aéreos, haciendo una ahorro familiar, y no les interesó a los señores asambleístas el tema de la seguridad pública. Iba a ir más allá, les iba a explicar lo que es el proceso de integración de los derechos humanos en la doctrina policial, eso iba a revolucionar la constitución ya que quieren cambiar tanto, porque no revolucionamos el tema de los derechos humanos, así que creo que si ha habido muchos aciertos en el tema policial, pero falta mucho por hacer todavía.


PREGUNTA 4. Yo (Miguél Félix García) tuve un caso muy peculiar en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, había un Comandante General que era el general Jorge Andrade Cevallos, fue el que cometió una serie de asesinatos en contra de mi hermano, pero resulta que ese general sale de la plaza y nombran a otro Luis Salvador Jaramillo, y sin ser parte de este crimen, se adhiere, de igual manera el otro general Alfredo Chacón. Les pregunto a los dos: ¿cuál es la realidad del famoso espíritu de cuerpo, es totalmente recto que una persona defienda la verticalidad, la honestidad, el recato o es prácticamente equivocado, pelear o tratar de defender a un ser humano que lo han asesinado, probado dentro de la misma institución, y estos generales que no eran parte de este asesinato, cruel, porque se lo había torturado; se adhieren al caso de una manera transparente como que si ellos hubieran estado presentes?

Respuesta Palmieri: Sobre los avances más importantes en temas de derechos humanos, algunas tuvieron que ver con esa destrucción del espíritu de cuerpo de algunos policías, pero los temas entraron en conflicto, había que tener alguna posición. Eso del espíritu de cuerpo no se da, esa es una cuestión de complicidad de los valores, que una fuerza de seguridad corporativa sostiene y que son casi unánimes. Eso es complicado o sea formar fuerzas de seguridad con un solo principio, donde ese principio no tiene ninguna capacidad de ser debatido como no puede aplicarse de esta manera o de la otra, genera una concepción muy fuerte de que los que está haciendo es que lo hacen entre todos y se defiende, además de la cuestión material, eso lo aseguran con los reglamentos internos, es de cuestión cultural, cuestión de derechos humanos, en el mismo punto, en el mismo sentido. En general tienen espíritu de cuerpo estas cuestiones que defienden en forma unánime los puntos nucleares, y otro dato importante, lo material, además de impedir el debate, es cuestión de sanciones de aquellos que piensan diferente, proponen otras cosas, tienen otra visión política. Me pareció interesante cuando Camacho hablaba sobre el tema de policías, porque es común que nos hagan a todos, uno habla y piensa pero voy a seguir trabajando, si uno estuviera entre maestros, uno sabe qué posición tiene uno, otro, quienes son, qué grupo representan las ideas, quienes en algún momento son más hegemónicos, otros no, estas posiciones deben existir, porque hay momento en que gana una posición. Lo que pasa es que acá es una cuestión oscurantista y ningún policía va a decir nosotros estamos en contra de los derechos humanos, claro que si hay muchos que están en contra, que cuando uno les habla dicen que es una porquería, no sirve para nada, así no se puede trabajar, pero uno no puede escuchar un discurso público con eso, en algunos países si se puede escuchar en contra de los derechos humanos, cuando uno analiza o hace investigaciones, qué proyectos administrativos avanzan y cuáles no, todas los que son quejas de ciudadanos, el jefe es suficiente testigo para un subordinado. Hay un montón de mecanismos que describen distintas investigaciones sobre como se arma el espíritu de cuerpo, democratizar la policía también es desarmar esos mecanismos de disciplina, de sanciones, etc.

Respuesta Camacho: Apoyando lo que dice el profesor, yo tendría que decir que hay cosas muy positivas en la policía, pero también hay cosas negativas que debe mejorar la policía ecuatoriana, y les había manifestado que el nivel de depuración de malos elementos anualmente está entre el 0.3 y el 0.5 % cuando sabemos la mayoría de los ecuatorianos y posiblemente el nivel de de corrupción de malos elementos estaría entre el 15 y el 20% de la policía ecuatoriana y entonces me he referido y he dicho que los organismos verticales y disciplinados como son la fuerza pública y la FF.AA., deben entender algunos conceptos fundamentales: si la policía no tiene ética, no va a ningún lado, porque, se le puede dar el mejor patrullero, el mejor salario, pero si el policía no tiene capacitación, no tiene ética, no tiene valores; si el policía no está bien consigo mismo, con su familia, con sus hijos, ese señor como va a salir a proteger y a servir, lo que él sale es a patear al primero que encuentra.


PREGUNTA 5. Antes que una pregunta, reflexionando y siguiendo lo que Santiago (Arguello) mencionaba, agregaría que los derechos humanos deben ser entendidos cuando nos ponemos en la piel del otro, es reflexionar sobre el rol y los desafíos que tiene la policía, sobre todo sin olvidar, que más allá de un uniforme, unas botas, un casco, un fusil, son seres humanos y muy bien lo señaló el Lcdo. Camacho en el sentido de que desgraciadamente, la lógica inentendible de los cuarteles no solamente de Ecuador sino del mundo, hace precisamente que sean los policías quienes sean torturados en los cuarteles, son las primeras víctimas del sistema, creo que es necesario destacar eso, los policías también desgraciadamente, las FF.AA., son víctimas del sistema, lo que lleva a ese círculo vicioso de violencia. Mi pregunta dirigida al Lcdo. Camacho, en el sentido de ¿cómo la justicia transicional puede interactuar de manera positiva con el derecho internacional humanitario, sobre todo debe ir más allá al tema de la reconciliación nacional?

Respuesta Camacho: El DIH es un derecho para las Fuerzas Armadas, es un derecho que se aplica solo en conflictos armados internacionales o en conflictos armados internos, entonces en el Ecuador nunca hemos tenido un conflicto armado interno, cuando hubo la época de Alfaro Vive, el mejor momento del año 87, lo que se dio fue una situación de un pequeño disturbio interno, sin hacer de menos al grupo AVC, pero no fue un conflicto interno, lo que siempre se ha aplicado fueron los derechos humanos, por eso señalaba que es importante las sanciones, yo le ponía en el cuarto nivel, tenemos una policía con ética, capacitada, entrenada, equipada, pero una policía que tenga claramente las reglas de fuego: o eres buen policía, se te premia, si eres mal policía aquí están las sanciones, estas son las sanciones claras que vas a tener, aquí no hay falsos espíritus de cuerpo como decía el colega, hablar de la época del general Andrade es hablar de hace 20 años, del capitán Jhon Maldonado, inclusive cuando se le quiebre la voz cuando entró al Batallón del Grupo de Inteligencia en Quito , donde fue torturado hace creo 20 años; eso da cuenta de que el espíritu de cuerpo se ha ido disminuyendo, creo que continúa un poco en la fuerza pública, pero en las nuevas generaciones de militares con las que he tenido el honor de colaborar en su formación, creo que son gentes con nuevas visiones.


PREGUNTA 6. Dolores Guerra. Porqué existe dentro de la institución policial el fuero policial, porqué ese fuero policial se termina convirtiendo en una cuestión que cubre a muchos miembros de esa institución que cometen delitos y que tendrían que ser separados de la institución y tendrían que ser juzgados y sentenciados por la justicia ordinaria. En el caso Fybeca, que incursionaron 21 policías más un ex agente infiltrado, que no tenía que ver en el asunto, pero sin embargo sale en una fotografía (foto a la izquierda de la marcha, tomada el 20 de noviembre del 2003, por el fotógrafo Martín Herrera de diario El Universo) que es el hombre que se lleva a mi esposo (Jhonny Gómez Balda), y ahí está el mayor González (Eduardo) que es uno de los policías de élite, pero claro lo digo públicamente, un policía entrenado para matar. Entonces ¿porqué ese fuero policial los cubre, lo sobreseyeron, dentro del IV Distrito a ellos se les siguió un juicio, sin embargo estuvieron 6 meses presos, y a los 6 meses fueron sobreseídos, porqué por el famoso fuero policial?

Respuesta Camacho: Pienso que el caso Fybeca ha sido uno de los casos más vergonzosos que ha tenido la Policía Nacional así como ha tenido excelentes operativos y es una institución muy prestigiosa, creo que el caso Fybeca dañó mucho su imagen como fue el caso Restrepo. Toda la sociedad ecuatoriana se dio cuenta de todos los errores que se cometieron en ese caso, concretamente creo que el fuero policial mal llevado, puede convertirse en cómplice de impunidad para los malos elementos, pero pienso que la policía ha reflexionado y creo que no se volvería a repetir hoy por hoy un caso Fybeca.

Réplica de Dolores Guerra: Me parece muy bien su punto de vista y le agradezco, porque yo siempre vivo mencionando, que a mi me duele la maldad de los malos, pero mucho más me duele la indiferencia de gente buena, lo que usted está mostrando siendo parte de una institución, que es una persona racional y se pone en el dolor nuestro, pero esos mismos 21 policías siguen en las filas policiales cosa que sigue dañando la imagen y como ellos cuántos más han habido y seguirán habiendo, y sin embargo ellos dicen que no tienen nada que ver, y así hay muchos casos más, que dicen que no han hecho nada, los inocentes son los vivos y los muertos son los asesinos.

Respuesta Camacho: Usted tendría que agotar las instancias nacionales y al ver que en el Ecuador no se hace justicia, usted como persona natural, tiene todo el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentar su caso ante la Comisión en Washington, la comisión se demorará en estudiar seis meses a dos años, el caso pasará a la Corte Interamericana, y si usted tiene la razón como yo conozco su caso a profundidad, sé que se cometieron gravísimos errores y la Corte Interamericana estoy casi seguro que fallará en contra de algunos elementos de la Policía Nacional y en este caso contra el estado ecuatoriano y usted ganará ese juicio. Le aconsejo que usted agote todas las instancias nacionales e inmediatamente consiga un excelente abogado, hay varios abogados especialistas en el tema internacional, presente su caso ante la Comisión Interamericana, eso pasará a la Corte y usted en tres años le ganará al Estado ecuatoriano, no por dinero, porque la Corte no es que regala millones de dólares, da algunos miles de dólares para tratar de resarcir ese daño moral y psicológico que le debe haber causado la pérdida de su ser querido. No trabajo para la policía, solo soy un simple profesor que gana 20 dólares la hora.


PREGUNTA 7. Eduardo Khalifé. Quería recordar algunas de las cosas que se han dicho, si las he entendido correctamente para derivar en una pregunta. Me quedó sonando algo que dijo el profesor Gustavo Palmieri, respecto a que el problema es que la seguridad se diseña como una necesidad permanente de declarar estados de excepción y eso pone cíclicamente en cuestión la vigencia de los derechos y de los mecanismos democráticos, por lo que usted decía, la misma democracia termina siendo percibida como un obstáculo para las doctrinas de seguridad. En momentos de conflicto, los activistas de derechos humanos, en el Ecuador terminan siendo percibidos ya no solo como límites sino como enemigos de las políticas de seguridad, la pregunta es ¿qué hacer para trasponer la distancia que impide que la sociedad civil se imponga, usted hablaba de crear sistemas de control político sobre las policías, básicamente a través de los sistemas policiales, pero además hablaba de una policía democrática, cómo llevar la democracia a la policía, cómo penetrar los muros de resistencia, construidos durante tantos años, y comenzar a hablar con un mismo lenguaje entre la sociedad civil y los organismos de seguridad?

Respuesta Palmieri: Una cuestión fundamental para nuestras sociedades, en el tema de cómo evitar en cuestiones de estados de excepción, es entender que estos conflictos tienen que ver con las estructuras de nuestras sociedades, entonces hay que encontrar ciertas formas de canalizarlo. Se habían planteado, manifestaciones, pero también es una cuestión del orden social, en sociedades desiguales como la nuestra, en donde hay gravísimas vulneraciones de todos sus derechos que hagan manifestaciones, protestas, es parte de sí, porque no tienen otro mecanismo de acceso al Estado y tiene que se concebido como parte de la democracia, esto no significa que la manifestación tiene que ir y linchar a alguien, a un policía, no diría esto, por eso digo hay maneras de expresar la necesidad de un nuevo orden, donde se puede plantear eso como una parte de una convivencia democrática.

Hay por ejemplo en Chile, en cualquier manifestación, en que reivindica valores que no tienen que ver con la constitución chilena, son tomadas por la ley terrorista o antiterrorista, hay modos de procesar ese tipo de manifestaciones. Más que el Estado de sitio, hoy nos preocupa en el tema de seguridad, estos modos de colarse en los estados de excepción. En las instituciones policiales va a ser una carrera, como un camino muy largo, por tradición, por cómo nacieron, romper esas barreras es muy difícil, por cómo se generaron.

Hay, por ejemplo, diferencias fundamentales, entre las policías que llaman del primer mundo en algunos países de la región, qué se les fija la agenda. Es muy común que el grueso de las instituciones policiales de países desarrollados se les dice lo que tienen que hacer, son órdenes políticas, eso genera una gran separación entre el Estado y la sociedad civil, porque se entiende que ese aparato del estado no tiene que cumplir eso. Algunos policías se enojan mucho cuando uno piensa que es un servicio público, hay diferencia.

Aquí planteaban el fuero policial, en Argentina existió durante un tiempo, no ahora, pero si existe el estado policial y es una situación de obligaciones y derechos diferentes a otras profesiones, uno es policía durante todo el día, cierto, y eso que está bueno acá implica una serie de obligaciones y derechos, no es que en todas las policías del mundo pasa eso, en otras hay el estado penitenciario, si hablamos de esa forma. Uno puede definir una meta con una policía democrática, una policía más local, una policía con otros controles.

Tengamos en cuenta que muchos funcionarios públicos tienen una supervisión de la sociedad civil que un policía no tiene, y el policía tiene muchas más capacidades debido al manejo de la vida cotidiana que otros funcionarios. En otros países, al jefe de policía se lo contrata entre otras personas, son jefes que saben hacer de policías, hay una visión diferente, acá es una separación enorme de cómo concebirlos, pero desarmar eso que está muy enquistado es difícil así como no respetar los derechos de las personas de distintas poblaciones, y la policía no las crea, trabaja sobre las que existen, claro que algunas políticas de seguridad las profundizan y otras tratan de compensarlas, y algunas policías tienen en cuenta esa desigualdad para compensarlas y otras policías al contrario, las acrecientan.

Hay además cosas que uno piensa para políticas europeas, otro contexto que en el nuestro no funciona, las policías tratan mal a los inmigrantes en Europa, dicen vamos a hacer una policía que esté compuesta por un porcentaje importante de esos emigrantes para que tengan simpatía con esos actores. La mayoría de los oficiales son de sectores pobres que tratan mal a los sectores pobre, se forma adentro, en muchos casos se tiene que ver con formas de separarse de esos actores, con el modo de entrar, o sea de ingresar al sector policial, y eso es complicado. Hubo un policía que quiso democratizar, modificar la policía para ver las dificultades, yo le decía estoy democratizando también me interesa incluir derechos humanos, el cómo tratar algunos grupos, estaba con el tema de minorías sexuales, pero en esa democratización están todos militarizados, todos caminan, marchan. Decían entonces: estas personas ingresaron pensando en la anterior policía, además hoy tienen que llevarse bien con los homosexuales y no quieren marchar, entonces para qué vinieron. Cuando uno entra a la policía, qué está pensando, cuál es su ideología, debe entrar con esa mentalidad y vocación.


PREGUNTA 8. Usted aseveró que el Estado no debe ser responsable cuando uno sale a manifestar sus desacuerdos, sobre los efectos de la reacción de la policía, es correcta esa apreciación, me podría ampliar un poco más o estoy equivocado.

Respuesta Palmieri: Quise poner un ejemplo práctico, en términos de las diferentes concepciones de seguridad y de derechos, en muchos casos. Un ejemplo concreto: ir a una manifestación era que uno aceptaba el riesgo de que le podrían llegar a pegar y entonces cada vez que había conflictos, lo único que justificaba la policía era diciendo que no mataron a nadie, ni pusimos infiltrados, o sea nosotros no tenemos nada que ver; pero claro en las manifestaciones había como reglas que se ponían en reuniones y todo eso era antidemocrático; entonces no importa que la marcha sea pacífica, al tercer aviso se va a entender como sedición y se va a desarmar.




















En Argentina, hace 6 años, se prohibió el uso de las armas de fuego para las fuerzas de seguridad que controlan las manifestaciones, porque se entiende que no pueden utilizarlas y eso implica todo un protocolo del uso de la fuerza, que al mismo tiempo adoptó la Comisión Interamericana muy diferente, ese protocolo es para el policía que está en contacto con los manifestantes y para el jefe de policía es un protocolo diferente pues él tiene la obligación de controlar que no haya uniformado armado. Ahora, por ejemplo, le están juzgando al ex presidente Fernando de la Rúa, no por haber sido el responsable de ordenar las muertes de personas en una manifestación, sino porque al enterarse de que hubo muertes allí, no hizo nada para prevenir que no hubiera otras.


PREGUNTA 9. ¿Esa ley es solo para Argentina?

Respuesta Palmieri: Que yo sepa, solo está en mi país, no hay ningún tratado internacional de grandes manifestaciones que no puedan usarse armas en manifestaciones; algunas de las policías provinciales, prohíben usar gases lacrimógenos con revólver, tienen que lanzarlo con la mano, también hay todas unas cuestiones planteadas en el protocolo para protección de los mismos policías: no es lo mismo un policía que está armado y como se protege, y un policía que no está armado, también en los protocolos de protección, ya que no es fácil entrar en una manifestación y tener que ordenarla, con un montón de recursos. En Argentina está más desarrollada esa regulación, en el último informe de la CIDH hay una resolución, por ejemplo en Bolivia en algunos casos de violencia, en Perú talvez, pero a nivel latinoamericano esa reglamentación no existe.

Respuesta Camacho: Para complementar su exposición, me parece magnífico que Argentina tenga esa legislación interna. Contestando la pregunta, debo manifestar que existen los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego emitido por Naciones Unidas en 1979, su Principio 14 dice exactamente: “en manifestaciones públicas no se utilizarán armas de fuego”, lo malo es que es una declaración, no es un Convenio, ni un Tratado, son los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego, y pueden ingresar para mayor información a la página Web de la ONU 1979.


MODERADOR: Mil gracias a los exponentes, mañana continuarán las conferencias.


FIN DEL PRIMER DÍA DE LA CONFERENCIA
INSTALACIÓN DE LA CONFERENCIA (2do día)
Jueves, 11 de septiembre, 09h00
CONFERENCIA
“EL SISTEMA INTERAMERICANO Y LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD”
Conferencista: Luz Patricia Mejía de Venezuela (CIDH)
Moderador: Lic. Eduardo khalifé
Foro: 20 minutos





















MODERADOR: La doctora Luz Patricia Mejía es venezolana, primera Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela, trabajó en la Defensoría del Pueblo de ese país, ocupando el cargo de Directora de Recursos Judiciales y posteriormente Directora General de Servicios Jurídicos, estuvo a cargo de la ejecución del programa de defensa en el programa educación-acción de derechos humanos de Venezuela, se desempeñó como abogada en la Asociación de Mujeres para la ayuda recíproca, abogada en la organización ciudadana acción contra el SIDA, co-redactora de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, ha publicado investigaciones y artículos especializados y presentado en cursos y seminarios. Actualmente es relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Ecuador.

Damos la bienvenida a la Dra. Mejía, ella expondrá sobre “El Sistema Interamericano y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”.

Luz Patricia Mejía: Para la CIDH es un placer visitar Ecuador y en mi condición de relatora espero que esta invitación sea un primer acercamiento de familiares de víctimas de violación de derechos humanos, autoridades, organizaciones y demás compañeros que trabajan en el tema. Estoy muy contenta de estar aquí para tratar algunos temas que generan algunos retos y desafíos en el continente.

Me habían invitado para hablar de imprescriptibilidad y sin embargo yo he querido titular mi ponencia como “Mecanismos de Impunidad en el Continente” y como estos mecanismos de impunidad, jurídicos o legales, han ido siendo desmontados por el Sistema Interamericano de DD.HH. Lo primero que quisiera aclarar es que este sistema es subsidiario de protección de defensa de los DD.HH. conformado por dos organismos principales, la CIDH y la Corte Interamericana de derechos humanos.

Aclaro que es un mecanismo subsidiario porque varias de las personas con las que me he encontrado en este encuentro internacional, me han planteado sus denuncias y creo que vale la pena aclarar que si bien es importante que ustedes agoten los recursos internos, y no solo los recursos legales que existen, sino también las posibilidades que brindan la Comisión de la Verdad , también es cierto que la normativa interamericana que nos rige, permite que ustedes acudan a la CIDH cuando los procesos internos que se dan en su país de origen, en este caso el Ecuador, han transcurrido en un tiempo que lo convierte irrazonable al sistema de administración de justicia local; eso significa que algunos de los casos que me han planteado podrían ser conocidos por el sistema por la CIDH y no solo para darles trámite sino que la experiencia nos habla que una vez que la CIDH conoce un caso y le pide información a los Estados, estos activan su propio sistema de administración de justicia, para dar respuesta a nivel interno de los casos que son conocidos o que son llevados al sistema internacional.

Señalo esto porque creo que es importante que ustedes manejen la necesidad de fortalecer el sistema de administración de justicia interna, la existencia de organismos internacionales de protección es vital para fortalecer el sistema no para debilitarlo, y en la medida que ustedes participen desde esa perspectiva, nosotros estamos convencidos de que lograremos sistemas democráticos y justos en la administración de todos los Estados que son parte, no solo de la convención interamericana sino de la Organización de Estados Americanos (OEA).

No quisiera ser muy detallada en la especificidad del tema técnico sino quisiera tener más de una conversación que les permita entender a ustedes el funcionamiento del sistema y como el sistema podría ayudar, fortalecer y podría empoderar también el trabajo de víctimas, activistas, familiares y por supuesto comisiones de la verdad que buscan restituir o reconstruir la memoria histórica de nuestros pueblos.


Mecanismos de Impunidad en el Continente

Desde hace más de 20 años el Sistema Interamericano de Protección de los DD.HH. ha venido preocupándose y alertando a los Estados que son parte en la convención sobre derechos humanos, de lo inadecuado e incompatible, con las obligaciones adquiridas en el mundo internacional de los derechos humanos, de subterfugios jurídicos como mecanismos de impunidad en nuestro continente. En la mayoría de los casos, leyes de amnistía, de caducidad, leyes de protección especial, como el fuero militar ante juicios de mérito, prescripción de causas y otras formas jurídicas dieron vida en nuestro continente a infames mecanismos de impunidad que trataron de ocultar la verdad de grandes violaciones de derechos humanos.

Los pueblos de países, como Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador y Guatemala, por mencionar algunos, han sido víctimas de estas prácticas que trataron de ocultar la verdad en algunos casos y en otros trataron de sanar heridas de una manera infame. Largas dictaduras, gobiernos autoritarios con visos de legalidad, democracias vitrinas y en muchos lados sociedades cómplices de la barbarie, permitieron que proliferaran en nuestro continente distintos tipos de mecanismo que garantizaban impunidad y ocultaban el dolor de nuestros pueblos.

En este marco, grupos organizados, víctimas, familiares, activistas de derechos humanos y comisiones de la verdad, se negaron a aceptar esta realidad, y tanto en sede nacional como en sede internacional han llevado una lucha constante y persistente, por reconstruir esa memoria histórica. Estos mecanismos que se usaron para ocultar, invisibilizar y entorpecer para hacer justicia del derecho a la verdad de muchas de las víctimas de este continente, trajo como consecuencia que organismos internacionales empezaran a conocer estas situaciones y lograron pronunciamientos efectivos que hoy en día han cambiado la dinámica de nuestras propias democracias.

Presentare algunos aspectos relevantes de la evolución de estos conceptos en el Sistema Interamericano. Cuando hablo de mecanismos, amplío el concepto de imprescriptibilidad para el cual fui invitada, porque vamos a ver como a lo largo de estos 20 años donde la CIDH y el Sistema han ido construyendo una doctrina pacífica sobre estos temas. Encontramos que no solo la imprescriptibilidad, de la cual hablaremos más adelante, fue un mecanismo sino que por el contrario, el mecanismo empezó a institucionalizarse a través de leyes y decretos emanados por órganos públicos. El primer informe que nosotros analizamos donde empezamos a determinar, que en efecto habían situaciones legales o con visos de legalidad, que lo que pretendían era ocultar la verdad y no sancionar a culpables de grandes violaciones de derechos humanos en 1985, con el informe sobre la situación de derechos humanos de Chile.

Este informe llama la atención sobre tres elementos muy importantes, además que hace una narración completa de cual es la situación hasta ese momento con respecto al estado de justicia y de derecho que para ese momento era posterior al golpe de estado por el cual fue instituido el régimen de facto de Augusto Pinochet. El primer elemento por el que se llama la atención es que existe una cantidad de leyes de rango constitucional que modifican la constitución de Chile de 1925, que reduce la capacidad judicial del poder judicial para restituir derechos, para proteger derechos y para garantizar procesos judiciales con las debidas garantías.

Estos decretos y estas leyes que van a sancionarse durante el año 76, afectan de manera importante la capacidad y el derecho de las personas en los procesos judiciales, de allí que la mayoría de personas que resistieron el golpe de estado y al gobierno de facto, fueron investigadas por la cantidad de delitos que o bien no estaban establecidos o bien eran investigados por tribunales militares a los que se les adjudicó la competencia de juzgar civiles. Evidentemente este hecho generó un importante quiebre en el estado de derecho y en esa medida la CIDH señaló que ello significaba la violación por parte del estado chileno de las obligaciones internacionales derivadas no solo de la CIDH sino de la declaración americana de los derechos del hombre, carta institucional que fue declarada por todos los países de la OEA. De tal manera que ya la Comisión empieza a señalar que la promulgación de este tipo de leyes van en contra de la protección y de la vigencia de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos y sobre todo en materia de justicia.

Posteriormente, desde el año 85 al año 92 va a haber un lapso, el tema no es trabajado a profundidad, pero que tiene que ver con el contexto histórico que está sucediendo. En el continente hay un proceso de transición con respecto a las dictaduras del sur, hay elementos que hacen pensar que ha sido superada la crisis de los derechos humanos y que procesos democráticos que se encuentran actualmente en transición van a permitir revertir el orden que se había establecido donde imperaba la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, recibimos los casos de leyes de Argentina, conocimos lo que se llamaban las leyes de obediencia debida, o las leyes de amnistía y leyes de caducidad, pero qué son estas leyes: son leyes que aparecieron en el continente con el objetivo de o no investigar a los funcionarios judiciales o de seguridad que se encontraban inmersos en las graves violaciones de derechos humanos o solicitar sobreseimiento de los casos que existieran en contra de ellos.

En el caso de Argentina, las leyes de obediencia debida además, planteaban que quedaba de pleno derecho suspendido cualquier procedimiento contra funcionarios de seguridad del Estado que en cumplimiento de obediencia debida haya actuado en contra de la ley, de tal manera que esta ley brindaba una protección a todos los funcionarios que habían participado en lo que fue llamado la época del terror, todas las grandes violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, fueron bañadas con un manto de impunidad que permitía esta ley, porque todos los funcionarios que habían participado en este hecho, quedaban absueltos, en la medida, en que se alegaba que habían actuado por órdenes legítimamente dadas en el ejercicio de sus funciones.

Por supuesto que este caso para la CIDH fue sumamente relevante y allí la CIDH empieza a analizar tres elementos fundamentales: en primer lugar, a qué se refiere el Art. 1 de la convención, para los que no lo manejan muy bien: ”la convención americana sobre los derechos humanos, es la constitución y un catálogo de derechos que tienen y que han asumido la mayoría de los países del continente salvo Canadá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago que la denunció, los cuales están obligados a cumplir y hacer cumplir los derechos humanos que están establecidos en este catálogo, además es un catálogo de derechos que deben ser garantizados para los ciudadanos dentro de las jurisdicciones de los Estados que forman parte de la OEA y fundamentalmente es un catálogo de derechos civiles y políticos”.

De tal manera que en el caso de Argentina y de las leyes de obediencia debida, la CIDH empezó a analizar cuál es el cumplimiento o no que está dando Argentina con respecto a dos derechos específicos: el derecho a las garantías judiciales, que es el establecido en el Art. 8.1 y el derecho a la protección judicial. Lo que concluye la comisión es que en la medida que existan leyes que impidan que los ciudadanos, las víctimas, los familiares y aquellas organizaciones que se dedicaran a la defensa de los derechos humanos, no pudieran acudir a los tribunales para solicitar se investigara hechos o graves violaciones a los derechos humanos, eso suponía una franca violación a lo establecido en el Art. 8.1 de la convención americana, y de la misma manera suponía una franca violación al Art. 25 que establece el derecho a la protección judicial y a los recursos efectivos por parte del sistema de administración de justicia. La unión de estos dos derechos traía como consecuencia un tercer elemento, que es que en la convención americana en el Art. 1.1 que establece que los Estados están obligados y se obligan a través de esta convención a respetar y a garantizar los derechos humanos; que significaba esto, que si el Estado argentino estaba obligado a garantizar el derecho a la justicia y el derecho a las garantías judiciales y con la ley de amnistía, evitaba que se investigara y se sancionara a los culpables de estos hechos, evidentemente estaba violando también la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos y en consecuencia las leyes de punto final evidentemente violaban el estado de derecho y en consecuencia las obligaciones internacionales del estado argentino.

Este mismo patrón lo vamos a ver en Uruguay, con la diferencia de que en ese país además, este tipo de normas fue aprobado por un referéndum nacional, donde el pueblo uruguayo determinó que para que el paso de la transición de la dictadura a la democracia fuese más sencillo, se olvidaban todas las causas de violaciones a los derechos humanos. En este mismo año la Comisión Interamericana llamó la atención al estado uruguayo, del mismo modo que lo hizo con el Estado argentino, y refiere que este tipo de leyes supone una franca violación a los deberes y obligaciones establecidos por los estados con respecto a la necesidad de garantizar el derecho a la justicia del pueblo uruguayo.

Después tenemos un brinco de 7 años, para volver a tratar estos temas y en 1999 dos gravísimos casos de El Salvador, casos que fueron muy famosos, vuelven a traer al Sistema Interamericano estos temas: el caso de los jesuitas contra el estado de El Salvador, es la muerte de 6 jesuitas, el uno fue el rector de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, donde un batallón de militares masacró a tiros a seis jesuitas, entre ellos el rector Ignacio Ellacuría, luego el vicerrector, 3 profesores, el director del programa de derechos humanos más famosos del El Salvador, y la señora que les cocinaba con su hija que en ese momento los acompañaba en la residencia (foto, 16 de noviembre de 1989). Estas personas fueron muertas por escuadrones de la muerte, pagadas, subvencionadas y apoyadas por el estado de El Salvador.

Ahora en el marco del procedimiento que se sigue, existen cualquier cantidad de tropelías, de hostigamientos, que evitan que en el marco del derecho interno se pueda llegar a una efectiva evolución en el marco de este procedimiento y en consecuencia a la sanción de los culpables. Dos militares finalmente se establecen como los responsables de esta masacre y una ley de amnistía, que por cierto funcionó 5 días después de la Comisión de la Verdad de El Salvador hace expresas recomendaciones con respecto a este caso, solicitando la investigación profunda y la sanción de los culpables, cinco días después la Asamblea Nacional de El Salvador emite una ley de amnistía donde obliga a que sean sobreseídos todos los procedimientos que se han seguido en contra de funcionarios policiales o militares que han sido señalados como responsables de agravios de violaciones a los derechos humanos. De tal manera que con este caso, El Salvador se pone de nuevo de espaldas al Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y el sistema, en consecuencia, se pronuncia de una manera categórica y enfática señalando lo que ya había señalado en los casos de Uruguay, de Chile y Argentina con respecto a las leyes de amnistía, diciendo que este tipo de leyes violaban de manera flagrante el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial, la obligación general de garantizar y respetar los derechos humanos, pero emite un elemento adicional, que es fundamental, para ustedes que están trabajando este tema y que es absolutamente vigente, y es lo referido el derecho a la verdad.

Por primera vez, entonces, la CIDH habla que existe un derecho conformado por un conjunto de derechos establecidos en la convención que forman a su vez lo que se llama el derecho a la verdad, este es el año 1999. En ese año la CIDH señala que el derecho a la verdad está conformado fundamentalmente por cuatro derechos establecidos en la convención, y esos derechos serán:

1. el derecho a las garantías judiciales,
2. el derecho a la protección judicial,
3. el derecho a la obligación de respetar y garantizar que tienen los estados,
4. el derecho a la información


El análisis que hace la CIDH es el siguiente: las grandes violaciones de los derechos humanos tales como las ejecuciones, las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias, son una grave violación de los derechos humanos, no solo de las víctimas y de sus familiares que han sufrido el impacto de estos hechos sino de la sociedad y la colectividad en general, y estos graves hechos deben ser investigados, y pero además la colectividad para sanar requiere que salga a la luz que fue lo que ocurrió y de allí que la combinación de estos cuatro derechos configuran lo que se ha llamado ya y que es una doctrina pacífica de la CIDH: “el derecho a la verdad” y este derecho por primera vez se señala en 1999 con el caso de los jesuitas.

En el segundo caso donde se señala es en el caso de Monseñor Romero, ustedes recordarán que monseñor Romero también fue ejecutado en El Salvador por parte de miembros de un escuadrón de la muerte y de la misma manera monseñor Romero quien llevaba un altísimo perfil de defensor de los derechos humanos, de ser la persona que en ese momento en ese país estaba siendo bisagra entre los elementos que deseaban la paz y dentro de todas aquellas personas que decían que tenían que salir El Salvador de la situación de violencia que se encontraba, pues monseñor Romero fue asesinado en una madrugada y de manera brutal, por escuadrones de la muerte, y tal como operó en el caso de los jesuitas, el proceso penal nunca fue efectivo ni eficiente ni tenía intenciones de serlo. De allí que de nuevo la CIDH señale que el elemento de investigación, derivado de la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que tienen todos los Estados, en este caso El Salvador, está vinculado también a que la investigación tuviera la intención de rendir frutos efectivos, que para nada servía una investigación que no tenía intención de no rendir esos frutos, por ello señala que en este caso al igual que los casos anteriores, hay una clara violación del derecho a la verdad. En el caso de monseñor Romero los presuntos responsables también habrían sido beneficiados por la ley de amnistía y en consecuencia, se diría como en el caso de los jesuitas, una violación por parte del Estado de El Salvador de los derechos a los que ya he hecho referencia, vinculados a garantías judiciales, protección judicial, obligación de respetar y garantizar y el derecho a la verdad.

Estos son los elementos que van configurando en la CIDH, los primeros grandes pasos y como ustedes verán son relativamente recientes, hace menos de 10 años que estamos hablando del derecho a la verdad, pero que para el impacto en el trabajo de activistas de derechos humanos, de organizaciones, de academias y de fortalecimiento del propio Estado, que han pasado por situaciones graves de violaciones tienen relevancia por la importancia que deriva que el Sistema Interamericano de protección tenga la lupa puesta en estas circunstancias.

Refiero esto porque es importante que ustedes sientan que Ecuador no solo ha vivido esta situación, la mayoría de nuestros países de una u otra manera vivieron situaciones de violaciones a los derechos humanos que para la época no fueron identificadas como graves violaciones a los derechos humanos, o sencillamente no había ni el poder ni la capacidad de reproducir a nivel nacional o internacional la gravedad e estos hechos. Hoy en día se cuenta con un piso sólido de doctrina y de jurisprudencia que nos permite afianzar el trabajo que hacen las organizaciones de cada uno de estos países y creo que incluso, parte de lo valioso de este seminario es que podamos compartir con ustedes lo que están planteado que no es algo aislado, es una realidad que ha existido en el continente, pero se ha avanzado mucho y que esos avances han tenido sus frutos.

Luego de este análisis de la CIDH nos vamos a la Corte Interamericana que es un organismo de carácter contencioso a diferencia de la CIDH que no es un organismo de carácter contencioso, ni jurisdiccional, porque si bien se llevan alegatos y se exponen las partes todos los planteamientos y la comisión en principio trata de llegar a acuerdos o soluciones amistosas tratando de fortalecer el estado de derecho de estos países miembros de la OEA o de la convención, pero cuando las recomendaciones, los casos no llegan a buen término, o no han rendido sus frutos, la comisión tiene la potestad de elevar estos casos a la Corte Interamericana que es un organismo conformado por 7 jueces de diferentes países del continente y ellos si tienen carácter jurisdiccional y sus sentencias son absolutamente obligatorias para los estados que han asumido su competencia, en ese caso Ecuador ha asumido la competencia de la Corte y en ese sentido las decisiones que tome la Corte para el caso de Ecuador son absolutamente vinculantes.

La Corte ya empieza a hablar además de imprescriptibilidad porque va determinando que esta doctrina que ha ido constituyendo la CIDH no es suficiente para ahorrar algunos temas que son de tanta relevancia como lo que ha planteado ya la CIDH, pero que siguen estando en el ambiente de muchos de los estados que forman parte del Sistema Interamericano.

El primer caso que tenemos es el caso Barrios Altos (3 de noviembre de 1992, Perú), es una decisión muy importante, del 2001, este caso fue muy conocido, muy famoso, tenemos 2 invitados peruanos que los conocerán más que nosotros, pero el caso Barrios Altos va a generar una doctrina por demás importante, que es la doctrina de la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a graves violaciones de los derechos humanos. Este caso, es de una zona de Lima, donde se estaba realizando una fiesta, de pronto llegan seis hombres con rostros cubiertos, se bajan de vehículos, que para ese momento, en principio solo le utilizaban organismos del Estado, bajan fuertemente armados, ordenan a todos los miembros de la fiesta que se tumben al suelo, y una vez que están todos en el suelo empiezan a disparar, disparan sin parar, armamento largo durante dos minutos, y por supuesto ocurre una inmensa masacre, que tuvo como resultado 15 muertos y dos heridos que quedaron discapacitados por el resto de su vida.

En el marco de este procedimiento en el caso Barrios Altos, se inicia una investigación que trata de revertir la situación de impunidad que se va armando en el marco o en el seno de los organismos de seguridad que estaban involucrados en este caso, si bien hubo importantes intentos por parte de administradores de justicia en ese momento, lo cierto es que la cantidad de incidencias que recubren el caso hace que en la práctica sea imposible poder identificar a los responsables de este caso. En el derecho interno o en el sistema de administración de justicia interno, se concluye que el caso por la cantidad de infidencias tuvo y por el transcurso de los años que fue investigado, prescribe y con esta prescripción no había la posibilidad de seguir enjuiciando a los responsables de este hecho. En este caso, la Corte se pronuncia en el sentido de que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todo ello prohibido en el derecho internacional de los derechos humanos, y que ya para esa época, estamos hablando del 2001, había sido reconocido a nivel internacional, por distintos cuerpos jurídicos, como las convenciones contra la desaparición forzada, contra las torturas, y por supuesto, ya establecido previamente en el pacto de derechos civiles y políticos de la convención americana.

La Corte dice que halla la convicción acogida en el derecho internacional de los derechos humanos, y en las más recientes expresiones del derecho internacional, de que es inadmisible la impunidad de las conductas que afectan más gravemente los principales bienes jurídicos sujetos a la tutela de ambas manifestaciones en el derecho internacional. La tipificación de esas conductas y el procesamiento y sanción de sus autores así como de otros participantes constituye una obligación de los Estados que no puede eludirse a través de medidas tales como la amnistía, la prescripción, la admisión de causas excluyentes de discriminación y otras que pudieran llevar a los mismos resultados y determinar la impunidad de actos que ofenden gravemente esos bienes jurídicos.

Allí la Corte ya señala que, y junta el trabajo que venía haciendo la CIDH con el tema de la imprescriptibilidad, no puede utilizarse este mecanismo jurídico para eludir la responsabilidad de funcionarios que en el ejercicio de sus funciones han generado graves violaciones a los derechos humanos y a bienes jurídicos que ya internacionalmente han sido tutelados por todos los Estados que forman parte, no solo en este caso de la OEA sino de la comunidad internacional en general, este caso, es un caso que de manera permanente se está utilizando en el sistema porque el tema de la imprescriptibilidad en nuestros sistemas de administración de justicia, sigue siendo un desafío, nosotros seguimos día a día recibiendo casos, y recibiendo denuncias de todo el continente, donde gravísimas violaciones de derechos humanos han quedado en la absoluta impunidad, porque los jueces e incluso los fiscales de nuestro continente y en general los sistemas de administración de justicia, todavía tienen atados importantes estructuras de derecho que si bien en el orden internacional de protección de los derechos humanos se han ido reconstruyendo para darle cabida a bienes jurídicos más importantes, todavía hoy en día en nuestros sistemas de administración de justicia como decía anteriormente, siguen siendo un desafío.

Voy a comentar 3 casos más muy brevemente: existe el caso Gulazzio contra Argentina, el joven argentino que es detenido en el marco de una manifestación, tiene 17 años, es llevado a una comisaría, no es notificado el tribunal de menores, no es notificado a la familia, luego de ser detenido, es brutalmente golpeado por funcionarios de policía que estaban de guardia en el recinto donde es detenido, cuatro días después el joven, cuando su familia finalmente es notificada, que está en estas condiciones y que además ha sido traslado de emergencia, fallece por traumatismos cráneo encefálicos. En este caso, se vuelve a trabajar el tema de la prescripción, el caso duró más de diez años en la jurisdicción interna, tuvo cualquier cantidad de incidencias y finalmente una sala de apelaciones decide que no puede investigar la responsabilidad de los funcionarios en este caso, porque el transcurso del tiempo ha generado la prescripción de la causa, y en ese sentido el estado se ve imposibilitado de continuar el conocimiento del caso.

En este caso, tanto la CIDH y la Corte Interamericanas vuelven a reiterar su doctrina pacífica vinculada con el tema de que la prescripción no puede ser un mecanismo que facilite la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos y este caso tiene una relevante importancia, no solo por el tema de la prescripción de la impunidad sino porque era un menor de edad que se encontraba en esa situación y a propósito de este caso, ha habido un importante movimiento en la Argentina para reformar el sistema de administración de justicia vinculado con la responsabilidad penal de los adolescentes.

En este caso la Corte va a señalar y va a reflejar como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de responsables de violaciones de derechos protegidos por la convención americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de los familiares.

Por último voy a referirme al caso contra Chile, de Almonacid Arellanos, periodista detenido por efectivos de la policía chilena, el 16 de septiembre de 1972. En este caso, después de hacer un importante recuento, de cuál fue la situación de Chile en ese momento, la Comisión y la Corte que toman elementos de la comisión, primero establecen que el crimen contra el señor Almonacid es un crimen de lesa humanidad, es la primera vez que lo señalan, y en segundo lugar establece que la investigación de este caso debe ser imprescriptible. Vuelve a ratificar lo que ha señalado con respecto a la impunidad, y señala que es importante que el Estado investigue.

En este caso, hay un nuevo elemento, quizá uno de los elementos más importantes, que permite a los Estados reinterpretar el derecho para garantizar la justicia y es que particularmente en la mayoría de nuestros Estados muchas veces, casos que fueron formalmente investigados y que dieron como consecuencia la impunidad, en muchos casos no podían ser reabiertos porque se alegaba que se violaba el derecho al non bis in idem o lo que es no ser juzgados dos veces por la misma causa, que es un derecho también establecido en la Convención Americana, que también es reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos, además por el Corpus Jurist Internacional de los derechos humanos, y que viene a señalar que nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo.

Entonces que pasaba, funcionarios de seguridad, funcionarios del Estado que se habían visto involucrados y que fueron formalmente investigados y que en el marco de estas investigaciones no fueron establecidas sus responsabilidades, alegaban que no podían volver a ser investigados, porque ya habían sido procesados y que eso violaría el principio de non bis in idem de la Corte. En el caso de Almonacid, la Corte lo dice absolutamente claro, el principio de non bis in idem no puede ser utilizado para garantizar la impunidad, esto quiere decir que si hay funcionarios que habiendo sido investigados a través de procedimientos que no fueron los que debieron haber garantizado el verdadero acceso a la justicia y a protección judicial de las víctimas y familiares de estos hechos, debe volverse a investigar el caso y eso no supone la violación de este principio, porque en el marco de estos casos persiste el derecho de las víctimas, de los familiares y sobre todo el derecho de la sociedad a que no se vuelvan a repetir estos casos. De allí la importancia del caso de Almonacid que conjuga la cantidad de intereses que puedan estar y que se ven en efecto, en el marco de muchos de los procedimientos que llegan al sistema internacional, para decir usted no puede utilizar un derecho establecido para violar estos derechos.

Como vemos han sido 20 años de construcción, de una doctrina que es pacífica y reiterada, que ha tenido sus frutos en los estados de derecho de nuestro continente, que siguen siendo evidentemente un camino por andar, pero que nos facilita el trabajo desde muchos puntos de vista y sobre todo permite que las personas que como ustedes están haciendo un trabajo y bien de reconstitución de memoria histórica, bien de lucha por los derechos que creen que han sido vulnerados, les permite saber que hay un camino que se ha avanzado, que todavía tenemos mucho por hacer, pero que sobre todo hay una comunidad internacional que está de acuerdo con ustedes y que sabe que el camino es luchando. Muchas gracias.


FORO PÚBLICO:

MODERADOR: Vamos a escuchar las inquietudes de nuestro público, de nuestros asistentes, dirigidas a la conferencista, la Dra. Luz Patricia Mejía. Yo me permito previamente acotar una inquietud, recordando que ayer fue mencionado en esta sala de manera frecuente la Comisión Interamericana de Derechos humanos como una suerte de última instancia a la que pueden apelar las víctimas en su búsqueda de justicia, por eso quisiera acotar con una pregunta, que puede ser respondida en el curso de este foro por el público: ¿qué puede hacer el sistema interamericano por víctimas y familiares de víctimas, tomando en cuenta la desconfianza que rodea a los sistemas de justicia nacionales, dejando esto por sentado, estoy seguro que se coincidirá con alguna de las inquietudes que se plantee en este foro para que en su respuesta lo desarrolle nuestra invitada? vamos a dar la palabra a quienes la soliciten, si está de acuerdo nuestra invitada, preguntas de 3 en 3 las cuestiones, para poder responderlas de manera simultánea.

PREGUNTA 1. Miguel Félix García (foto). Doctora es un privilegio tenerla presente, para que con su conocimiento nos oriente a nosotros que tenemos tantos problemas, ya que desde hace 25 o 30 años para acá han venido tantos gobiernos a destruir familias enteras, porque al destruir a un ser humano destruyen las familias. Yo tengo un caso muy peculiar, con 23 años de lucha, este fue un crimen que se cometió en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, militares que se supone que tienen que cuidarnos a nosotros, ellos son llamados para protegernos, pero sin embargo muchos militares, con mucho respeto para la institución que no tiene nada que ver, nos destruyen, nos matan, nos asesinan y no respetan nuestros derechos humanos que son totalmente atropellados, mancillados, por esos militares, y que de repente son los mismos militares que ingresan que en vez de botar a estos malos militares los protegen o sea el famoso espíritu de cuerpo. A mi me mataron un hermano en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 8 días, aquí tengo una muestra, después de torturarlo le tiran a la piscina de la FAE de Guayaquil y después de ahogarlo lo asesinan. He venido peleando 23 años, todos los días si es posible, pero no he tenido el amparo, gracias hay esta Comisión de la Verdad, bendecida por Dios y por Correa y por ustedes; que nos están dando luces para precisamente tener la realidad de poder sancionar a estos militares que todavía están en vigencia. En los 23 años que yo vengo luchando y que todavía dentro de la FAE de Guayaquil está en vigencia mi caso ¿está cayendo la imprescriptibilidad o no, doctora?

PREGUNTA 2. Annekathrin Linck, Coord. Programa Servicio Civil para la Paz (Coop. Alemana para el desarrollo del Ecuador) Una pregunta más general al análisis que tiene la comisión sobre los avances en los derechos humanos en Latinoamérica respecto a los diferentes países, yo leí hace algún tiempo, que por ejemplo Ecuador estaba en la Corte Interamericana con más casos en un año. ¿Hacen ustedes evaluaciones de los avances en los países como en el Ecuador, y cuáles serían después los procedimientos?

PREGUNTA 3. Quiero felicitarle por la exposición de esta conferencia, yo soy una víctima de las violaciones de derechos humanos, por parte del estado ecuatoriano, mi pregunta concreta es ¿cómo fortalecer la justicia interna, si hace 13 años el Tribunal de Garantías Constitucionales dictó una sentencia a favor nuestro y ninguna autoridad de nuestro país ha hecho cumplir esa sentencia?

Respuesta Mejía: Con el caso de la imprescriptibilidad del señor que mencionaba en caso del hermano, yo no podría pronunciarme precisamente si es que opera o no opera en el caso particular, la imprescriptibilidad de la causa, lo que si le puedo señalar, porque tendría que conocer el caso a profundidad y saber cuáles han sido las incidencias en el derecho interno, es que de manera reiterada el sistema interamericano de protección ha dicho que en los casos de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de delitos que ya son comúnmente conocidos como de lesa humanidad, no opera la prescripción de la causa, no operan las leyes de amnistía, no operan las leyes de caducidad, no opera ningún subterfugio jurídico, que lo que pretende es sustraer de la responsabilidad a los autores tanto materiales como intelectuales de esos casos.

Qué hacer cuando uno tiene un caso que durante muchos años ha estado en fase de investigación o que en el marco del sistema de administración de justicia no ha tenido una respuesta efectiva y eficiente y como ha señalado tanto la Corte como la Comisión, los frutos que abordan o que son el resultado de estas investigaciones no rinden garantías a las víctimas y a los familiares, entonces ¿qué hacer? Para ese caso está el Sistema Interamericano de Protección, en el caso concreto de Ecuador, Ecuador forma parte del sistema, porque es parte de la convención y ha asumido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En concreto la importancia radica en que, una vez agotados los recursos internos se acuda al sistema interamericano, pero ese agotamiento de los recursos internos tiene claras excepciones y las excepciones están dadas también por la imposibilidad real de garantizar esos derechos en el derecho interno, ¿que quiere decir eso?, que si un caso tiene 23 años sin justicia en el derecho interno, por su puesto abre las puertas para que se acuda a la CIDH, de allí que ustedes evalúen cuál es la situación.

En términos prácticos le explicaba a una de las personas que se me acercó y me planteó su caso, que muchas veces nada más con que el caso llegue a la CIDH y la Comisión solicite información al Estado concernido, nada más con ese hecho los estados activan inmediatamente sus propios sistemas internos para dar respuesta, respuesta que no se habían dado en 10, 15 o 20 años, nada más con una comunicación de la CIDH empieza a surtir efectos sin que el caso ni siquiera sea admitido, con el simple hecho de saber que el caso se encuentra en la CIDH, por supuesto que esto tiene que ver con la disposición de las autoridades de cada Estado de relacionarse de una manera respetuosa y que garantice el fortalecimiento tanto del estado de derecho como del sistema. En el caso concreto de Ecuador, les quiero informar que las autoridades ecuatorianas de manera clara y enfática nos han manifestado su deseo de participar abiertamente con la CIDH en el trabajo de fortalecimiento en el estado de derecho de Ecuador, eso es como un elemento importante que ustedes deben saber.

Con respecto a cómo se hacen los análisis, cómo se plantean: la CIDH tiene diferentes maneras de trabajar, una es la recepción de los casos y a partir de eso, hace informes o los lleva a la Corte, y también la realización de visitas, con lo que la CIDH se traslada a un país en específico y hace un análisis sobre la situación general de los derechos humanos. El otro mecanismo es hacer informes con respecto a situaciones generales o específicas de los países que forman parte de la convención o incluso informes regionales.

Muchas veces la relación de los Estados con el sistema y cómo el sistema impacta en los Estados y en sus propias administraciones de justicia, están vinculados al conocimiento que tienen los operadores de justicia, los abogados, que tienen las víctimas, que tienen los familiares del sistema, porque en la medida que lleguen más casos al sistema, pues más oportunidades tendrá el sistema de relacionarse con el sistema de administración de justicia de ese país y a veces no necesariamente lo que llegue el sistema es el reflejo perfecto de lo que está ocurriendo en ese país, pero muchas veces tiene mucho que ver.

Un ejemplo: a veces Ecuador ha estado en el capítulo cuarto, pero eso muchas veces tiene que ver con la capacidad que tienen los interlocutores de la CV que son familiares, víctimas, comisiones, organizaciones no gubernamentales, defensores y activistas, con la información permanente que están mandando sobre lo que está ocurriendo. En muchos países aunque, que no tienen mucha relación, aunque forman parte del sistema, no es que no están ocurriendo violación de derechos humanos en estos países, es que mientras el sistema no tenga información, no lo puede reflejar, mientras que hay otros países donde los abogados, tienen mucho mayor conocimiento como Argentina y Perú, son de los Estados que tienen una mayor cantidad de casos, y en ese sentido, la evaluación de cada uno de los casos permite evaluar con mayor detenimiento y cercanía la situación de un país concreto, pero eso no significa que siempre se refleje. En estos momentos de hecho la comisión se encuentra revisando aguas adentro, sus propios sistemas y mecanismos para dar respuesta a los grandes desafíos que significa, que siendo un organismo tan pequeño, tenga una responsabilidad tan grande y siendo el sistema cada vez más conocido, pues evidentemente que da respuesta a todas las denuncias que se plantean de todos los ciudadanos del continente, pues creemos que es un desafío, por eso estamos buscando la fórmula de como hacer más efectivo nuestro trabajo, esa era la segunda respuesta.

La tercera respuesta está vinculada con las dos anteriores, cómo fortalecer el sistema interno si los mecanismos existentes en el sistema no son suficientes para garantizar los derechos en el marco no solo de legislación interna sino de la realidad interna de un país. Definitivamente ese es el desafío de nuestros pueblos, ese es el gran reto y el desafío del propio sistema interamericano, cómo hacer para que los sistemas nacionales funcionen y ese es un trabajo conjunto de autoridades de los Estados de los pueblos que conforman nuestro continente y también por supuesto de las autoridades del sistema, en la medida en que los ciudadanos y ciudadanos del continente se apropien de sus derechos y quieran defenderlos, agoten las vías nacionales y acudan a las internacionales, en esa medida los organismos internacionales tendremos la oportunidad de pronunciarnos con respecto a los planteamientos que se nos hace. En la medida en que nuestros planteamientos que tiendan a fortalecer los sistemas de administración de justicia, la democracia de nuestros pueblos, por supuesto van a ser un eje de transmisión de conocimientos y de fortalecimiento institucional que por supuesto va a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y generar más retos, porque yo creo que cuando nosotros superemos el tema de los mecanismos jurídicos que garantizan impunidad, que aún existen o persisten en nuestros estados, vendrán otros retos que tendrán que ver con el reconocimiento de nuevos derechos o como plantearnos estados de derechos que den respuesta a los grandes desafíos que se nos están planteando hoy en día.


PREGUNTA 4. Natalia Marcos. Mi pregunta es si en la CIDH y dentro de lo que es el derecho a la verdad, se contempló o consideró el derecho a la memoria como parte esencial del derecho a la verdad.

PREGUNTA 5. Hugo Carro, USFQ. Yo tengo una inquietud que acaba de ser explicada, pero no obstante como creo que soy el único uruguayo que está aquí, quiero hacer un pequeño apunte: estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la doctora, pero la famosa ley de amnistía o de la pretensión punitiva del Estado en su eufemismo jurídico, no sé si por ingenuidad, dejó una grieta en su Artículo 4, era que en definitiva la mayoría siempre reclamábamos, que era la puerta abierta para poder investigar algunos hechos, sobre todo, desapariciones, secuestros, arrebatos de niños, de víctimas, de desaparecidos, que de hecho uno de sus defensores el actual presidente Tabaré Vásquez, permitió después de 20 años, investigar, abrir los cuarteles y efectivamente localizar algunos restos de víctimas de desaparecidos, o sea fue nefasta pero de cualquier manera dejaba una grieta jurídica o una puerta abierta que con los años tuvo otra interpretación.

PREGUNTA 6. Para llegar a acceder a la Corte Interamericana de derechos humanos hay que pasar por la CIDH, hay que presentar la denuncia y la comisión ve la admisibilidad de la denuncia, pero hubiera sido deseable que en esta conferencia se de el procedimiento como llegar a la Corte, y una de las cuestiones que me inquieta a mí como abogado de derechos humanos, conozco más o menos la materia, que la CIDH en sí mismo se encuentra bloqueada, está en Washington y para acceder los americanos tenemos que sacar una visa para ir allá, y Estados Unidos no da visa a cualquiera, entonces desde ahí ya se encuentra la CIDH bloqueada a todos los defensores de derechos humanos. Es decir, no podemos acceder a la CIDH a pesar de que se dice que se puede mandar el caso o la denuncia por correo, y toda la prueba que sea, pero qué pasa en los estatutos de la CIDH, los plazos son tan extensos que demora muchas veces 10 o 15 años para que un caso sea resuelto, yo no sé si la CIDH tiene previsto como mejorar esto, o salirse de esa cortina que se encuentra en Washington o ir a otro lado a Costa Rica o algún país sudamericano para que pueda ser más ágil en cuanto a la recepción de las denuncias y que sean admitidas, porque no se puede esperar siglos para que se reconozca o se repare una violación de derechos humanos. La panelista actualmente es relatora para el Ecuador, esto quiere decir que ¿ya hay una oficina aquí en Ecuador, o cómo es esa situación o sigue en Washington esta oficina?

PREGUNTA 7. Me gustaría que amplíe el tema sobre el derecho a la verdad.

Respuesta Mejía: Junto la última (7) con la primera pregunta (4) vinculada al derecho a la verdad y la memoria. La CIDH que ha ido trabajando mucho más este tema, si ha trabajado el tema de la memoria, de hecho actualmente en Colombia. El tema de la memoria se está trabajando vinculado como un eje de alguna manera el derecho a la verdad y también como parte de los mecanismos de reparación que suponen la reconstrucción de la memoria histórica, bien de una víctima o bien de una situación que ocurrió. El caso más cercano es el de Colombia donde parte del reclamo que están haciendo las víctimas es la recuperación; por ejemplo de los casos de la Unión Patriótica que se están discutiendo en este momento en la CIDH y consiste es que hay que reconstruir la memoria histórica de las víctimas de estos hechos, porque la reconstrucción no solo es decir quienes fueron los responsables de los hechos, sancionarlos y reparar a la víctima sino que ese proceso de reparación de la víctima tiene una amplísima gama de elementos que confluyen y que por supuesto tienen mucho que ver con cada país, con cada situación concreta que se presenta. Pero el tema de la memoria está vinculado en que en muchos de esos casos, fueron personas que fueron estigmatizadas, que fueron de alguna manera víctimas de los medios de comunicación social, donde se planteaban que eran personas que estaban al margen de la ley y que garantizaba de alguna manera la justificación, eso permitía que se justificara socialmente el hecho de que ellos hayan sido víctimas.

Entonces este proceso de recuperación de memoria histórica, vinculado también con el derecho a la verdad, está siendo manejado como uno de los mecanismos más importantes de reparación en el marco también de la declaratoria de la violación del derecho a la verdad. Este derecho a la verdad tiene dos características y lo que hecho la CIDH, es irlo trabajando:

1. Perfil colectivo.- que está vinculado al derecho de la sociedad a conocer qué fue lo que ocurrió. Como ustedes saben la mayoría de las masacres y grandes violación que ha tenido nuestro continente, han tenido por un lado una verdad oficial y por otro lado una verdad verdadera, que es la que ha llegado al sistema interamericano y que lo que hemos debatido en el marco de estos casos que he señalado anteriormente que buscan, por supuesto, el reconocimiento de que ocurrieron una cantidad de hechos que fueron negados por las versiones oficiales; entonces este derecho a la verdad tiene este eje que tiene que ver con la meta colectiva de que las sociedades sepan que fue lo que ocurrió, de que los pueblos sepan realmente quienes fueron los responsables, porqué ocurrió, cuando ocurrió y que se perseguía en ese momento.

2. La protección de los derechos de las víctimas, que es la veta particular del derecho a la verdad, que está vinculado con la reconstrucción propia de la víctima o del familiar de la víctima, de que fue lo que pasó con su ser querido, donde están los restos de los desaparecido, quién torturó a sus familiares, donde están los hijos que fueron secuestrados, donde están aquellas personas que ya no hemos vuelto a ver.


Esos son como los elementos del derecho a la verdad y de allí que la CIDH haya construido sobre la base de cuatro artículos:

1. Garantías judiciales, el derecho de los familiares de acudir con las debidas garantías a un tribunal independiente, imparcial que emita una sentencia ajustada a derecho;
2. Acceso a la justicia y a recursos efectivos;
3. La obligación de los estados de garantizar y respetar estos derechos señalados
4. Derecho a la información, como un derecho que garantiza como piedra angular de los derechos humanos que las sociedades reconstruyan su propio pasado sobre la base de la verdad. Estos son los elementos que arman el derecho a la verdad y como lo estamos trabajando en el marco del sistema.

El comentario con respecto a Uruguay no lo comenté profundamente y de hecho estamos trabajando en la CIDH sobre el caso Gelman (La denuncia fue presentada en el 2006, cuando el fiscal de apellido Moller le impidió al juez Mirabal investigar la desaparición de María Claudia García. La nuera del poeta argentino Juan Gelman había sido secuestrada en Argentina en 1976 y traída a Uruguay. El Estado uruguayo podría ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mantener vigente la Ley de Caducidad) , es una desaparición, es cómo reconstruir, cómo podemos sanar heridas sin ocultar lo que ha pasado, reconstruir memorias sin profundizar las heridas, son los grandes desafíos de todos estos temas y es un poco lo que estamos trabajando. En el caso Uruguay el tema es más complejo, además porque hubo un referéndum, el pueblo uruguayo decidió que la ley debía ser así y que era necesario para el pueblo uruguayo en ese momento. Como señalaba anteriormente los tiempos van cambiando y los avances en derechos humanos van destrabando algunos mecanismos pero en Uruguay sigue siendo el tema de debate un gran desafío, sin embargo, hoy en día cada vez nos acercamos a la posibilidad sobre todo cuando el gobierno del señor Tabaré Vásquez que fue un impulsor de todos estos temas, y parte de su gabinete, creo que podemos ir avanzando hacia la posibilidad de concienciar el tema de que estas leyes de amnistía y punto final, son leyes que son contrarias a la convención. En todo caso lo que ha ocurrido es que en nuestros pueblos, los que ya han pasado por esto, no van a volver a existir leyes de amnistía, y si vuelven a existir van a conseguir una resistencia importante, porque nuestros pueblos ya saben y están empoderados de cuáles son sus derechos y como garantizarlos.

La última pregunta está vinculada con el tema de la CIDH, me parece muy interesante el planteamiento que hace el abogado, y en parte todo lo que usted plantea es parte de la revisión a la que yo hacía referencia anteriormente. En efecto la comisión CIDH tiene su sede en Washington D.C., somos 7 comisionados, que no somos permanentes, vivimos cada uno en sus países de origen y que recibimos durante las 24 horas del día las denuncias y las solicitudes de medidas cautelar, estamos pegados a la red para tratar de dar respuesta a la cantidad de planteamientos que nos llegue y estamos residenciados en nuestros países de origen porque la OEA no tiene los fondos suficientes para que seamos permanentes y no tiene los fondos suficientes porque los Estados no se han comprometido aún a tomar la decisión de que estos organismos sean permanentes. Funcionamos de la siguiente manera, antes eran dos períodos de sesiones al año, ahora son tres y para evitar un poco lo que se planteaba se está experimentando la posibilidad de sesionar fuera de Washington, con el objetivo de que las personas que no pueden acudir a Washington, bien por razones económicas, o por asuntos vinculados a la visa norteamericana, que incluso es compleja para nosotros mismos, estamos planteando si de verdad debe estar allí la sede o no por eso estamos experimentando la posibilidad de sesionar en otro país. El problema es que eso ha tenido una cantidad de complejidades operativas que significa trasladar la secretaría al lugar donde nos vamos a reunir, y eso significa una inversión de recursos que en este momento no tenemos. En la actualidad el 50% de los gastos de la CIDH son cubiertos con fondos que no son de la OEA, y que son gestionados por los propios comisionados a través de cooperación internacional para tratar de dar mayor efectividad y respuesta a los casos que llegan. Esto tiene que ver, por supuesto de cómo, incluso los Estados y los pueblos del continente, animan a sus propios estados para que fortalezcan el sistema interamericano de protección, eso es una limitación y todavía es un gran desafío que nosotros tenemos.

Por otro lado el tema de los plazos, en efecto estamos revisando a solicitud de los estados y a solicitud de las organizaciones para tratar de ser mucho más eficiente el trabajo de la CIDH y garantizar que esto que ocurre en los sistemas nacionales que pasan 20 años en una causa, en los tribunales nacionales, para que no ocurra en el seno de la comisión, sin embargo, ese es un proceso que requiere una cantidad de consultas pero que nosotros estamos conscientes de que debemos revisarlo y debemos garantizar nuevos mecanismos y métodos que permitan mayor eficiencia.

Sin embargo un poco para tener en perspectiva, somos 7 comisionados y la secretaría que se encuentra en Washington que si está en forma permanente y es la que recibe, nos remite la información y nos tramite de alguna manera la información: está conformada por alrededor de 30 personas, los comisionados somos 7 y recibimos las denuncias de todo el continente, de todos los ciudadanos que creen que sus derechos han sido vulnerados; de tal manera que el cúmulo de denuncias que se recibe es amplísimo, por eso evaluamos si el trabajo caso por caso es la manera más efectiva de solucionar los problemas de derechos humanos del continente, y ahí el tema de los informes recobra una vida muy importante, porque así empezamos a evaluar si es a través de un caso o a través de un informe podemos cambiar la situación que se nos está planteando, por eso evidentemente son parte de los desafíos que enfrenta el sistema interamericano y que hoy en día están absolutamente vigentes.



09h50
PANEL: RAZONES, DESAFIOS Y EXPECTACTIVAS DE LAS VICTIMAS
SOBRE LA COMISION DE LA VERDAD
Moderador: Cristhian Bahamonde, Coord. de Investigaciones, Comisión de la Verdad Ecuador
Intervienen:
- Ex - Capitán de la FAE, Alfredo Pin (Caso Ex Comandos de Taura)
- Ex – Capitán de la Marina, Vicente Grijalva (Caso Benavides)
- Mireya Cárdenas (Caso Alfaro Vive Carajo)
- María Dolores Vélez (Caso Fybeca)
- Martha Escobar (Caso Duchicela)
FORO: 30 minutos




MODERADOR: Vamos a dar paso al panel “Razones, desafíos y expectativas de las víctimas sobre la Comisión de la Verdad”, para lo cual vamos a tener en la mesa principal a víctimas y familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Ecuador. La primera persona en intervenir es la señora Mireya Cárdenas.

Mireya Cárdenas: Buenos días a todas y todos. Quiero en primer lugar agradecer a todos los familiares de asesinados en el período 84-88, quiero agradecer también a todos los afectados que se dieron cita a pesar de tener agendas propias, para romper el silencio. Quiero comenzar, si me permiten, con una poesía:

“Sobran armas, si no lo digo, mis palabras se volverán grises,
si me lo callo, el corazón se cerrará con llave,
rayos de sol se apagarán al viento y el mundo explotará si lo silencio,
hay que desactivar el llanto, la ignorancia, la nave con plutonio,
los negociados con el hambre,
la inmutable indiferencia frente a lo que no tiene conocida marca,
hay que nombrar al niño,
a los millones de niños que antes de dejar la niñez se vuelven viejos,
panzas con hambre,
huesos deformados de tanto trabajar,
hay que desactivar la ambición que destruye la esperanza, está faltando amor, está faltando pan y sobran armas”.
Paul Divit.


Conmueve a la sociedad el video que muestra las instalaciones acondicionadas para prácticas de tortura dentro de los recintos militares y policiales , quizás no más que a quienes debimos pasar por ellos y que sobrevivimos para contarlo. Es doloroso y difícil como sociedad, enfrentar la realidad, de que en nuestro país, tras el mito de la isla de paz, existían prácticas deshumanizadas, deshumanizantes, sitios del horror y gente formada para el odio y peor aún, pensar en que continúan existiendo.

Hablar de víctimas trae consigo el concepto de victimario que es quien realiza utilizando la fuerza y el poder actos crueles, pero el paso del tiempo nos confronta con estos conceptos. Nos preguntamos por ejemplo sobre el rol del indiferente, pensamos en que es talvez un cómplice silencioso del victimario, o quizás otra víctima de un sistema instaurado sobre el miedo y el silencio y que no va a dudar en aplastarlo cuando decida romper su indiferencia. Este es el eje de las motivaciones de la recuperación de la memoria, un profundo cuestionamiento a la sociedad, en una coyuntura histórica que nos muestra la oportunidad de cambio, forjada por la misma sociedad que empuja a sus líderes hacia nuevos derroteros.

En cuanto a la memoria, la historiografía contemporánea, acepta ahora que está atravesada por subjetividades, que no es ajena a procesos interpretativos, a la construcción y selección de datos y elección de estrategias narrativas; entonces podemos comprender las verdades de la historia oficial enseñadas a las nuevas generaciones, las ausencias en esa historia y como ahora es posible incorporar nuevas versiones y otras voces.

Los temores por la autenticidad de la historia siempre han conducido a prevenciones metodológicas, a controles y pruebas en busca de la verdad químicamente pura, pero ni la posición que exige pruebas materiales, dejando de lado el valor de la memoria de los actores ni la que enfatiza en las narrativas confundiéndolas con la historia, son aceptables; y ya que el pasado es terreno de disputa, de sentidos que son incorporados a las luchas políticas, se trata de articular relaciones de modo crítico. En casos como la memoria de la represión, debatidos entre la búsqueda de objetividad y el compromiso, una tercera posición sería, a decir de la autora Elizabeth Gelly: una concepción de la historia en que se expresa la tensión entre reconstrucción objetiva del pasado y el diálogo con este pasado y con otras investigaciones. Entonces la investigación no solo será un proceso de informaciones sino que incluirá perspectivas y valores, material maleable que cambia con el tiempo y que tiene relación con el procesamiento del trauma social.

En la memoria, el trauma implica repeticiones de síntomas, retorno de lo reprimido o reiteraciones ritualizadas, pero además es ancla con un sentido de identidad generando fijación por el pasado. El cambio de perspectiva se presenta entonces como temor a traicionar la memoria, pero elaborar el trauma significa poner una distancia entre el pasado y el presente, para reconocer lo ocurrido y a la vez mirar el presente y los proyectos futuros. En la memoria el pasado no es obstáculo del presente sino que lo alimenta, los cambios en escenarios políticos y de las dinámicas sociales, transforman los sentidos del pasado, permitiendo dimensionarlos. Elizabeth Gelly señala. “no se trata necesariamente de ejercicios negacionistas que también existen sin duda, sino de la selección y el énfasis en ciertas dimensiones, estas son rescatadas por los actores.

Entonces, es momento de rescatar las lecciones y desarrollar un aprendizaje político positivo, es así como los derechos humanos se han convertido en símbolos de las transiciones, como pacto social incuestionable; esto no implica relegar lo ocurrido al olvido. El pasado requiere justicia, si bien es importante dar los pasos que permitan dimensionarlo, ponerlo en perspectiva como posibilidad de construcción social futura siempre es imprescindible solucionar los temas pendientes como sociedad.

Hassoun Cándida Palomer dice:”para que el concepto de reconciliación tenga sentido debió haber antes conciliación, ese saldar cuentas en que talvez no existan acuerdos claros, pero que se hace necesario y que pasa por el juicio, la reparación y la restitución de los sentidos”. La imagen que desde el oficialismo hace pensar en los disidentes como fuerzas violentas atentando contra la paz y la democracia de una mayoría pacífica, oculta la violencia cotidiana de la explotación social, la inequidad y el despojo como origen de la disidencia; entonces una mayoría que aparece como ajena a estas luchas y posiblemente como víctima entre dos fuegos, la insurgencia y el estado, es capaz de justificar pasivamente la violencia del estado, de espaldas a realidades lacerantes que reclaman un giro.

Por otro lado, la víctima de la represión estatal, aparece como alguien que sufre daño pero sin capacidades de responder o actuar y es entonces cuando el rol de víctimas nos empieza a resultar ajeno, una vez procesado el duelo, aunque el dolor permanezca, la memoria ha cobrado otro sentido. En el trayecto nos hemos convertido en actores sociales y sentimos que hemos construido, queremos recuperar también la memoria como actores de una militancia y un activismo político y no solo de las violaciones a nuestros derechos, el pasado nos permite mirar con otros ojos la historia. Así poniendo en balance el significado de la historia vivida, hemos de señalar que si bien los perpetradores tienen nombres y rostros tanto como las víctimas, debemos establecer una lectura más amplia, la actuación de un Estado y todo su aparato institucional a partir de políticas concretas, las circunstancias actuales nos llevan a resignificar el pasado y por eso es que queremos rescatar la memoria como una de las fuentes de la historia que siempre abrirán el cauce a más preguntas para investigar. La versión de los vencidos aportará detalles complementarios a los documentos oficiales, o quizás distintos a ellos, pero es importante incorporarlos en esa historia oficial para que los cuestionen desde dentro, no desde la marginalidad que es estéril.

El testimonio es el rincón de la resistencia a partir de la década de los ´70, y ha implicado aportes importantes a la historia. Fue a través del testimonio que la Nóbel de la paz, Rigoberto Menchú, logró que la mirada del mundo se posara en la nación centroamericana, tras más de 30 años de guerra civil casi desconocida fuera de sus fronteras.

Para quienes ideas y sueños nos convirtieron en víctimas y sueños de justicia de tortura, asesinatos, desaparición y más, la creación de la Comisión de la Verdad, forma parte de un proceso que empezó cuando nuestras madres recorrían las calles y las cárceles buscándonos. Luego de la represión el dolor nos juntó nuevamente para tratar de comprender lo sucedido, par encontrar a nuestros desaparecidos, para saber que paso con muchos de nosotros, para darnos apoyo, para vivir el duelo; así nace el comité de familiares, y posteriormente muchos años después, el comité ecuatoriano contra la impunidad, desde la necesidad de la reconstrucción de la memoria, de nuestra parte de la verdad, en momentos en que se nos negaba la voz pública para decirla, es así que cobra importancia en la Comisión de la Verdad, la memoria, más allá del anhelo de justicia, en la perspectiva de recuperar una memoria colectiva, no solo para sanar sino para reivindicar ante la sociedad una lucha y para iniciar un diálogo social más amplio.

El planteamiento de profundizar en el análisis político de esa etapa, tiene como finalidad en nuestra lucha, que se encamine hacia la incidencia en las políticas públicas y en la reflexión colectiva. La principal motivación: que nunca más se repita la historia del período 84-88, momento en que se instaura la violencia como política de Estado.

Pensamos que es importante iniciar un debate que nos permita pensar desde la prevención del discurso, desde la seguridad ciudadana y desde la propuesta ciudadana, impulsar cambios que partan de la introspección social del concepto de derechos humanos.

Reiteramos que el Ecuador vive momentos históricos de cambio, nos encontramos con una voluntad política del Estado y de las Fuerzas Armadas, de esclarecer los hechos que obedecen a tres décadas de historia, en que la presión social ha obligado a este giro. Fuimos parte de estas transformaciones y las reivindicaciones y creemos que los ecuatorianos como sociedad, gracias a las luchas más diversas, hemos alcanzado el sitio de interlocutor político, cuya madurez es reconocida por el Estado, es hora de dialogar y negociar las reglas del juego, es una oportunidad valiosa de transformación que nos compromete a todos los actores y queremos estar, porque nos hemos ganado ese sitio, con sangre y honor.

A nuestros queridos muertos, a nuestros compañeros, hermanos, hijos, amigos, les queremos decir que los vamos a mantener vivos en la memoria colectiva y en la historia...


Alfredo Pin, ex Comando de la FAE: Buenos días, esta es la hora de la verdad, soy un ex militar, por lo tanto en este panel, es muy interesante quienes estamos aquí.



















Nos prepararon como militares para defender a nuestra patria más no para reprimir a nuestros hermanos. Nuestras razones eran enfrentar a León Fébres Cordero para entonces habían ya dos grupos que los combatían: Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre. Mi especialidad, era en seguridad en bases aéreas. Qué nos motivó a nosotros para alzarnos en la base aérea en Taura: ya veíamos de una manera muy particular cómo se estaba desarrollando la política represiva del Estado, en la época de León Fébres Cordero. El comandante de la Base Aérea de Taura, en ese entonces Coronel Patricio González, se jactaba de la amistad que tenía con el gobernador del Guayas Jaime Nebot Saadi, a tal punto que hizo que desaparecieran 6 ametralladoras USIS de la armería de la base y culpar a los comandos de su pérdida, las ametralladoras misteriosamente volvieron a su lugar. El señor Comandante de la base, se dedicaba a darle fiestas al gobernador Nebot, recordamos nosotros con mucho dolor que gente preparada para el combate, para defender nuestra patria, tenía que vestirse de vacas locas para que se divierta el gobernador del Guayas, tenían que subirse a palos ensebados, a bajar las botellas de whisky que estaban ahí para dárselas a Joffre Torbay (Secretario de la Administración de la LFC), a Nebot, eso era una vergüenza, que un oficial piloto de la fuerza aérea tome ese tipo de actitudes.

Este es el momento de la verdad, muchos se preguntan porqué nos subordinamos, jamás nos preguntaron porqué, simplemente nos llevaron a los centros de tortura que usted dice, a los mismos lugares, a sufrir y a sangrar, torturas que ustedes, para que los voy a decir, aquí creo que casi todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero como dijo Mario Benedetti “el olvido está lleno de memoria”, y “la memoria es la única digna de fe”, eso lo dice Eduardo Galeano.

Nuestro desafío es para una investigación seria, tenemos que colaborar nosotros con las demás víctimas, porque la verdad tiene que salir. Soy un militar de corazón y moriré hasta el último día pensando en mi uniforme, me gradué en el Colegio Militar Eloy Alfaro y luego pasé a la FAE y no hay honor y cosa más grande que servir a la patria; lamentablemente, oficiales que querían tener una mejor vida social, económica y política vendieron su alma al diablo dándole toda la razón a León Fébres Cordero; pero aquí estamos para decir la verdad y a mí en particular y al grupo que estuvimos el AEIN (Agrupamiento de Escuela de Inteligencia Militar), en Conocoto, nos torturó el señor Teniente de Navío Fausto Morales Villota, de la Marina, asesino de Consuelo Benavides; el señor Capitán del Ejército Santiago Hidalgo, el señor Capitán del Ejército Santiago Aguilar, compañeros míos de promoción, el señor Tnte. Enríquez de la Fuerza Aérea; ninguno existe ya dentro de las FF.AA. gracias a Dios. A todos los comandos les ubicaron en el grupo Alfa de Investigación, cuatro oficiales, cuatro voluntarios, 10 grupos de investigación y todo esos archivos están en Conocoto allá es que hay que ir. Llevaron a los comandos a Tulcán, a Ibarra, a Latacunga, al batallón Rumiñahui, al batallón de Apoyo Logístico, al Cuerpo de Ingenieros, al Mariscal Sucre y al final a Aychapichu.

El mando de la Fuerza Aérea de ese entonces, porque no puedo irme contra la institución, que es muy aparte, en lugar de ellos mismos castigarnos, nos entregaron a que el Ejército nos castigue; porque si mi hijo se porta mal, no le doy al vecino a que lo castigue, yo mismo lo castigo; no tuvieron ese valor, ni entereza. Pero en ese entonces, el Director del Agrupamiento de Inteligencia Militar era el Teniente Coronel Juan R. Viteri, Oficial de Transmisiones, el mismo que supo decirme a mi durante los 15 días que nuestras familias no sabían nada, que iban a distintos cuarteles a pedir el cuerpo de sus hijos, porque no tenían otra cosa más que pedir, y me dijo que yo era un desaparecido más y yo le acepté, simplemente me declaré prisionero de guerra en ese instante. El 70 por ciento de los miembros de inteligencia militar, de ese entonces, eran entrenados en la Escuela de Carabineros en Chile, y no necesito decir que pasaba en Chile, las mejores escuelas de tortura están allí, allá mandaban a nuestros oficiales a especializarse, no estoy mintiendo, solo es cuestión de ir a los archivos.

El grupo de comandos de Taura, durante 21 años después del hecho, hemos solo tratado de vivir en paz, pero no lo hemos conseguido, la Asamblea Nacional Constituyente, el 13 de junio del 2008 en una decisión histórica, nos otorgó la amnistía, amnistía que hasta la fecha se cumple. En mis manos tengo la liquidación de tiempo de servicios que es lo que se nos entrega al salir, sigo con sentencia condenatoria, después de que hace 90 días que nos han dado la amnistía, no se cumple y se lo denuncio al Ecuador y al mundo, no lo van a hacer, no lo van a cumplir.

Mi familia fue perseguida igual que la de los comandos, y no lo voy a olvidar, que mi esposa estaba con 8 meses de embarazo y el día que di mi declaración ante el Consejo de Guerra el 17 de marzo, nacía mi hija, al día siguiente fallecía, no la pude conocer, solo me pude parar frente a la lápida y arrodillarme y jurarle que algún día se iba a hacer justicia y eso es lo que le pido a la Comisión de la Verdad.


Vicente Grijalva, ex Capitán de la Marina: En mi espíritu de colaboración con la Comisión de la Verdad exijo la debida protección para mí y para mi familia, como víctima de violación de los DD.HH. y testigo de la CV.

Hace 17 años denuncié por el órgano regular, como correspondía a un militar de honor y luego por medio de la opinión pública, distintas violaciones de derechos humaos tanto a militares como a civiles, que sucedieron por parte de malos elementos de la Armada Nacional y en especial del servicio de inteligencia, esto hizo que perdiera mi carrera militar por estar a lado de la justicia.

Todas estas denuncias documentadas han sido recogidas por la prensa nacional e internacional y ahora las he expuesto a esta Comisión de la Verdad, en su momento las denuncias fueron recogidas también por todos los organismos defensores nacionales de los derechos humanos, incluida la Hermana Elsie Monge, quien ahora preside esta comisión y por organismos y defensores internacionales tales como Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la paz. Desde allí los miembros de tropa que dignamente denunciaron estas atrocidades y yo, hemos sufrido la más cruenta persecución por parte del servicio de inteligencia de la Armada Nacional y de la mal llamada justicia militar ecuatoriana.




Nuestras denuncias sirvieron para que se cubran atroces crímenes como el de Stalin Bolaños y de Consuelo Benavides, que luego fueron conocidas y juzgadas por el Sistema Interamericano de Derechos humanos. Siete miembros de la Armada que conocieron este caso murieron en circunstancias que nunca se aclararon, diez marinos fuimos sacados de la Institución de manera injusta e ilegal, quienes acudimos al Tribunal de Garantías Constitucionales, a pesar de que es el más alto tribunal de derechos humanos del Ecuador sentenció a favor de nosotros y se pronunció sobre la ilegalidad con la que se actuó este caso, 13 años después ninguna autoridad ha hecho cumplir esa sentencia. Acudimos a todas las instancias que ustedes puedan imaginar para que se haga justicia en mi caso y la de los agentes, por supuesto, incluidos los Procuradores Generales del Estado, Fiscales Generales, Defensores del Pueblo, al Tribunal Constitucional, al Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República, ninguno ha hecho cumplir la sentencia a nuestro favor por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales, y aún más importante, ninguno ha limpiado a la Institución Militar de los malos elementos que aún siguen ahí todavía y rodeando a las más altas autoridades del país.

Profundamente decepcionado de las instituciones nacionales, me he visto obligado a someter mi caso, en el 2001 hace más de 7 años, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperamos la pronta resolución de esta instancia.

Al inicio de mi ponencia les dije que venía con temor de lo que pudiera suceder conmigo y con mi familia, sin embargo quiero decirles a los civiles y militares que están en la sala, y en especial a los miembros del servicio de inteligencia, que también están aquí y a la policía que atiende este seminario, que aquello no significa cobardía.

Quiero dejar claro que la lucha de los sargentos y la mía que estamos llevando, supera nuestro interés personal, en efecto nuestra lucha la miramos como una oportunidad para que el Ecuador tenga en el futuro inmediato unas Fuerzas Armadas profesionales, nuestras denuncias han golpeado los tentáculos más peligrosos en nuestra institución, que ningún gobierno ha tenido la valentía de reformar, hablo de los servicios de inteligencia de la Armada Nacional y a la mal llamada justicia militar.

Señoras y señores los códigos de justicia militar por medio de los cuales se chantajea a mis compañeros y compañeras de las Fuerzas Armadas, están vigentes desde el siglo anterior en este país y ningún político ha querido reformarla, por tanto, dejo en claro, que la consecución de estos objetivos superiores nos da aún más fuerza para seguir en la lucha tanto a nivel nacional como internacional y lo hacemos para que nunca más ningún compañero sea injustamente tratado dentro de las Fuerzas Armadas y en especial pensando en los jóvenes que ahora se preparan con ilusión en las escuelas militares. Mi caso es el primero y único que un militar de honor ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Antes de terminar quiero mencionar dos cosas de la manera más franca y directa como me caracteriza: la primera es que mis actuaciones y denuncias están documentadas, y que he señalado nombres y apellidos de las personas involucradas en las atroces violaciones que se realizaron contra civiles y militares. Espero que esta Comisión de la Verdad tenga la valentía para actuar de esta manera cuando presente su informe final en diciembre. Exijo por tanto que esta Comisión solicite al Presidente de la República, Rafael Correa, que desclasifique los documentos reservados de la Marina, para descubrir la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos, el señor presidente tiene el suficiente poder para hacerlo, entiendo que lo está haciendo y su ministro de defensa Xavier Ponce, que tanto ha hablado sobre descubrir la verdad, tiene la obligación de hacerlo.

En segundo lugar quiero denunciar que la Procuraduría General del Estado está encubriendo a los violadores de derechos humanos en nuestro caso, por tanto exijo también a la Comisión de la Verdad que exija a la Procuraduría General del Estado, que haga público cómo trata los casos derechos humanos, pues los ciudadanos no sabemos nada acerca de estos procedimientos. Muchas gracias por su atención.


Martha Escobar, viuda de Duchicela: Quiero expresar mi saludo a nuestros seres queridos que partieron y que fueron víctimas de la atrocidad, de la monstruosidad de un período en el que supuestamente, había un espíritu de seguridad del Estado y so pretexto de la cual muchas personas fueron víctimas de ellos, muchos ya partieron y muchos están aquí presentes.

Soy la esposa del suboficial Enrique Duchicela Hernández desaparecido en Lima, Perú, el 27 de mayo de 1988, época en la que gobernaba León Fébres Cordero, aparentemente un hombre valiente, bravucón, pero yo diría muy cobarde, porque no afrontó un problema internacional y penal que se presentó en ese momento y que lo que hizo fue ocultar la verdad, tergiversar la verdad de los hechos y realmente la respuesta de mi país fue que mi esposo se había ido con otra mujer.

A los 16 años yo supe la verdad por medio de un libro, tendría que pasarme todo un día contándoles 16 años de búsqueda de la verdad, lo que les puedo decir y me pueden comprender las personas que han pasado por esto, lo peor que le pueden ocasionar a una familia, es la desaparición forzada, aquí le ven a la madre de mis hijas, como mujer me terminaron, me acabaron, no tienen idea a qué puertas no más había golpeado, a dónde había acudido para que le salven a mi esposo, luchando contra dos países, contra Ecuador por encubrimiento y contra Perú que cobardemente secuestró, torturó y asesinó a mi esposo.

A los 16 años en diciembre del 2004, según el libro El Pentagonito, escrito por el periodista peruano Ricardo Uceda, se detalla como fue la forma cruel y asesina de cómo le mataron a mi esposo, como lo torturaron, como lo han asesinado. Nosotros como familiares pusimos inmediatamente la denuncia en la Fiscalía en el año 2005, ahí reposa en indagación previa 3 años 8 meses, y sigue en indagación previa. Aquí muchos compañeros del derecho saben que en esos delitos únicamente puede estar dos años el caso para que emitan instrucción fiscal o a su vez archiven la causa, pero hasta ahora no se pronuncia la Fiscalía, hasta ahora sigue en indagación previa, evitando así que yo como víctima pueda continuar solicitando mis derechos en una corte internacional.

El Estado lamentablemente hasta ese momento no me contesta oficialmente qué pasó con mi esposo. Él se fue a trabajar en la Embajada del Ecuador en Lima, como diplomático, por lo tanto el Estado ecuatoriano ni el peruano me han contestado, en esa época el Estado ecuatoriano, oficialmente el ministro de defensa me dijo que se había ido con otra mujer.

Hace 20 años y más vivíamos un período de represión muy grande, como sería que cuando yo supe que desapareció mi esposo a los ocho días, ya los medios de comunicación lo habían sabido, porque el coronel de inteligencia de esa época me dijo: señora no hay el negro, porque así lo trataban a mi esposo, yo le dije ¿lo cogieron? Y me respondió, déjeme porque voy a hablar con el ministro de defensa, porque los medios de comunicación ya lo saben; pero que va, hasta los medios de comunicación no podían decir nada, el país no se enteró, nadie supo que mi esposo desapareció, porque nadie podía decir nada.

En unos meses una valiente periodista de apellido Villota, le preguntó al ministro de defensa, si era verdad que el señor Duchicela ha sido cogido por miembros de la inteligencia del Perú; él manifestó que no, que era lío de faldas. Yo quisiera encontrarle nuevamente a la señorita periodista y preguntarle, qué pasó, porqué ella no volvió a salir más ni en televisión ni en ningún medio de comunicación.

Luego vino el periodo del presidente Dr. Rodrigo Borja, él ofreció decirme la verdad, pero tampoco lo pudo, y así cada gobierno. A todos los gobiernos he golpeado las puertas, he solicitado audiencia, he pedido hablar sobre el caso de mi esposo, que se esclarezca, que conmine al Perú, que exija al Perú, que porqué le tienen miedo al Perú, que exija al Perú que me devuelvan a mi esposo, pero ninguno respondió hasta que por fin cuando estaban las promesas de la candidatura del economista Rafael Correa, hubo una esperanza, creo yo que para todos los que estamos aquí presentes, en abrir todos los archivos, en formar esta Comisión de la Verdad, y que bueno que lo hizo, que cumplió con su palabra, todos los que hemos sido víctimas hemos acudido acá a la Comisión de la Verdad, nos han abierto las puertas, y qué esperamos toda las víctimas sino una respuesta verdadera, un informe; que el informe que de, sea completamente hecho a la verdad, sin tapujos, caiga quién caiga, sean quienes sean los responsables, las personas que no cumplieron con su obligación, las personas que debían haber sido responsables de cumplir con su obligación y no lo realizaron tienen que ser ellos ahora responsables de todo lo que pasó hace muchos años y no pudieron cumplir su deber.

Pido a la Comisión de la Verdad, que exija al Estado también que no solamente sea un informe pasajero, sino que sea un informe de carácter vinculante, porque no debe ser un informe más, de tal manera que en las cortes, en los juzgados, en las instituciones de justicia sean consideradas como pruebas fundamentales para las víctimas. Además, quisiera que la Comisión de la Verdad lleve unas estadísticas, para que vayamos con el tiempo superando estas situaciones. Me alegro que lo hemos superado, porque hace 20 años no había esto, en esa época no podían hablar ni los periodistas, hace 20 años no teníamos esta facilidad, vemos que hemos avanzado, en todo sentido, incluso en la sociedad podemos hablar con más libertad y tienen que respetarnos, porque como víctima no quisiera que vuelva a pasar esto, no quisiera volver a saber de desapariciones.

No saben lo que ocasionan a una familia entera, mucha gente que no está en nuestro lugar, que no está calzando nuestros zapatos, dicen pero si ya pasó tantos años y siguen con lo mismo, pues les digo que no se supera señores, como no quisiera tener la receta para poder olvidar, no soy masoquista señores para estar en lo mismo y en lo mismo. Muchas veces me dicen disculpe pero le vamos a tocar su tema, pero el tema es de todos los días, yo me despierto siempre con el tema y cuando puedo dormir, me despierto y digo qué me pasó, a dónde me puedo ir nuevamente a buscarle a mi marido, desapareció, él no era un perro, hasta a un perro se le busca, mucho más a un ser querido, pasarán 20 años más y yo le seguiré buscando… Cuántas veces señores yo esperaba en la puerta que me timbrara y que todo sea una pesadilla, pero nunca pasó eso. A los 16 años tuve un libro de una persona peruana, que escribió la verdad, de lo que había pasado en ese país, pero del 2004 acá sigue en la impunidad ese crimen, así como el crimen de mi esposo habrán muchos, hoy estoy levantando la voz no solamente por mi caso. Le pido a Dios que nunca más se ocasione esto, porque no solamente terminan con la persona que le desaparecen sino con la familia entera, ustedes no tienen idea como sufre esa madre, si a mí como esposa me terminaron y sufro, no pueden tener idea como sufre esa madre, hasta ahora le espera a su hijo porque no tiene una tumba a donde irle a llorar.

Quiero felicitar a la Comisión de la Verdad, porque está invitando a los miembros de las Fuerzas Armadas, los he visto aquí participando, ellos también están formando las filas de los derechos humanos, que bueno, me alegro y les felicito, todos formamos la sociedad ecuatoriana, ellos también son humanos, los militares son humanos, los policías también son humanos. Como sociedad debemos formarnos desde pequeños, esto debe ser de educación, desde la escuela debemos fomentar los derechos humanos, para que la nueva generación tenga otra forma de pensar, para que los militares y las personas civiles tengamos una confianza de hablar, una libertad de hablar, con el fin de que cada uno nos respetemos, los civiles respetemos a los militares y los militares respetemos a los civiles. Espero que la Comisión de la Verdad no se quede temporal, como en otros países, tiene que ser permanente, con el fin de que sea como un veedor que siga avanzando, que progrese, la Comisión de la Verdad crecerá más cuando disminuya estos casos de violación de los derechos humanos, y les felicito a todas las personas que están formando las filas de los que luchan por los derechos humanos. Muchas gracias.

MODERADOR: Antes de dar paso a la ronda de preguntas, a nombre de la Comisión de la Verdad, quisiera agradecer a todos los que nos acompañaron en este panel, son solamente una muestra de los más de 400 testimonios que la Comisión ha recibido en estos meses de trabajo, y dan cuenta de los hechos que la CV está conociendo e investigando. Reconocemos el valor de todas las víctimas, familiares de víctimas, que han confiado en la CV, que han roto el silencio y junto a nosotros están buscando la verdad, ese valor, ese compromiso con el que actúan lo único que hace es comprometernos a que el trabajo del que estamos encargados, llegue a feliz término, lleguemos a identificar a los culpables, eso es lo que más anima a los Comisionados y al equipo que trabaja den la Comisión de la Verdad. Vamos a dar paso a la ronda de pregunta.

FORO PÚBLICO

PREGUNTA 1. Guillermo Segundo Flores (Caso AVC). Mis saludos y felicitaciones a los señores expositores en este panel, a todos aquellos que estamos asistiendo a este evento.

Después de escasos 22 días se cumplirán también 22 años de la ejecución, asesinato, de uno de los miembros más destacados del Movimiento Alfaro Vive Carajo: mi hijo José Luis Flores Castillo, su esposa Blanca Sayonara Sierra Freire y su compañero Vladimir Regalado, en la noche del 28 de septiembre de 1986, durante el gobierno del señor ingeniero mecánico León Febres Cordero. Entre uno de los más destacados y publicitados, tuvo lugar un operativo de comandos especializados de la Policía Nacional, compuesto, según testimonio de los vecinos y de la prensa, por más o menos 80 a 100 efectivos, cuya misión era la de liquidar a José Luis Flores Castillo, el “capitán Cerezo” de AVC. El asalto a la casa de seguridad, fue precedido por un oscurecimiento total de un amplio sector cercano al colegio San Gabriel, la edificación, una casa de tres pisos, localizada en la calle Manuela Sáenz No. 366 entre Lamayet y Abelardo Moncayo, en cuya planta baja se alojaban perentoriamente José Luis (mi hijo) y el joven Vladimir Regalado Bolaños, por coincidencia le visitaba al primero de los nombrados su esposa legítima Blanca Sayonara Sierra Freire quien le había llevado ropa y alimentos. La operación como relata la prensa, dura apenas 15 minutos y deja como epílogo de la “heroica acción”, los cadáveres de tres jóvenes, dos hombres y una mujer.

El relato que hace la prensa es amplio, con gran despliegue gráfico, que consta en la documentación que he presentado, se presta para realizar una profunda investigación que responda a algunos interrogantes como los siguientes: ¿Hubo agentes infiltrados en el movimiento AVC o elementos traidores que informaron sobre el refugio transitorio del capitán Cerezo y su compañero? ¿Cómo explicarse que, teniendo un arsenal a la mano, entre comillas, como afirmaron con fotografías, la policía y la prensa, un hombre valiente hasta la temeridad, fogueado en el batallón América en Colombia, inteligente y preparado para eventualidades como cabe a un guerrillero, no se atrincheró y voló si es posible con amigos y enemigos? No existió tal arsenal, y los sitiados contestaban la balacera contra los heroicos policías con una pistola, afirmación hecha a mi persona por uno de los ocupantes de los pisos superiores que se negó a darme su nombre.

La noticia decía que los cadáveres estaban desfigurados y ensangrentados, nada más falso, las heridas son certeras y limpias, productos de impactos de armas de pequeño calibre, pistola o carabina de cacería disparada a corta distancia, no más de tres metros. José Luis, el capitán Cerezo, mi hijo, presentó dos impactos certeros en el corazón y el tiro de gracia en la cabeza; Vladimir Regalado, tres impactos en el cuello y el tiro de gracias en los dos casos. No se encontraron orificios de salida de los proyectiles. Blanca Sayonara Sierra Freire, mi nuera, recibe 14 impactos de su ametralladora, algunos de los proyectiles traspasaron el cuerpo, quizás estuvo inconsciente después de haber sido ultrajada ante su esposo inmovilizado, tal es la conclusión a que llegué luego del corto relato del asalto por los gritos e interjecciones, ya pueden ustedes imaginarse, como puede un esposo que ve a su mujer ultrajada por esos asesinados, cuando él estaba completamente inerme, por interjecciones de las víctimas y por fin los disparos perfectamente identificados y la ejecución. Las copias de los protocolos de la autopsia no fue posible obtenerlos, porque nos fueron negados, pues deben haber sido levantados por ser documentos que exigen los reglamentos vigentes para tales operaciones y deben estar archivados, a lo mejor, en alguna documentación clasificada.

Estos son los hechos y las ejecuciones por la que inmediatamente terminado el gobierno del Ing. Febres Cordero, inicié, como iniciamos muchos de los familiares secuestrados, muertos y desaparecidos, en forma particular nuestras reclamaciones; primero ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se trataba del señor Econ. César Verduga, ustedes sabe quien es ese personaje, y luego ante otros funcionarios, pero nadie me dio respuesta, hasta cuando, hasta que tuve la oportunidad en Guayaquil, de que la señora Mireya Cárdenas, aquí presente y a quién respeto, me invitara a formar el comité contra la impunidad, desde cuya organización soy uno de los cofundadores.

Tengo dos preguntas que hacer: como ustedes pueden ver en las gigantografías, al final está la gigantografía de mi nuera (Foto), pero no está la de mi hijo, que misteriosamente ha sido sustraída por miembros de las juventudes socialistas. Ahora después de 22 años, se acuerdan de que José Luis Flores Castillo, fue uno de los más acendrados miembros, quien luchaba por ideales, por la mejora de la situación del pueblo, ahora a los 21 años se acuerdan y desaparece la gigantografía, y van a ver también allí, dice Blanca Sayonara Sierra Freire, pero no dice de Flores, no sé porqué siempre que ha habido algún acto público, no estaba la gigantografía de José Luis Flores Castillo, hay alguna discriminación, hizo algo mi hijo que contraríe sus ideales o su valentía?

Otra cuestión, este lunes en la mañana, en radio La Luna, ha sido entrevistada, la hermana Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad. Cuando se le ha interrogado sobre el caso de José Luis Flores Castillo y Blanca Sayonara Sierra, ha dicho que no ha conocido y no sabe mucho de este caso. Creo que esta documentación es completa y se la he entregado por varias ocasiones, e inclusive se la entregué a la doctora Jenny Betancourt, quiero saber estas dos cosas: ¿porqué hay cierto discrimen en la persona de mi hijo y luego si esta documentación, que está a la orden de quien quiera revisarla, llegó o no a manos de la CV?


PREGUNTA 2. Edgar Frías (Caso AVC). Entiendo la actitud de nuestro compañero, yo creo que José Luis Flores es un héroe, como lo era Hámet Vásconez, que hoy 11 de septiembre es un año más de su asesinato, murió combatiendo, peleando. Tengo una pregunta para la compañera Dolores Vélez (caso Fybeca): la impunidad se ha basado en el control judicial que ha tenido el Partido Social Cristiano y la derecha, aquí no se ha juzgado a León Fébres Cordero, a Jaime Nebot y a todos esos asesinos y corruptos, porque son dueños del poder judicial y porque contradictoriamente personas que hicieron parte del gobierno de Fébres Cordero, como Alexis Mera ahora es el principal asesor de la presidencia de la república.

La partidocracia sigue metida en el gobierno del país, esa es la realidad y esa Corte Suprema de Justicia está llena de social cristianos reencauchados, porque lamentablemente y permítanme decirlo, para país lo importante es que sean funcionales a sus intereses, no importa que hayan sido unos ladrones funcionales a la derecha si ahora son funcionales a sus intereses, esa es la verdad, es la realidad; pese a ello, consideramos que en este régimen de transición, que vamos a tener, una vez que se apruebe el SI, porque va a ganar el SI, es la oportunidad histórica para tener realmente justicia en este país, porque con los actuales ministros jueces no va a pasar nada, la pregunta concreta para la compañera, es en el sentido, de que ella más que nadie y toda la ciudadanía lo sabe, ahí (Caso Fybeca) existió un crimen planificado, una ejecución extrajudicial, habían infiltrados, la policía sabía que ahí se iba a producir un asalto, los estuvieron esperando y los asesinaron a todos, después montaron un enfrentamiento, con tiros en la espalda y a poca distancia ¿saben quién era el dueño de la policía en Guayaquil? Jaime Nebot Saadi, ese es el dueño de la policía, ese es el que mandaba a esos equipos de ejecución, porque la derecha cree que a la delincuencia hay que combatirla supuestamente “ajusticiando” a los delincuentes, claro a los banqueros hay que mandarlos a Miami, esos no son delincuentes, esa es la realidad objetiva.

En ese sentido, una vez que este régimen de transición permita que tengamos una nueva administración de justicia, la pregunta concreta es si también se va a acusar no solo a los payasos sino a los dueños del circo, que en el caso concreto del asesinato de Fybeca se llama Jaime Nebot Saadi, que no solo es el caso de Fybeca, porque hicieron lo mismo con un asesinato a más de 12 personas que iban a perpetrar un asalto en Babahoyo y otro en Portoviejo, es un oficial de policía, esposo de una abogada supuestamente progresista en Guayaquil, que me olvido el nombre, que en definitiva ejecutaba este tipo de acciones, por mandato de Nebot, porque esa es la realidad objetiva. El terrorismo de Estado, es resultado de la concepción que tienen para combatir la delincuencia y sobre todo del poder que han tenido dentro de la función judicial, por eso no es casual, que el próximo domingo saquen hasta al Cristo del Consuelo (“Procesión por la paz, la vida y la familia”, organizadas por la Arquidiócesis de Guayaquil, 14 de septiembre del 2008), que solo sale los viernes santo, en una manifestación de la jerarquía eclesiástica complotada con esta derecha que sigue queriendo perpetrar este sistema de dominación.

PREGUNTA 3 (Público en general). Mi pregunta concreta para los señores de la Marina, el señor Frank Vargas Pazos, hizo una denuncia de la compra de un avión que él decía que era con sobre precio, con la bendición de León Fébres Cordero, y algunos hombres a lo mejor talvez ustedes los reprimieron por defenderle al señor Frank Vargas, por tener la valentía de denunciar ese negociado injusto.

PREGUNTA 4. Francisco Serrano (Caso Minas de Machala). Una pregunta más, dirigida sobre los comandos de Taura, al señor oficial de la Marina. Se observaba hoy en ECUAVISA, el amplio despliegue publicitario a una entrevista de un ex diputado, pero que interesante para nosotros, permítame expresarle soy machaleño, abogado, represento a un grupo de mineros ya que en el año 1987 (Minas Las Juntas, La Playa, Cantón Pasaje, Machala), se produjo un desalojo donde oficialmente hay dos muertos, 8 heridos y no se sabe todavía el número de desaparecidos que hay, porqué no se sabe los nombres de los desaparecidos, porque resulta que eran gente humildes, muy humildes que trabajaban eventualmente, artesanalmente en las minas y se retiraban.

Hago esta mención, porque estamos hablando que el fin de esta conferencia es el fortalecimiento de la democracia, pero que papel tan importante juegan los medios de comunicación, manipulados por ese súper estado que son los grupos de poder económico y que lamentablemente juegan un rol las Fuerzas Armadas, PN y la administración de justicia, para configurar este súper estado. Se ha escuchado como silencian a las personas, como se desaparecen personas. Yo les hacía un razonamiento a un grupo de amigos, me preguntaban sobre este tema, porque ha estado oculto este crimen de los mineros humildes y les respondía que el único delito de ellos es que son pobres, y este tipo de democracia es la que tenemos que empezar a cambiar, porque nosotros tenemos una herencia ante nuestros hijos y tenemos que deja un país distinto. Hay una frase muy hermosa que me dijo Pedro Restrepo: “si no luchas, si no haces denuncia, la impunidad sigue vigente y crece y es la escuela del crimen”, esa modesta acotación quería hacer a los señores oficiales del ejército a quién les reitero mi consideración, gracias.


PREGUNTA 5. (Caso Gustavo Garzón). Soy Clorinda Guzmán, madre del escritor desaparecido Gustavo Garzón, mi inquietud es esta: la represión comenzó del 84 al 88, pero continuó, el caso es el de mi hijo que es un caso del año 1990, y también está involucrado, en estas averiguaciones que he hecho, este señor Verduga, yo quisiera que esto continúe hasta saber qué es lo que pasó con mi hijo.


PREGUNTA 6. Fidel Jaramillo (Investigador CV). ¿Si es que el informe final de la Comisión de la Verdad, por A o B, no llenara sus expectativas, cuál es su plan B?


PREGUNTA 7. (Caso Administración municipal Loja). Soy el Dr. Fransinl Castillo, vengo de la ciudad de Loja para estar presente en este evento, quiero agradecer la invitación que me hizo la Comisión de la Verdad.

A mi me llama mucho la atención el tiempo corto que tenemos para explicar, desde el día de ayer hasta el día de hoy, todos los que estamos aquí queremos tener un espacio de al menos una hora para explicar las cosas que venimos conociendo. En mi caso, estamos en Loja peleando, luchando contra la corrupción y contra el tipo de denuncias que se están haciendo en el año 81. En dos minutos no hacemos nada, ni para saludar ni para despedirnos, entonces me voy con la gran pena de no haber tenido la oportunidad de aportar mis ideas, mis sugerencias y denunciar los actos de corrupción, latrocinios, persecuciones, torturas de los funcionarios públicos, la cantidad de problemas que hay y veo a la Comisión muy pequeña para enfrentarle. Me doy cuenta que hasta diciembre tenemos plazo para dar solo el informe pero que va contener este informe o sea solo va a ser informativo, explicativo, pero no habrá una sanción moral, penal, política, porque si estos criminales tal como se está denunciando, han estado en actos vergonzosos, esto no tienen que estar en la vida privada, ni pública, desde ya deben tener la sanción moral, por los medios de comunicación social; la cárcel, quitarles los derechos de ciudadanía, inclusive estos señores son los que van a ser candidatos en las próximas elecciones. En mi caso en la ciudad de Loja, he venido denunciando cosas graves, el robo de los dineros de la virgen del Cisne, el señor Obispo y uno tiene que ser blanco, el robo de los dineros del Estado de los consejeros provinciales, 25.000 dólares cada consejero, dietas anticipadas ¿quién me lo resuelve? La Comisión Nacional Anticorrupción que debe estar aquí presente, no está aquí para reclamarle qué hace por mi denuncia.

La universidad sacó un título a un señor José Bolívar Castillo, que nunca tuvo título y ahora es doctor, yo estoy impugnando ese título, está en la secretaría del CONESUP desde hace dos años y no me dan respuesta. Ahora tengo casos para la Comisión de la Verdad en Loja, que han llegado tres veces los investigadores: tenemos torturas, persecuciones, carcelazos, a comerciantes, hay muertos, desaparecidos, casas destruidas, por el señor José Bolívar Castillo, ex alcalde Loja, el que comandaba la democracia cristiana, y este es el responsable de la venta del Protocolo de Río de Janeiro. La pregunta para ustedes es ¿que vamos a hacer con la democracia cristiana, el PSC, que son los que vendieron la patria? ¿Quién responde si el tratado último, es legal o ilegal? Sería bueno que la Comisión de la Verdad investigue, tiene que venir a rendir cuentas el señor José Bolívar Castillo, justamente con la democracia cristiana, yo quisiera que discutamos con ustedes si el protocolo de Río de Janeiro es legal o ilegal, si no sometámosla a consulta popular. Muchas gracias.

PREGUNTA 8. Dolores Guerra (Caso Fybeca). Buenos días acogiendo lo que mencionaba el abogado Edgar Frías, quiero hacer una reflexión: si bien es cierto, nosotros hemos venido escuchando que en el caso Fybeca estuvo involucrado el alcalde actual de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, puedo manifestar que la demostración más grande que se tiene de él es que como alcalde nunca nos abrió sus puertas, debía de habernos acogido también por ser guayaquileñas y habernos escuchado. Sé que debimos habernos dado cuenta de que la justicia interna en nuestro país, los jueces, los fiscales, toda esta situación interna está politizada y que por eso se ha convertido en el cordón umbilical, como es la fiscalía que inicia la instrucción fiscal, va hacia los jueces y esos mismos jueces se convierten en padrinos de la impunidad. El famoso fiscal del gorrito grande que todo el mundo le conoce el Sr. Héctor Vanegas, este hombre, convertido también en padrino de la impunidad, ha hecho que transcurran muchos años para así convertirse en el padrino de esa impunidad. Ellos pusieron alfombra roja para que el caso Fybeca avance hasta donde está sin tener una respuesta.

Es verdad lo que decía la señora Duchicela, solamente hace falta estar en los zapatos de uno para sentir lo que se siente, el dolor tan profundo, de levantarse cada día y ver como cambió nuestras vidas. Esperamos en la Comisión de la Verdad, que se destape esa olla de grillos, que se destape la olla de maldad y que se descubra en verdad a los cómplices, encubridores, a los mentalizadores de esas desapariciones forzadas, a los mentalizadores de esas desapariciones forzadas, a los torturadores. Así mismo hago un pedido a los miembros de la comisión, porque estoy muy feliz y alegre de haber visto a través de la prensa como se han descubierto los centros de torturas que existen aquí en Quito, peor así mismo quisiera que se descubra esa PJ (Policía Judicial, se refiere a la de Guayaquil) donde se tiene un centro de torturas y que quizás mi esposo Jhonny Gómez, quien fue llevado hasta esas instalaciones, debe haber pasado por esa mala suerte tan grande de haber sido torturado, ese grito de pedido que me hizo mi esposo aquella noche, que le ayude, que lo tenían en ese lugar, pero se me negó el acceso para poder pasar, yo si quiero que se descubra qué hay allí adentro, porque investigar no es torturar, investigar es llegar a la verdad, pero sin que se nos torture en esos centros de tortura. No estoy a favor de la delincuencia, pero si estoy en contra de que se capture a una persona, que se lo lleve a una investigación a una persona y que tengan que ser puestos fundas y llevados a los esteros que hay muy adentro, quizás esto es muy comprometedor, cuando yo he querido tener acceso a ese lugar siempre se me ha cerrado las puertas. Hago un llamado a la CV para que no existan más desapariciones forzadas, torturas y que nuestros compatriotas hermanos, sean delincuentes o no delincuentes, no sean más torturados, que sean investigados por una investigación seria, pero no más torturados, y que a esos padrinos de la impunidad que son los social cristianos, se los descubra y se los haga acabar por siempre. Gracias.

PREGUNTA 9. Pedro Moncada. Resulta lacerante lo que hemos escuchado en estos dos días y no nos pesan los muertes ni las torturas ni los carcelazos, lo que más nos pesa es el silencio y la impunidad, y por eso quiero felicitar, la valentía de ustedes amigos panelistas, de mi amigo Alfredo Pin, del compañero Vicente Grijalva, especialmente de ti Rosita Mireya (Cárdenas), por tu perseverancia y por tu lucha valiente existe esta Comisión de la Verdad, esa valentía de las Dolores (referido a Dolores Vélez y Dolores Guerra, esposas de víctimas en el denominado caso Fybeca) para denunciar la impunidad que tiene su caso, y la señora Duchicela (Martha Escobar), para denunciar una impunidad binacional; es decir, al escuchar a todos los panelistas se va abriendo paso la verdad, muy poco a poco, pero inexorablemente y nos dice una comunidad internacional que es favorable a las causas de todas las víctimas. En este día luctuoso 11 de septiembre, alguien me recordaba que hoy se cumple una fecha más aniversaria de la muerte de nuestro comandante Hámet Vásconez, hoy, en el año 73 se iniciaba la dictadura en Chile de Augusto Pinochet con el asesinato de Salvador Allende, y tantos patriotas y tantos desaparecidos, que después sirvió de “ejemplo” para la dictadura Argentina, y todo el plan cóndor que lo denunciaba alguna vez Jaime Galarza Zavala; hoy también hace siete años un hecho luctuoso, de miles de muertos en las Torres Gemelas en Estados Unidos, yo si creo que amerita que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio en memoria de todas esas víctimas y sus luchas.


MODERADOR: Voy a dar paso a una ronda de respuestas en voces de los panelistas.


Respuesta Alfredo Pin: Sobre el caso fokker, que fue el detonante, la denuncia de Frank Vargas (Vargas, rindió su testimonio el 09 de junio del 2008), ya que denunció un sobre precio en la compra de este avión, aparte de que denunció el sobre precio, también denunció que el comandante general del ejército Manuel Albuja se estaba construyendo una casa con todos los materiales de construcción del cuerpo de ingenieros, ese fue el detonante; ahí el general Luis Piñeiros cogió una ametralladora y se puso a disparar frente al comando general y el general Vargas salió a enfrentarlos, esa es la historia. También hay historias que se deben decir como la del compañero García (Miguel Félix), no hay que callarse, también hay que decir lo que dijo la Dolores, es un muelle clandestino a 350 metros de la celda, vayan allá, en la Segunda Zona Aérea en la parte de abajo del subterráneo, todavía falta ir, qué valiente que eres, pero hay que ir.

El caso fokker, lo sancionaron a Piñeiros, lo glosaron, por el famoso cambio de dólares a florines, y qué ha hecho el Estado para exigir que pague lo que robó. En el caso de los mineros poco les puedo decir, pero en toda investigación existen archivos, cualquiera, desde el robo de una pluma tienen que hacer un informe, por ahí agarran, y van siguiendo el hilo hasta que llegan a descubrir, la Policía Nacional sabe que estoy diciendo la verdad, hasta el momento no se cumplen las cosas, ni se cumplirán compañeros, la única manera es luchando unidos, no hay otra forma. En Argentina, en Perú, en Bolivia, en todos los lugares se está llegando a la verdad, en Chile lo pusieron contra la pared al represor Augusto Pinochet, aquí yo no pierdo las esperanzas de verle puesto las esposas a León Fébres Cordero en El Cortijo.


Respuesta Mireya Cárdenas: Primero quisiera dar a conocer que en el 2004 se conformó el Comité Ecuatoriano Contra la Impunidad, el testimonio vivo nos unimos al testimonio de los familiares de los asesinados y desaparecidos, esto tomó fuerza y hemos empezado desde ahí a visibilizar a nuestro muertos, no están todos en las gigantografías que pueden observar en la parte de atrás de este auditorio, faltan muchísimos de ellos, nosotros tenemos 40 alfaristas asesinados, allí está una parte de ellos y le pido, coronel Flores, que mire para atrás, su hijo está ahora ahí, fue solo una diferencia de tiempo y yo quiero también recordar que cada uno de ellos tuvo una entrega generosa y valiente, porque fueron capaces de entregar la vida por un proyecto, por un sueño, por un ideal, por la lucha de una patria diferente, una patria sin hambre, una patria digna, ojalá esa pared se vaya completando porque será el resultado de que más familiares se vayan uniendo a nosotros.

Tenemos mucha expectativa en el informe final, creemos que ahora no debe temblarnos la mano, ahora tenemos que hacerlo con firmeza, hemos comenzado a conocer la verdad, no importa si la Comisión de la Verdad no da un resultado que nosotros esperemos, el visibilizarnos, el haber podido hablar, el haber podido dar nuestro testimonio y que nos hayan escuchado ya es una reparación para nosotros, el que ahora estemos aquí dando a conocer lo que nos ha pasado, ya es parte de una reparación.




















La Comisión de la Verdad tiene el mandato de investigar el período 84-88 y casos especiales de otros períodos, y es porque nosotros creemos que en ese período se evidencia una política de Estado, que se evidencia una violación de derechos humanos en forma sistemática y generalizada, esto da un producto de lesa humanidad y ese delito es imprescriptible.

La Comisión de la Verdad tiene que dar un informe y sus debidas recomendaciones, a partir de esto, nosotros los afectados, los familiares tenemos que unirnos y tomar fuerza. Hemos hablado y hemos curado un poco las heridas, hemos hablado y hemos curado un tanto el pasado doloroso, ahora debemos tomar fuerza y debemos luego de esto judicializar los casos, tenemos que llegar a la sanción, debemos estar fuertes y firmes así como juntos, solo juntos vamos a poder llegar a la sanción, el país se merece la verdad y se merece también que construyamos una verdadera democracia. El plan B será V, llegar a la V de Verdad y a la sanción.


MODERADOR: A la Sra. Clorinda Guzmán quiero ratificarle que el caso de su hijo está en conocimiento de la CV, como Mireya Cárdenas mencionaba, la CV no solo investiga los casos del 84 al 88, sino muchos otros casos de otros períodos y su caso está en conocimiento de la CV al igual que la duda que tenía el coronel Flores respecto al caso de su hijo y de Sayonara Sierra, los casos son parte de nuestro trabajo.






11h40
CONFERENCIA
“CRITERIOS SOBRE POLÍTICAS DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA EXPERIENCIA ARGENTINA”
Conferencista (30m): María José Guembe (Argentina)
Moderador: Dr. Fidel Jaramillo
FORO: 30 minutos






















MODERADOR: A esta hora vamos a escuchar la conferencia denominada “Criterios sobre políticas de reparación a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, desde la experiencia argentina”, para lo cual contamos con la presencia de María José Guembe, quien es la actual sub-coordinadora del programa verdad y justicia del ministerio de justicia y seguridad derechos humanos del gobierno argentino. La conferencia durará aproximadamente unos 30 minutos, y en virtud al tiempo escaso y al atraso que tenemos, no vamos a tener espacio para preguntas posteriores.


María José Guembe: Acorté un poco lo que pensaba contarles y de acuerdo a lo que escuché en el panel anterior, que me pareció muy valioso, y de las intervenciones también del público, voy a hablar de lo que ocurrió en la Argentina, acerca de la reparación de las víctimas, tratando de contarles la perspectiva de las víctimas que las conozco de cerca, porque en el momento en que la mayoría de las medidas se pensaron, yo formaba parte del movimiento de derechos humanos y también conozco la perspectiva del Estado porque en los últimos años tuve la suerte de poder participar del diseño y de la implementación de algunas de esas medidas.

La discusión acerca de qué significaba reparar a las víctimas, fue una discusión muy ardua. Las víctimas argentinas son un grupo muy aguerrido y muy consciente que ellos tienen es la justicia y la verdad, cualquier propuesta relacionada con la reparación y sobre todo con la reparación económica, eran entendidas como una clausura o como una negociación de los valores de justicia o verdad. Durante bastante tiempo y por esta circunstancia, los familiares se negaron a discutir o a acceder a alguna política reparatoria, a partir de que había habido leyes de amnistía, que habían cerrado la posibilidad de investigar penalmente los hechos, esta circunstancia o esta impresión que ellos tenían de hablar de reparación o aceptar alguna disposición reparatoria, significaba vender la sangre de sus hijos.

Pero de a poco, con la ayuda sobre todo de organizaciones internacionales y pudiendo escuchar la experiencia de otros países, comenzó a ser permeable el hecho de que la reparación era una obligación del Estado y era un derecho de las víctimas y pudieron darle un contenido distinto a esta reparación, sin bajar las banderas de la justicia, del juicio castigo, pudieron, entonces, empezar a pensar cuál sería una medida reparatoria, o cuál sería una medida por parte el Estado que pudiese significar en alguna medida una reparación, entendiendo sin duda que la reparación total no es posible y que las herramientas que el Estado tiene a disposición son limitadas.

Cuando se culminó la labor de la Comisión de la Verdad, el Gobierno creó una instancia de seguimiento de esa Comisión, pero que a su vez tenía un mandato mucho más amplio que es la Secretaría de Derechos Humanos. Esta secretaría tuvo por objetivo además de la promoción y defensa de los DD.HH en general, el seguimiento de los casos que la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) no había podido concluir las investigaciones, la identificación de cuerpos a medida que iban apareciendo datos acerca de enterramientos N/N o cualquier otra posibilidad de identificar a las personas desaparecidas.

Se creó una Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, que intentó establecer la identidad de los niños que habían sido robados durante la dictadura, a sus familias biológicas y habían sido inscritos como hijos de militares o de personas que sin saber que los chicos eran robados, los habían inscritos como propios.

También se creó un Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un banco de sangre que permite identificar a medida que se van encontrando los restos de personas desaparecidas, y también permite en la actualidad identificar los niños que fueron robados. Las familias que quieren encontrar a los chicos o familiares desaparecidos, dan la muestra de su sangre y con esa pequeña muestra cuando existe algún caso, que a partir de la labor de un antropólogos forenses se determina que pueden ser familiares de esa persona, se cotejan las muestras de sangre y se determinan la identidad, esto también fue de algún modo parte de la política reparatoria y un seguimiento de la labor de la Comisión de la Verdad y coetáneo con la labor de la justicia.


Reparaciones Económicas

Las medidas en términos económicos que se adoptaron principalmente al inicio de la democracia, fue el establecer que todas las víctimas podían cobrar una pensión, que era igual a la jubilación que cobraban las personas retiradas y accedían a esta pensión los familiares, el esposo o esposa del desaparecido que habían quedado vivos, la persona que había convivido con el desaparecido o desaparecida los cinco años anteriores a la desaparición y los hijos menores a los 21 años, y hasta los 21 años, al cumplir los 21 años este beneficio se terminaba, también los papás de las personas desaparecidas sino podían trabajar o los hermanos que tenían alguna incapacidad.

Esta pensión tenía también el beneficio de la asistencia médica del Estado y la provisión de los medicamentos para la salud Fue una medida que pidieron los organismos de derechos humanos porque durante la dictadura en los primeros años de la democracia, a través de la cooperación internacional, ellos habían podido ayudar a las víctimas en lo diario, en la economía cotidiana y terminada la dictadura cuando Argentina dejó de ser un país prioritario para la financiación sobre todo lo que venía del exterior, ya no pudieron hacer frente a esto y muchas personas y familias habían quedado económicamente muy vulnerables y por eso el Estado salió a ayudarlas, las pensiones no salieron muy altas pero en ese momento yo creo que ayudaron bastante.

Esta fue la única medida que adoptó el gobierno de Raúl Alfonsín, en términos económicos y los presos políticos habían pedido a la justicia que se les reparara por daños y perjuicios porque habían estado presos ilegalmente, presos a disposición del poder ejecutivo o por juicios en tribunales militares.

En el ámbito interno algunos de esos casos habían sido resueltos favorablemente y habían recibido la reparación por daños y perjuicios, pero en otros casos las cortes habían decidido que los casos habían prescrito, porque muchos presos habían recuperado la libertad y no habían iniciado la demanda inmediatamente, había pasado mucho tiempo porque muchos habían tenido que exiliar o porque no confiaban en que el Estado les iba a dar una respuesta o no querían exponer su seguridad presentando denuncias al Estado. Estos casos fueron resueltos negativamente y las personas recurrieron a la Comisión Interamericana de derechos humanos.

El gobierno de Raúl Alfonsín en ese momento se presentó a la CIDH diciendo que estas personas no tenían derecho a la reparación y discutió procesalmente la responsabilidad de Argentina de estos casos, pero justo hubo un cambio de gobierno y asumió el presidente Saúl Menem que había sido preso político y entonces la posición del Estado argentino cambió y el gobierno ofreció una solución amistosa para las víctimas y como parte de la solución amistosa se dictó un decreto que estableció una reparación económica o sea un monto de dinero por cada día que había estado presa cada una de las personas que habían denunciado a la CIDH.

Como parámetro para establecer la medición, se hizo como que cada uno de los presos había sido empleado del Estado de la mayor categoría y entonces por cada día de detención se les pagó como que hubieran estado empleados en el Estado.



La cuestión es que ahí solo pudieron cobrar los que habían presentado la demanda ante la CIDH y el resto de los presos se habían quedado sin cobrar porque en los tribunales locales no les habían hecho lugar, o habían cobrado pero menos porque la reparación había sido menos importante. Por eso se dictó una ley posteriormente que equiparó todos los casos, con este mismo criterio, se dispuso: que todas las personas que habían estado presas, cobrasen una reparación y que aquel que había cobrado menos por cualquier circunstancia, por una resolución judicial o una Corte Interamericana o lo que fuera cobraría la diferencia.

Con esta ley quedaron equiparados los 10.000 presos políticos que había habido, y para acceder a este beneficio, lo único que tuvieron que demostrar era la presentación de una habeas corpus mientras habían estado detenidos, o la resolución judicial de una habeas corpus en el caso que la tuvieran, cualquier denuncia ante la CONADEP que era la Comisión de la Verdad, o denuncias antes organismos internacionales de Naciones Unidas o del sistema interamericano; es decir que la prueba de la detención fue muy laxa, pretendiendo que todas aquellas situaciones pudieran ser reparadas por el gobierno.

La segunda ley importante que se dictó fue la ley que reparó a la desaparición forzada de personas. Esta ley fue la más discutida, porque había algunas organizaciones de mucho peso como la Asociación de Madres de Plaza de Mayo que no aceptaban la reparación económica por la desaparición de sus hijos. Ellos decían que el Estado de este modo estaba comprando su sangre y que no confiaban que luego de aceptar el beneficio económico, las causas judiciales avanzaran, pensaban que era una transacción y que perdían la posibilidad de la justicia y por eso se negaron en algunos casos a cobrar la indemnización. No todas las madres pensaron lo mismo y eso generó una ruptura en el movimiento de madres. Ahora hay dos asociaciones de madres, la asociación que lidera Hebe de Bonafini (foto) siguió con esta oposición incluso ha acusado de prostitución a las madres que cobraron el beneficio; la otra, fundación de Madres, determinó que cada madre podía hacer lo que sintiera en relación a la reparación y que esto era una cosa muy íntima y tenía que ver con el sentido que cada uno le diera al cobro de este beneficio y en el mismo sentido se expusieron las demás organizaciones de los derechos humanos.

Hubo muchas discusiones al interior del movimiento de derechos humanos, acerca de si estaba bien patrocinar los casos ante el Estado, ayudar a las víctimas a cobrar el beneficio, porque esto se trataba de dinero y en general las organizaciones de derechos humanos estaban trabajando de otro modo, no con casos económicos, pero finalmente se dispuso que si, el CELS ( Centro de Estudios Legales y Sociales) que es una de las organizaciones más grandes, tramitó la mayoría de los casos, decidieron que iban a cobrar una pequeña porción de lo que la persona cobrara, porque era un cúmulo de trabajo muy grande que les quitaba la oportunidad de seguir otras cuestiones y entonces se determinó eso y los familiares de las víctimas lo aceptaron sin ningún problema, porque siempre habían recibido apoyo incondicional de esta organización durante la dictadura y por eso no lo vieron como problemático.

La segunda ley se dirigió a las personas que habían sido desaparecidas y a las que habían sido asesinadas por fuerzas de seguridad, por militares o por paramilitares, para determinar que había sido una desaparición forzada se usó la definición internacional, cualquier persona que había estado detenida ilegalmente o clandestinamente y cuya información había sido negada a los familiares, podía ser considerada una persona desaparecida y le correspondería por tanto el beneficio. De nuevo se estableció que la prueba estaba en cabeza del Estado y no en cabeza de los familiares, porque ya los familiares habían hecho demasiadas denuncias y habían trajinado demasiado las instancias del Estado como para hacerles nuevamente realizar trámites o tener que probar que la persona estaba desaparecida.

Los registros de la Comisión de la Verdad nuevamente fueron como la prueba central, cualquier denuncia que se hubiese presentado ante la CONADEP fue prueba suficiente que la persona estuvo desaparecida y también sirvió como método de prueba la presentación ante la secretaria de derechos humanos, que es el organismo que continúa la labor de la CONADEP.

Cada familiar de personas desaparecidas, por cada una de ellas el Estado pagó 224.000 pesos, que en el momento en que se implementó la ley eran equivalentes a dólares, es decir que era bastante el dinero, pero lo pagó en bonos de deuda pública, como reconocimiento de deuda, pero las personas recibían bonos que tenían que cambiar en el mercado, esto recibió un montón de discusiones, de cuestionamientos y debates, pero el Estado argentino no estaba en condiciones de pagar en efectivo como lo había hecho con los presos políticos.

Con los familiares de los asesinados pasó lo mismo, cobraron el mismo monto y al día de hoy la cantidad de personas que se han presentado a cobrar no superó las 10.000 en el caso de desaparición forzada o asesinatos, es decir que el número de 9.000 que determinó la CONADEP, de personas desaparecidas no se incrementó mucho en el momento en que el Estado decidió pagar una suma de dinero. Una posibilidad era que aparecieran muchas personas que no habían denunciado anteriormente, sin embargo eso no fue así, hay muchas personas que decidieron no cobrar y otras quizás ni se hayan enterado, porque viven en lugares recónditos y la información no es tan exhaustiva y la presencia del Estado en algunos sitios del país tampoco, de cualquier manera el número de 30.000 sigue siendo un número bastante holgado, de acuerdo a lo que es estado ha podido comprobar ahora.

Voy a hablar un poco de cómo han recibido el dinero las personas que lo cobraron. Tengo mucho trabajo de campo hecho con hijos de desaparecidos y no ha sido fácil cobrar el dinero, si bien reconocen esto como un derecho y no les complica la relación con el Estado haber recibido dinero y lo sienten ya como un cambio de la justicia o como haber resignado una bandera, si lo sintieron como un dinero mal habido, hubo muchas personas, que en el 80 por ciento de los casos ese dinero lo perdieron por las circunstancias económicas del país que han sido bastante inclementes en los últimos años, lo perdieron por haber puesto el dinero a jugar en la bolsa, lo perdieron, porque ese dinero les quemaba y no sabían que hacer con él, y emocionalmente les ha resultado muy difícil.



Hay mucho trabajo de grupos de psicólogos hecho por las personas que han obtenido la reparación económica, sin embargo todos reconocen que de parte del Estado estas han sido medidas incuestionables, consideran que era su derecho recibirlo y luego si les complicó emocionalmente, el Estado no tenía mucho para hacer ahí, eso era algo que ellos tenían que resolver individualmente. También el Estado reparó a las personas que nacieron durante el cautiverio de sus madres y otros chicos que fueron detenidos junto a sus padres y permanecieron detenidos durante algún tiempo, algunos de ellos luego fueron víctimas del cambio de identidad o de la sustracción de su identidad, en este caso se les pagó una suma igual a la de los desaparecidos. En todos los casos tanto los presos como los desaparecidos como los niños que estuvieron presos, se incrementó el monto de la reparación, si es que hubo lesiones gravísimas, esto es secuela de torturas o si como producto de esa detención se produjo la muerte.

El Estado argentino no distinguió nacionalidades, en el momento de dictar las leyes reparatorias, con lo cual cualquier víctima argentina del “plan cóndor” pudo cobrar el beneficio en Argentina, esto fue un reconocimiento de algún modo de que la responsabilidad del Estado argentino tuvo con la desaparición de ciudadanos chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos.

Ayer en su conferencia Carlos Basombrío decía que los estados tenían que pedir disculpas, yo no sé si hubo un pedido de disculpas oficial del Estado argentino, frente a ciudadanos de otras nacionalidades, pero es probable que haya habido los últimos años, pero si hubo este tipo de reconocimientos tanto en la justicia como en materia reparatoria.

En el caso del Brasil, el Estado argentino intentó con todos los Estados que habían formado parte del plan cóndor que se establecieran reparaciones para los argentinos que habían desaparecido en esos territorios, Brasil lo hizo y dictó una ley para los ciudadanos argentinos y los familiares recibieron una reparación económica del Estado brasilero, pero el resto de los países no, se intentó con Paraguay, Uruguay, con Bolivia y con Chile y en ningún caso fue todavía posible.

La reparación se completó con medidas que para mi son bastante interesantes que las económicas, más allá que me parece importante rescatar que la reparación económica fue una política del Estado, fue pensada, se discutió mucho con las organizaciones y con las víctimas, son leyes sancionadas sin mucho debate parlamentario y de hecho se sancionaron a la hora de la madrugada, intentando evadir el debate y la discusión pública, pero no son leyes cuestionadas ni siquiera el monto que se pagó, que son cifras altísimas, ha sido puesto en cuestión ni por la derecha ni por los grupos más reaccionarios.


Preservación de la Memoria Histórica


















Memorial a la orilla del Río: Se tomaron muchas medidas que tuvieron que ver por ejemplo con la construcción de un memorial en la ciudad de Buenos Aires, que está construido a la vera del río, donde muchos desaparecidos fueron arrojados por aviones de la marina de guerra. Este fue un reclamo de los organismos y de las víctimas durante mucho tiempo, también con muchas discusiones, sobre todo con la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo, que tampoco estaba de acuerdo con poner los nombres en monumentos, les parecía que esto no era un modo en que sus desaparecidos hubiesen querido ser evocados, de hecho también amenazaron en que si los nombres de sus hijos aparecían en el monumento, ellas iban con un cincel y los iban a sacar.

Finalmente luego de una discusión acerca de si existía el derecho o no, a que el nombre no estuviera en el monumento, el Estado y el resto de organismos de derechos humanos, pidió que los nombres tenían que estar, que no pertenecían solo a sus padres y que si luego había alguna represalia contra el monumento, que si se llegaba a hacer algo contra el propio muro donde estaban los nombres, eso también era parte de la historia y de la memoria y que estaba bien que así fuera.

Se creó una Comisión que se integró por los organismos de DD.HH. por miembros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por miembros de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, más algunas personas independientes, en la que se pensó cuál se quería que fuera el modo de recordar a las víctimas en la ciudad, y se llegó a un proyecto luego de un concurso público internacional que consiste en un muro que contiene todos los nombres de los desaparecidos, es un muro muy sobrio que va rodeando el río de la plata, y que está acompañado por una serie de esculturas que tienen que ver con la memoria y represión en Argentina, pero que no es una cosa ni mortuoria ni dura, sin embargo es muy impresionante.

Participé bastante de ambos lados, cuando estaba en el CELS en las discusiones de lo que queríamos que fueran desde la sociedad civil y luego las del Estado también. No me gustaba mucho el proyecto, me parecía que era un proyecto demasiado grande, demasiado oneroso, me parecía que tenía que ver poco con lo que habían peleado las personas que estaban recordadas, sin embargo cuando finalmente estuvo construido, que fue una tarea de muchos años, alrededor de 10, reconozco que al menos el monumento en sí, el muro con los nombres, es impresionante, vale la pena que cualquiera lo visite, dan cuenta muy claramente de lo que fue la represión en la Argentina; por ejemplo, es impresionante ver que hay muchos paneles de casos anteriores al golpe de Estado, es decir que la represión había empezado muy fuerte antes del 24 de marzo de 1976.

Otra cosa que llama mucho la atención son las edades, el monumento solo tiene los nombres y la edad de los desaparecidos y asesinados, el promedio de edad hay chicos de 15 años, muchos de 20, es impresionante ver lo joven que fue esa generación que desaparecieron.


Memorial en el ESMA: El otro proyecto grande que está en curso y que tiene muchas cuestiones para discutir, es el sitio de memoria que se está construyendo en los distintos centros clandestinos de detención, el más importante es el de la ESMA, el centro de detención más grande, por el que pasaron alrededor de 5.000 personas, creo que este número no está comprobado, el equipo de antropología forense lo reduce bastante, ellos son los que tienen los datos más claros.

En este proyecto también se incluyó la participación civil y del Estado, en pie de igualdad y casi con participación mayoritaria en algunos momentos de la sociedad civil, y la discusión fue qué hacer en ese lugar, si se quería reproducir lo que había habido ahí adentro como centro clandestino de detención, si se podía dejar pelado como está y como fue recuperado, la verdad es que eso fue lo que se decidió en última instancia y es muy impresionante entrar y lo que uno siente cuando está ahí adentro, aún viendo lo que han dejado los militares y con el solo relato de un guía, pero todavía no se ha podido abrir al público y eso en un proyecto que fue muy costoso para el Estado en términos políticos, porque fue sacarle a los militares uno de los lugares que para ellos eran emblemáticos y también en términos económicos, el hecho de que la sociedad no pueda acceder porque las propias víctimas dicen que no están preparados para abrir la discusión, tienen miedo de quienes podrían ir a visitar, que preguntas hagan, que conclusiones saquen.

Hasta el día de hoy se vota casi una vez por año y las organizaciones de derechos humanos imponen sus criterio de que todavía no se puede abrir, se puede visitar pero previa organización de una visita, lo que significa que si uno llega a la ciudad de Buenos Aires porque vive en el interior, y no tuvo la previsión de pedir la entrevista o la guía, no lo puede visitar.

Muchas Gracias.


14h30
CONFERENCIA
“REFORMAS INSTITUCIONALES: SEGURIDAD, DEFENSA Y DERECHOS HUMANOS”
Conferencista (30m): Carlos Basombrío (Perú)
Moderador: Dr. Wilman Terán
FORO: 30 minutos




















MODERADOR: Carlos Basombrío, es de nacionalidad peruana, fue viceministro del interior del Perú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Perú y del Comité de Inteligencia del Perú, director del Instituto de Defensa Legal, consultor del área de políticas públicas del Instituto Interamericano de derechos humanos en San José de Costa Rica; consultor en temas de seguridad y resolución de conflictos, en capital humano y social S.A. de Lima; coordinador de la Comisión de Reestructuración y Modernización de la Policía Nacional, consultor del proyecto relaciones de las Fuerzas Armadas y la prensa en el Perú, Investigador en Washington D.C., sobre procesos de paz comparados en América Latina, en Woodrow Wilson Center for Scholars. Le damos la más cordial bienvenida.

Carlos Basombrío: Gracias por la invitación. A mi lo que me han pedido es que hable específicamente, sobre el tema de reformas institucionales y más específicamente hablar sobre reformas en la seguridad en lo que fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú (CVR).


Introducción

Lo primero que quisiera decir, es algo que aun cuando sea obvio hay que reiterarlo, en la medida de lo que se trata acá es de hacer una reflexión de lo que pueda ser útil, a lo que ocurre en otra realidad. Hay que iniciar diciendo que se trata de dos situaciones muy diferentes; es decir, el proceso que le tocó ver a la CVR y la situaciones que le toca ver a la CV que se estableció en el Ecuador, tienen diferencias enormes, que no pueden dejar de mencionarse antes de empezar a hacer una reflexión al respeto.

En primer lugar habría que señalar la magnitud e impacto de los hechos. En el Perú la CVR debió ver lo que constituyó, y eso es un consenso en el Perú, quizás el período más dramático y difícil de toda la historia, es decir los hechos de violencia que ocurrieron en el año 1980 y que de alguna manera se cierran en el año 2000 los cuales son considerados como la época más dura, difícil y dramática de nuestra historia. El hecho de que la CVR del Perú haya calculado que hubo alrededor de 70.000 personas que perdieron la vida en el conflicto, da una idea de que estamos hablando de fenómenos y realidades radicalmente diferentes, a las cuales estamos comentando en el caso de ustedes, yo creo que eso es muy importante decirlo, para poder situar algunas cosas que si pueden tener relevancia y otras que carecen de todo parámetro de comparación.
En segundo lugar y otra característica que hace diferente la realidad peruana, en este caso de otras, de la mayoría de otras comisiones de la verdad que han habido en América latina en el pasado; es que la CVR en el Perú, señala que los principales responsables hechos que tuvieron en el Perú fue básicamente Sendero Luminoso; esa es una diferencia sustantiva con lo que encuentra la CV en Argentina, bajo distintos nombres en Guatemala, El Salvador, en Chile, pero en el Perú encuentra que el responsable principal es Sendero Luminoso, esa es otra característica que es particular a la situación peruana.

La tercera cosa que me parece importante mencionar para ir acercándome hacia el foco específico de lo que es el motivo de mi presencia aquí, es que la CVR señala claramente las responsabilidades institucionales, de Fuerzas Armadas, policía y sistema de inteligencia; pero la CV hace un señalamiento previo y que acompaña a todo su informe, en la cual señala que esas responsabilidades institucionales nunca hubieran podido entenderse sin las responsabilidades de las autoridades políticas, que por acción u omisión llevaron a esas instituciones a actuar de esa manera. Ese es un elemento fundamental que marca con mucha fuerza a la CVR. No dice los militares hicieron esto, eso o aquello, si lo señala, pero señala antes y con igual energía y dándole una importancia muy grande, que eso se hizo en el marco de las responsabilidades o la aplicación de responsabilidades de la autoría política que creo que es otro elemento que establece la CVR ya más focalizado en el tema de reformas.

Leal otro tema que distingue a la CVR de otras comisiones, es que cuando se habla de reconciliación, cuando se plantea el tema de qué hacer en adelante, en otros países por la naturaleza de los problemas que se tuvieron, lo que se discutía era como reincorporamos a un sector de la sociedad; por ejemplo en el caso de El Salvador, la guerrilla se vuelve parte, la base de la policía, o cómo se discute el tema del perdón, de un lado u otro. En el caso del Perú, la reconciliación no pasó por esos temas, y más bien de ahí, la reconciliación fue definida en términos generales como la necesidad de establecer otro tipo de relación entre el Estado y la sociedad de la que había llevado a que tuviéramos una violencia como la que tuvimos. Es decir teníamos una relación entre Estado y sociedad, que permitió, alimentó, generó condiciones, para cosas horribles que ocurrieron en nuestro país y que por tanto el tipo de reconciliación que planteaba la CVR en esencia es: reconciliemos el Estado y la sociedad, evitemos esas fisuras, esas distancias, esas diferencias y discusiones que hicieron que vivamos el fenómeno que tuvimos en nuestro país. En términos de mirar hacia adelante, de pensar país, esa es la síntesis de lo que la CVR le quiere decir a los peruanos.

Ahora bien, eso tiene un conjunto de dimensiones, eso se expresa en múltiples cosas, se expresa en el contenido mismo del informe final, en la judicialización de determinados casos, se expresa en las reparaciones específicamente, pero además la CVR plantea que en el Perú se tiene que hacer un conjunto de reformas en el Estado que apunten en este sentido general.


Reformas Institucionales

Como ven cada vez estoy acotando y precisando hacia un punto muy específico y la CVR establece un conjunto de reformas que a su juicio se tienen que hacer en el Perú, para el poder judicial, para la educación peruana, para una serie de temas, y dentro de ese conjunto de reformas, plantea que se tienen que reformar los aparatos de seguridad. Ese es el contexto general en el que se ubica en ese gran amplio marco de cosas, que entra el aspecto específico de las reformas de seguridad en el caso peruano.

En fin la idea medular es cómo lograr un Estado, en este caso en el campo de la seguridad, que no repita las condiciones para que la violencia se haya desarrollado, para que no cometamos los mismos errores del pasado; ese es el mensaje central y eso se agrega a un montón de recomendaciones específicas que da la CVR, tanto para las Fuerzas Armadas, para los sistemas de inteligencia y para la Policía Nacional.

Quiero darles a conocer algunas de las ideas que estuvieron en el informe de la CVR sobre qué hacer con las FF.AA., qué hacer con la inteligencia y la policía, que fueron como la médula de esas ideas básicas, pero añado, para no detenerme en cada caso particular, que la CVR no fue el único actor planteando eso en ese momento; es decir el Perú había salido de una época muy dura, de la violencia y la dictadura del ex presidente Alberto Fujimori, y la CVR planteaba estas recomendaciones, pero no eran los únicos, paralelamente y por distintas formas y razones, había muchas instancias planteando esas mismas recomendaciones de manera convergente, es decir no es solamente las recomendaciones de la CVR sino que son resultados de procesos que alimenta la CVR pero que tienen que ver con otras cosas que estuvieron ocurriendo.

Cuáles son los temas claves si pensamos en FF.AA., cuáles fueron los mensajes claves de esa época de cambio, de esa época de reformas que se planteó, insisto, que tiene mucho que ver con el trabajo de la CVR, pero no es solo el trabajo de ella:

• Tenía que haber procesos de depuración y sanción: los hubo y los principales implicados en los hechos que ocurrieron, para focalizarlos en una época más precisa, durante los años 90, fueron a prisión, eso incluyó a todos los comandantes de las FF.AA., a todos los ministros del interior y de defensa. Hay que señalar que esto no fue solo o quizá no principalmente por el tema de derechos humanos, la gran mayoría de las veces fue una mezcla entre de procesos de usurpación de poder, corrupción y violación de derechos humanos, eran las razones por las cuales esto ocurrió.

• Construir un liderazgo civil sobre las FF.AA. Fue el segundo gran tema de discusión que estuvo en la discusión y que fue uno de los ejes. El principal punto que se planteó ahí y que está en la médula de las discusiones fue que las FF.AA. se deben a la autoridad civil democráticamente elegida y las políticas de defensa, en este caso, deben ser decisiones del Ministerio de la Defensa que debe ser fortalecida y los militares tienen la responsabilidad profesional de ejecutar las políticas de defensa en cualquier país. Eso que suena más o menos obvio doctrinariamente, para países avanzados, sabemos que no es una realidad tan cierta en los países nuestros, y en el caso concreto peruano no lo fue en los años previos y creo que nunca lo había sido, para eso se planteó con mucha claridad la necesidad de tener un verdadero Ministerio de Defensa. En ese sentido se ha avanzado bastante, ha habido hasta dos leyes modificando el Ministerio de Defensa, en ambos casos orientados a construir un verdadero ministerio, en el sentido de que lo es un ministerio de salud o de educación y no solamente ministerio en el sentido de ser vocero de las FF.AA., sino ser el que define las políticas como corresponde a un ministerio.

• Funciones militares y policiales delimitadas: Es otro tema medular y en el caso peruano muy importante, que a los militares les corresponde la defensa nacional y soberanía de los países y a la policía les corresponde todo lo que tiene que ver con el orden interno. Esto en el Perú se mezcló, se complicó, se enredó y creo que se ha avanzado significativamente en separar y distinguir esas funciones.

• Voto a los militares y policías: Fue otra recomendación importante, ya se puso en práctica y ya hubo una elección nacional en la cual los militares y policías han votado, y todas las preocupaciones que tenían aquellos que señalaban que se iba a politizar las FF.AA. y la policía creo que ha quedado fuera de lugar.

• Transparencia y rendición cuentas: Fue una demanda que fue muy importante en ese proceso, lo que significa adecuar la lógica de la gestión del presupuesto de la defensa, básicamente a la forma en que se gestionan todas las otras partidas presupuestarias del Estado, entendiendo que las áreas de secreto son aquellas que se deben limitar a lo mínimo.

Esos son, sintetizando, algunos de los ejes importantes de una reforma, en algunos casos ha avanzado, en otros se ha entrampado y en otro están en discusión, pero ha habido algunos avances al respecto de eso.






Sistema Nacional de Inteligencia (SIN)

El segundo gran tema es del SIN, que era demasiado visible, que tenía que ser reformado. El poder en el Perú había sido distorsionado al punto que un asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, era quien terminaba manejando gran parte de las áreas del Estado y se había convertido en la persona más importante del país. Es decir, que desde un servicio de inteligencia, se había terminado gobernando a un país, por lo tanto esto requería cambios fundamentales.

Algunos estuvieron vinculados a la depuración y sanción, se repite en los casos anteriores, que Montesinos es la cabeza visible, está preso desde hace 8 años y enfrenta todo tipo de procesos penales en su contra; pero quizá incluso algo más importante que eso, es la necesidad de redefinir qué cosa, cuál es el concepto, cuáles son las funciones, cuales son los límites y cuales son los controles que un servicio de inteligencia debe tener.

En ese proceso se ha avanzado algo, ha habido algunas leyes más modernas en ese sentido que incluyen el tema del control parlamentario, que incluyen el concepto de sistema de inteligencia, en el cual hay diferentes funciones de las diferentes instituciones dedicadas a la inteligencia que a su vez tienen limitaciones específicas de para qué pueden hacer inteligencia o no pueden hacer inteligencia y otro concepto que no siempre ha funcionado, que es el tema que hay un control civil sobre los servicios de inteligencia, cosa que había sido en el Perú considerado, por razones particulares de nuestra historia, un coto exclusivamente militar, casi ni siquiera policial.

Ha habido varios jefes del SIN que han sido civiles, que habría que señalar, que si bien se han producido una serie de cambios, el servicio de inteligencia, lamentablemente, es un servicio profundamente deficiente, lo que hace que estos cambios caigan en una realidad bastante delicada de cuestionamiento; diría que se plantearon una serie de cambios importantes, con mucho énfasis en el año entre el 2001 a 2003 y con una clara decadencia a partir de entonces.


Policía = Seguridad Ciudadana

Me voy a concentrar en la necesidad de definir que la prioridad dentro del conjunto de funciones que tenía la policía era la seguridad ciudadana, y eso aunque parezca fácil de decirlo en términos conceptuales o aunque parezca obvio para cualquier persona que lo vea desde afuera, es muy difícil llevarlo a la práctica, en la medida que a la policía se le asignan un conjunto de otras funciones que terminan primando sobre la seguridad ciudadana y la seguridad termina siendo la última rueda del coche de la función policial en Perú.


Definición de Zonas de Violencia

En este tema se avanzó algo, no lo suficiente e incluso después habido retrocesos. Hay algunas zonas del Perú, dos vales en la selva peruana, en donde todavía persiste Sendero Luminoso como un grupo muy pequeño y muy articulado al narcotráfico y otras actividades ilegales. Ahí lo que se planteó es que esa era una responsabilidad fundamental de la policía y del Ministerio del Interior y para hacerlo debía tener una política de pacificación, pero poco se ha hecho en la práctica, pero por lo menos algo de esa concepción se desarrolló. El tema del respeto a los derechos humanos, es un tema que se ha insistido mucho y creo que nuestra policía no es una policía especialmente cuestionada por ese tema hoy día en el Perú.

Algo que, con el mismo énfasis, no se ha hecho en FF.AA. es que se partía de un principio de que si a una institución como la policía en este caso, se le hace un conjunto de demandas, que implican una relación con la sociedad, en que trate a la sociedad de una manera digna, respetuosa de los derechos de las personas, los policías en este caso debían ser tratados de esa manera y se deberían crear mecanismos que protegieran los derechos de los propios policías, muchas veces vulnerados de múltiples maneras y que se reivindicara la dignidad, creo que fue un elemento novedoso de las cosas que se hicieron entonces y que hoy en día, como paso a explicar, han quedado un poco todas casi nulas.
Reformas de Seguridad

Qué balance se puede hacer a la reforma de seguridad en el contexto de un proceso de cambio que tuvo que ver con la CVR: pues diría que si hubo cambios importantes, ahora viéndolo en perspectiva, todo esto ocurrió en medio de las tormentas políticas más impresionantes, donde no quedaba claro si el barco se hundía cada día, a dónde se iba, pero si uno los ve en perspectiva, si se produjeron cambios importantes que todavía se sostienen.

Creo que desde el año 2004 empieza una tendencia al estancamiento de todos estos procesos, y desde el año 2005, 2006, comienza a haber un proceso de retroceso muy significativo. Creo que hoy en día estamos en un momento político diferente, todo ese empujón de cambios en ese sentido empezó a detenerse y ahora está retrocediendo de manera importante.


Comisiones de la Verdad y Procesos Políticos

En este tema creo que debe haber una reflexión que debe extenderse de manera abstracta a otras realidades. Las comisiones de la verdad son parte de procesos políticos, son impactadas por procesos políticos e impactan a los procesos políticos. Cuando digo esto, no quiero decir que tengan que ser instrumento de algún sector político sino que surgen en determinada coyunturas históricas, tienen un aliento y una vigencia en función de una coyuntura histórica y si ese momento histórico cambia, cambia también la posibilidad de los efectos de las recomendaciones o las medidas que una comisión de ese tipo tiene. Yo creo que ese si es un elemento que si es común y que si es una lección general, o sea la intrínseca calidad de los trabajos que haga una comisión de la verdad, no va a ser un elemento único ni decisivo que determine que va a pasar en un futuro con las cosas que esa comisión quiso hacer. La realidad política social es un elemento fundamental porque no se mueve en el vacío.


Derechos Humanos y Democracia

Los actores de la guerra y los violadores de derechos humanos han vuelto a tener mucho poder en el Perú, es una cosa rarísima, porque a la vez muchos están presos y los que tienen poder tampoco pueden evitar que estén presos y que sean juzgados pero a la vez tienen representación parlamentaria, tienen medios de comunicación, discursos más o menos fuertes, y señalan que todas las cosas que se hicieron en los años previos fueron una barbaridad y que nunca se debieron hacer. Acaba de ocurrir el quinto aniversario del informe de la CVR y hay un debate en el país enorme, que es positivo, pero había un debate intenso, no es que hay un consenso sobre lo que la CVR estuvo planteando.

Por muchos años en el Perú, sobre todo en los años 90, los derechos humanos y la democracia perdieron valor porque se asumía que había sido un obstáculo para derrotar a Sendero Luminoso. Recuerden que en el Perú estuvo al borde del colapso, ocurrió un golpe militar y en ese contexto se derrotó a Sendero Luminoso y la inmensa mayoría de la gente sintió que había sido necesario sacrificar derechos humanos y democracia para derrotar a ese grupo. Cuando se descubre todo lo que había pasado en los años 90, cuando salen los videos, cientos de videos que vimos diariamente por televisión y cuando supimos todos los horrores que se hicieron, por el cheque en blanco que habíamos extendido, la gente dijo no, no señores, hay formas de hacer las cosas y todo tiene su límite y es en ese contexto es que surge la Comisión de la Verdad.

Lo lamentable es que poco a poco, de nuevo, eso ha ido perdiendo vigencia, una cultura que es mucho más profunda, mucho más extendida, ha ido ganando fuerza y para esto hay un hito decisivo en esto que son las elecciones del 2006: los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta Alan García y Ollanta Humala, tienen gravísimas acusaciones de violación de los derechos humanos: García es el líder de la derecha y el de la izquierda, Humala, las tienen, y eso parece no importarle a mucha gente. Eso resumen a mi juicio mucho de un momento político diferente, que viene; creo que estamos ante un proceso abierto, así como ha habido avances también hay retrocesos, las cosas pueden cambiar, es muy dinámico, todo esto es muy político, y las cosas cambian en un sentido o en otro.
Que cosas hay por ejemplo: poderosísimos medios de comunicación, que resisten y dan la pelea y forman opinión pública; lo que podría ser considerado el diario más conservador: El Comercio es un abierto defensor de la CVR. Segundo se mantiene el poder judicial, sobre todo el caso Fujimori, un juicio ejemplar, con todas las garantías del debido proceso y muy probablemente condenatorio. El principal peligro es que se fortalezcan más todavía los actores autoritarios, pero eso no lo sabremos sino más adelante. La principal lección es que esto es un proceso muy político, en el cual las comisiones de la verdad no actúan en el vacío, la forma en que se relacionan con al sociedad es muy importante, el cuidado que tengan al hacerlo es extremadamente significativo y el tratar de construir un discurso más o menos hegemónico y convocante es un desafío mucho más trascendental. Muchas Gracias.


MODERADOR: Nuestro conferencista Carlos Basombrío tiene un vuelo próximo para regresar a Perú, por lo tanto vamos a abrir inmediatamente un foro de 15 minutos para las preguntas y las respuestas.

PREGUNTA 1. Martha Escobar de Duchicela. Se dice que los derechos humanos son universales y por lo tanto no tienen fronteras, le está saludando la esposa del suboficial Enrique Duchicela desaparecido en Lima el 27 de mayo de 1988, ya es más de 20 años y que según el libro “Muerte en el Pentagonito”, escrito por Ricardo Uceda, ustedes ya deben saber como fue cruelmente asesinado, quisiera hacerle las siguientes preguntas: ¿qué pudo hacer usted por los derechos humanos en este caso? Además, quiero comprometerle a que ayude a una familia ecuatoriana que está reclamando a su esposo que desapareció hace más de 20 años, quisiera que usted colabore para que el Estado peruano acepte que cometió ese asesinato de lesa humanidad y que responda por mi esposo conforme los derechos humanos lo manifiestan a nivel mundial.

Respuesta Basombrío: No solo conozco el caso bastante bien sino que la escuché en la mañana, su relato me pareció conmovedor, quise intervenir pero después me di cuenta que el tema iba a venir hoy en la tarde. Considero que lo que hicieron con su esposo fue una atrocidad, se supo casi por azar, porque Ricardo Uceda, me precio de ser un gran amigo de él, estaba investigando crímenes a los derechos humanos en el Perú y en el medio de esas investigaciones uno de los asesinos le dijo: ¿Quieres que te cuente otra cosa? Y así se supo lo que había ocurrido con su esposo. El argumento que le dieron los militares fue que esa era la regla entre los espías, que los ecuatorianos nunca iban a reclamar porque ellos hacían los mismo con los espías peruanos, que era una especie como de regla, que si te descubrían te liquidaban. Considero monstruoso ese razonamiento, el crimen cometido con su esposo debe ser sancionado y el Estado peruano y el Estado ecuatoriano deben asumir sus responsabilidades. En cuánto a qué puedo hacer yo, soy un modesto columnista de opinión, me comprometo a escribir un artículo diciéndolo de esa manera y hacérselo llegar, no es mucho pero por lo menos, es un compromiso concreto.

Martha Escobar de Duchicela: Con respecto a la palabra espía o a la situación de espía, todo ser humano tiene derecho al debido proceso, ninguna corte, ningún juez lo sentenció por ese delito.

PREGUNTA 2: Eduardo Khalifé, asesor de Comunicación CV. En homenaje al tiempo, es una lástima que no pudiéramos disponer de más tiempo para poder profundizar un poco más sobre los interesantes contenidos de esta charla, yo quisiera saber, porque resulta impresionante la afirmación que los perpetradores o los sindicados violadores a los derechos humanos hoy tienen más poder en el Perú, me gustaría una breve explicación de porqué, qué dimensiones de poder, y qué representa esto, de lo que es una meta lógica de cualquier comisión de la verdad, imprimir fuertemente y con profundidad en la conciencia pública, en la memoria, en la recordación social colectiva, la idea de un nunca más, la idea de que la historia no se repita. Es aterrador pensarlo, después de 70.000 muertos ¿esto significa que la historia puede repetirse en un horizonte visible?

Respuesta Basombrío: Creo que es imposible entender lo que ocurre en el Perú, si no se entiende lo que fue Sendero Luminoso, la clave de la explicación está ahí, Sendero Luminoso fue un movimiento monstruoso, cometieron los hechos más bárbaros que se puedan cometer, asesinaron de la manera más impune a todo tipo de personas; Sendero Luminoso no combatía a las Fuerzas Armadas, jamás lo hizo sino que emboscaba a militares desarmados, asesinaba a policías en las esquinas, asesinaba a dirigentes sindicales, asesinaba masivamente a campesinos, todas las barbaridades que usted pueda imaginar las hizo Sendero Luminoso. La sociedad peruana estaba horrorizada, con legítimas razones, con muy buenas razones, por lo que Sendero Luminoso había hecho y la sociedad peruana está muy agradecida y así lo establece la CVR, a FF.AA. y a la policía por haber contribuido significativamente a la derrota de Sendero Luminoso, creo que tuvieron un papel muy importante.

Entonces, si uno entiende ese fenómeno, entiende porqué puede pegar tan fácilmente un discurso que diga: “los excesos fueron inevitables y comprensibles”. La CVR dijo: “las FF.AA. y la policía actuaron heroicamente en la defensa de la patria y nos salvaron de Sendero Luminoso, pero eso no justifica que alguno de sus miembros cometieran atrocidades, y no se les debe mezclar a los que actuaron bien con los que hicieron mal”, ese es el discurso; el otro discurso es: “eran excesos inevitables, si querías la paz tenías que tener lo otro”. Si no se comprende eso, no se comprende porqué ese discurso puede regresar con tanta fuerza en un país como el Perú ¿en qué se expresa? Creo que esa es la visión que hay en el gobierno, en términos generales, no la pueden formular tan explícitamente, no se atreven, es el discurso del fujimorismo y hoy en día el fujimorismo tiene entre el 10 o 12% de la representación parlamentaria y el 10 o 15% de la población los apoyan, está muy aliado con el gobierno, entonces tienen un poder bastante importante, pero la clave para entender la pregunta es esa, lo que dijimos.

PREGUNTA 3. Francisco Serrano.- Escuchamos que han sido sancionados muchos comandantes de las Fuerzas Armadas por los elementos conocidos por todos, la pregunta es: ¿usted ve en su país, un cambio de conducta, no solo cambio de imagen, en las Fuerzas Armadas, policía, después del informe de su Comisión de la Verdad?

Respuesta Basombrío: Bueno habría que señalar antes que todos los miembros de Sendero Luminoso pagaron sus responsabilidades, esto no es una cuestión unilateral que se sancionó a los miembros de las fuerzas del orden que cometieron excesos, antes habría que decir que todo y cada uno de los miembros de Sendero Luminoso están presos, pagando cadena perpetua, condiciones muy duras, porque si no puede crearse una imagen diferente. Hoy en día en el Perú no hay violación a los derechos humanos de manera importante, hay casos aisladísimos, no creo que los miembros de la policía y las FF.AA. tengan una vocación de hacerlo, su tema es más con el pasado o sea con la forma que me trataste a mi que puse el pecho por el país; ahora no dejan de tener cierta razón, porque los políticos que les dijeron que hagan eso, no han pagado las consecuencias de sus actos, entonces ahí hay un discurso que tiene mucho de razón. Pero la pregunta es si se ha aprendido la lección, mi respuesta iría más allá de las FF.AA., yo creo que si hubiera en el Perú circunstancias parecidas a las que tuvimos con Sendero Luminoso, no solo las FF.AA. sino antes que ellos, los políticos y la sociedad, podrían repetir los mismos errores, pero ojo, porque me parece injusto decir que serían las FFAA., creo que en primer lugar los políticos, en gran medida la sociedad y allí estarían también las FF.AA., creo que se cometerían los mismos errores, ojalá nunca tengamos que probarlo, ojalá no ocurra.

PREGUNTA 4. Clara Merino. Quisiera entender quizás desde su explicación, en qué momento se da el retroceso y el reflujo de las conquistas que se venían haciendo y cómo vuelven a tener poder estos grupos.

Respuesta Basombrío: Es muy complicado explicar, son muchas cosas, pero aprovecho como en la pregunta anterior, para escoger un ejemplo, una sola cosa: el profundo desprestigio en que cayó la clase política en democracia, es decir regresó la democracia y lo que esperábamos era una renovación de la política, digamos políticos más modernos, más representativos, más sensibles a las necesidades de la gente, menos frívolos, menos corruptos y lo que tuvimos fue la repetición de lo mismo, y al poco tiempo dos, tres, cuatro años, era muy fácil de decir de nuevo, todos los políticos son iguales. Entonces, si uno saca las conclusiones de eso y dice todos los políticos son iguales, porqué preocuparse tanto de temas de democracia y de derechos humanos si estos que enarbolan están actuando muy parecido, creo que poniendo muy sencillo un proceso que es bien complicado, esa podría ser una respuesta.
15h15
CONFERENCIA
“SEGURIDAD, DEFENSA Y DERECHOS HUMANOS, LA PERSPECTIVA DEL GOBIERNO ECUATORIANO”
Conferencista (30m): Soc. Miguel Carvajal, Viceministro de Defensa del Gobierno del Ecuador
Moderador: Dr. Wilman Terán
FORO: 30 minutos


Viceministro de la Defensa, Miguel Carvajal: Buenas tardes amigas y amigos.

Cuando los colegas que integran la Comisión de la Verdad del Ecuador me invitaron a dialogar la tarde de hoy, acepté desde el punto de vista del que me parece importante compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos criterios sobre, en este caso, las políticas en general de defensa y su probable y necesaria relación con las políticas de derechos humanos.

Evidentemente al no ser un especialista de derechos humanos, esto resulta una tarea un poco complicada, pero quisiera referirme a una reflexión en algunos puntos para compartirlos con ustedes respecto a como vemos el proceso.

En primer lugar, suscribo plenamente lo que acaba de decir Carlos Basombrío, que los momentos de empuje de los procesos en este caso de la CV, de los derechos humanos, en determinados momentos de la investigación, se apropian socialmente cuando responden a condiciones políticas que les favorece o sea cuando hay coyunturas políticas que pueden favorecer o no el desarrollo de iniciativas, como los de la CV y por lo tanto favorecer o no a procesos de transparencia de los hechos históricos acontecidos en un momento determinado.

Justamente nosotros estamos en una de esas coyunturas políticas, que en el caso ecuatoriano, permiten que no solamente exista, como en ningún otro momento, una Comisión de la Verdad sino que permiten y promueven desde el Gobierno Nacional las investigaciones y el trabajo de esta Comisión. Esto supone que existe una coyuntura en donde el compromiso por conocer, circunstancias penosas, dolorosas, que tienen que ver con momento crudos de violación de los derechos humanos, es necesaria y es concebida, como un valor fundamental para la consolidación de la democracia.

Porqué no ha existido momentos previos en donde pueda desarrollarse con suficiente consistencia una CV como la que ahora se está desarrollando, es que claro tiene que ver con condiciones políticas y entre esas condiciones políticas tiene que existir un factor fundamental que es la voluntad política para que esto se produzca.

Inclusive en momentos importantes como los años del gobierno del Dr. Rodrigo Borja, en donde se pudo enfrentar circunstancias de esta naturaleza, no creo que tuvimos las condiciones favorables para que podamos empujar un proceso con la transparencia y la consistencia como el que ahora estamos empujando. Pero esto tiene que ver también con otra circunstancia propia de esta coyuntura, y es que nosotros no estamos viviendo cualquier momento político en el país, estamos viviendo, un proceso que intenta una recuperación, una reinstitucionalización plena de la democracia, y esto como respuesta a algo que hemos vivido recurrentemente desde 1996 y quizá desde antes pero desde ese año, con clara manifestación pública, que es una recurrente crisis del sistema político ecuatoriano, una crisis que manifestó sus límites, que se manifestó caduco frente a las demandas de la sociedad y que de alguna manera tuvo como un eje de su actuación el ejercicio de la arbitrariedad y todos sabemos que eso en nuestro país es propia de un manejo político oligárquico.

Lo que nosotros estamos enfrentando con un esfuerzo de reinstitucionalización es justamente los rezagos que quedaron de un viejo régimen oligárquico en el país, y ese viejo régimen que se vivió en los años 50, en los años 60, que fue combatido en los años 70 por Jaime Roldós y por otros organismos democráticos; es un régimen que pervivió en nuestro país, y que probablemente tuvo momentos de expresión muy fuertes, en el ejercicio de la arbitrariedad y un momento de expresión fuerte de la arbitrariedad oligárquica fueron los años 84-88, régimen social cristiano donde se violentaron con mayor fuerza en el país los derechos humanos.

Pero hay que añadir, también la pervivencia del régimen oligárquico que ha sido otro tipo de arbitrariedad; para mencionar el atraco bancario, el famoso feriado bancario, es manifestación también de ese tipo de arbitrariedad, los mandatos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre qué hacer y que no hacer en la economía ecuatoriana, cómo no invertir en el desarrollo del país para salvaguardar recursos para el pago de la deuda externa.


El Tema De La Defensa y la Milicia en el nuevo proyecto constitucional

El servicio militar y comunitario es voluntario abierto para hombres y mujeres, siendo voluntario, se incorpora una prohibición expresa para que ningún conscripto hombre o mujer pueda ser destinado a lugares en donde hay situaciones de riesgo militar; es decir, a lugares donde han enfrentamientos, conflicto bélico, no podrán ser destinados ningún joven ecuatoriano que hace su servicio cívico militar de manera voluntaria.

Hay otros elementos importantes como la plena separación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional así como la eliminación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y porqué es importante esa eliminación, porque el actual COSENA también es herencia del viejo país, es una herencia de la guerra fría. El COSENA tiene que ser igual a los organismos de inteligencia, a los organismos de seguridad que se construyan, tienen que ser consejos en donde estén civiles o militares de acuerdo a sus capacidades, pero no puede estar por siempre en manos de militares en servicio pasivo. La seguridad y la defensa no es propiedad ni de los policías ni de los militares, la seguridad y la defensa es propiedad de las sociedad en su conjunto y es un bien de la sociedad que los civiles tenemos que apropiarnos. El actual COSENA queda eliminado en la propuesta de Constitución y evidentemente tendremos que sustituir por una institucionalidad que piense de manera integral el tema de la seguridad, de la defensa, de la capacitación de nosotros los civiles, en los temas de seguridad y de defensa, con espacios el conjunto de civiles y militares de acuerdo a capacidades para ejercer cargos de esta naturaleza.

Esos algunos criterios que expresan de manera clara y concentrada las propuestas políticas que estamos haciendo en este momento de inflexión histórica, en este momento de cambio político democrático que estamos viviendo en el país y que se expresa también en algunas de las actuaciones que estamos empujando y que las he traído para señalarlos porque me parece que son importantes:

• La Dirección Civil del Ministerio de Defensa: ahora es mucho más fácil que cualquier de ustedes vaya al Ministerio de Defensa, inclusive a conocer esa hermosa obra arquitectónica que es el Palacio de la Exposición y que no tengamos que pasar necesariamente por una oficina pública, por un lugar que refleja la hermosura de la arquitectura de inicios del siglo pasado, necesariamente para hacer un trámite militar. El Ministerio de Defensa es mucho más abierto y en donde los principales cargos están ocupados por civiles. Cuando nosotros, como civiles, ingresamos al Ministerio de Defensa por primera vez, desde el retorno a la democracia en 1979, porque antes ya hubo algunos ministros de defensa civil; era la primera vez que algunos de nosotros pisábamos el Ministerio de Defensa, y a muchos de ustedes les habrá ocurrido lo mismo, pero eso no debe ser así, porque como una entra al Ministerio de Defensa tiene que ser tan fácil como entrar al Ministerio del Ambiente, al de Agricultura o al de Gobierno. Parte de las condiciones importantes es que los puestos claves del Ministerio de Defensa sean ocupados más por civiles y eso sería un gran avance para la gestión administrativa política del Ministerio de Defensa y una descarga para los militares que tienen que estar destinados a cumplir funciones administrativas, un año o dos años, en un ministerio en donde no necesariamente han sido preparados y no tienen porque cargar con los fardos administrativos de ese ministerio. Mucha gente nos decía que ahora que están los civiles, los militares se van a enojar, viendo que los civiles les están dando órdenes, eso es un mito y un fantasma, la relación que existe en el Ministerio de Defensa con las FF.AA. es una relación absolutamente fluida, que se maneja en andariveles de confianza y respeto y creo que no ha existido ningún problema serio para un diálogo y una relación que no sea el propio encuentro de culturas civiles y militares en una gestión conjunta.

• Inteligencia militar y policial: estamos a pocos días de entregar un informe a la Presidencia de la República, sobre el funcionamiento y el rol de los equipos de inteligencia, civiles y militares, que como ustedes saben se creó una comisión por la Presidencia de la República para evitar niveles de infiltración en los sistemas de inteligencia. El estudio sobre los sistemas de inteligencia arroja muchos elementos que de alguna manera fueron señalados en la exposición del colega peruano (Carlos Basombrío): la necesidad de un control civil y presidencial, político de los sistemas de inteligencia, que den permanentemente rendición de cuentas a la sociedad, de sistemas de inteligencia en donde se fortalezcan las condiciones de coordinación entre los sistemas de la Policía y de FF.AA. Hoy para ser absolutamente franco, no existe una coordinación adecuada ni entre los sistemas de inteligencia de las FF.AA. ni entre los sistemas de inteligencia de la policía y peor aún entre los dos sistemas, y es necesario mejorar esa coordinación, es necesario que los sistemas de inteligencia sean vistos desde sus actores, desde sus conductores, sus gestores, sus operadores y desde la sociedad, no necesariamente como sistemas de pesquisas. Los sistemas de inteligencia tienen que dar información estratégica, analizada, sobre lo que pasa en el país y lo que puede pasar para que el Estado de manera democrática, abierta y transparente pueda tomar decisiones preventivas, tienen que decirnos que el país está sujeto a estos riesgos de cambio climático y podemos tener estas situaciones de inundaciones en la costa, que va a tener tales efectos en la seguridad alimentaria, o en la inflación, con la misma solvencia que decirnos tenemos tales factores de riesgo en la frontera norte que nos puede provocar tales circunstancias negativas en la seguridad de la región o del país. Los sistemas de inteligencia tienen que ser reconstituidos para que no sean, lo que dije hace un momento ni el mero ejercicio de pesquisa ni un análisis restringido, tienen que ser análisis consistente como todo Estado que ha logrado re institucionalizar requiere, pero tiene que también abrir claramente, hacer un parte de aguas claras, entre el uso de los sistemas de inteligencia para los efectos de la seguridad del Estado y de la sociedad ecuatoriana, del uso de los sistemas de inteligencia para la investigación de los asuntos internos de la PN o de las FF.AA. que se prestan a maniqueísmo y peor aún tener claras políticas para que los sistemas de inteligencia respondan a la sociedad y al Estado ecuatoriano y no bajo ningún concepto de cooperación, a ningún organismo extranjero.

• Oficina de Procuraduría de Derechos: los derechos tienen que estar perfectamente conectados con una clara política de transparencia y esa clara política de transparencia se manifiesta o debe manifestarse en varios elementos: en los presupuestos, en las compras públicas, pero también en elementos internos como la constitución de oficinas de Procuraduría de Derechos en las propias FF.AA., en el propio Ministerio de Defensa y estamos empujando una oficina de Procuraduría de Derechos que proteja también los derechos de los militares activos y pasivos; que ellos a pesar de sus órganos regulares, de sus inspectorías y de sus trámites, tengan posibilidad de acceso a una oficina de procuraduría que pueda ampararlos, que pueda conducirlos y evitar que cada conflicto se traslade al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o Constitucional.

• Política de transparencia: eso permite que las FF.AA. y la Policía Nacional actúen como están actuando en esos precisos días, respecto a la Comisión de la Verdad, y aquí uno de los aspecto que ha sido revelado por la CV; en el caso de las FF.AA. la colaboración absoluta, transparente, abierta para entregar documentos, archivos, para hacer reconocimiento físico de instalaciones militares, para reconocer instalaciones en donde en el gobierno social cristiano, del 1984 a 1988, se realizaron prácticas que violentaron los derechos humanos. Esto no fuera posible si no existiera una política de transparencia de las FF.AA. y del Ministerio de Defensa, eso es sano, es fundamental y propio de una coyuntura que estamos empeñados en cambiar en beneficio de nuestro país, en reconstituir nuestro sistema democrático. Esto no hubiera sido posible, aunque tengamos esa voluntad política en el Gobierno, aunque lo tengamos en el Ministerio de Defensa, si no existiera voluntad política también en las FFAA. y creo que este es un elemento importante y fundamental que la Comisión de la Verdad ha reconocido de las actuales Fuerzas Armadas; es decir que el Ecuador se ha caracterizado por tener unas FF.AA. que no lo han tenido, desgraciadamente, otros países y que están marcadas por una conducción y un origen democrático, popular y nacionalista y esto fue fundamental para nosotros, para el país y es fundamental para el país, el tener Fuerzas Armadas que no estén como institución, marcadas por la violación sistemática de derechos humanos, es fundamental, como ayer lo fue y como será mañana para nuestros hijos.

Finalmente un último aspecto ligado a las actuaciones de hoy, es justamente, la invitación a que los organismos de derechos humanos que están empujando la Comisión de la Verdad, a que todos nosotros como partes de una sociedad que levanta una política de protección permanente de los derechos humanos y que exige el respeto a los derechos humanos, en todas sus facetas, los políticos del derecho a la salud, a la educación; aunque nos cuestionen de populistas, si tener acceso a la salud y a la educación por los más pobres, es ser acusados de populistas, pues populistas somos.

Nosotros creemos que es importante que todos estos organismos de derechos humanos se constituyan en veedores permanentes de la gestión pública y de la gestión que hacemos en los ministerios de Defensa, de Gobierno, de Fuerzas Armadas y de Policía. Es fundamental, porque si es que hay dinámicas que se han enquistado tanto en nuestros estados, que pueden seguir ejerciendo prácticas de violentación de derechos humanos, por sobre las normas legales y constitucionales, por sobre nuestro gobierno, pues tienen que ser denunciadas y sancionadas y el compromiso del ministerio de Defensa, de nuestro Gobierno Nacional, es un compromiso absolutamente transparente y abierto a la veeduría social, y si es que hay casos que en estos años de transformación democrática llegaran a constituirse casos de violación, pues deben de ser denunciados y nosotros seríamos los primeros en denunciarlos con el apoyo de ustedes.


Muchas gracias.























16h00
PANEL “RAZONES Y DESAFÍOS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD”
Intervienen (10m c/u):
- Dr. Fernando Bustamante, Ministro de Gobierno
- Dr. Javier Ponce, Ministro de Defensa
- Dr. Franco Sánchez, Viceministro de Justicia
- Dr. Rommel Jurado, Secretario Ejecutivo COVERDAD
Moderador: Dr. Cristhian Bahamonde, Coord. Investigaciones CVE
FORO: 40 minutos




















Ministro de Gobierno, Dr. Fernando Bustamante: Buenas tardes a todas y a todos, gracias por la invitación que nos permite hablar brevemente sobre el tema que nos convoca. Debo decir y perdonen que use algo de mi poco tiempo, las imágenes que están frente a nosotros (Vallas con los rostros de desaparecidos o asesinados) ciertamente son intimidantes, porque esas miradas, esos rostros que están allí, están casi como para emplazarnos y para exigirnos lo que tenemos que hacer, no sé de quién fue la idea, pero ciertamente para alguien como yo que tiene algunas responsabilidades en el Estado, no deja de ser, no un público sino, por decirlo así, una demanda. Talvez algunos de nosotros incluso los conocimos, a quienes allí mudamente nos reclaman, nos exigen y nos demandan, y qué es lo que nos demandan: nos demandan que hagamos el mismo ejercicio que han tenido que hacer todos los regímenes políticos que han querido fundarse, o refundarse sobre bases más fundamentadas, más sólidas y más justas que aquellas ruinas sobre las cuales se establecen; porque ciertamente como ya dijo quién me precedió en la palabra, nosotros estamos intentando construir sobre las ruinas, pero no se construye sobre las ruinas, si primero no se limpian esas ruinas, no se desglosa el terreno, no se aclara el terreno, de toda esa basura histórica, de todo ese acumulado de deudas impagas y parte del proceso de fundación, fundar y refundar es también pagar las cuotas pendientes, no se puede comenzar de nuevo si no se paga lo que se debe.

Nosotros en este Gobierno al intentar proyectarnos hacia el futuro y proyectar un régimen político nuevo, de democracia radical y profunda, no podemos hacerlo sin hacer esa otra tarea. Lo hemos hecho cuando se trata, por ejemplo, de las ruinas financieras, de la basura financiera, del pago de las deudas pendientes de la crisis bancaria del año 99 - 2000 que es el equivalente financiero a una guerra sucia, porque lo que se hizo durante esos años, fue una guerra sucia, sobre los bolsillos, las economías, los ahorros, la vida, las esperanzas y las ilusiones de tantos ecuatorianas y ecuatorianas que dieron su vida de trabajo en el altar impío de una bancocracia corrupta.

Cuando hacemos la Comisión de la Verdad, estamos preocupados de, precisamente, limpiar la basura de otro tipo de guerra sucia, por suerte y fortuna en nuestro país, pudimos evitar los estragos de fenómenos de masiva violencia represiva como los que afligieron a nuestros países hermanos y talvez no solamente a nuestros países hermanos sino también a muchos países europeos.

Quisiera recordar que con frecuencia se piensa que son nuestras naciones americanas, las que albergan en sus seno actos y episodios de violencia tan brutales, como las que fueron comandadas por regímenes del tipo de los que asolaron el cono sur de América, pero no es eso sino una forma etnocéntrica de verlo.

No es vergüenza acaso de las civilizadas naciones europeas, el que en su seno hayan aparecido términos como por ejemplo “la solución final” o la “limpieza étnica”, términos que no son de un pasado remoto, son de este presente que todavía vive y late en muchos países sobre todos de los Balcanes y de la Europa del este, no es simplemente una condición de nuestro atraso latinoamericano, es condición de toda una forma de existencia histórica, que está construida sobre las distintas formas de negación, aniquilación, ninguneo, para utilizar un término mexicano, de la humanidad del otro, y esa negación de la humanidad del otro, esa conversión del otro en cosa en objeto manipulable, y la tortura, finalmente no es sino la manipulación del otro, con el propósito instrumental de arrancarle, miedo, información, traición o lo que fuese, no es acaso precisamente eso un arquetipo de una forma de vida, la forma de vida vieja que queremos dejar atrás, en que el ser humano es cosa o es cosificable, es transformable en asunto, no en persona.

Cuando nosotros hacemos una Comisión de la Verdad, no es simplemente para determinar algunos hechos y ajustar las cuentas judiciales, con quienes pudiesen eventualmente estar involucrados y ciertamente hay que hacer esas cuentas judiciales, pero también es una cuenta con la memoria y también con el espíritu, porque significa preguntarnos de qué laya son nuestras relaciones sociales tales que es posible hacer con el otro, con la hermana que está ahí presente mirándonos, con el hermano que está también presente, lo que hicimos de ellos en algún momento, por acción, por omisión, por ignorancia o por insensibilidad. No es solamente el problema de encontrar culpables sino de encontrar en nosotros como sociedad, las raíces que hacen posibles esa culpabilidad. No es simplemente un acto en el que podamos decir: bueno, ahí hay unos cuantos felones que promovieron este tipo de actos, es también la búsqueda de la felonía misma y de lo que esta felonía dice de nosotros.

Cuando nosotros denunciamos una forma de vida caduca, hablamos de nosotros mismos porque esa forma de vida caduca, mora en nosotros. Esa felonía es parte de la condición en la que nos hemos criado y educado, y de la cual debemos liberarnos en el mismo movimiento del que nos liberamos de las formas institucionales caducas, también de aquellas formas institucionalizadas de nuestra psiquis colectiva.

Buscar en esos sórdidos sótanos, talvez ustedes vieron ya el video que la Comisión de la Verdad presentó días atrás a la prensa, en esa sordidez en que nos hundimos, buscamos también la sordidez hundida en nosotros; porque esos sótanos, esos corredores, esos sepulcros, los llevamos dentro de nosotros y si no los sacamos a la luz, no salen de nosotros, para que la luz los depure, los limpie, los cauterice y nos permita respirar y finalmente seguir adelante en una nación nueva, liberada de ese peso, de ese fantasma, de esa deuda, librarnos de la deuda de la crisis bancaria, de la deuda externa, de la deuda institucional, de la deuda política y de la deuda humanitaria.

No es posible comenzar de nuevo si no se hace este ajuste de cuentas. Ese es el sentido profundo que va más allá de un asunto investigativo criminal o judicial, va más allá incluso de que podamos un día talvez apuntar con el dedo y decir: estos fueron y quisiera insistir en que no debemos caer en la hipocresía de apuntar a los ejecutores tan solo sino de todos aquellos que contribuyeron a crear el clima en el cual esa ejecución tenía sentido y era aceptable.

Aún hoy, hay quienes de manera moralmente irresponsable, son capaces de decir aberraciones tales como: y que tal si hay culpables de torturas, de desapariciones, de atrocidades, después de todo combatían el terrorismo, fíjense ustedes bien lo que se intenta hacer, si cometieron atrocidades, quedan excusadas, porque el fin era bueno o porque la víctima también había cometido atrocidades, ese es exactamente el pensamiento seudo maquiavélico que justifica los medios por un fin supuestamente virtuoso, pero lo que debemos saber muy bien y con absoluta precisión es que una paz o una seguridad conseguida sobre las ruinas y sobre la basura de la violación humanitaria, no es paz y no es seguridad.

Esta república cayó en la degradación, en la que cayó en parte, porque buscó su seguridad de la manera que produjo eso, que está allá arriba mirándonos (Fotos de víctimas en el auditorio), ilusión vana, encontrar la seguridad en la tortura, en la desaparición forzada y en la violación de los debidos procedimientos en el combate. Hay organismos que les digo que han errado el camino en la búsqueda de la justicia, pero nunca ese error de camino puede dar lugar a que el Estado acompañe ese error con crímenes por su propio lado, siempre exigiremos que el Estado sea mejor que aquellos que ilegítimamente lo combaten. Un procedimiento cuestionable no puede ser compensado con otro procedimiento cuestionable.

Talvez he eludido hablar técnicamente de la Comisión de la Verdad, como representante del Gobierno no he sido parte de él, no tengo ingerencias, salvo en ayudar y promover que las informaciones necesarias a su labor lleguen a sus manos, en vencer las dificultades operacionales y logísticas que para ello todavía existen, como representante del gobierno puedo simplemente esperar y alentar este resultado, pero también buscar y darle un sentido político, que vaya más allá de la tendencia morbosa de convertirlo en crónica roja, en espectáculo lamentable, en exhibición de llagas, tiene que ser mucho más que eso, tiene que ser la ocasión en que todos nos sinceremos, y en el caso al menos del Ecuador, como en el caso del cono sur, infinitamente más grave, por suerte para nosotros y para desgracia para los otros, siempre tendremos que apuntar a esos liderazgos políticos y sociales que pudieron por un instante condonar la tortura, la desaparición forzada, las violaciones humanitarias y alentar la formación de servidores públicos, sin uniforme o con uniforme, que pudieran hacer de eso una práctica propia de su rutina profesional.

Es muy clara la tentación oligárquica, en donde son los sirvientes y servidores del Estado, quienes finalmente terminan en la picota, de la acusación pública, pero la mano oculta, nada invisible, muchas veces, de quienes los formaron, los alentaron, los pagaron, los empujaron y luego los abandonaron, nunca aparece. Tenemos que llegar a esas manos, tenemos que llegar a esos ternos, que están detrás, muchas veces de uniformes utilizados con ese propósito. No podemos caer aquí en una condenación de instituciones, pero sí de prácticas, donde quiera que las encontremos, pero también de esa clase política, que pudo hacerse la tonta, que pudo ser cobarde, que pudo ser negligente y que finalmente por sus taras ideológicas connaturales, vio como normal, por ejemplo, que se desapareciera personas, y como molestó que hubiera personas como Elsie Monge, que fastidiaron y molestaron la paciencia durante décadas hasta que llegáramos finalmente a esto, que esperamos sea el inicio de un nuevo comienzo.


Muchas Gracias.

Dr. Xavier Ponce, Ministro de Defensa

Buenas tardes, no escuché todas las intervenciones anteriores, creo que además no hay cosas nuevas que decir en este campo, como no sea las propias noticias que la misma Comisión de la Verdad nos está entregando, por tanto, quiero simplemente subrayar algunos elementos que me parecen que son importantes tenerlos encuentra en el proceso que vive la Comisión de la Verdad.



1. Antecedentes a esta CV: son una sucesión interminable, a veces feliz, a veces desencantada de los miércoles, una acumulación de miércoles, que finalmente han desembocado en la Comisión de la Verdad. ¿Y que ocurría esos miércoles? eran momentos en los que algunos sectores de la sociedad, se paraban a reflexionar sobre la necesidad de ponerle límites al poder, ese es el antecedente de la CV y talvez estamos viviendo un comento histórico importante si ahora queremos ponerle límites al poder, desde el interior del propio poder y creo que esas son las condiciones en las que la CV se constituye en una muy interesante alternativa de participación ciudadana.

Cómo es posible ponerle límites al poder desde el interior del poder, porque hay que tener presente algo, los hechos que se denunciaron en los últimos días por parte de la Comisión de la Verdad ocurrieron hace mucho tiempo, pero sin embargo la vigencia que tienen no es solo la conservación de la memoria sino la posibilidad de seguirle diciendo al poder que tiene límites, que no se olvide que tiene límites, ese es el carácter ejemplificador enorme de recordarnos hechos que ocurrieron entre 1984 y 1988.


2. Periodo 84-88: Un segundo elemento que me parece importante, es tener en cuenta que el carácter de la CV se sustenta también en un hecho que a lo largo de más de 15 años, habíamos olvidado, que ya hubo un Gobierno, un momento que lo que estamos ahora recordando y analizando fue calificado como crímenes de Estado. Eso es lo que ha hecho la CV, recoger ese planteamiento, que no pasó de ser tal ¿porque?, y ahí hay una diferencia sustancial que quisiera después anotar en cuanto a la CV, porque esa fue una declaración que vino exclusivamente desde un estamento del poder, pero no fue una declaración que fue asumida con fuerza por la sociedad ecuatoriana, se quedó en ese nivel y no fue seguida de un esfuerzo importante, de investigación y de denuncia que sustentara esos crímenes de Estado. Ahora me parece que estamos frente a una CV que está haciendo esfuerzos muy importantes, en cuanto a investigación, por eso ha tardado tanto en darnos un primer resultado objetivo y potente, y además, me parece que la CV de ahora, tiene una amplitud de espectro que es importante, su punto de partida es este período desgarrador del 84 al 88, pero la CV, va más allá, va antes y va después de esos hechos, tiene una amplitud de espectro que es importante.


3. Coyuntura: estar sobre la circunstancia no puede hacernos olvidar el momento político que está denunciando la CV, el momento más perverso, más centralizado, más autoritario de la partidocracia, desde que el Ecuador regresó a la democracia: que fue el período 84-88. Esto es un momento histórico que se está enjuiciando, que no podemos dejar de vincularlo al movimiento o al partido político que protagonizó ese período. No es una coincidencia que los dos gobiernos social cristianos que ha tenido nuestro país han tenido esta característica represiva, recordemos la masacre bajo un gobierno social cristiano en Guayaquil en 1959 , y posteriormente el período 84-1988.
4. Testimonio de las propias víctimas o de sus familiares: Es un elemento central en el trabajo de la CV, que le encuentro de una riqueza extraordinaria. Nos habíamos acostumbrado entre sociedad cobarde y pacata, que fueran los victimarios arrepentidos los que nos acaben entregando los elementos para perseguir los delitos contra los derechos humanos, el caso más flagrante y evidente y más humillante, por eso al mismo tiempo, en el caso de los hermanos Restrepo, fue necesario que en una parodia espantosa, los propios victimarios comenzaran a entrar en contradicciones entre sí para que se fuera descubriendo algo de la verdad de lo que había ocurrido en torno a la desaparición de los hermanos Restrepo.

En los delitos graves de corrupción, es siempre el funcionario arrepentido, el que busca la revancha política, es el político que quiere desquitarse de su enemigo, el que acaba construyendo la denuncia de los delitos en nuestro país y eso me parece que es importante que nos despojemos de eso, en el caso de ésta CV, aquí no hay torturadores arrepentidos, aquí hay víctimas de la tortura que están hablando y que nos están entregando los elementos fundamentales sobre los cuales construir una Comisión de la Verdad, ahí si es posible construir una auténtica verdad, ya no esa verdad interesada que nos llegaba, sino una auténtica y desnuda verdad; ese es un elemento clave en el caso de la CV.


5. El Peso de las evidencias: es otro elemento fundamental, me parece subrayar es la fuerza que tienen las evidencias. No es lo mismo decir los hermanos Restrepo están sepultados en la laguna de Yambo o fueron objeto de tal tipo de persecución, tortura o asesinato, no. La CV está presentando lugares, testimonios vivos, hechos y eso es contundente al momento de establecer la verdad. No hay cosa más desconcertante cuando uno está en un estamento del Estado, que saber que está rodeado de corrupción, de engaño y que no tiene la posibilidad real de denunciarlo, que no tiene lo elementos, que no hay las evidencias, que no podemos decir con fuerza y con claridad, los hechos que pudieran estar ocurriendo; entonces uno comienza a preguntarse, y la corrupción en los tiempos de los gobiernos de Abdalá Bucaram, de Jamil Mahuad, de Lucio Gutiérrez, donde están las evidencias y no hay evidencias; esa es la importancia de las evidencias que la Comisión de la Verdad nos está entregando.


6. Independencia de la CV: es un elemento a subrayar y es importante que quede claro. Nadie ha escogido el momento para hacer la denuncia que se hizo, no hay un cálculo político, porque si tuviéramos que hablar de cálculos políticos y si los procesos políticos electorales se dan como creemos que se van a dar, estamos hablando de un período de lucha política intensa electoral hasta el mes de febrero por lo menos y vamos a esperar que llegue ese tiempo para que la CV pueda hacer sus anuncios, entonces cuidémonos de esta versión que comienza a regarse, que porqué la Comisión de la Verdad habla este momento de un período perverso de persecución política protagonizado precisamente por el partido de Jaime Nebot y en el que Jaime Nebot fue uno de los puntales.

No hay ahí ningún juego político, hay la necesidad que tenía la CV de comenzar a entregar el material de sus investigaciones. ¿Quién o quienes son los responsables comienzan a preguntarse algunos periodistas?, que confunden el periodismo con el ejercicio sistemático de la sospecha, no se trata de una cacería de brujas, los responsables se podrán establecer, pero los responsables no son como dice en la prensa Alfonso “el Pocho” Harb (integrante del Partido Social Cristiano), los cuadros militares y policiales de ese momento, los responsables son los políticos que en ese momento politizaron esa fuerza pública para que ejerciera el militarismo que ellos estaban engendrando.
Es importante entonces entender que hay una responsabilidad que es la de un sector político que impulsó a esa fuerza pública a cumplir una disposición perversa, la de la tortura, que en esa fuerza pública haya encontrado un terreno abonado, es muy posible, pero no caigamos en desviar la atención fundamental que es en torno a esa clase política que protagonizó, que soportó o que ocultó, ese régimen autoritario de los años 80.


7. Respaldo Institucional: Hay dos factores de sustentación importante de destacar en el caso de la CV y uno de ellos ya lo ha señalado Fernando Bustamante, es la presencia y el papel de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Todavía recuerdo y no sé si eso es una delación, cuando en tiempos de Fébres Cordero, la CEDHU se refugió en un hospital, porque parecería que un hospital o que un edificio de consultorías médicas era una manera de protegerse de la persecución de ese gobierno autoritario y hemos visto a lo largo de más de 20 años, que la CEDHU ha sido la única organización de los derechos humanos, que ha mantenido una actitud firme, transparente, una actitud de enorme compromiso y me parece que esa es una garantía fundamental de la CV y el otro sustento es el contexto de transformación política que vive el Ecuador.


Si eso le da sustento a la Comisión de la Verdad, creo que puede convertirse en una veeduría permanente, puede convertirse en una instancia que le esté marcando permanentemente los límites al poder y para ese esfuerzo se puede también contar con la nueva Constitución, que está profundizando derechos, está creando condiciones para un nuevo escenario político en que la Comisión de la Verdad tiene un enorme espacio que ocupar.

Muchas gracias.




Dr. Franco Sánchez, Viceministro de Justicia

Quisiera empezar analizando ya no los fundamentos sino los desafíos, puesto que los fundamentos ya han sido expuestos de una manera bastante elocuente en estas jornadas. Retomo la frase que decía, “nunca más, que no se vuelva a repetir” porque es un gran desafío el de esta Comisión de la Verdad para hacer historia en el Ecuador, para poder transformar su trabajo en algo que tenga sustento y una eficacia para lo cual se debe establecer ciertos parámetros y cumplir ciertos requisitos: primero es de corto plazo, hasta diciembre que cumple su mandato, de conformidad con el decreto ejecutivo, que dice que deberá establecer los fundamentos para justiciar los hechos cometidos.

Pero más allá de lo inmediato que también conversamos el día de hoy, está el futuro próximo y lo que significa una Comisión de la Verdad y es el que la continuidad de la CV implica un profundo cambio de reconciliación en el Ecuador, la reconciliación que no significa desde ningún punto de vista ni perdón ni olvido desde los hechos individuales y particulares sino la reconciliación entre las instituciones democráticas y el ciudadano en el Ecuador.




Dr. Romel Jurado,
Secretario Ejecutivo CVE

La Comisión de la Verdad fue creada para cumplirle su mandato y la aspiración ciudadana cívica de verdad, de justicia y de reparación así como ver con mucho juicio la estigmatización y a veces muy a menudo la criminalización infundada; identificar a los responsables de esas graves violaciones; ayudar, contribuir a la sanción de estos perpetradores, reparar integralmente a las víctimas, generar condiciones institucionales para que estas graves violaciones de derechos humanos no se repitan, en fin; es así como lo han entendido los comisionados y todo el equipo de investigadores, psicólogos, comunicadores y abogados que conforman la CV.

Para hablar de los desafíos yo creo que hay que dividirlos, hay un gran desafío estratégico y varios desafíos operativos que también es importante colocarlos en la mesa.


Desafío Estratégico

Este gran desafío estratégico tiene que ver con generar las condiciones en la sociedad, para que todos los actores, los políticos, los sociales, los económicos, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos de víctimas, las organizaciones internacionales que monitorean este proceso, puedan asumir este proceso en esta dimensión que nosotros proponemos, puedan comprenderlo como una necesidad humana, social, política, que no está sujeta a los vaivenes y a los cálculos personales o intereses corporativos.

Queremos profundizar y extender la comprensión de que el trabajo de la CV es un trabajo que está orientado solamente a cumplir esta alta encomienda que nos han formulado alrededor de estos temas, y que en esa medida sea respetado su trabajo y sea respetada la independencia con cual este trabajo es realizado. Lastimosamente también tengo que resentir la manipulación que algunos actores políticos y algunos medios de comunicación han intentado hacer de menos el trabajo, lo siento por ellos, lo siento por el trabajo de la CV, por la sociedad, porque disminuyen la posibilidad de comprender y profundizar la comprensión de la importancia que tiene de que esta verdad salga a la luz y que esto no vuelva a suceder nunca.


Desafíos Operativos

Uno de estos primeros desafíos es recuperar la voz de las víctimas y sus familiares a través de los testimonios; hasta el momento actual se han receptado más de 400 testimonios y algunas personas siguen solicitando que los testimonios sean receptados, así lo vamos a hacer, es imposible cerrar la puerta, aunque teníamos previsto un plazo para recoger los testimonios, es imposible que le digamos a una persona que nos dice que tiene un caso de tortura, desaparición o de asesinato, que no es tiempo de darnos ese testimonio, pero eso no nos ha impedido seguir trabajando en los testimonios que ya hemos recibido.

Un segundo desafío operativo ha sido localizar, recuperar y hacer accesible al uso, la información que todos conocemos, ha sido calificada de reservada. En este desafío quiero destacar la participación de los Ministros, de las autoridades militares y policiales, sin las cuales hubiera sido imposible, literalmente imposible siquiera, acercarnos a esa información.

Ahora hay un gran desafío ahí también, el tercero, tenemos más de 20.000 hojas ya indizadas, pero hay que revisarlas porque contienen información valiosa y hemos hecho un reciente hallazgo con la colaboración del Director de Operaciones, General de la Policía Nacional, Alfonso Camacho, que es de 250.000 páginas de un archivo supremamente importante para nosotros, porque se enfoca en la década de los 80, en la temática que es materia de investigación de la CV; es un gran desafío operativo, procesar esa información y recuperarla para darle fundamento a las conclusiones que vayamos sosteniendo, validar los testimonios que hemos recibido. Nuestro punto de partida es la voz de la víctima, sin embargo nos vemos en la necesidad para presentar un informe sólido, creíble, recoger información complementaria, practicar ciertas diligencias en algunos casos, reconocer lugares, recoger información documental, analizar esta información y esto también es un desafío operativo, porque habla del trabajo complejo que la comisión realiza.

Un cuarto desafío, al que no queremos escapar, es encontrar o por lo menos identificar a los responsables del cometimiento de esas violaciones de derechos humanos, señalarlos con nombres y apellidos. Esto es supremamente complejo, porque son crímenes cometidos en la clandestinidad, cobijados por la impunidad, pero creemos sinceramente que este propósito no es inviable, que la información que tenemos, que estamos administrando y estamos codificando, nos permitirá no en todos los casos pero si en un buen número de ellos, acercarnos a responsabilidades individualizadas.





Otro reto, el quinto, es articular un informe sólidamente fundado que conjugue estos hechos puntuales que estamos investigando y que son el centro de nuestra investigación, los casos de ustedes (víctimas y familiares de víctimas, algunos visibles en este par de fotos), pero que al mismo tiempo pueda proveer una versión socio histórica y política que permita explicarnos las causas, hacerlo, es un desafío constante, implica en este breve tiempo, tener una mirada histórica y comprensiva de lo que sucedió en el pasado en la compleja institucionalidad y momentos históricos que hemos atravesado, como decía el ministro de Defensa, Javier Ponce, incluso antes del 84 hasta la presente fecha.

Finalmente, y este talvez sea el mayor de nuestros desafíos operativos (el sexto), es hacer todo esto en un tiempo muy breve, la CV ha redoblado esfuerzos, ha contratado personal, ha ampliado cuanto ha podido su marco de acción técnico, para revisar, procesar y atender todos estos desafíos, pero el tiempo es muy breve, y en esa medida toda colaboración venida de ustedes, de los familiares de las víctimas, de las autoridades públicas, de los medios de comunicación, de las organizaciones de derechos humanos, toda colaboración es indispensable.

Quisiera decirles que la mayor expectativa que tiene la Comisión de la Verdad Ecuador es que cuando produzcamos nuestras conclusiones y sobre todo nuestras recomendaciones, tengamos un Estado, un gobierno y una sociedad lo suficientemente fuertes y concientizadas en esta temática, para que no duden implementar tales recomendaciones.

Muchas Gracias.



FORO DE PREGUNTAS:

Miguel Félix García (Hermano de víctima): Señor Ministro, este es un caso que se cometió en el gobierno de León Fébres Cordero, el más horroroso que ocurrió en Guayaquil el 25 de enero de 1985.

A mi hermano lo mataron en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, me explico, no tengo nada que ver con la institución, estoy persiguiendo a los asesinos de hace 23 años; mataron a mi hermano, torturándolo, después lo ahogaron, lo ejecutaron, en esto si intervino el Ing. Fébres Cordero; perdónenme señores, estuve presente el 29 de noviembre de 1985, el llegó a las 11 de la mañana, y lo primero que hizo cuando llegó a la Gobernación fue llamarlo al comisario sexto de policía, Alfredo Montenegro, a los cinco minutos me dijo: don Miguel su caso lo va a atender el Ing. Fébres Cordero, pero qué pasó, 4 o 5 días después se desapareció el comisario, al 6to día me dijo que no pudo hacer nada, que el Presidente le ordenó que pase el caso a la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Le pido a ustedes que me ayuden, son 23 años, he pedido ayuda y socorro, mi madre se me murió por esto, a mi me votaron de la Comisión de Tránsito que tenía ya 29 años, trabajé con los militares y fui condecorado, esto me ha traído una desgracia terrible, por ser acusador particular, pero no lo puedo abandonar señores, porque mi hermano fue torturado y aquí está la exhumación del doctor Carlos Barco, y posteriormente la hizo un delegado de la Procuraduría de la Nación, el Dr. Luis Vásconez Suárez, que ratificó que mi hermano fue totalmente torturado y asesinado, ahí está la prueba en la CV. El señor Restrepo tuvo apoyo del gobierno de Borja, yo les pido a ustedes con todo respeto, este crimen no puede quedar en la impunidad, 23 años implorando justicia…

MODERADOR: Muchas gracias señor García, el caso suyo y el caso de todos ustedes está en poder de la Comisión, se están siguiendo el proceso de investigación, lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos abrir un espacio para que cada uno presente sus casos, en ese sentido tengo que cerrar el debate y dar paso a la clausura.

Alfredo Pin (Caso Taura): El mando de la FAE, el general Bohórquez y el general Barreiro, capturaron a los comandos de Taura, ellos fueron los primeros que iniciaron la tortura y ahora son los que están mandando. No nos dan oportunidad ni de sacar una credencial, soy condecorado pero ahora remiso sancionado.

Ministro de Defensa, Javier Ponce: Así es y la amnistía es precisamente borrar un pasado, de todas maneras acusaciones concretas contra el general Bohórquez y Barreiro hay que fundamentarlas.

Dolores Guerra (Caso Fybeca): Los policías que intervinieron en el caso Fybeca, mi esposo fue capturado por un policía de la institución y ellos siguen allí; esa gente tiene que salir de la institución depurándose la PN, no podemos permitir que en nuestro país haya más desaparecidos, más ejecuciones extrajudiciales y que el delito se convierta en la respuesta de todas las cosas que están quedando en la impunidad, en realidad estamos convencidos que tenemos un gobierno defensor de los derechos humanos y por eso le hacemos un pedido que se esclarezca ese caso y muchos otros más, en los gobiernos pasados y mucho más en el gobierno de León Fébres Cordero y en nuestro caso tiene que ver el partido social cristiano.


MODERADOR: El caso Fybeca también está tomado en cuenta.



Fernando Bustamante, Ministro de Gobierno: Señoras un gusto conocerlas, mis respetos, siempre hemos seguido su drama con mucho dolor y mucha vergüenza, para nosotros el momento en que la evidencia esté, ciertamente actuaremos con toda la nitidez, la claridad y la firmeza, que la evidencia nos permita y que también nuestros corazones nos empujen a conseguir, esa justicia vamos a hacer lo imposible porque se logre.


Sonia Lucia Bonilla Brazales (Madre de víctima): Son 7 años señor ministro que no tengo respuesta de la justicia de mi país, exijo que los responsables sean sancionados porque todavía están en el ejercicio de su profesión, mi hijo se llama Adrián Peña Bonilla.


Martha Escobar (Caso Duchicela): Usted señor ministro (de Defensa) cuando recibió el ministerio recibió con una deuda de honor, de justicia y de vida, a la familia del suboficial Enrique Duchicela Hernández, porqué tanto silencio del Estado, talvez era un pecado que él era de tropa, discúlpeme por eso, quiero que el Estado ecuatoriano entienda el dolor de más de 20 años de desaparecido de mi esposo. Desde el 14 de abril está preso y detenido el asesino de mi esposo, él declara voluntariamente, quién le ordenó que fue el presidente Alan García, que lo secuestraran y que lo asesinara en una forma cruel; aquí está en el capítulo 8 detallado, como fue asesinado, descuartizado, cremado. Una familia está esperando la respuesta tanto del Ecuador por omisión, por encubrimiento, y tanto del Perú. No me dejen sola, por favor, no me dejen sola, quiero que me acompañen y me ayuden a presentar la demanda ante un estrado peruano, por favor.


Ministro Ponce: Si señora, no está sola, el primer paso que dimos era exigir una explicación clara al gobierno peruano al respecto y si usted toma una decisión de seguir una causa, cuente con el apoyo nuestro, ya lo sabe.


Romel Jurado, Secretario Ejecutivo CVE: Muchas gracias, yo sé que esta conferencia como lo habíamos anunciado al inicio, iba a provocar muchas y muy diversas reacciones. Hemos tratado de tener hoy un espacio para que las víctimas puedan contar, de viva voz, sus expectativas, sus razones, sus historias también. Como ustedes saben y lo va a anunciar pronto Elsie Monge, vamos a trabajar en audiencias públicas dirigidas a este tema, queremos agradecer la presencia de los ministros de Estado porque muestra la importancia que le damos al tema.


Edgar Frías (Caso AVC): Un minuto que me permita, está probado los crímenes de lesa humanidad cometidos por León Fébres Cordero y Jaime Nebot; no han sido juzgados porque ellos han controlado el poder judicial, afortunadamente va a ganar el si (Proyecto de Nueva Constitución) tenemos un régimen de transición y vamos a tener una nueva función judicial; pero estamos muy preocupados, ya no por las pruebas de las torturas, hay casos emblemáticos como el caso del comandante Arturo Jarrín, detenido en Panamá, entregado vivo, torturado; el de Consuelo Benavides y muchos casos más. Nos preocupa que gente como Alexis Mera, asesor de Fébres Cordero, sea hoy el principal asesor del Presidente de la República. Apoyo y sigo apoyando a Rafael Correa y a este proceso de cambio, pero si pedimos, si exigimos, que para lograr la sanción, tengamos una nueva administración de justicia. Con los mismos corruptos de siempre no va a pasar nada, aquí lo que va a darse es un informe, con todas esas pruebas y evidencias que no tendrán sanción. El caso de Juan Carlos Acosta Coloma, detenido en Guayaquil con una herida de bala en la pierna, traslado al cuartel modelo, bárbaramente torturado, cuenta su madre que solo lo dejaron de torturar cuando se enteraron que era el hijo de Francisco Acosta Yépez, que había sido Canciller de la República, quién lo torturó, quién ordenó la tortura, él había sido detenido por la retención de Nahím Isaías: Jaime Nebot Saadi, el dueño de la provincia, conocía y sabía lo que se estaba haciendo, aquí está Juan Cuvi presente, y señaló que en su tortura estuvo presente Nebot, y muchas compañeras han señalado violaciones, presencia de Fébres Cordero y de Nebot, no tengo la menor duda que esta Comisión de la Verdad, que merece nuestra felicitación, va a lograr pruebas irrefutables; pero si el poder judicial lo sigue controlando estos sectores corruptos, aquí no habrá justicia.


Sin Identificarse: Yo quiero que se acuerden de los 4.000 trabajadores municipales, en la época de Fébres Cordero, que nos mandaron a la desocupación, a la miseria y al hambre, las familias igual, aquellos compañeros despedidos que nos despidieron sin pagarnos nada, ni desahucio ni de nada, las autoridades al mando de Febres Cordero, que también estaban en esa época con ellos pusieron la sentencia en contra de los trabajadores, por favor son 4.000 familias en la desocupación, ya en Chile le juzgaron a Pinochet.


Aníbal Velasco, Pdte. Federación Nacional de Trabajadores Municipales del Ecuador: el señor ministro de las Fuerzas Armadas, dijo que los dos gobiernos social cristianos fueron perversos, parece que le faltó algo señor ministro, que este hombre llamado León Fébres Cordero, que cuando fue alcalde de Guayaquil mandó a la desocupación a verdaderos obreros que teníamos más de 30 años de servicio, gente que dimos nuestra juventud a la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, cuando no había ninguna maquinaria, era a pico y a pala. Por eso señor ministro, ese hombre cuando fue alcalde, vivimos un Estado de derecho, donde la Constitución de la República y sus leyes no se respetaron, se rió, de todas las leyes, todos esos sinsabores los hemos saboreado por más de 17 años, sin recibir un centavo. Hemos presentado demandas a los poderes judiciales pero la influencia que tenían estos señores era grande ante la función judicial, eso hace que nuestra demanda nos digan cosa juzgada y nos dicen una serie de barbaridades como que no hubo relación de trabajo, que nunca las disposiciones establecidas en el código civil. Mi demanda está en la CSJ en la sala primera de casación, siempre me dicen espere, espere y espere, soy un hombre humilde, pero tengo que hacer un gran sacrificio, pero me voy bastante desmoralizado. Quiero concluir que nosotros con firmeza y valentía hemos venido luchando y tenemos esperanza en Rafael Correa nuestro presidente,



FIN DE LAS INTERVENCIONES


17h00
CLAUSURA
ELSIE MONGE, Presidenta, COMISIÓN DE LA VERDAD ECUADOR




















Señores de la mesa directiva, queridas y queridos compañeros, así lo siento después de estos dos días de estar compartiendo en este evento.

Quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a dar a este evento un carácter trascendente, para la transformación del país y debo resaltar, en el tema de justicia, la calidad de los y las conferencistas que desde su experiencia nos han ayudado a profundizar en temas vitales para el fortalecimiento de la democracia basada en los derechos humanos.

Ha sido importante socializar los avances del trabajo de la Comisión de la Verdad de Ecuador, esto ha permitido conocer realidades que para muchos, especialmente para los más jóvenes, eran desconocidas en toda su barbarie.

Acá el día de hoy en la mayor parte, son víctimas o afectados directamente por estas graves violaciones a derechos humanos, pero también hay jóvenes. Conversando con ellos, me decían que no tenía idea que estas violaciones han sido tan terribles por ello estas jornadas han motivado a la ciudadanía a que se apropie de la temática de los derechos humanos y luego de que se entregue el informe final la sociedad asuma la responsabilidad de mantenerse vigilante en dos direcciones:

• La primera para desterrar la impunidad en nuestro país, desterrar la impunidad significa sanción para los responsables de los delitos de lesa humanidad, de las graves violaciones a los derechos humanos que todos ustedes han estado denunciando, pero para desterrar la impunidad hará falta que tanto familiares, como medios de comunicación, como autoridades, como sociedad en su conjunto estemos vigilantes ante la Fiscalía de nuestro país para que se judicialicen y con agilidad, porque esa es otra evidencia que tenemos, porque no es solamente que no se inician los procesos porque como puede ser posible que estén en etapa sumarial tres años, pero eso corregirá con la presión de la opinión pública, esa es una responsabilidad que asumimos todos el día de hoy.

• El segundo desafío tiene que ver con la prevención que significa vigilar para que se implementen las reformas estructurales e institucionales indispensables para que estas atrocidades no se repitan. Sabemos que hay buenas intenciones, pero sabemos que es una tarea muy difícil, necesitamos un cambio a todo nivel, a nivel estructural, institucional, cultural, porque así como aquí se demanda verdad y justicia, también conocemos de otros sectores dicen esto ya para qué, esto ya está juzgado, esto ya prescribió ¡no señores! eso depende de la conciencia ciudadana para vigilar que no se quede en el tintero como en algunas otras ocasiones.




Y por último los señores ministros han evidenciado una vez más esa angustia entendible de los familiares y de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos; la angustia, la desesperación para que ya se llegue a una sanción, a resolver estos y muchos más casos de los que están aquí presentes, y para atender a esa angustia y dar salida para que puedan expresar sus preocupaciones, vamos a instalar, más adelante, audiencias públicas, en qué consiste esas audiencias: en que las personas puedan dar un testimonio ante una audiencia ciudadana, de manera muy ordenada para dar a conocer y demandar verdad y justicia; este espacio lo vamos a tomar en cuenta en el futuro, para que ustedes y otras personas puedan presentar sus casos.

Con estas reflexiones, doy por clausurado este esfuerzo, pidiendo un aplauso para todas y todos que hemos participado en el mismo.

Muchas Gracias.